AC3488-2022 (2010-00208-01)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
AC3488-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-017-2010-00208-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Guillermo Mej\u00eda Rodr\u00edguez para sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpuso frente a la sentencia de 1\u00ba de marzo de 2022, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso de nulidad de escritura p\u00fablica que promovi\u00f3 contra Alfonso Mej\u00eda Neira y C\u00eda. S. en C. y otros. <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
Se inst\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n declarar la nulidad y cancelaci\u00f3n de la escritura p\u00fablica No. 929 de 8 de mayo de 1992, otorgada ante la Notar\u00eda 41 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, \u00abpor no aparecer debidamente establecida la identificaci\u00f3n del otorgante ALFONSO MEJIA FAJARDO\u00bb, as\u00ed como tambi\u00e9n, la nulidad absoluta del contrato de compraventa de acciones contenido en el mencionado instrumento y, en su lugar, \u00abvuelva la composici\u00f3n accionaria a como estaba antes de la compraventa impugnada\u00bb. <\/p>\n
B. Los hechos <\/p>\n
Como breviario f\u00e1ctico de la demanda, bien puede se\u00f1alarse: <\/p>\n
1. En 1994, Guillermo Mej\u00eda Rodr\u00edguez demand\u00f3 a Alfonso, Mar\u00eda Victoria, Leopoldo Mej\u00eda Neira y a los herederos indeterminados del causante Alfonso Mej\u00eda Fajardo para que se decretara que era hijo extramatrimonial del \u00faltimo mencionado, pedimento al cual se accedi\u00f3 mediante sentencia proferida el 16 de diciembre de 1999, confirmada el 26 de febrero de 2003. <\/p>\n
2. Al consultar sobre el patrimonio de su padre, advirti\u00f3 que era socio mayoritario de la sociedad Inversiones Mej\u00eda Neira Ltda., pero una vez obtuvo el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de dicha empresa, se encontr\u00f3 con que aquel hab\u00eda vendido la totalidad de las acciones, mediante el instrumento cuya nulidad persigui\u00f3. <\/p>\n
3. Margarita Mier, quien fue la compa\u00f1era sentimental de su progenitor por m\u00e1s de 18 a\u00f1os, le inform\u00f3 \u00abque su padre no vendi\u00f3 nunca dichos derechos, que, es m\u00e1s, no dejaba a nadie m\u00e1s de sus socios que interviniera en las decisiones, ya que \u00e9l les hab\u00eda regalado la peque\u00f1a participaci\u00f3n (20%) que ten\u00edan en dicha sociedad y que en realidad \u00e9l era el due\u00f1o de la totalidad de la empresa\u00bb. <\/p>\n
4. Ante tal situaci\u00f3n, contrat\u00f3 los servicios de un graf\u00f3logo, quien determin\u00f3 que: i) la huella de Alfonso Mej\u00eda Fajardo hab\u00eda sido tomada deficientemente, ii) no estuvo presente en la Notar\u00eda, iii) no se ados\u00f3 copia de la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda y libreta militar del vendedor y, lo m\u00e1s importante, iv) no hab\u00eda uniprocedencia manuscritural en la firma impuesta en el documento p\u00fablico, hallazgos que, seg\u00fan sostuvo, constituyen indicios \u00abde que la motivaci\u00f3n de fondo para celebrar la compraventa de acciones fue la de que el hijo extramatrimonial (\u2026) NO SE BENEFICIARA de la parte de las acciones de su padre que legalmente le correspond\u00eda y que componen la parte m\u00e1s valiosa de la masa sucesoral\u00bb. <\/p>\n
5. Puestos los hechos en conocimiento de la justicia penal, las acciones fueron desestimadas por prescripci\u00f3n, raz\u00f3n que lo llev\u00f3 a acudir a esta especialidad (folios 110 a 118, archivo 02, cuaderno primera instancia, expediente digital). <\/p>\n
C. El tr\u00e1mite de las instancias <\/p>\n
1. Tras haberse subsanado la postulaci\u00f3n inicial, esta fue admitida por el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el 30 de abril de 2010 [folio 126, Ibidem]. <\/p>\n
2. Una vez enterados los convocados, se opusieron a las pretensiones as\u00ed: <\/p>\n
2.1. Leopoldo Mej\u00eda Neira y Patricia Molano de Pearson excepcionaron: \u00abPRESCRIPCI\u00d3N DE LA ACCI\u00d3N SE\u00d1ALADA EN EL ART\u00cdCULO 900 C\u00d3DIGO DE COMERCIO\u00bb; \u00abPRESCRIPCI\u00d3N DE LA ACCI\u00d3N SE\u00d1ALADA EN EL ART\u00cdCULO 1750 Y 1751 DEL C\u00d3DIGO CIVIL\u00bb; e \u00abINEXISTENCIA DE CAUSAL DE NULIDAD\u00bb (folios 257 a 264, archivo 02, C. principal). <\/p>\n
2.2. El curador ad litem de los herederos indeterminados de Alfonso Mej\u00eda Fajardo y Mar\u00eda Victoria Mej\u00eda Neira, formul\u00f3 la defensa denominada: \u00abQUE SE CUMPLA CON LOS REQUISITOS LEGALES DE INEFICACIA INVALIDEZ POR LA ILICITUD DERIVADA DEL ACTO CONTRACTUAL, PARA PROFERIR LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA\u00bb (folios 268 a 275, ib.). <\/p>\n
2.4. La Sociedad Alfonso Mej\u00eda Neira & C\u00eda. S. en C., por conducto de su apoderado, plante\u00f3 las excepciones de: \u00abInexistencia de causales de nulidad formal de la escritura p\u00fablica No. 929 de 1992\u00bb; \u00abNecesidad de una Declaraci\u00f3n Penal de Falsedad Ideol\u00f3gica\u00bb; \u00abInexistencia de causales de nulidad absoluta del contrato de compraventa de cuotas de la sociedad Inversiones Mej\u00eda Neira Ltda.\u00bb; \u00abPrescripci\u00f3n Extintiva de la Acci\u00f3n\u00bb; \u00abPertenencia por Prescripci\u00f3n Adquisitiva de las cuotas: Adquisici\u00f3n del derecho de dominio sobre las cuotas de inter\u00e9s de la sociedad Inversiones Mej\u00eda Neira Ltda. por prescripci\u00f3n ordinaria\u00bb; \u00abInexistencia de los supuestos sustanciales para que haya lugar a la indemnizaci\u00f3n de perjuicios\u00bb; y, la \u00abInnominada\u00bb, (folios 336 a 351, ib.). <\/p>\n
2.5. Camila, Andrea y Fernando Mej\u00eda Mej\u00eda formularon las de \u00abInexistencia de causales de nulidad formal de la escritura p\u00fablica No. 929 de 1992\u00bb; \u00abNecesidad de una Declaraci\u00f3n Penal de Falsedad Ideol\u00f3gica\u00bb; \u00abInexistencia de causales de nulidad absoluta del contrato de compraventa de cuotas de la sociedad Inversiones Mej\u00eda Neira Ltda.\u00bb; \u00abPrescripci\u00f3n Extintiva de la Acci\u00f3n\u00bb; \u00abPertenencia por Prescripci\u00f3n Adquisitiva de las cuotas: Adquisici\u00f3n del derecho de dominio sobre las cuotas de inter\u00e9s de la sociedad Inversiones Mej\u00eda Neira Ltda. por prescripci\u00f3n ordinaria\u00bb; \u00abInexistencia de los supuestos sustanciales para que haya lugar a la indemnizaci\u00f3n de perjuicios\u00bb; y la \u00abinnominada\u00bb (folios 373 a 390, ib.). <\/p>\n
2.6. En id\u00e9ntico sentido se pronunciaron Alfonso Mej\u00eda Neira y Alberto Mej\u00eda Arango (folios 411 a 426, y 459 a 470 ib.). <\/p>\n
3. El 25 de noviembre de 2020, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 neg\u00f3 los ruegos del peticionario, decisi\u00f3n que fue apelada por \u00e9ste (folios 348 a 357, archivo 05, Cuaderno Principal, expediente digital). <\/p>\n
