AC3328-2022 (2019-00290-01)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
AC3328-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 13001-31-03-001-2019-00290-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C, diecisiete (17) agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte se pronuncia sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Edinson Rubio Herazo para sustentar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia proferida el 29 de marzo de 2022, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso verbal por incumplimiento contractual instaurado por el aqu\u00ed recurrente contra Ingenal Arquitectura y Construcci\u00f3n S.A.S. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
1.1. As\u00ed mismo pidi\u00f3, que se predicara su cumplimiento total frente a las obligaciones contenidas en la promesa de compraventa, el incumplimiento de la llamada a juicio, respecto de la carga de entregarle al vendedor \u00abdos (2) apartamentos de la torre ocho (8) pertenecientes a la etapa tres de (sic) proyecto; apartamentos liquidados al precio de venta de lanzamiento de esa etapa; como reconocimiento por las gestiones realizadas a la forma de pago\u00bb pactada y al acompa\u00f1amiento que el VENDEDOR hab\u00eda realizado y continuar\u00eda realizando durante la ejecuci\u00f3n del proyecto en lo concerniente a la seguridad del predio y el acompa\u00f1amiento en las relaciones con los vecinos\u00bb. <\/p>\n
Consecuencialmente, solicit\u00f3 se ordenara el \u00abpago\u00bb de los montos discriminados en los numerales 11 a 18 del ac\u00e1pite de pretensiones de la demanda, as\u00ed como tambi\u00e9n, la cl\u00e1usula penal y el da\u00f1o emergente con sus respectivos intereses corrientes y moratorios. <\/p>\n
1.2. De forma subsidiaria reclam\u00f3 \u00abla entrega y transferencia de Dominio (\u2026) de los cinco (5) apartamentos, se\u00f1alados en los hechos und\u00e9cimo, decimosexto, decimos\u00e9ptimo y decimoctavo por tratarse de una obligaci\u00f3n expresa, clara y exigible, originaria del clausulado, desarrollo y ejecuci\u00f3n del CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA y los OTROS SI (sic) No. 1 Y No. 2 DE BIEN INMUEBLE del inmueble (\u2026)\u00bb, \u00abel pago total en dinero, que le correspond\u00eda hacerle (\u2026) al momento previsto en el CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA y los OTROS SI (sic) No. 1 Y No. 2\u00bb; la indemnizaci\u00f3n \u00aben la forma prevista en la promesa de contrato de compraventa (\u2026)\u00bb y los intereses corrientes y moratorios sobre los montos que la constituyan (folios 9 a 13, archivo 001, cdno. principal, expediente digital). <\/p>\n
B. Los hechos <\/p>\n
1. Las partes suscribieron promesa de compraventa el 30 de agosto de 2005, respecto del inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 060-135939. El 12 de septiembre siguiente, el se\u00f1or Rubio y Fidubogot\u00e1 celebraron contrato de fiducia mercantil de administraci\u00f3n y se constituy\u00f3 el patrimonio aut\u00f3nomo sobre el bien antes descrito, negocio en el que se precis\u00f3 que la aqu\u00ed convocada ser\u00eda la beneficiaria futura. <\/p>\n
2. El 13 de los mismos mes y a\u00f1o, los extremos procesales \u00abcelebraron un CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE, como CUERPO CIERTO (\u2026)\u00bb, el cual fue modificado mediante otros\u00ed de 2 de mayo de 2014 y de 12 de agosto de 2015. <\/p>\n
En dichos legajos se acord\u00f3 que \u00abcomo parte de pago del lote correspondiente a cada una de las etapas del proyecto, se entregar\u00eda un (01) apartamento dentro de cada una de las etapas, liquidado al precio de venta de lanzamiento de cada etapa, este se descontar\u00eda del \u00faltimo pago de cada etapa (\u2026) [y] como reconocimiento por las gestiones realizadas a la forma de pago pactada y al acompa\u00f1amiento en la (sic) relaciones con los vecinos, el COMPRADOR entregar\u00eda a la fiduciaria la instrucci\u00f3n irrevocable de escriturar dos (2) apartamento (sic) de la torre ocho (8) pertenecientes a la etapa tres de (sic) proyecto\u00bb; adem\u00e1s, se modific\u00f3 la fecha de \u00abpago\u00bb acordada en el negocio inicial, obligaciones que no fueron cumplidas en su integridad por Ingenal S.A., pese a las distintas reclamaciones que se le hicieron. <\/p>\n
C. El tr\u00e1mite de las instancias <\/p>\n
1. Subsanada la demanda, fue admitida a tr\u00e1mite mediante prove\u00eddo de 20 de enero de 2020 (folio 133, ib.) y, notificada la pasiva, se opuso a las pretensiones de su contraparte, efecto para el cual aleg\u00f3: \u00abINEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA DEMANDADA INGENAL S.A.\u00bb; \u00abCOBRO DE LO NO DEBIDO\u00bb; \u00abAUSENCIA DE CAUSA PARA LA DECLARACI\u00d3N DE INCUMPLIMIENTO\u00bb; y la \u00abEXCEPCI\u00d3N GEN\u00c9RICA O IMNOMINADA\u00bb (sic) (folios 146 a 154, Cuaderno principal, expediente digital). <\/p>\n
