AC3379-2022 (2022-02170-00)<\/p>\n
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AC3379-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02170-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1, D.C., y Tercero Civil del Circuito de Palmira, Valle del Cauca, dentro del proceso declarativo especial de expropiaci\u00f3n judicial promovido por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) contra Jorge Alberto Romero Castro, Carmen Elena Romero de Polanco, herederos determinados e indeterminados de Betty Romero Castro, H\u00e9ctor Fabio Romero Castro y Jos\u00e9 Herminsun Romero Lemos. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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En cuanto a la competencia indic\u00f3 que le concern\u00eda a dicha autoridad judicial puesto que \u00abel predio (\u2026) se encuentra ubicado en el corregimiento el Lauro, en jurisdicci\u00f3n del Municipio de Candelaria departamento del VALLE DEL CAUCA (sic), motivo por el cual es el Juez Civil del Circuito de Palmira \u2013 Valle del Cauca el competente para conocer de la materia de conformidad con lo previsto en el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 28 de la Ley 1564 de 2012\u00bb.\u202f <\/p>\n
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2. El escrito inicial fue asignado al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Palmira, el cual, a trav\u00e9s de auto de 7 de febrero de 2022, rechaz\u00f3 la demanda por falta de competencia y, por ende, dispuso la remisi\u00f3n del expediente a los juzgados civiles del circuito de Bogot\u00e1 D.C., (Reparto), por ser el lugar de domicilio de la entidad p\u00fablica demandante. <\/p>\n
3. El expediente por reparto correspondi\u00f3 al Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1, D.C., el cual, en providencia de 25 de abril de 2022, resolvi\u00f3 no avocar conocimiento del asunto y, en consecuencia, promovi\u00f3 el conflicto, expuso que teniendo en cuenta la naturaleza del asunto \u00abexpropiaci\u00f3n\u00bb es prevalente la competencia determinada en el numeral 7 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso \u2013 C.G. del P., aunado al tr\u00e1mite procesal establecido en el art\u00edculo 399 Ib., y dem\u00e1s normas que regulan la entrega anticipada del predio, con lo que se garantiza el principio de la inmediaci\u00f3n, m\u00e1xime cuando la demandante al radicar la demanda en Palmira y no en Bogot\u00e1, renunci\u00f3 \u00abal dicho privilegio\u00bb, por lo que cit\u00f3 el auto AC3253-2020. <\/p>\n
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4. As\u00ed las cosas, conforme al canon 139 del C\u00f3digo General del Proceso, se entra a resolver lo que corresponda previas las siguientes\u202f <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como el conflicto de competencia que se analiza se establece entre dos autoridades judiciales de diferentes distritos, a esta Corte le ata\u00f1e dirimirla como superior funcional com\u00fan de ellos, seg\u00fan lo establecen los art\u00edculos 139 del C.G. del P. y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El ordenamiento jur\u00eddico consagra los par\u00e1metros para la asignaci\u00f3n de los procesos entre las distintas autoridades judiciales, a partir de los factores de competencia tales como, el objetivo, subjetivo, funcional, de atracci\u00f3n o conexidad y territorial. <\/p>\n
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En virtud del factor territorial, la competencia se determina con sujeci\u00f3n a los fueros personal -domicilio del demandado-, real -lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes-, contractual -lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones-, social -establece la competencia en los procesos relacionados con sociedades-, sucesoral o hereditario -\u00faltimo domicilio del causante- y de administraci\u00f3n -lugar en donde se verific\u00f3 la administraci\u00f3n o gesti\u00f3n objeto del proceso-. <\/p>\n
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Por su parte, el factor subjetivo responde a las calidades especiales de las partes del litigio, el cual otorga, entre otras, un fuero preferente para las entidades del Estado, como se desprende del numeral 10 del art\u00edculo 28 del C.G. del P. que reza: \u00abEn los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb (Se Subraya y resalta). <\/p>\n
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El factor objetivo, se subdivide en: i) la naturaleza, que consiste en la descripci\u00f3n abstracta del tema en litigio y, ii) la cuant\u00eda, que se trata como un elemento complementario del primero conforme a los art\u00edculos 15 y 25 ejusdem. <\/p>\n
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El factor funcional consulta la competencia en atenci\u00f3n a las funciones de los jueces en las diferencias instancias, atendiendo a los grados de juzgamiento, los cuales tienen una organizaci\u00f3n jer\u00e1rquica por estar adscritos a una misma circunscripci\u00f3n. <\/p>\n
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El factor de conexidad, que reconoce el fen\u00f3meno acumulativo en sus distintas variables: subjetivas (acumulaci\u00f3n de partes \u2013litisconsorcios\u2013), objetivas (de pretensiones, demandas o procesos) o mixtas. <\/p>\n
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A pesar de la claridad referida respecto de la competencia de los jueces dentro del territorio nacional, hay casos en los cuales varios de esos fueros pueden concurrir en una misma causa, lo que genera una pluralidad de jueces llamados a tramitarla, en cuyo caso la ley otorga al actor la facultad de escoger entre ellos, sin que, en principio, tal voluntad pueda ser desconocida por el funcionario judicial. <\/p>\n
