AC3485-2022 (2022-02277-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC3485-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02277-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1 (Cundinamarca) y Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1, para conocer de la demanda de expropiaci\u00f3n promovida por la Agencia Nacional de Infraestructura \u00abA.N.I.\u00bb contra Mar\u00eda Argenis Ariza Rojas. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primero de los despachos en menci\u00f3n la promotora instaur\u00f3 demanda de expropiaci\u00f3n sobre una porci\u00f3n de los predios denominados como \u00abinmueble 1\u00bb, ubicado en la vereda \u00abLa puerta\u00bb del municipio de Fusagasug\u00e1 e identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00ba 157-2243 e; \u00abinmueble 2\u00bb ubicado en la vereda \u00abLos panches\u00bb del municipio de Fusagasug\u00e1 e identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00ba 157-45672. <\/p>\n
En el libelo la demandante invoc\u00f3 que ese juzgado es el competente por el lugar donde se encuentran ubicados los inmuebles, haciendo referencia al numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
De igual forma, la actora indic\u00f3 de manera expresa que renunciaba al fuero subjetivo de competencia establecido en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 \u00eddem. Recalc\u00f3 al final que en los procesos de expropiaci\u00f3n prima la ubicaci\u00f3n del bien sobre cualquier otro factor, a efectos de determinar la competencia. <\/p>\n
2. Tal estrado judicial rechaz\u00f3 el libelo por falta de competencia territorial, ya que si bien el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso instituye que dicha competencia la establece el lugar donde se encuentre el predio objeto del litigio, cuando una de las partes procesales sea, o se encuentre integrada, por una entidad p\u00fablica, tambi\u00e9n se aplica el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del mencionado texto procesal, y al entrar en conflicto dichos factores debe acudirse al fuero privativo que atribuye el canon 29 de la misma obra, por lo que prevalece la competencia por la calidad de las partes. <\/p>\n
As\u00ed mismo, rese\u00f1\u00f3 que no es posible para la convocante renunciar al fuero de competencia atribuido en la codificaci\u00f3n procedimental vigente, pues esta es privativa y prevalente, y toda vez que la Agencia Nacional de Infraestructura \u00abA.N.I.\u00bb es una entidad p\u00fablica con domicilio en la ciudad de Bogot\u00e1, remiti\u00f3 el escrito genitor a su hom\u00f3logo de aquella localidad. <\/p>\n
3. El juzgado destinatario del expediente declin\u00f3 su conocimiento y plante\u00f3 la colisi\u00f3n negativa ya que la entidad demandante, al presentar el escrito inicial en el municipio donde se encuentran ubicados los bienes objeto de expropiaci\u00f3n, renunci\u00f3 de manera expresa al factor de competencia establecido en el numeral 10\u00ba \u00eddem, para as\u00ed optar por el fuero real descrito en el numeral 7\u00ba de la obra rese\u00f1ada, el cual es privativo para este tipo de asuntos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Habida cuenta que la presente colisi\u00f3n de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional enfrenta juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casaci\u00f3n desatarla como superior funcional com\u00fan de ambos, de acuerdo con los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996 modificado por el 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso consagra que \u00ab[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, ser\u00e1 competente de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
A su vez, el numeral 10\u00ba dispone que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u2026 Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, para dirimir esta dualidad de competencias de car\u00e1cter privativo, el canon 29 del C.G.P. dispone: \u00ab[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u00bb (Resaltado por la Corte). <\/p>\n
Por ende, en los procesos en que se ejercen derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde est\u00e9 ubicado el bien, pero en el evento de que sea parte una entidad p\u00fablica, la competencia privativa ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, como regla de principio. <\/p>\n
3. Lo dicho traduce que, en el caso concreto, corresponde el conocimiento del asunto al Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1, localidad donde tiene su domicilio la entidad demandante, pues es el otro fuero concurrente aplicable y privativo, de acuerdo con la comentada armonizaci\u00f3n de las reglas de competencia para cuando est\u00e9 vinculada una persona jur\u00eddica de dicha connotaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto la Agencia Nacional de Infraestructura \u00abA.N.I.\u00bb es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, vinculada al Ministerio de Transporte, del sector descentralizado del orden nacional, de donde la competencia para conocer del presente asunto se determina y radica en el juez del lugar de su domicilio, correspondiente a la ciudad de Bogot\u00e1 acorde con el art\u00edculo 2\u00ba del decreto 4165 de 2011. <\/p>\n