2. En audiencia celebrada el 20 de agosto de 2021, el juez de primer grado neg\u00f3 las pretensiones de la demanda (archivo 016, Cdno. Primera Instancia, expediente digital). <\/p>\n
Dicha decisi\u00f3n fue confirmada por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el 29 de marzo de 2022. <\/p>\n
D. La sentencia impugnada <\/p>\n
Para arribar a la aludida determinaci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 la Corporaci\u00f3n en menci\u00f3n que el prop\u00f3sito del contrato presuntamente incumplido, que no es otro diferente a la celebraci\u00f3n dl negocio prometido, tuvo lugar cuando se otorg\u00f3 la escritura p\u00fablica No. 1945 de 29 de octubre de 2013, por medio de la cual se perfeccion\u00f3 la transferencia del bien a favor del patrimonio aut\u00f3nomo denominado \u00abPortal Calicanto\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, aun si se admitiera que las obligaciones ajenas a la naturaleza del convenio celebrado hac\u00edan parte integral del mismo, en todo caso, estaban atadas a la fiducia mercantil de 12 de septiembre de 2013, pues de ella nace el compromiso del demandante de adquirir el bien y sanearlo para transferirlo al patrimonio aut\u00f3nomo, as\u00ed como tambi\u00e9n, que el precio del predio ser\u00eda pagado por la enjuiciada. <\/p>\n
Consider\u00f3 que no podr\u00eda reclamarse aisladamente el cumplimiento de las obligaciones convenidas en la promesa \u00abpuesto que para legitimarse y dar por establecido que pod\u00eda ejercer la acci\u00f3n, tendr\u00eda que establecerse que es contratante cumplido, y para ese efecto era indispensable analizar si honr\u00f3 todas las obligaciones contra\u00eddas en los diferentes actos y contratos antes se\u00f1alados\u00bb. <\/p>\n
Acot\u00f3: \u00ab[E]n el marco del contrato de fiducia se estableci\u00f3 que, terminado el encargo, la fiduciaria realizar\u00eda la liquidaci\u00f3n final a trav\u00e9s de una rendici\u00f3n de cuentas, escenario en el cual era de esperarse que se precisara si las partes fideicomitente y beneficiaria futura estaban al d\u00eda en sus compromisos o s\u00ed, por el contrario, quedaban prestaciones pendientes (\u2026) Siendo ello as\u00ed, es posible concluir que el mecanismo pactado por las partes para determinar si hubo o no cumplimiento total de lo convenido en los diversos actos celebrados, era la liquidaci\u00f3n final del contrato de fiducia, misma que, desde luego, deb\u00eda ser puesta en conocimiento del demandante, quien a la vez tendr\u00eda otros mecanismos procesales para cuestionarla [pues] a trav\u00e9s de este proceso, no resulta posible hacer las declaraciones que respecto de la promesa y sus otros\u00edes reclama el demandante\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 que, los supuestos de hecho alegados en la demanda fueron desvirtuados con los documentos aportados con su contestaci\u00f3n que garantizan el \u00abpago\u00bb total de las obligaciones, los cuales no fueron desconocidos ni tachados de falsos. <\/p>\n
Finalmente concluy\u00f3 que, aunque en su interrogatorio el precursor manifest\u00f3 que firm\u00f3 tales folios de manera forzada, ello no fue debidamente demostrado, as\u00ed como tampoco la incidencia de los planteamientos que en torno a las certificaciones realiz\u00f3, tales como que: i) su suscripci\u00f3n se hizo en el mismo d\u00eda; ii) tienen errores de digitalizaci\u00f3n; iii) se realizaron solo como una formalidad; y, \u00abno fueron mencionadas por INGENAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCI\u00d3N S.A. en el Oficio fechado 18 de agosto de 2018, expedido como respuesta a la petici\u00f3n por \u00e9l elevada, tendiente a que le suministraran los documentos que dieran cuenta de las \u201csumas canceladas y no canceladas\u201d, relacionadas con el contrato de promesa de compraventa suscrito entre las partes\u00bb, (archivo 17, Cdno. segunda Instancia, expediente digital). <\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La acusaci\u00f3n se erigi\u00f3 sobre dos cargos, encausados por la v\u00eda de la transgresi\u00f3n indirecta de la ley sustancial. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Se le imput\u00f3 al Tribunal la violaci\u00f3n de los art\u00edculos \u00ab1546, 1609, 1611 modificado por el 89 de la ley 153 de 1887, 1627 y 1649 del C\u00f3digo Civil; 870 del C\u00f3digo de Comercio, como consecuencia de errores de hecho cometidos respecto de las pruebas (\u2026)\u00bb, al tener por probado, sin estarlo, que: i) el contrato de promesa se agot\u00f3 por el otorgamiento de la escritura No. 1945; ii) el cumplimiento de las dem\u00e1s obligaciones depend\u00eda de la fiducia mercantil y no pod\u00eda estudiarse aisladamente; iii) el negocio fiduciario era el que conten\u00eda la obligaci\u00f3n de pagar el precio; y, iv) las certificaciones daban cuenta del acatamiento de las cargas de la sociedad convocada; as\u00ed como tambi\u00e9n, al no dar por acreditado, est\u00e1ndolo, que vi) la llamada a juicio no cumpli\u00f3 con las obligaciones a su cargo. <\/p>\n