4. En sede de segunda instancia, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 dict\u00f3 sentencia el 1\u00ba de marzo de 2022, en la cual confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
D. La sentencia impugnada <\/p>\n
Tal determinaci\u00f3n la emiti\u00f3 el Tribunal al razonar que el documento p\u00fablico adosado, en efecto, goza de la presunci\u00f3n de veracidad hasta tanto no se demuestre su falsedad material o ideol\u00f3gica, tarea que no cumpli\u00f3 el demandante, a quien le correspond\u00eda \u00abaportar o pedir una prueba para el aludido prop\u00f3sito, bien en su demanda, ora al replicar la contestaci\u00f3n de sus opositores\u00bb. <\/p>\n
Rese\u00f1\u00f3 que, aun cuando con la demanda se aport\u00f3 un dictamen en que se consign\u00f3 que no se encontr\u00f3 uniprocedencia manuscritural en la firma de Alfonso Mej\u00eda Fajardo, plasmada en el reverso de una de las hojas que hacen parte de la escritura p\u00fablica, aquel carece de m\u00e9rito demostrativo, porque no se demostr\u00f3 que quien lo elabor\u00f3 tuviera los conocimientos t\u00e9cnicos, cient\u00edficos o art\u00edsticos que le permitieran emitir un concepto sobre la falsedad de la firma. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, conforme al inciso 2\u00ba del art\u00edculo 183 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, estatuto vigente al momento de radicar el libelo, las experticias presentadas en el litigio deben provenir de instituciones o profesionales especializados, de ah\u00ed que, no le asista raz\u00f3n al apelante al afirmar que la norma vigente para el momento en que se ados\u00f3 el medio probatorio no exig\u00eda prueba de la idoneidad y experiencia del perito. <\/p>\n
As\u00ed mismo, asegur\u00f3, que la prueba de que el perito estaba inscrito en la lista de auxiliares de la justicia por m\u00e1s de 20 a\u00f1os deb\u00eda aportarla el interesado, en virtud de lo promulgado por el art\u00edculo 177 de la normatividad en cita. <\/p>\n
Sostuvo, que al margen de la falencia se\u00f1alada, la conclusi\u00f3n ser\u00eda la misma, como quiera que, la pericia revela inconsistencias que impiden acogerla, tales como: i) el uso insuficiente de material de comparaci\u00f3n para determinar la falsedad de las firmas de Alfonso Mej\u00eda Fajardo, y es que, \u00abpese a contar con dos firmas de referencia, solo us\u00f3 una para efectuar el cotejo con la signatura objeto de duda (\u2026) [lo que] impide examinar las \u201cconstantes\u201d y \u201cvariantes\u201d que deja una persona en sus distintos momentos gr\u00e1ficos\u00bb; y, ii) la distancia temporal entre las firmas utilizadas para el cotejo (1990) y la r\u00fabrica cuestionada (1992). <\/p>\n
Record\u00f3 que el \u00fanico medio material contundente lo constituyen las declaraciones de Clara Ligia Cubides y Mar\u00eda Astrid Villamil Quintero, as\u00ed como tambi\u00e9n, el contenido de la escritura p\u00fablica. Igualmente adujo que aunque en el libelo predic\u00f3 el demandante la existencia de unas irregularidades en esa documental, las cuales achac\u00f3 a los convocados, a quienes acus\u00f3 de querer evitar que se beneficiara de la parte de las acciones de su padre que legalmente le correspond\u00eda, no existe prueba de ello, m\u00e1xime cuando el mismo indic\u00f3 que la acci\u00f3n penal no prosper\u00f3, y que para la fecha en que se otorg\u00f3 el instrumento, los llamados a juicio desconoc\u00edan su calidad de hijo extramatrimonial, pues de ello se enteraron a trav\u00e9s del fallo de 16 de diciembre de 1999, proferido por el Juzgado 18 de Familia de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Finaliz\u00f3 la providencia afirmando que no era viable el estudio de la nulidad absoluta del contrato de compraventa de acciones en tanto tal pretensi\u00f3n estaba supeditada al \u00e9xito de la principal, es decir, de la nulidad de la escritura que, evidentemente, no ten\u00eda lugar (archivo 14, cuaderno segunda instancia, expediente digital). <\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Contra lo definido por el colegiado, el promotor del juicio formul\u00f3 recurso de casaci\u00f3n que, admitido, sustent\u00f3 en cinco cargos, los cuatro primeros por violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial y, el \u00faltimo, fundado en la causal 4\u00aa del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Bajo la \u00e9gida de la causal segunda de casaci\u00f3n, denunci\u00f3 la providencia de segundo grado de quebrantar indirectamente y por falta de aplicaci\u00f3n, las siguientes normas: \u00abart\u00edculo 99 y concordantes, como son el 195, 196, 197, 198, 199 del Estatuto Tributario, decreto 960 de 1970; y de los arts. 1494, 1495, 1500, 1502, 1523, 1524, 1526, 1849, 1864, 1928, 1932, 2341, 2342, 2343, 2344, y dem\u00e1s concordantes del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, por error de derecho derivado del desconocimiento de normas probatorias para la \u00e9poca, como son: \u00abart 10 de la ley 446 de 1998, art 183 del C.P.C. en sus tres primeros p\u00e1rrafos, numeral 6 del art, 237 del C.P.C., al negarle a la prueba de experticia el valor que la ley vigente en su momento le asignaba, prueba esta aportada v\u00e1lida y regularmente al proceso, con el cumplimiento de todas las formalidades que la ley exig\u00eda al momento de su aducci\u00f3n, lo que, de contera, viol\u00f3 tambi\u00e9n los arts., 1, 13, y 229 de la C.N\u00bb. <\/p>\n
Emprendi\u00f3 la alegaci\u00f3n afirmando que no era viable aplicar, como lo hicieron los jueces de ambas instancias, el art\u00edculo 116 de la ley 1395 de 2010, que impone aportar la prueba de la idoneidad y experticia del perito que rindi\u00f3 la experticia, pues no estaba vigente para la \u00e9poca de los hechos, en tanto, fue promulgada en julio de 2010 y la experticia se present\u00f3 el 14 de abril de 2010. <\/p>\n
Luego de replicar los reproches expuestos ante el ad quem, se\u00f1al\u00f3 que, la ley vigente para el momento de aportaci\u00f3n de la prueba era la 446 de 1998 que permit\u00eda adosar elementos suasorios en cualquier oportunidad procesal, de ah\u00ed que, ten\u00eda que apreciarse la experticia arrimada con la demanda, sin ser necesario acreditar la calidad de perito de quien la elabor\u00f3. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el fallador desconoci\u00f3 el art\u00edculo 183 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil que permit\u00eda presentar documentos referentes a experticias anticipadas, emitidas por instituciones o profesionales especializados sin necesidad de demostrar que \u00e9stos tuvieran, adem\u00e1s, la calidad de peritos. Agreg\u00f3, que aquella fue admitida por el juez cuando decidi\u00f3 la solicitud de pruebas de su contraparte (otro dictamen), pues ten\u00eda como efecto controvertir la suya. <\/p>\n