En efecto, para que se apliquen los par\u00e1metros de competencia de forma exclusiva, debe tenerse certeza sobre la condici\u00f3n del ente convocado, es decir, que se trate de \u00abuna entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica\u00bb, de lo contrario, se acudir\u00e1 al fuero general. <\/p>\n
El precepto 68 de la ley 489 de 1998 prev\u00e9 que son \u00abentidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos p\u00fablicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades p\u00fablicas y las sociedades de econom\u00eda mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personer\u00eda jur\u00eddica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios p\u00fablicos y las dem\u00e1s entidades creadas por la ley o con su autorizaci\u00f3n, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos o la realizaci\u00f3n de actividades industriales o comerciales con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y patrimonio propio. Como \u00f3rganos del Estado aun cuando gozan de autonom\u00eda administrativa est\u00e1n sujetas al control pol\u00edtico y a la suprema direcci\u00f3n del \u00f3rgano de la administraci\u00f3n al cual est\u00e1n adscritas\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas y como quiera que el par\u00e1grafo del canon 104 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que, por \u00abentidad p\u00fablica se entiende todo \u00f3rgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominaci\u00f3n; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participaci\u00f3n igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participaci\u00f3n estatal igual o superior al 50%\u00bb, se concluye que la demandante ostenta la caracter\u00edstica de p\u00fablica, de donde le resulta aplicable el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Y si bien es cierto que en los juicios de expropiaci\u00f3n la competencia territorial la determina el lugar donde se encuentra el predio objeto del litigio, por aplicaci\u00f3n del numeral 7\u00ba de la misma norma, esta adscripci\u00f3n en el sub lite debe ceder por el domicilio de la entidad descentralizada, por mandato del numeral 10\u00ba de la citada codificaci\u00f3n adjetiva, en concordancia con el canon 29 ib\u00eddem, que da prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro. <\/p>\n
4. Desde esta \u00f3ptica, carece de raz\u00f3n el Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1 para rehusar la competencia en el asunto que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, por cuanto el libelo en este caso no podr\u00eda ser conocido por el despacho judicial del lugar donde est\u00e1 ubicado el inmueble, conforme con el numeral 10\u00ba, art\u00edculo 28 en concordancia con el precepto 29 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
As\u00ed lo tiene decantado la Sala, a trav\u00e9s del precedente (AC140-2020), que guarda simetr\u00eda con el sub examine, habida cuenta que el art\u00edculo 29 mencionado da prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, por cuanto la competencia \u00aben consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb prima. <\/p>\n
Sobre el particular, res\u00e1ltese que, el factor subjetivo se establece a partir de \u00abla calidad de las partes del juicio, con el fin de otorgar competencia a jueces de jerarqu\u00eda superior cuando se trata de entidades p\u00fablicas: naci\u00f3n, departamentos, municipios, intendencias y comisarias\u00bb1, y abre camino a los siguientes elementos axiales: I) una competencia \u00abexclusiva\u00bb que consulta a determinados funcionarios judiciales y \u00abexcluyente\u00bb frente a otros factores que la determinan, al punto que proscribe la \u00abprorrogabilidad\u00bb; II) cualificaci\u00f3n del sujeto procesal que interviene en la relaci\u00f3n jur\u00eddico adjetiva, revestido de cierto fuero como acaece con los Estados extranjeros o agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el gobierno de la Rep\u00fablica en los casos previstos por el derecho internacional (vr. g. num. 6\u00b0, art. 30 C.G.P.); y III) juez natural especial designado expresamente por el legislador para conocer del litigio en el que interviene el sujeto procesal calificado. <\/p>\n