En s\u00edntesis, lament\u00f3 un desatino en la interpretaci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa, porque, seg\u00fan indic\u00f3, el fallo \u00abpretiri\u00f3 por completo la cl\u00e1usula cuarta donde se previeron prestaciones diversas a la de hacer, a cargo del promitente vendedor y de la promitente vendedora que, en caso de incumplimiento, habilitaban bien la acci\u00f3n de cumplimiento, ora la de resoluci\u00f3n del v\u00ednculo jur\u00eddico, en uno y otro caso, con la correspondiente indemnizaci\u00f3n de perjuicios, conforme a lo establecido en los art\u00edculos 1546 del C\u00f3digo Civil y 870 del c\u00f3digo de comercio\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo le achac\u00f3 a la mentada decisi\u00f3n un error al sostener que la obligaci\u00f3n de pagar el precio del inmueble prometido se consign\u00f3 en el contrato de fiducia, pues estaba se\u00f1alada en el contrato de promesa; y, al condicionar, sin que as\u00ed se hubiere estipulado, el cumplimiento de los deberes contenidos en dicho acuerdo, a las estipulaciones de la fiducia. <\/p>\n
Reproch\u00f3 que el ad quem debi\u00f3, y no lo hizo, estudiar las pretensiones de la demanda, a la luz de la coligaci\u00f3n contractual para poder concluir que \u00abtodo el pleito gira exclusivamente en torno al incumplimiento del contrato de promesa de compraventa celebrado entre los aqu\u00ed contendientes y no a los dem\u00e1s contratos coligados\u00bb, de modo tal que, contrario a lo sostenido por el fallador, s\u00ed pod\u00eda reclamar aisladamente el cumplimiento de las obligaciones del contrato de promesa. <\/p>\n
Acus\u00f3 a dicha autoridad de alterar \u00abla voluntad de las partes plasmada en el otros\u00ed 1, habida cuenta que concluy\u00f3 la \u2018intenci\u00f3n real\u2019 de los contratantes fue la de entregar dos promesas de compraventa \u2018porque as\u00ed se desprende de los hechos descritos en la demanda\u2019 como si fuera posible que las afirmaciones unilaterales del apoderado judicial del actor tuviera (sic) la virtualidad de cambiar o modificar la voluntad y el consentimiento de los contratantes\u00bb; y de desconocer la declaraci\u00f3n del representante legal de la pasiva, mediante la cual reconoci\u00f3 que no hab\u00eda entregado todos los apartamentos de la demandante. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Recrimin\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta de los preceptos \u00ab1546, 1609, 1611 modificado por el 89 de la ley 153 de 1887, 1627 y 1649 del C\u00f3digo Civil; 870 del C\u00f3digo de Comercio como consecuencia del error de derecho consistente en no haber apreciado en conjunto las pruebas que militan en el expediente, con desconocimiento del art. 176 del CGP en concordancia con lo dispuesto en los arts. 170, 173, 174\u00bb, por haber valorado las certificaciones en que resguard\u00f3 su decisi\u00f3n el Tribunal, \u00abde manera individual y aislada, sin aplicar las reglas de la sana cr\u00edtica y sin exponer de manera razonada, por que raz\u00f3n se daba cr\u00e9dito a lo expresado en tales documentos y se les restaba m\u00e9rito demostrativo a las dem\u00e1s pruebas; cu\u00e1les eran sus puntos de uniformidad y de contradicci\u00f3n y c\u00f3mo, despu\u00e9s de una apreciaci\u00f3n panor\u00e1mica de todo el arsenal probatorio, pod\u00eda concluirse que la sociedad demandada hab\u00eda cumplido con la obligaci\u00f3n de pagar el precio\u00bb. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en que \u00ab[e]l Tribunal no hizo ninguna manifestaci\u00f3n sobre la evidente contradicci\u00f3n que existe entre lo que se dice en los mentados documentos frente a lo consignado en el libelo y a lo confesado por el representante legal de la sociedad convocada a juicio\u00bb, infringiendo de esta manera el art\u00edculo 176 invocado, que impone el deber de analizar conjuntamente las pruebas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es caracter\u00edstica esencial de este mecanismo de defensa su condici\u00f3n extraordinaria, por lo cual no todo desacuerdo con lo dictaminado permite adentrarse en su examen de fondo, sino que debe asentarse en las causales taxativamente previstas y atender los par\u00e1metros que para su concesi\u00f3n y tr\u00e1mite se imponen, como es acreditar el descontento \u00abmediante la introducci\u00f3n adecuada del correspondiente escrito, respecto del cual, la parte afectada con el fallo que se aspira aniquilar, no tiene plena libertad de configuraci\u00f3n\u00bb (CSJ AC, 1\u00b0 nov 2013, rad. 2009-00700; reiterado en CSJ AC3327-2021, 26 ag., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