Arguy\u00f3 que el juzgador pas\u00f3 por alto el contenido del precepto 237 ejusdem que explicaba la forma en que deb\u00eda rendirse el dictamen, y no inclu\u00eda el aporte de pruebas sobre la idoneidad o experiencia del perito. <\/p>\n
Precis\u00f3 que el tribunal se contradijo pues, en un principio, indic\u00f3 que s\u00ed era necesaria la prueba de la calidad de perito y luego concluy\u00f3 que solamente deb\u00eda demostrarse que fuera un profesional especializado. En igual sentido, se doli\u00f3 de la afirmaci\u00f3n sin respaldo del fallador, consistente en que deb\u00eda acreditarse que la persona que rindi\u00f3 la experticia era un profesional especializado inscrito por m\u00e1s de 20 a\u00f1os en la lista de auxiliares de la justicia. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en que ninguna de las normas aludidas por el sentenciador ordenaba anexar pruebas de la experiencia e idoneidad de quien elabor\u00f3 el dictamen <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Denunci\u00f3 la infracci\u00f3n indirecta de las mismas normas sustanciales por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la experticia, habida cuenta que, le dio m\u00e1s valor al informe de medicina legal que a aquella, pese a que tampoco contaba con las pruebas de idoneidad y experiencias que reclama de ella. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que no hab\u00eda raz\u00f3n para que el Tribunal exigiera m\u00e1s material indubitado y m\u00e1s proximidad de las fechas en que se realizaron las firmas, pues lo claro es que no se apreci\u00f3 la prueba en su totalidad, sino solo en lo referente a la r\u00fabrica, siendo que las dem\u00e1s irregularidades encontradas en la escritura estaban directamente ligadas a la falsedad que pretend\u00eda probarse de dicho instrumento y daban cuenta de que, \u00abincluso prescindiendo del an\u00e1lisis de la firma, el Tribunal hubiera podido concluir tambi\u00e9n suficientemente, con todas las irregularidades adicionales comprobadas, que la escritura es falsa, que el causante no estuvo presente, etc.\u00bb. <\/p>\n
Critic\u00f3 a la citada Corporaci\u00f3n por omitir la revisi\u00f3n de las fotos del informe que demuestran que fueron dos y no una, como afirm\u00f3, las firmas indubitadas analizadas; exalt\u00f3 su equivocaci\u00f3n al sostener que en aquel documento no se enrostr\u00f3 la ausencia del causante el d\u00eda en que se otorg\u00f3 la escritura, siendo que se explic\u00f3 que fue hecha en dos fechas completamente diferentes, las hojas no fueron escritas por la misma persona, y el causante no estuvo en dos ocasiones, tambi\u00e9n qued\u00f3 claro que una de las hojas de las firmas del causante, no ten\u00eda, como las dem\u00e1s el sello y la se\u00f1al o marca de control de la Notar\u00eda (chuleado), as\u00ed como tambi\u00e9n, que a diferencia de los aparentes compradores, el documento de identificaci\u00f3n del causante no aparece y que la huella fue colocada a prop\u00f3sito de forma err\u00f3nea para impedir su identificaci\u00f3n. <\/p>\n
Lament\u00f3 que el tribunal se negara a estudiar la nulidad cuando eran claras las fallas que condujeron a la violaci\u00f3n de la norma sustancial invocada, puntualmente el art\u00edculo 99 del decreto 960 de 1970, el cual consagra los eventos de nulidad de las escrituras, el canon 1524 sobre la inexistencia de obligaci\u00f3n ante la falta de causa real e il\u00edcita, y el 1526, seg\u00fan el cual, \u00ablos actos o contratos que la ley declara inv\u00e1lidos, no dejar\u00e1n de serlo por las cl\u00e1usulas que en ellos se introduzcan\u00bb. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Aqu\u00ed se endilg\u00f3 al pronunciamiento de segundo grado la violaci\u00f3n indirecta de los preceptos sustanciales antes invocados, como consecuencia de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de la demanda, pues all\u00ed se expres\u00f3 que el autor del dictamen era un perito debidamente inscrito por m\u00e1s de veinte a\u00f1os en la lista de auxiliares de la justicia, por lo que el propio despacho pod\u00eda consultar la veracidad de tal informaci\u00f3n e incorporarla al proceso. <\/p>\n
CUARTO CARGO <\/p>\n
Por este se acus\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta de las normas sustanciales ya citadas, por error de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas \u00abdenominadas como \u00fanico medio contundente por el Tribunal\u00bb, valga decir, \u00ablas declaraciones de las testigos Clara Ligia Cubides Rodr\u00edguez y Mar\u00eda Astrid Villamil Quintero, as\u00ed como la informaci\u00f3n que reporta la escritura p\u00fablica fustigada (\u2026)\u00bb, en tanto, contrario a lo sostenido por el fallador, aquellas no alcanzan a sustentar correctamente la decisi\u00f3n adoptada. <\/p>\n
Indic\u00f3, en relaci\u00f3n con la declaraci\u00f3n de la primera mencionada, que el mismo sentenciador advirti\u00f3 que su dicho era cuestionable, por tratarse de la esposa de uno de los demandados, circunstancia que cuestiona la imparcialidad de la testigo. <\/p>\n
En cuanto toca con Mar\u00eda Astrid Villamil expres\u00f3 que el juzgador de segundo grado se limit\u00f3 a enunciarlo, sin siquiera tener en cuenta que aquella no pudo explicar el porqu\u00e9 de la ausencia de la firma de verificaci\u00f3n en la hoja donde aparece la supuesta r\u00fabrica del vendedor, y de las fotocopias de la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda y libreta militar de aquel, lo que quiere decir que la declaraci\u00f3n no es id\u00f3nea. <\/p>\n
Frente a la informaci\u00f3n obrante en la escritura p\u00fablica, manifest\u00f3 que desconoci\u00f3 las irregularidades reveladas por la experticia, las cuales no fueron desvirtuadas. <\/p>\n
QUINTO CARGO <\/p>\n
Por \u00faltimo, acus\u00f3 la providencia de contener decisiones que hacen m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n del apelante \u00fanico al entrar a decidir sobre cuestiones ajenas al motivo de la apelaci\u00f3n como, por ejemplo, las supuestas inconsistencias en la eficacia probatoria del dictamen cuando ya hab\u00eda descartado dicha prueba, argumentos que lo obligan a \u00abrefutar adicional, esto tambi\u00e9n en casaci\u00f3n, pues con haber negado la aducci\u00f3n de la experticia le era suficiente para confirmar la sentencia de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es caracter\u00edstica esencial de este mecanismo de defensa su condici\u00f3n extraordinaria, por lo cual no todo desacuerdo con lo dictaminado permite adentrarse en su examen de fondo, sino que debe asentarse en las causales taxativamente previstas y atender los par\u00e1metros que para su concesi\u00f3n y tr\u00e1mite se imponen, como es acreditar el descontento \u00abmediante la introducci\u00f3n adecuada del correspondiente escrito, respecto del cual, la parte afectada con el fallo que se aspira aniquilar, no tiene plena libertad de configuraci\u00f3n\u00bb (CSJ AC, 1\u00b0 nov 2013, rad. 2009-00700; reiterado en CSJ AC3327-2021, 26 ago., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