Criterio en sentido contrario desconocer\u00eda el mencionado mandato legal (art\u00edculo 29), toda vez que dar\u00eda prevalencia al fuero real sobre el subjetivo que contempla el citado precepto, lo que conlleva a omitir su tenor literal, a pesar de que el art\u00edculo 27 del C\u00f3digo Civil regula que \u00ab[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el art\u00edculo 28 de la misma obra consagra que \u00ab[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9stas su significado legal\u00bb; por lo que interpretaci\u00f3n en sentido adverso asimismo dejar\u00eda de lado c\u00f3mo el factor subjetivo est\u00e1 presente en distintas disposiciones procesales: el art\u00edculo 28 de esta obra (numeral 10\u00b0) que corresponde al precepto 23 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (numerales 17\u00b0 y 18\u00b0), entre otros eventos. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, el factor de competencia subjetivo no ha tenido un cap\u00edtulo propio en los ordenamientos procesales, en tanto sus disposiciones han quedado inmersas dentro de los cap\u00edtulos que regulan otros factores de competencia. Pero esto no significa que dicho factor sea inexistente, o haga las veces de subfactor de competencia. <\/p>\n
De all\u00ed que, como lo precis\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en el auto AC140-2020 mencionado, aludiendo al factor subjetivo de competencia: <\/p>\n
Entendido pac\u00edficamente este, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, como aquel que mira la calidad de las partes en un proceso, dado que permite fijar la competencia seg\u00fan las condiciones particulares o las caracter\u00edsticas especiales de ciertos sujetos de derecho que concurren al mismo, es indudable que este ha estado presente en legislaci\u00f3n procesal patria de manera dispersa, al punto que su regulaci\u00f3n aparece dentro de los cap\u00edtulos que disciplinan otros factores de competencia, situaci\u00f3n que se ha mantenido hoy d\u00eda. <\/p>\n
Para comprender lo anterior, basta con mirar el desarrollo que ha tenido la ley procesal en punto al conocimiento de procesos civiles en los que el Estado es parte, aspecto sobre el cual, la Sala en providencia AC2429-2019, indic\u00f3: <\/p>\n
\u201cCon el C\u00f3digo de Procedimiento Civil de 1970, se adscribi\u00f3 a los jueces civiles del circuito todos los asuntos de ese linaje en los que el Estado fuera parte. Bajo dicha normatividad, era la calidad del sujeto el \u00fanico criterio determinante de la asignaci\u00f3n de competencia entre funcionarios, sin consideraci\u00f3n a la cuant\u00eda del juicio, es decir, bastaba con que en la relaci\u00f3n procesal interviniera una entidad de derecho p\u00fablico \u2013como demandante o demandada\u2013, para que el competente fuera el citado juez. Posteriormente, el Decreto 2282 de 1989 dispuso que la prerrogativa se\u00f1alada en el canon 16 deb\u00eda mantenerse solamente en los asuntos de menor o mayor cuant\u00eda, de modo que si la tramitaci\u00f3n era de m\u00ednima cuant\u00eda, el fuero subjetivo desaparec\u00eda, y el asunto se asignaba al juez municipal en \u00fanica instancia, siguiendo las pautas generales de atribuci\u00f3n. Por ello, cabe afirmar que a partir de la vigencia de la norma reci\u00e9n citada, desapareci\u00f3 el fuero autom\u00e1tico concerniente a la calidad de las entidades de derecho p\u00fablico, amalgam\u00e1ndose el factor subjetivo con el objetivo, cuant\u00eda del asunto. En la siguiente reforma al C\u00f3digo de Procedimiento Civil, introducida por la Ley 794 de 2003, el fuero especial que viene coment\u00e1ndose se elimin\u00f3 definitivamente2, de modo que, quiz\u00e1 sin propon\u00e9rselo, la nueva regulaci\u00f3n vaci\u00f3 de contenido el art\u00edculo 21 del mentado estatuto adjetivo, relacionado con los sistemas de conservaci\u00f3n y alteraci\u00f3n de la competencia, que estaba restringido a \u201cla intervenci\u00f3n sobreviniente de agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el gobierno nacional\u201d, pero siendo ahora estos los \u00fanicos que, en vigencia de dicha legislaci\u00f3n, conservaban un \u201cfuero especial\u201d. El C\u00f3digo General del Proceso, a su turno, no replic\u00f3 ninguna de las referidas soluciones, sino que introdujo un mandato de atribuci\u00f3n subjetiva novedoso, ya no vinculado con la cuant\u00eda del asunto, como suced\u00eda entre 1989 y 2003, sino con otro factor, el territorial, al decir que \u201c[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u201d. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, es viable sostener, entonces, que el factor de competencia subjetivo no ha tenido un cap\u00edtulo propio en los ordenamientos procesales que han regido y rigen la actividad judicial, en tanto sus disposiciones han quedado inmersas dentro de cap\u00edtulos que regulan distintos factores de competencia3, como son el territorial (Num. 10\u00ba, Art. 28 C.G.P.) y el funcional (Num. 6\u00ba, Art. 30, C.G.P.4), circunstancia que no le resta, de ninguna manera, su identidad y las caracter\u00edsticas que le son inherentes5. <\/p>\n