Para ese cometido ha sido enf\u00e1tica esta Colegiatura al se\u00f1alar que <\/p>\n
(\u2026) [P]or la naturaleza misma del recurso extraordinario, no es dable que el recurrente deambule por los diversos aspectos que en las instancias fueron debatidos, pues lo suyo es la sentencia, es decir, los fundamentos de hecho y de derecho invocados por el Tribunal, para lo cual deber\u00e1 desplegar su carga argumentativa en la demostraci\u00f3n de la infracci\u00f3n, puntualmente en el aspecto medular de que discrepa, que no propiamente de las falencias probatorias achacadas al ad quem -cosa que por supuesto debe cumplir tambi\u00e9n si de violaci\u00f3n indirecta se trata- sino la incidencia de esas equivocaciones en la infracci\u00f3n normativa\u00bb (CSJ AC8255-2017, 7 dic., rad. 2011-00024-02; reiterado en CSJ AC3327-2021, 26 ag., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
As\u00ed, que la admisi\u00f3n de la s\u00faplica casacional depende del acatamiento cabal de los requisitos del art\u00edculo 344 C\u00f3digo General del Proceso, entre otros, la formulaci\u00f3n de los cargos con la exposici\u00f3n de sus fundamentos, en forma separada, clara, precisa y completa, y no basados en meras generalidades, o de cualquier manera como si de un alegato de instancia se tratara, por cuanto el opugnante asume el duro labor\u00edo de enervar la presunci\u00f3n de legalidad y acierto con que viene precedida la providencia. <\/p>\n
En tal sentido, la Corte tiene adoctrinado que: <\/p>\n
(\u2026) [T]oda acusaci\u00f3n o cargo debe trascender de la simple enunciaci\u00f3n, al campo de la demostraci\u00f3n, haci\u00e9ndose patentes los desaciertos, no como contraste de pareceres, o de interpretaciones, ni de meras disputas conceptuales o procesales, sino de la verificaci\u00f3n concluyente de lo contrario y absurdo, de modo que haga rodar al piso la resoluci\u00f3n combatida\u00bb (CSJ, AC1262-2016, 12 en., rad. 1995-00229-01, criterio reiterado en CSJ AC2588-2021, 30 jun., rad. 2016-00074-01). <\/p>\n
2. Las sentencias pueden ser controvertidas por errores in iudicando o in procedendo. Entre los primeros la violaci\u00f3n de normas sustanciales, producto de desv\u00edos de interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n normativa (directa), o \u00abde error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u00bb1 (indirecta). Mientras que los segundos hacen referencia a la indebida construcci\u00f3n del proceso, por infracci\u00f3n de las normas que los regulan (vicios de actividad). <\/p>\n
2.1. Cuando los reparos se enfilan por la causal primera, adem\u00e1s de la citaci\u00f3n de las normas sustanciales que constituyan base esencial del fallo o que hayan debido serlo, resulta imperativo exponer, adicionalmente, la manera como el enjuiciador las quebrant\u00f3, esto es, la discusi\u00f3n se ce\u00f1ir\u00e1 a \u00abla cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria, por lo que debe estructurarse en forma adecuada c\u00f3mo se produjo la vulneraci\u00f3n ya por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo reg\u00edan o, a pesar de acertarse en la selecci\u00f3n, terminar reconoci\u00e9ndoles implicaciones que no tienen\u00bb (CSJ AC3599-2018, 27 ag., rad. 2015-00704, criterio reiterado en CSJ AC2396-2020, 28 sep., rad. 2014-00045-01). <\/p>\n
2.2. Si la acusaci\u00f3n se encamina por la v\u00eda indirecta, esto es, por errores en materia probatoria, se deber\u00e1 indicar la forma como se hizo patente el desconocimiento de leyes de esa naturaleza o de los elementos materiales, es decir, en qu\u00e9 consisti\u00f3 el yerro y la incidencia del supuesto desatino en la decisi\u00f3n cuestionada, carga de demostraci\u00f3n que, recae exclusivamente en el censor. <\/p>\n
El error de hecho en la valoraci\u00f3n de las pruebas tiene ocurrencia, seg\u00fan se ha decantado por la jurisprudencia, \u00aba) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en \u00e9l no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad si existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que si existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuy\u00e9ndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adici\u00f3n o por cercenamiento\u2026\u00bb (CSJ SC, 10 ag.1999, rad. 4979, reiterado en CSJ AC3327-2021, 26 ag., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
En cuanto al error de derecho, este presupone que el sentenciador no se equivoc\u00f3 en la constataci\u00f3n material de la existencia de la prueba y fijaci\u00f3n de su contenido, pero al apreciarlas no observa \u00ablos requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente proh\u00edbe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere. (CXLVII, p\u00e1g. 61, citada en CSJ SC 13 abr. 2005, rad. 1998-0056-02, reiterada en CSJ SC1929-2021, 26 may., rad. 2007-00128-01, CSJ AC3327-2021, 26 ag., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