Para ese cometido ha sido enf\u00e1tica esta Colegiatura al se\u00f1alar, que \u00abpor la naturaleza misma del recurso extraordinario, no es dable que el recurrente deambule por los diversos aspectos que en las instancias fueron debatidos, pues lo suyo es la sentencia, es decir, los fundamentos de hecho y de derecho invocados por el Tribunal, para lo cual deber\u00e1 desplegar su carga argumentativa en la demostraci\u00f3n de la infracci\u00f3n, puntualmente en el aspecto medular de que discrepa, que no propiamente de las falencias probatorias achacadas al ad quem -cosa que por supuesto debe cumplir tambi\u00e9n si de violaci\u00f3n indirecta se trata- sino la incidencia de esas equivocaciones en la infracci\u00f3n normativa\u00bb (CSJ AC8255-2017, 7 dic., rad. 2011-00024-02; reiterado en CSJ AC3327-2021, 26 ag., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
As\u00ed, que la admisi\u00f3n de la s\u00faplica casacional depende del acatamiento cabal de los requisitos del art\u00edculo 344 C\u00f3digo General del Proceso, entre otros, la formulaci\u00f3n de los cargos con la exposici\u00f3n de sus fundamentos, en forma separada, clara, precisa y completa, y no basados en meras generalidades, o de cualquier manera como si de un alegato de instancia se tratara, por cuanto el opugnante asume el duro labor\u00edo de enervar la presunci\u00f3n de legalidad y acierto con que viene acompa\u00f1ada la providencia. <\/p>\n
En tal sentido, la Corte tiene adoctrinado que \u00ab\u2026 toda acusaci\u00f3n o cargo debe trascender de la simple enunciaci\u00f3n, al campo de la demostraci\u00f3n, haci\u00e9ndose patentes los desaciertos, no como contraste de pareceres, o de interpretaciones, ni de meras disputas conceptuales o procesales, sino de la verificaci\u00f3n concluyente de lo contrario y absurdo, de modo que haga rodar al piso la resoluci\u00f3n combatida\u00bb (CSJ, AC1262-2016, 12 en., rad. 1995-00229-01, criterio reiterado en CSJ AC2588-2021, 30 jun., rad. 2016-00074-01). <\/p>\n
2. Las sentencias pueden ser controvertidas por errores in iudicando o in procedendo. Entre los primeros la violaci\u00f3n de normas sustanciales, producto de desv\u00edos de interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n normativa (directa), o \u00abde error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u00bb1 (indirecta). Mientras que los segundos hacen referencia a la indebida construcci\u00f3n del proceso, por infracci\u00f3n de las normas que los regulan (vicios de actividad). <\/p>\n
2.1. Cuando los reparos se enfilan por la causal primera, adem\u00e1s de la citaci\u00f3n de las normas sustanciales que constituyan base esencial del fallo o que hayan debido serlo, resulta imperativo exponer, adicionalmente, la manera como el enjuiciador las quebrant\u00f3, esto es, la discusi\u00f3n se ce\u00f1ir\u00e1 a \u00abla cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria, por lo que debe estructurarse en forma adecuada c\u00f3mo se produjo la vulneraci\u00f3n ya por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo reg\u00edan o, a pesar de acertarse en la selecci\u00f3n, terminar reconoci\u00e9ndoles implicaciones que no tienen\u00bb (CSJ AC3599-2018, 27 ag., rad. 2015-00704-01, criterio reiterado en CSJ AC2396-2020, 28 sep., rad. 2014-00045-01). <\/p>\n
2.2. Si la acusaci\u00f3n se encamina por la v\u00eda indirecta, esto es, por errores en materia probatoria, se deber\u00e1 indicar la forma como se hizo patente el desconocimiento de mandatos normativos de esa naturaleza o de los elementos materiales, es decir, en qu\u00e9 consisti\u00f3 el yerro y la incidencia del supuesto desatino en la decisi\u00f3n cuestionada, carga demostrativa que recae exclusivamente en el censor. <\/p>\n
El error de hecho en la valoraci\u00f3n de las pruebas tiene ocurrencia, seg\u00fan se ha decantado por la jurisprudencia, en los siguientes eventos: \u00aba) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en \u00e9l no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad si existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que si existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuy\u00e9ndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adici\u00f3n o por cercenamiento\u2026\u00bb (CSJ AC3327-2021, 26 ag., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
En cuanto al error de derecho presupone, que el sentenciador no se equivoc\u00f3 en la constataci\u00f3n material de la existencia del medio suasorio y en fijar su contenido, pero las apreci\u00f3 \u00absin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente proh\u00edbe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere. (CSJ SC1929-2021, 26 may., rad. 2007-00128-01; reiterado en CSJ AC3327-2021, 26 ag., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
Sea que se aduzca error de hecho o de derecho, compete al recurrente indicar las normas de derecho sustancial que a consecuencia de los dislates resultaron infringidas, precisando c\u00f3mo se produjo dicha vulneraci\u00f3n, pero cuando se perfila por la \u00faltima tipolog\u00eda tendr\u00e1 la carga adicional de indicar la disposici\u00f3n probatoria quebrantada \u00abhaciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas\u00bb, esto es, c\u00f3mo a la luz de \u00e9sta el juzgador err\u00f3 en su solicitud, decreto, pr\u00e1ctica o al asignar el m\u00e9rito que le otorg\u00f3 en su valoraci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. En torno al yerro in procedendo previsto en el numeral cuarto del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso relativo a contener la sentencia decisiones que hagan m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n de la parte que impugn\u00f3 en solitario, deber\u00e1 el recurrente identificar, para su sustentaci\u00f3n, la resoluci\u00f3n que como \u00fanico opugnante le ha causado perjuicio, seg\u00fan la comparaci\u00f3n entre lo decidido por el a quo y el colegiado. Como lo ha establecido la Corte: <\/p>\n
Aunado a ello, desde anta\u00f1o, la Sala ha delimitado unas precisas exigencias para el \u00e9xito de la acusaci\u00f3n cimentada bajo la \u00e9gida de la no reformatio in pejus, a saber: <\/p>\n
\u00aba) vencimiento parcial de un litigante, b) apelaci\u00f3n de una sola de las partes, porque la otra no lo hizo ni principal ni adhesivamente, c) que el juez de segundo grado haya empeorado con su decisi\u00f3n la situaci\u00f3n del \u00fanico recurrente, y d) que la reforma no verse sobre puntos \u00edntimamente relacionados con lo que fue objeto de la apelaci\u00f3n.\u00bb (CSJ SC 165 2000, rad. 5405; reiterada en CSJ SC 5 jul. 2011, rad. 2000-00183-01 y CSJ SC5106-2021, 15 dic., rad. 2015-01098-01, entre otras). <\/p>\n