3. En lo que acontece con las expropiaciones, el numeral 7 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso fija una \u00abcompetencia privativa\u00bb, a trav\u00e9s de la cual le impone el conocimiento del asunto al juez del lugar donde se ubiquen los bienes, al consagrar que \u00ab[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales (\u2026) expropiaci\u00f3n (\u2026) ser\u00e1 competente, \u00abde modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
No obstante, el numeral 10 del mencionado art\u00edculo contempla que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, de donde emerge otro fuero privativo de car\u00e1cter personal y prevalente que se funda en la calidad del sujeto, el cual se contrae al lugar de domicilio de la entidad p\u00fablica. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, cuando se pretenda la expropiaci\u00f3n de un predio por parte de una entidad del Estado, ser\u00edan competentes, en principio, el juez del domicilio de la entidad estatal o el del lugar de ubicaci\u00f3n del bien inmueble. <\/p>\n
Frente a esta concurrencia de fueros privativos esta Sala resolvi\u00f3 con el voto de la mayor\u00eda en auto AC140-2020, que el enfrentamiento entre los numerales 7 y 10 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, debe dilucidarse atendiendo la prelaci\u00f3n que el art\u00edculo 29 del mismo ordenamiento reconoce por la \u00abcalidad de las partes\u00bb. <\/p>\n
En dicha providencia se indic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abEn ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. <\/p>\n
De ah\u00ed que, trat\u00e1ndose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicaci\u00f3n del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. Por ello es que se ha dicho, en un sinn\u00famero de oportunidades, que \u201cen las controversias donde concurran los dos fueros privativos antes citados, prevalecer\u00e1 el segundo de ellos, es decir el personal, esto es, el del domicilio de la entidad p\u00fablica, por expresa disposici\u00f3n legal\u00bb (AC4272-2018)\u201d (Se subraya y resalta). <\/p>\n
4. Para el caso concreto, resulta imperioso anotar que, de conformidad con lo plasmado en la citada providencia, a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) no le era posible despojarse del fuero subjetivo ni siquiera voluntariamente, en la medida en que la predilecci\u00f3n de ese factor de competencia obedece a una norma de orden p\u00fablico, haci\u00e9ndola irrenunciable, de ah\u00ed que no resulte aplicable la decisi\u00f3n AC3253-2020, que fue emitida \u00fanicamente por el ponente y no corresponde al criterio mayoritario de la Sala que se fij\u00f3 desde el AC140-2020. <\/p>\n
Con ese panorama, debe advertirse al demandante que, contrario a su deducci\u00f3n, el lugar de radicaci\u00f3n de la demanda, deb\u00eda corresponder un\u00edvocamente a su lugar de domicilio, siendo este la ciudad de Bogot\u00e1, D.C., pues verificada la informaci\u00f3n allegada con la demanda y la publicada en internet1, se observa que la ANI es \u00abuna Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personer\u00eda jur\u00eddica, patrimonio propio y autonom\u00eda administrativa, financiera y t\u00e9cnica, adscrita al Ministerio de Transporte, seg\u00fan decreto 4165 del 03 noviembre de 2011\u00bb, con domicilio o asiento principal en este Distrito Capital. <\/p>\n
Vista la anterior calidad, se acude ahora al precepto 38 de la Ley 489 de 1998, seg\u00fan el cual, la Rama Ejecutiva del poder p\u00fablico la integran, entre otros, el sector descentralizado por servicios del que hace parte la accionante, ratific\u00e1ndose as\u00ed la pertinencia de subsumirla en la pauta 10 del canon 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Desde esa \u00f3ptica, no le asiste raz\u00f3n al Juzgado de esta ciudad al rehusar el conocimiento del asunto porque, si bien existe una competencia privativa descrita en el numeral 7 del art\u00edculo 28 ib\u00eddem, que la fija en el lugar de ubicaci\u00f3n del inmueble, lo cierto es que esta Sala ha indicado que el criterio que debe prevalecer es el del domicilio de la parte demandante al ser una entidad p\u00fablica; por lo tanto, no queda otra v\u00eda diferente que la de ce\u00f1irse a la regla imperativa, que para este caso espec\u00edfico, es la ciudad de Bogot\u00e1, D.C., pues as\u00ed se desprende de la informaci\u00f3n que reposa en el expediente. <\/p>\n
5. Como consecuencia de lo anotado, se remitir\u00e1 el expediente al despacho del Distrito Capital, por ser el competente para conocer y se informar\u00e1 esta determinaci\u00f3n al otro funcionario involucrado en la colisi\u00f3n que aqu\u00ed queda dirimida, as\u00ed como a la demandante. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1, D.C., es el competente para continuar conociendo del tr\u00e1mite de expropiaci\u00f3n instaurado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en contra de Jorge Alberto Romero Castro, Carmen Elena Romero de Polanco, herederos determinados e indeterminados de Betty Romero Castro, H\u00e9ctor Fabio Romero Castro y Jos\u00e9 Herminsun Romero Lemos. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente al citado despacho para que proceda de conformidad. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Palmira, Valle del Cauca, as\u00ed como a la promotora del tr\u00e1mite. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n