Sea que se aduzca error de hecho o de derecho compete a la recurrente indicar las normas de derecho sustancial que a consecuencia de los dislates resultaron infringidas, precisando c\u00f3mo se dio dicha vulneraci\u00f3n, pero cuando se perfila por la \u00faltima tipolog\u00eda tendr\u00e1 la carga adicional de indicar la disposici\u00f3n probatoria quebrantada \u00abhaciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas\u00bb, esto es, c\u00f3mo a la luz de \u00e9sta el juzgador err\u00f3 en su solicitud, decreto, pr\u00e1ctica o el m\u00e9rito que le otorg\u00f3 en su valoraci\u00f3n. <\/p>\n
3. Confrontados los embates con los par\u00e1metros que vienen de citarse, la Sala encuentra que no satisfacen los requisitos legales establecidos y, por tanto, ser\u00e1n inadmitidos. <\/p>\n
3.1. Se\u00f1al\u00f3 el impugnante que la decisi\u00f3n cuestionada revela violaci\u00f3n indirecta de algunas normas sustanciales (art\u00edculos 1546, 1609, 1611 modificado por el 89 de la ley 153 de 1887, 1627 y 1649 del C\u00f3digo Civil y 870 del C\u00f3digo de Comercio), como consecuencia de la indebida interpretaci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa, la demanda y la declaraci\u00f3n del representante legal de la sociedad convocada; sin embargo, no acat\u00f3 la exigencia tendiente a poner en evidencia la forma en que aquellas fueron quebrantadas, de cara a la aducida equivocaci\u00f3n en la apreciaci\u00f3n de las probanzas. <\/p>\n
Y es que no resulta suficiente para tal fin la simple menci\u00f3n que al finalizar la sustentaci\u00f3n del embate realiz\u00f3, con la cual destac\u00f3 que \u00abse violaron las normas sustanciales enunciadas en el encabezamiento del cargo, esto es, los art\u00edculos 1546 del C\u00f3digo Civil y 970 del C\u00f3digo de Comercio que consagran la acci\u00f3n de cumplimiento del contrato bilateral, condici\u00f3n que tiene el de promesa de compraventa regulado por el art\u00edculo 1611 del C\u00f3digo Civil modificado por el 89 de la ley 153 de 1887; los art\u00edculos 1626 y 1627 puesto que termin\u00f3 concluyendo que hab\u00eda existido pago del precio por parte de la demandada, cuando ello no estaba demostrado en el proceso\u00bb. <\/p>\n
Lo anotado, porque en desarrollo de dicha tarea deb\u00eda, por lo menos, desvirtuar cada una de las premisas en que respald\u00f3 el cargo, pero, en su lugar, se limit\u00f3 a rese\u00f1ar las afirmaciones del ad quem con las que no coincide, como es el caso de la que tuvo por agotada la finalidad de la promesa de compraventa, menci\u00f3n que hizo sin entrar a explicar las razones por las cuales, estando satisfecha la finalidad del negocio celebrado (materializaci\u00f3n de la promesa de venta), deb\u00eda ahondarse en el estudio del cumplimiento de obligaciones ajenas a esta, examen el cual, en todo caso, fue realizado y as\u00ed lo acredita la decisi\u00f3n objeto de reproche, donde se expusieron los precisos motivos que imped\u00edan predicar la desatenci\u00f3n perseguida respecto de la pasiva. <\/p>\n
Puntualmente manifest\u00f3 la sala de decisi\u00f3n que finiquit\u00f3 la segunda instancia, luego de apreciar las certificaciones obrantes en el legajo, que los \u00abdocumentos, suscritos por el demandante y la demandada como se\u00f1al de aprobaci\u00f3n de su contenido, no fueron desconocidos, ni tachados de falsos por \u00c9DINSON RUBIO HERAZO (\u2026) [y, por tanto] era posible otorgarles suficiente m\u00e9rito probatorio, a efecto de tener por acreditado (\u2026) que la demandada efectivamente pag\u00f3 la totalidad del precio del inmueble en el que se llev\u00f3 a cabo el proyecto inmobiliario denominado Terrazas de Calicanto\u00bb. <\/p>\n
De ah\u00ed que si lo que persegu\u00eda el casacionista con su reclamo era poner en evidencia un posible desacierto del fallador por falta de estudio del invocado incumplimiento de la obligaci\u00f3n de \u00abpago\u00bb del precio, o m\u00e1s bien, del \u00abpago\u00bb indebido de aquel, lo cierto es que no pudo cumplir tal finalidad porque, con claridad se vislumbra que ese aspecto si fue materia de estudio. <\/p>\n
En ese orden, menos resulta cierta la inadvertencia de la cl\u00e1usula contentiva de las prestaciones a cargo de los contratantes para dar paso a la indemnizaci\u00f3n reclamada; lo ocurrido fue distinto a la interpretaci\u00f3n del sedicente, esto es, que no se encontr\u00f3 prueba suficiente en pro de sus pedimentos, en tanto, se repite, las documentales obrantes en el infolio dieron cuenta del \u00abpago\u00bb que aquel ech\u00f3 de menos. <\/p>\n