En tiempos m\u00e1s recientes, la Corte destac\u00f3 que el agravio ocasionado por el desconocimiento de esta causal se encuentra en la parte resolutiva del fallo, por lo que resulta intrascendente auscultar sus motivaciones, so pretexto de invocar esta clase de dislate. <\/p>\n
Al respecto se ha dicho que es aquella secci\u00f3n de la providencia <\/p>\n
(\u2026) \u2018donde debe buscarse el desbordamiento de la limitaci\u00f3n que impide al juzgador hacer m\u00e1s gravosa la condici\u00f3n del \u00fanico apelante, y no en su parte expositiva (\u2026)\u2019 y \u2018(\u2026) si en dicho pronunciamiento se confirm\u00f3 \u00edntegramente la decisi\u00f3n de primer grado, es decir, se mantuvo por el ad-quem lo all\u00ed resuelto, sin variaci\u00f3n, no hay manera de afirmar que hizo m\u00e1s dif\u00edcil, para el apelante, la situaci\u00f3n establecida por el sentenciador de primera instancia, circunstancia que obvia y necesariamente excluye una acusaci\u00f3n por esa causa\u2019. (CSJ SC 4 may. 2005, rad. 2000-00052-01; CSJ SC 14 dic. 2006, rad. 2000-00194-01; CSJ SC12024-2015, 9 sep., rad. 2009-00387-01 y CSJ SC5106-2021, 15 dic., rad. 2015-01098-01, entre otras). <\/p>\n
3. Bajo esa perspectiva, desde el p\u00f3rtico se advierte que las acusaciones planteadas en la demanda de casaci\u00f3n que aqu\u00ed se examina no satisfacen los requisitos legales y por ello, ser\u00e1 inadmitida. <\/p>\n
3.1. En primer lugar, se abordar\u00e1 la calificaci\u00f3n de los cargos segundo, tercero y cuarto, pues los tres pretenden evidenciar la violaci\u00f3n \u00abpor falta de aplicaci\u00f3n\u00bb de los preceptos \u00ab99 y concordantes, como son el 195, 196, 197, 198, 199, del Estatuto Tributario, decreto 960 de 1970; y arts. 1494, 1495, 1500, 1502, 1523, 1524, 1526, 1849, 1864, 1928, 1932, 2341, 2342, 2343, 2344, y dem\u00e1s concordantes del C\u00f3digo Civil\u00bb, derivada de yerros de facto en la apreciaci\u00f3n de determinadas pruebas, estas son: la experticia aportada con la demanda, el escrito genitor, las declaraciones de Clara Ligia Cubides Rodr\u00edguez y Mar\u00eda Astrid Villamil Quintero, y la escritura p\u00fablica cuya nulidad se persigui\u00f3. <\/p>\n
3.1.1. Lo primero que ha de se\u00f1alarse sobre aquellas arremetidas es que, desde su planteamiento, devienen defectuosas, habida cuenta que algunas de las disposiciones invocadas en los cargos no cuentan con la exigencia requerida para su admisi\u00f3n, valga decir, no alcanzan la categor\u00eda de sustanciales, pues no contienen una \u00abprescripci\u00f3n enderezada a declarar, crear, modificar o extinguir relaciones jur\u00eddicas concretas (G.J. CLI, p\u00e1g.254)\u00bb (CSJ AC4549-2021, 30 sep., rad. 2018-00234-01), y otras de las mencionadas, ni siquiera estructuraron los argumentos principales de la sentencia emitida por el ad quem, como se explica: <\/p>\n
El canon 1494 de la Codificaci\u00f3n Privada \u00ab(\u2026) se limita a enunciar las fuentes de las obligaciones, sin atribuir un derecho subjetivo\u00bb (CSJ AC 4 abr. 2013, rad. 2005-00243-01, reiterado en CSJ AC195-2018, 23 en., rad. 2011-00398-01 y CSJ AC998-2022, 31 mar., rad: 2017-00325-02); el 1495 \u00abes definitorio del contrato o la convenci\u00f3n\u00bb (CSJ AC2897-2019, 23 jul., rad. 2015-00672-01, reiterado en CSJ AC6075-2021, 16 dic., rad. 2018-01593-01, CSJ AC998-2022, 31 mar., rad: 2017-00325-02); el 1500 \u00abse encarga de diferenciar los convenios real, solemne y consensual (\u2026) no crean, modifican ni extinguen relaciones jur\u00eddicas concretas y as\u00ed ha tenido oportunidad de se\u00f1alarlo esta Corporaci\u00f3n en las providencias CSJ AC653-2019, 27 feb., rad. 1998-00168-01, CSJ AC4247-2015, 29 jul., rad. 2007-00491-01, CSJ SC5533-2017, 24 abr., rad. 2009-00440-01 y CSJ AC5144-2018, 4 dic., rad. 2004-00148-01, entre otras\u00bb (CSJ AC5865-2021, 15 dic., rad. 2016-0369-01). <\/p>\n
En el mismo sentido, el 1502 \u00abse limita a enumerar los requisitos necesarios para que una persona se obligue, pero no regula una situaci\u00f3n de hecho en relaci\u00f3n con la cual se siga una consecuencia jur\u00eddica, que es lo que le da a una norma la caracter\u00edstica referida\u00bb (CSJ AC 10 ag. 2011, rad. 2003-03026-01, reiterado en CSJ AC4658-2021, 26 oct., rad. 2016-00817-01); el 1524 es de aquellos que \u00ab\u00fanicamente definen o listan situaciones jur\u00eddicas, sin crear, modificar o extinguir v\u00ednculos materiales\u00bb (CSJ AC4858-2017, 2 ag., rad. 1998-01235-01, reiterado en CSJ AC3335-2021, 26 ag., rad. 2016-00145-01). <\/p>\n
Por la misma l\u00ednea, el 1526 tambi\u00e9n carece de tal calidad (CSJ AC5613-2016, 29 ag., rad. 2002-00132-01); el 1849 \u00abestablece el momento en que se perfecciona el negocio jur\u00eddico en atenci\u00f3n a su objeto, empero no [no es de aquellas que] crean, modifican ni extinguen relaciones jur\u00eddicas concretas\u00bb (CSJ AC5865-2021, 15 dic., rad. 2016-0369-01 ya citada) y el 1928 \u00abno es de la estirpe comentada en tanto se limita a definir la obligaci\u00f3n que se considera principal dentro de aquellas que son del resorte del comprador\u00bb (CSJ SC4667-2021, 4 nov., rad. 2015-00635-01). <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los art\u00edculos 2341 a 2344 se tiene que, pese a que la mayor\u00eda ostentan la connotaci\u00f3n requerida, lo cierto es que resultan impertinentes para el caso, en la medida en que tratan temas de responsabilidad extracontractual, aislada de los aspectos en torno a los cuales gir\u00f3 el juicio y, por contera, los reproches del inconforme. <\/p>\n
La invocaci\u00f3n de los c\u00e1nones del estatuto decretados igualmente resulta fallida para el fin que se persigue, en tanto, el canon 99 no es sustancial, dado que se limita a \u00abenunciar los eventos en que una escritura p\u00fablica adolece de nulidad formal\u00bb (CSJ AC2455-2018, 20 jun., rad. 2012-00178-01); y los dem\u00e1s del decreto 960 de 1970, resultan ajenos a la controversia, como quiera que no edificaron el fallo cuestionado, ni guardan relaci\u00f3n con \u00e9l, comoquiera que aluden a la responsabilidad de los notarios por raz\u00f3n de su gesti\u00f3n y la consecuente indemnizaci\u00f3n, tema el cual, como se sabe, no constituy\u00f3 el prop\u00f3sito de la acci\u00f3n adelantada. <\/p>\n
Los restantes preceptos de la codificaci\u00f3n civil fueron enunciados en la demanda sin ning\u00fan tipo de consideraci\u00f3n sobre su aparente trasgresi\u00f3n, valga decir, en relaci\u00f3n con ellos no se desarroll\u00f3 el ataque, como se exige para la admisi\u00f3n de las acusaciones en donde se citaron como respaldo. <\/p>\n