Por tanto, es inobjetable que tales preceptos desarrollan el factor subjetivo de competencia, el cual se establece a partir de la calidad de las partes del juicio, con el fin de otorgar competencia a jueces de cierta jerarqu\u00eda o lugar cuando se trata de sujetos de derecho p\u00fablico internacional o entidades p\u00fablicas del Estado, respectivamente6\u2026 (CSJ AC140 de 2020, 24 ene. 2020, rad. 2019-00320). <\/p>\n
5. Por \u00faltimo y en cuanto ata\u00f1e a la renuncia al fuero subjetivo mencionado, recuerda esta Corporaci\u00f3n que, como lo se\u00f1al\u00f3 en el auto AC140-2020 ya citado: <\/p>\n
Finalmente, en virtud de lo expuesto hasta ahora y de la condici\u00f3n de imperativa de las normas procesales por ser de orden p\u00fablico (Art. 13, C.G.P.), surge una \u00faltima consecuencia, no menos importante, el car\u00e1cter de irrenunciable de las reglas de competencia establecidas en raz\u00f3n de los aludidos foros, en tanto que, como ya se dijo, no pueden ser desconocidas ni por el juez ni por las partes, motivo por el cual no puede interpretarse que el no acudir a ellas significa una renuncia t\u00e1cita a la prerrogativa que confieren, como lo ser\u00eda, en este caso, la ventaja otorgada a las entidades p\u00fablicas en el evento previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del citado estatuto. <\/p>\n
En tal sentido, no puede afirmarse que si un \u00f3rgano, instituci\u00f3n o dependencia de la mencionada calidad radica una demanda en un lugar distinto al de su domicilio, est\u00e1 renunciando autom\u00e1ticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, comoquiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio; de ah\u00ed que, no puede renunciar a ella. <\/p>\n
Por ello es que se ha dicho, con profusa insistencia, que <\/p>\n
\u201cNo puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad p\u00fablica, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. Recu\u00e9rdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, \u2018[l]as normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n legal\u2019\u201d (CSJ AC4273-2018)7. <\/p>\n
6. Como consecuencia de lo anotado se remitir\u00e1 el expediente al Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1, por ser el competente para conocer de la mencionada demanda, y se informar\u00e1 de esta determinaci\u00f3n al otro despacho judicial involucrado en la colisi\u00f3n que aqu\u00ed queda dirimida. <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, declara que el competente para conocer de la demanda de la referencia es el Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1, al que se le enviar\u00e1 de inmediato el expediente. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n al otro estrado judicial involucrado en el conflicto, para lo cual se remitir\u00e1 una copia de esta providencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Hernando Devis Echand\u00eda, Tratado de Derecho Procesal Civil Parte General, Tomo II, Editorial Temis, 1962, p. 147. <\/p>\n
2\u0002 Ya que el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 16 pas\u00f3 a decir: \u201cSin perjuicio de la competencia que se asigne a los jueces de familia, los jueces de circuito conocen en primera instancia de los siguientes procesos: 1. De los procesos contenciosos que sean de mayor cuant\u00eda, salvo los que correspondan a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u201d, eliminando cualquier referencia a la Naci\u00f3n o entidades de derecho p\u00fablico en general. <\/p>\n
3\u0002 Ver en este mismo sentido, CSJ AC5444-2018 y AC2844-2019, entre otros. <\/p>\n
4\u0002 Que armoniza con el Art. 27 ib\u00eddem. <\/p>\n
5\u0002 como lo son: i) competencia exclusiva y excluyente: porque consulta a determinados funcionarios judiciales y desplaza a otros factores que la determinan, al punto que proscribe la prorrogabilidad; ii) cualificaci\u00f3n del sujeto procesal: ya que reviste de cierto fuero al extremo que interviene en la relaci\u00f3n jur\u00eddico adjetiva, como acaece en los supuestos de las normas citadas; y, iii) juez natural especial: ya que es designado expresamente por el legislador el juez que va a conocer del litigio en el que interviene el sujeto procesal calificado (CSJ AC5444-2018). <\/p>\n
6\u0002 Coinciden con esta posici\u00f3n los tratadistas Hernando Devis Echand\u00eda, Tratado de Derecho Procesal Civil Parte General, Tomo II, Editorial Temis, 1962, p\u00e1g. 147, y, Hern\u00e1n Fabio L\u00f3pez Blanco, C\u00f3digo General del Proceso \u2013 Parte General, Editorial Dupr\u00e9 Editores, 2016, p\u00e1g. 252. <\/p>\n
7\u0002 Ver tambi\u00e9n, AC4659-2018, AC4994-2018, AC009-2019, AC-1082-2019 y AC2844-2019, entre otros. <\/p>\n
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