Tampoco explic\u00f3 el libelista c\u00f3mo podr\u00eda analizarse el apego o desapego de los deberes contractuales de manera aut\u00f3noma, si tanto de su propio dicho, como del pliego supuestamente desatendido, se infiere que los compromisos del promitente vendedor estaban estrechamente ligados con el contrato de fiducia, pues inclu\u00edan, entre otras, las cargas de suscribirlo, de transferirle a la fiduciaria el dominio del predio y de hacer su entrega material al patrimonio aut\u00f3nomo constituido en virtud de aquel. <\/p>\n
Afirmase as\u00ed porque, contrariando su queja frente a la conexidad pregonada por el director de la alzada entre la promesa y la fiducia, reconoci\u00f3 la existencia de \u00abuna coligaci\u00f3n contractual entre el contrato de promesa del a\u00f1o 2005, el de promesa celebrado en el a\u00f1o 2013 y el contrato de fiducia, todos los cuales forman una red contractual que tiene como finalidad una operaci\u00f3n econ\u00f3mica global (\u2026)\u00bb, lo que pone en evidencia la verdadera intenci\u00f3n de su demanda, la cual, m\u00e1s all\u00e1 de ense\u00f1ar los dislates presuntamente cometidos por el juzgador, se dirige a hacer valer su posici\u00f3n personal sobre la forma en que deb\u00eda apreciarse el material suasorio recaudado. <\/p>\n
Tal deducci\u00f3n no se hace de manera caprichosa, sino que encuentra respaldo justamente en la conclusi\u00f3n sin soporte, adoptada por el actor, sobre la independencia con que deb\u00eda valorarse la promesa de venta, lo cual, seg\u00fan el an\u00e1lisis efectuado por el juzgador, se opone a la realidad expuesta en el contrato, sin que, se itera, se hubiere desplegado labor\u00edo alguno encaminado a desvirtuarlo. <\/p>\n
Por la misma l\u00ednea, dej\u00f3 de lado el discordante, la tarea de enrostrar la incidencia que hubiere podido tener en la decisi\u00f3n final, la aserci\u00f3n relativa a identificar el contrato en que se consign\u00f3 la obligaci\u00f3n de pagar el precio del inmueble prometido, pues ni siquiera se detuvo a atacar los puntos medulares del prove\u00eddo materia del recurso extraordinario, y siendo uno de ellos la tantas veces mencionada acreditaci\u00f3n del \u00abpago\u00bb del precio que encontr\u00f3 probada el Tribunal, se conform\u00f3 con traer las mismas alegaciones empleadas para sustentar la apelaci\u00f3n ante dicha Colegiatura, basadas en lo que, para \u00e9l, era la verdadera intenci\u00f3n de los certificados emitidos. <\/p>\n
Frente a la supuesta falta en la valoraci\u00f3n de las estipulaciones contractuales y la declaraci\u00f3n del representante legal de la demandada, el gestor se conform\u00f3 con recalcar el contenido de las mismas para luego concluir que no se atendi\u00f3 el \u00abpago\u00bb convenido entre las partes; sin embargo, nada dijo para refutar la forma en que el juzgador de segunda instancia resolvi\u00f3 tal planteamiento, puntualmente, frente a la aceptaci\u00f3n del promitente vendedor del \u00abpago\u00bb total en efectivo, variaci\u00f3n que no puede, como pretende, atribu\u00edrsela al sentenciador, quien lleg\u00f3 a sus conclusiones luego del examen de los elementos demostrativos recogidos durante el litigio, los cuales, como lo advirti\u00f3 en su decisi\u00f3n, no fueron tachados ni redarg\u00fcidos de falsos. <\/p>\n
Bajo ese entendimiento, el censor no logr\u00f3 evidenciar la acusada preterici\u00f3n de las pruebas rese\u00f1adas por el actor, pues a cada una de ellas se refiri\u00f3 el ad quem en su pronunciamiento final, cosa distinta, es que la valoraci\u00f3n que hiciera de los mismos result\u00f3 opuesta a sus intereses, y ahora pretenda utilizar este remedio extraordinario como una nueva etapa para exponer sus intenciones y su propio criterio sobre el juicio, a manera de alegato conclusivo. <\/p>\n
En s\u00edntesis, el inconforme se enfoc\u00f3 en afirmar que la autoridad de segundo grado cometi\u00f3 los errores enlistados, pero no se esforz\u00f3 en ponerlos en evidencia, actividad que resultaba imperiosa para la admisi\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
3.2. En cuanto toca con el yerro de derecho que le endilga al fallo de segunda instancia, fundado en la valoraci\u00f3n aislada y no conjunta del material probatorio, ha de recordarse que, para la recepci\u00f3n del embiste con respaldo en esta modalidad de violaci\u00f3n indirecta, ha dicho la Corte que: <\/p>\n