3.1.3. La precedente verificaci\u00f3n normativa permite vislumbrar la ausencia del presupuesto fundamental necesario para acudir al examen de los reparos formulados con sustento en las causales primera y segunda de casaci\u00f3n, que imponen la invocaci\u00f3n de la infracci\u00f3n de normas de car\u00e1cter sustancial esenciales para la sentencia combatida. <\/p>\n
3.1.4. Y es que, aun dejando de lado la falla referida, tampoco cumpli\u00f3 el censor con la carga de enrostrar la equivocaci\u00f3n del tribunal en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, porque se limit\u00f3 a intentar hacer valer las mismas censuras base de su alzada, como si este medio extraordinario pudiera ser utilizado a manera de instancia adicional a las ordinarias. <\/p>\n
N\u00f3tese que recrimin\u00f3 que al dictamen aportado con la demanda \u00abno se le hizo producir efectos probatorios que se derivaban de su contexto\u00bb, por darle \u00abvalor superior\u00bb al informe de medicina legal; sin embargo, le correspond\u00eda, y no procedi\u00f3 as\u00ed, exponer el sustento jur\u00eddico indicativo de que el actuar apropiado era el contrario, esto es, que deb\u00eda d\u00e1rsele prevalencia a la apreciaci\u00f3n grafol\u00f3gica adosada con la demanda, as\u00ed como tambi\u00e9n, hacer notoria la presunta \u00abimaginaci\u00f3n de la prueba\u00bb que le achac\u00f3 al juzgador, la cual se descarta de la lectura del aparte de la providencia citada en el libelo de casaci\u00f3n, pues, tiene apoyo en un concepto emitido por una profesional adscrita a una autoridad en la materia (folios 353 a 404, archivo 02, Cuaderno principal, expediente digital), el cual fue acompa\u00f1ado de los soportes documentales sobre su idoneidad y experiencia (folios 448 a 455, ib.). <\/p>\n
De ese modo, deviene claro que el reclamante dedic\u00f3 su labor a lanzar juicios sobre la actividad de an\u00e1lisis probatorio desplegada por el Tribunal sin suficiente sustento, solo para hacer prevalecer su posici\u00f3n personal frente a la interpretaci\u00f3n de la norma aplicable y al verdadero sentido del dictamen aportado, actitud que, excede el prop\u00f3sito de la v\u00eda escogida para ello. <\/p>\n
3.1.5. La demostraci\u00f3n de los cargos resguardados en la causal segunda por error de hecho sugiere la tarea comparativa entre el contenido de la providencia criticada en punto de la valoraci\u00f3n probatoria y la concepci\u00f3n del recurrente sobre lo que hubiera podido acreditar la prueba, de no haber incurrido el juez en el error atribuido por la censura, eso s\u00ed, haciendo visible la pifia. <\/p>\n
Tal ejercicio no puede predicarse cumplido en este asunto, habida cuenta que, si bien fueron citados cada uno de los razonamientos del sentenciador en torno a los elementos suasorios, lo cierto es que, como se enunci\u00f3 l\u00edneas atr\u00e1s, result\u00f3 frustrada la revelaci\u00f3n de la falta del ad quem, pues, una cosa es ense\u00f1ar su desacuerdo con el contenido de aquellos y lo decidido luego de su examen y, otra muy diferente, visibilizar la equivocaci\u00f3n en la apreciaci\u00f3n del material recaudado, siendo aquella y no \u00e9sta, la labor desarrollada por el casacionista. <\/p>\n
Ha dicho esta Colegiatura que, para comprobar un yerro f\u00e1ctico: <\/p>\n
(…) es insuficiente limitarse a esbozar o delinear el supuesto yerro en que habr\u00eda incurrido el juzgador, siendo necesario que se acredite cabalmente, esto es, que se le presente a la Corte no como una mera opini\u00f3n divergente de la del sentenciador, por atinada o versada que resulte, sino como corolario de una evidencia que, por s\u00ed sola, retumbe en el proceso. \u201cEl impugnante -ha puntualizado la Sala-, al atacar la sentencia por error evidente de hecho, se compromete a denunciar y demostrar el yerro en que incurri\u00f3 el Tribunal, como consecuencia directa del cual se adopt\u00f3 una decisi\u00f3n que no deb\u00eda adoptarse\u201d (CCXL, p\u00e1g. 82), agregando que \u201csi impugnar es refutar, contradecir, controvertir, lo cual exige, como m\u00ednimo, explicar qu\u00e9 es aquello que se enfrenta, fundar una acusaci\u00f3n es entonces asunto mucho m\u00e1s elaborado, comoquiera que no se logra con un simple alegar que el juzgador de instancia carece de raz\u00f3n, sino que impone, para el caso de violaci\u00f3n de la ley por la v\u00eda indirecta, concretar los errores que se habr\u00edan cometido al valorar unas espec\u00edficas pruebas, y mostrar de qu\u00e9 manera esas equivocaciones incidieron en la decisi\u00f3n que se repudia\u201d (auto de 29 de agosto de 2000, exp. 1994-0088). En suma, la exigencia de la demostraci\u00f3n de un cargo en casaci\u00f3n, no se satisface con afirmaciones o negaciones panor\u00e1micas -o generales- sobre el tema decidido, as\u00ed \u00e9stas resulten pertinentes respecto de las conclusiones del Tribunal, siendo menester superar el umbral de la enunciaci\u00f3n o descripci\u00f3n del yerro, para acometer, en concreto, el enjuiciamiento insoslayable de los argumentos del fallador, lo que se cumple mediante la exposici\u00f3n de la evidencia del error y de su incidencia en la decisi\u00f3n adoptada\u00bb (CSJ AC2587-2021, 30 jun., rad. 2018-00200-01). <\/p>\n
3.1.6. Lament\u00f3 el promotor la valoraci\u00f3n incompleta del dictamen pericial arrim\u00f3 con el escrito introductorio del proceso; empero, pas\u00f3 por alto denotar la trascendencia de tal omisi\u00f3n, la cual deviene necesaria para el examen de su queja. Y es que, de haberse analizado en su totalidad dicho material, lo cierto es que ning\u00fan efecto en la suerte del asunto hubiese tenido, comoquiera que, de entrada fue desestimado como medio demostrativo ante la ausencia de los requisito formales para su presentaci\u00f3n y, aun cuando el tribunal procedi\u00f3, de manera hipot\u00e9tica a mencionar algunas de las falencias de dicho informe, es claro su objetivo de hacer palmario que, al margen de la exigencia echada de menos en aqu\u00e9l, sus efectos no habr\u00edan logrado derribar la conclusi\u00f3n del a quo. <\/p>\n
3.1.7. Se doli\u00f3 igualmente el impugnante de una falta en la apreciaci\u00f3n de la demanda, porque, seg\u00fan sostuvo, \u00e9sta \u00abtambi\u00e9n mostraba la prueba de idoneidad y experiencia del experto, la cual no fue reconocida, que es tanto como falsear su expresi\u00f3n f\u00e1ctica (\u2026)\u00bb, afirmaci\u00f3n que, a la luz de lo advertido por esta Sala en cuanto al yerro invocado, deviene absurda, pues, se ha dicho, tiene lugar cuando: <\/p>\n
\u00ab(i) El juzgador la interpreta pese a su clara e inequ\u00edvoca redacci\u00f3n e intenci\u00f3n. En este supuesto, el funcionario altera o desfigura el contenido del libelo. <\/p>\n
(ii) El sentenciador, si bien la falta de claridad del pliego inicial, presenta como conclusi\u00f3n un entendimiento que es radicalmente ajeno al que racionalmente puede surgir del contexto de las pretensiones y de la causa petendi. <\/p>\n
(iii) La autoridad encargada de administrar justicia, so pretexto de elucidar el alcance del escrito inicial, incorpora elementos a las pretensiones o a los hechos, que desfiguran la naturaleza que a unos y otros ha querido genuinamente dar el demandante. <\/p>\n
Por el contrario, y en la misma t\u00f3nica de lo hasta ac\u00e1 discurrido, puede decirse que el desatino f\u00e1ctico se descarta, si la interpretaci\u00f3n que se realiza de una demanda de por si falta de claridad o ambigua, est\u00e1 dentro del marco de lo racionalmente aceptable o plausible; es decir, que en tal circunstancia, se respeta, como acontece con las pruebas, la discreta autonom\u00eda del juzgador, siempre y cuando, parta de una objetiva constataci\u00f3n de la demanda, y el examen objetivo de sus diversos elementos\u00bb, (CSJ SC2354-2021, 16 jun., rad. 2012-00280-01). <\/p>\n
En este punto es preciso memorar que tampoco es aplicable la premisa se\u00f1alada, cuando lo discutido es, como en este caso, la apreciaci\u00f3n de la documental anexada al escrito genitor, en tanto, como qued\u00f3 establecido, el evento en menci\u00f3n tiene lugar \u00fanica y exclusivamente en equivocaciones derivadas de la valoraci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
3.1.8. El recurrente se quej\u00f3 del desacierto en la apreciaci\u00f3n de la escritura p\u00fablica y de los testimonios de Clara Ligia Cubides Rodr\u00edguez y Mar\u00eda Astrid Villamil Quintero, dado que, seg\u00fan afirma, el ad quem las tuvo como \u00fanico medio probatorio \u00abcontundente\u00bb, pasando por alto que las declaraciones de la primera mencionada no pod\u00edan ser imparciales, debido a que es esposa de uno de los convocados; y, la otra, no dio cuenta de todas las inconsistencias de la escritura p\u00fablica, critica que, vista en el contexto adecuado, deviene acomodada. <\/p>\n
Ello, por cuanto, revisada con detenimiento la sentencia reprochada se tiene que, aun siendo cierto que el Tribunal expres\u00f3 que \u00ablas declaraciones de las testigos Ligia Cubides Rodr\u00edguez y Mar\u00eda Astrid Villamil Quintero, as\u00ed como la informaci\u00f3n que reporta la escritura p\u00fablica fustigada\u00bb resultan ser el \u00ab\u00fanico medio material contundente\u00bb, dicha conclusi\u00f3n estaba antecedida del an\u00e1lisis de los restantes medios de prueba recaudados, los cuales fueron uno a uno desvirtuados, siendo los mencionados, los \u00fanicos que no fueron derruidos. <\/p>\n
Justamente por ello, memor\u00f3 la Corporaci\u00f3n en cita, el contenido del art\u00edculo 164 del C\u00f3digo General del Proceso, antes 174 del CPC, seg\u00fan el cual, toda decisi\u00f3n judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, de ah\u00ed, el calificativo que pretende ahora el casacionista usar a su favor. <\/p>\n
3.1.9. Como qued\u00f3 dicho, con independencia de la interpretaci\u00f3n que le haya dado el proponente al argumento rese\u00f1ado, su razonamiento deviene intrascendente en la decisi\u00f3n proferida, la cual, seg\u00fan se verific\u00f3, tuvo fundamento en el an\u00e1lisis de todos los elementos materiales con m\u00e9rito probatorio recaudados, los cuales, no resultaron suficientes para la obtenci\u00f3n del fin perseguido por aquel. <\/p>\n
Ciertamente, de ultimarse que el colegiado incurri\u00f3 en el error objeto de denuncia, es decir, que tuvo como foco de su determinaci\u00f3n \u00fanicamente el contenido del instrumento p\u00fablico y el dicho de las personas citadas en precedencia, de todos modos, los pilares del prove\u00eddo que llevaron a denegar las peticiones hechas en la demanda, a\u00fan se mantendr\u00edan erguidos, pues el decaimiento de aquellas tuvo origen no en lo que se prob\u00f3, sino en lo que el interesado dej\u00f3 de demostrar, valga decir, la concurrencia de las exigencias necesarias para predicar la nulidad alegada. <\/p>\n
3.1.10. Bajo ese entendido, no resulta viable la admisi\u00f3n de los embates segundo, tercero y cuarto. <\/p>\n
3.2. Respecto del primer embiste, el recurrente le imput\u00f3 al ad quem error de derecho por el desconocimiento de normas probatorias \u00abcomo son; art 10 de la ley 446 de 1998, art 183 del C.P.C. en sus tres primeros p\u00e1rrafos, numeral 6 del art, 237 del C.P.C., al negarle a la prueba de experticia el valor que la ley vigente en su momento le asignaba\u00bb; empero, de su exposici\u00f3n se extrae que, como en los ataques acabados de analizar, incurri\u00f3 en desatinos formales que impiden admitirlo. <\/p>\n
3.2.1. En primer lugar, como se anunci\u00f3 al comienzo de las consideraciones, la demanda carece de uno de los presupuestos esenciales para adentrarse en el examen de los reparos planteados, cual es, la invocaci\u00f3n de normas de car\u00e1cter sustancial que hubieren servido de base a la sentencia confutada, falencia cuya inadvertencia por parte de la Sala, no lograr\u00eda variar la frustraci\u00f3n de la censura. <\/p>\n
La raz\u00f3n de lo anotado reside en que a pesar de no existir duda sobre el car\u00e1cter probatorio de las reglas en que resguard\u00f3 su protesta, no se hizo visible la forma en que el aparente desconocimiento de estas pudiera violar aquellas a las que tild\u00f3 de sustanciales. <\/p>\n
3.2.2. Segundo, porque no logra vislumbrarse de la sustentaci\u00f3n del ataque, la manera en que fueron ignorados los preceptos de tipo demostrativo. V\u00e9ase que el gestor critic\u00f3 el hecho de que el juzgador de primer grado hubiere descartado la apreciaci\u00f3n de la prueba pericial en el canon 116 de la ley 1395, porque este no se encontraba vigente para el momento en que se ados\u00f3 dicho elemento al proceso, planteamiento que, sin mucho esfuerzo se advierte desenfocado. <\/p>\n
Ello, en la medida en que la tarea del casacionista deb\u00eda estar dirigida a rebatir las consideraciones de la sentencia del ad quem y no a volver sobre las primigenias, pues, para ello, tuvo a su alcance el recurso de alzada que, al ser resuelto, en relaci\u00f3n con el punto espec\u00edfico se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que, seg\u00fan el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 183 del CPC, vigente para cuando se radic\u00f3 el libelo, cualquiera de las partes, en las oportunidades procesales para solicitar pruebas, podr\u00e1 presentar experticios emitidos por instituciones o profesionales especializados (\u2026) [n]orma que al hacer referencia a \u201cinstituciones o profesionales especializados\u201d, no hace cosa distinta que enfatizar la naturaleza de la prueba pericial; en verdad, seg\u00fan lo recuerda la doctrina, cuando en sentido general, en el proceso se requieran conocimientos especializados, es decir, de aquellos que escapan a la cultura de las gentes, puede y debe recurrirse a quienes por sus estudios, experiencia, etc\u00e9tera, los posean; esos conocimientos pueden ser t\u00e9cnicos, cient\u00edficos o art\u00edsticos3, criterio que armoniza con el art\u00edculo 233 del CPC, que al respecto precept\u00faa que la peritaci\u00f3n es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos cient\u00edficos, t\u00e9cnicos o art\u00edsticos\u201d\u00bb (p\u00e1gina 10, sentencia cuestionada). <\/p>\n