(\u2026) [E]n el sistema de la sana cr\u00edtica adoptado por nuestro ordenamiento procesal civil, la apreciaci\u00f3n probatoria es una operaci\u00f3n de car\u00e1cter cr\u00edtico y racional que no puede cumplirse de manera fragmentada o aislada, sino en conjunto, con base en las reglas de la l\u00f3gica, la ciencia y la experiencia, que, necesariamente, comprende el cotejo o comparaci\u00f3n de todos los medios suasorios allegados al proceso, con el fin de establecer sus puntos de convergencia o de divergencia. A partir de ese labor\u00edo, el Juez, en cumplimiento de esta exclusiva actividad procesal, le asigna m\u00e9rito a las pruebas de acuerdo al grado de convencimiento que le generen y emite su veredicto acerca de los hechos que, siendo objeto de discusi\u00f3n, quedaron demostrados en el juicio. <\/p>\n
Respecto a la trasgresi\u00f3n del art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil que impone la apreciaci\u00f3n de las pruebas en su conjunto, la jurisprudencia de la Corte ha sostenido que da lugar a un error de derecho, por desconocimiento de una prescripci\u00f3n legal instituida para evaluar las pruebas. No obstante, seg\u00fan se explic\u00f3 en SC 25. Nov. 2005, exp. 1998-00082-01, cuando se invoca esta causal de casaci\u00f3n, la labor del impugnante no puede limitarse a enunciar el presunto yerro, sino que debe demostrar que la valoraci\u00f3n probatoria fue realizada respecto de cada medio probatorio individualmente considerado, de manera aislada, sin conectarlo con los dem\u00e1s que obren en el plenario. (\u2026)\u00bb. (CSJ SC3249-2020, 7 sep., rad. 2011-00622-02, reiterada en CSJ AC4218-2021, 7 oct., rad. 2017-00132-01). <\/p>\n
El aparte jurisprudencial citado denota que esta tipolog\u00eda de dislate tiene ocurrencia, esencialmente, en los siguientes supuestos: (i) cuando a un elemento demostrativo irregular, ilegal, extempor\u00e1neo, o no id\u00f3neo, se le otorga eficacia demostrativa (ii) en el evento que se le niegue eficacia probatoria a un medio oportuno, regular o conducente, (iii) cuando se desatiende el imperativo de valorar de forma aunada o conjunta las probanzas incorporadas al legajo, prescindiendo de los puntos que las enlazan o relacionan. <\/p>\n
Confrontados las anteriores nociones con el planteamiento del embate surge que, si bien, por la ubicaci\u00f3n de las normas en la codificaci\u00f3n adjetiva, -secci\u00f3n tercera, r\u00e9gimen probatorio, t\u00edtulo \u00fanico, cap\u00edtulo I, disposiciones generales- estas ostentan el car\u00e1cter que se les endilga, lo cierto es que para darle paso a la admisi\u00f3n de la censura, deb\u00eda el interesado, y no lo hizo, describir de manera detallada la forma en que el enjuiciador transgredi\u00f3 los preceptos de esa \u00edndole y, con ellos, los de tipo sustancial tambi\u00e9n invocados en su demanda, determinando concretamente el error en la decisi\u00f3n emitida por el ad quem. <\/p>\n
Dicha actividad no se aprecia realizada en la exposici\u00f3n de la cr\u00edtica, por cuanto los razonamientos que sustentan el cargo se enfilaron a se\u00f1alar las falencias en la valoraci\u00f3n de algunas pruebas, como es el caso de la promesa de venta, sus otros\u00ed y la confesi\u00f3n del representante legal de la accionada que, seg\u00fan su juicio, \u00abpon\u00edan -y ponen- en tela de juicio la certeza del hecho -el cumplimiento- que hall\u00f3 el Tribunal en los referidos documentos\u00bb, ello, como si se tratara de un error de hecho y no de iure, incurriendo as\u00ed en un yerro de t\u00e9cnica por mixtura, inaceptable en la sede casacional. <\/p>\n
En ello ha sido reiterativa la Sala al exponer: <\/p>\n
(\u2026) [N]o es admisible para la prosperidad del cargo en que se arguye error de hecho, sustentarlo con razones propias del error de derecho, ni viceversa, pues en el fondo implica dejar enunciado el cargo pero sin la sustentaci\u00f3n clara y precisa que exige la ley; y, dada la naturaleza dispositiva del recurso de casaci\u00f3n, le est\u00e1 vedado a la Corte escoger a su libre arbitrio entre uno y otro yerro\u2019 para examinar las acusaciones\u2019 (CSJ SC077 15 sep. 1998, rad. 4886; CSJ SC112, 21 oct. 2003, rad. 7486, reiterada, entre otras, en CSJ SC2499-2021, 23 jun., rad. 2006-00135-01 y CSJ AC4218-2021, 7 oct., rad. 2017-00132.01). <\/p>\n
Si bien acot\u00f3 el promotor del recurso excepcional que la apreciaci\u00f3n del material obrante en el legajo se hizo sin exponer los puntos de uniformidad y de contradicci\u00f3n, ello no resulta suficiente para tener por demostrada la trasgresi\u00f3n atribuida al veredicto del Tribunal, pues le correspond\u00eda, en este escenario, hacer visibles los puntos de convergencia de uno y otro elemento demostrativo, dejados de apreciar por el juez de la apelaci\u00f3n, de cara a la conclusi\u00f3n que, seg\u00fan \u00e9l, deb\u00eda haberse adoptado. <\/p>\n
Aun si se obviara tal defecto en la demanda, lo cierto es que, auscultada la providencia criticada, tampoco fue posible llegar a la interpretaci\u00f3n del suplicante, relacionada con el estudio separado entre las mencionadas certificaciones, el contrato, sus otros\u00ed y la declaraci\u00f3n del representante legal de la llamada a juicio con relaci\u00f3n a la forma de \u00abpago\u00bb convenida, pues luego de hacer alusi\u00f3n al contenido de cada uno de ellos, consider\u00f3 el fallador que \u00abaunque la demandada se oblig\u00f3 a pagar, como parte del precio, un apartamento por cada etapa, es decir, 3 apartamentos en total, tampoco se advierte que el demandante haya demostrado su inconformismo frente al hecho de s\u00f3lo recibir dinero en efectivo (\u2026)\u00bb (p\u00e1gina 14, sentencia Tribunal). <\/p>\n
A ello agreg\u00f3 la Corporaci\u00f3n confutada que \u00abtras analizar en conjunto los elementos de juicio obrantes en el expediente, era dable inferir que la demandada cumpli\u00f3 con el pago de la suma de $4.685.000\u2019000 correspondientes al precio del inmueble prometido en venta y, por el contrario, no existir\u00edan dineros u otro tipo de prestaci\u00f3n en favor de la parte demandante por ese concepto\u00bb; y que, los contratos celebrados el 13 de agosto de 2015 en los que la demandada prometi\u00f3 venderle al aqu\u00ed reclamante dos apartamentos de la tercera etapa del proyecto, \u00ablegalizaban el pago\u00bb del reconocimiento a las labores desempe\u00f1adas por el actor seg\u00fan lo convenido, circunstancias que sumadas a la realidad evidenciada por las constancias expedidas por el propio gestor de la acci\u00f3n, las cuales, como destac\u00f3 la providencia, no fueron tachadas de falsas, llevaron arm\u00f3nicamente a la conclusi\u00f3n motivo de desaz\u00f3n para \u00e9l. <\/p>\n
Entonces, efectuada una comparaci\u00f3n entre el examen desplegado en sede de apelaci\u00f3n y los razonamientos del inconforme, surge que es \u00e9ste y no aquel, el que persigue la atribuci\u00f3n de un valor individual a algunos elementos demostrativos en pro de la consecuci\u00f3n de sus pedimentos, comportamiento que no es consonante con la carga que le asist\u00eda cumplir para la aceptaci\u00f3n del embate. <\/p>\n
En cuanto toca con el quebranto de los c\u00e1nones 170, 173 y 173 eiusdem, basta indicar la falta de exposici\u00f3n por el inconforme de las razones o la forma en que se materializ\u00f3 la trasgresi\u00f3n, ni mucho menos su relaci\u00f3n con los preceptos de tipo sustancial que, con aquella, se\u00f1al\u00f3 igualmente transgredidos, torn\u00e1ndose inane ahondar en su estudio. <\/p>\n
4. De esta manera, las acusaciones propuestas por Edinson Rubio Herazo no se abren paso para transitar en el tr\u00e1mite de la v\u00eda extraordinaria, m\u00e1xime cuando tampoco concurren los presupuestos que consagra la legislaci\u00f3n para la selecci\u00f3n oficiosa, porque no es ostensible que lo dispuesto en la instancia comprometa el orden o el patrimonio p\u00fablico, atente contra los derechos y garant\u00edas constitucionales, ni se requiera unificar la jurisprudencia de la Corte. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se constat\u00f3 que el tr\u00e1mite se ajust\u00f3 a las pautas legales, el prove\u00eddo fue producto de una valoraci\u00f3n reflexiva del marco decisorio fijado por las partes y las probanzas arrimadas al juicio, y se apoy\u00f3 en la regulaci\u00f3n aplicable al caso, sin que se avizoren desatinos evidentes y trascendentes que ameriten la admisi\u00f3n del libelo. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR la demanda presentada para sustentar la impugnaci\u00f3n extraordinaria interpuesta contra la sentencia descrita en el encabezamiento de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: La magistrada sustanciadora, por razones de econom\u00eda procesal, acepta en este mismo prove\u00eddo, la sustituci\u00f3n del poder otorgado al abogado Jaime Becerra Garavito (fl. 24, C. principal) en favor del profesional Luis Enrique Ladino Romero, como apoderado judicial del demandante en los t\u00e9rminos del memorial aportado con la sustentaci\u00f3n de la demanda (Cuaderno Corte, expediente digital). <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Numeral 2\u00b0 de art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC3328-2022 (2019-00290-01) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente AC3328-2022 Radicaci\u00f3n n. 13001-31-03-001-2019-00290-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C, diecisiete (17) agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte se pronuncia sobre la admisibilidad de la demanda presentada por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-65634","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65634","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65634"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65634\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65634"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65634"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65634"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}