De la transcripci\u00f3n que antecede resulta claro que, en oposici\u00f3n a la aserci\u00f3n del impugnante, no fue omitida la \u00faltima regla conjurada, cosa distinta es, que como aquel no result\u00f3 favorecido con la aplicaci\u00f3n de la misma, persigue ahora por esta v\u00eda se d\u00e9 validez a la interpretaci\u00f3n individual realizada, lo cual no es propio del recurso extraordinario. <\/p>\n
No le sirve de soporte a la finalidad del actor el desarrollo argumentativo que efectu\u00f3 en torno del precepto 10 de la ley 446 de 1998, ata\u00f1edero a la oportunidad para presentar pruebas, ya que, como ya se ha advertido en esta providencia, las acusaciones deben girar en torno a los argumentos esenciales de la determinaci\u00f3n emitida por el sentenciador de segundo nivel y no a cuestiones ligadas al tr\u00e1mite del proceso, censurables en su decurso, como ser\u00eda la etapa en que se arrim\u00f3 al juicio el informe tantas veces mencionado, lo cual, por dem\u00e1s, no constituy\u00f3 la raz\u00f3n aducida para negarle eficacia demostrativa. <\/p>\n
La menci\u00f3n del art\u00edculo 237 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil por el precursor no enrostra ning\u00fan yerro de derecho al Tribunal, pues estuvo dirigida a intentar demostrar que el dictamen aportado s\u00ed cumpli\u00f3 los requisitos de claridad y precisi\u00f3n impuestos por dicha disposici\u00f3n, lo cual no resultaba determinante en el sentido de la decisi\u00f3n, ya que, como se ha insistido, aquel fue desestimado al no acompa\u00f1arse de las pruebas de idoneidad y experiencia de quien lo realiz\u00f3. <\/p>\n
3.2.3. Tercero, porque han sido varias las oportunidades en que la Corte ha sostenido que, cuando la queja se basa en error de derecho, debe partirse de que la prueba \u00ab(\u2026) fue exacta y objetivamente apreciada pero que, al valorarla, el juzgador infringi\u00f3 las normas legales que reglamentan tanto su producci\u00f3n como su eficacia (\u2026)\u00bb (CSJ SC15173-2016, 24 oct., rad. 2011-00069-01). <\/p>\n
As\u00ed mismo, agreg\u00f3 la \u00faltima providencia citada, que las equivocaciones de ese tipo tienen lugar \u00aben general, cuando a una prueba en particular, siendo prohibida, incorporada irregular o extempor\u00e1neamente, o inid\u00f3nea para acreditar determinado hecho, se le confiere, sin embargo, eficacia demostrativa; o cuando la valoraci\u00f3n en conjunto trasgrede las reglas de la l\u00f3gica, de la ciencia o de la experiencia (\u2026). En contraste, en los casos en que al respectivo medio se le niega tal m\u00e9rito, no obstante estar permitido o ser regular, tempestivo o conducente, inclusive al salir avante en el trabajo de confrontaci\u00f3n probatoria\u00bb. <\/p>\n
De ese modo las cosas, comoquiera que la valoraci\u00f3n de la experticia fue desechada por los jueces de primera y segunda instancia, en raz\u00f3n del incumplimiento de las exigencias formales para su presentaci\u00f3n, lo que, en otras palabras, se traduce en la abstenci\u00f3n de otorgarle m\u00e9rito demostrativo, es ineludible la cristalizaci\u00f3n de la hip\u00f3tesis jurisprudencial mencionada que hace improcedente, en este evento, aducir el dislate iure. <\/p>\n
3.2.4. En lo tocante con la quinta y \u00faltima queja, el promotor del recurso extraordinario adujo que la providencia cuestionada agrav\u00f3 su situaci\u00f3n, pese a su condici\u00f3n de apelante \u00fanico, puesto que al pronunciarse sobre \u00absupuestas inconsistencias de la experticia, en lo que respecta a lo que indicaba su contenido; adem\u00e1s se decidi\u00f3 y se calific\u00f3, sobre otras pruebas, y otras cuestiones, que no eran motivo de apelaci\u00f3n\u00bb, lo oblig\u00f3 a \u00abtener que rebatir ahora en casaci\u00f3n, tambi\u00e9n dichas decisiones adicionales\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que \u00abno existi\u00f3 ninguna modificaci\u00f3n de la sentencia, pues simplemente se confirm\u00f3 el fallo, por lo tanto, el hecho de entrar a analizar el contenido de la prueba, y otras cuestiones que no eran motivo de apelaci\u00f3n, no era necesario legalmente\u00bb. <\/p>\n
En rigor, el error procesal reclamado en esta censura es inexistente. Como se recuerda, el a-quo desestim\u00f3 totalmente las pretensiones de la demanda, porque consider\u00f3 no acreditados los presupuestos legales para estructurar la nulidad deprecada; a su turno, el Tribunal en su fallo confirm\u00f3 en su totalidad esa determinaci\u00f3n, como lo tuvo claro el inconforme. <\/p>\n
Con miramiento en lo anterior, de plano se hace notoria la sinraz\u00f3n de aquel, ya que, como en l\u00edneas atr\u00e1s se dijo, los reparos de esta estirpe se edifican en: el \u00abvencimiento parcial de un litigante\u00bb y que \u00abel juez de segundo grado haya empeorado con su decisi\u00f3n la situaci\u00f3n del \u00fanico recurrente\u00bb, exigencias no advertibles en el sub examine, si se tiene en cuenta que, al haber sido confirmada la negativa inicial, el hecho analizar una u otra prueba adicional, no altera esa posici\u00f3n, cosa distinta es que, a causa del aparente examen acusado de innecesario, se le hubiera impuesto una condena o impartido una orden a\u00f1adida que hubiere desmejorado a\u00fan m\u00e1s su situaci\u00f3n, t\u00f3pico que no puso de presente en la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Las anteriores razones imponen, por consiguiente, la inadmisi\u00f3n de las acusaciones. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR la demanda presentada por Guillermo Mej\u00eda Rodr\u00edguez para sustentar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 1\u00ba de marzo de 2022, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
La Magistrada sustanciadora reconoce personer\u00eda al abogado Luis \u00c1ngel Esguerra Marciales, en los t\u00e9rminos y para los efectos del poder conferido por el recurrente, el cual reposa en el archivo 006 del cuaderno de esta Corte, expediente digital. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Numeral 2\u00b0 de art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC3488-2022 (2010-00208-01) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente AC3488-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-017-2010-00208-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022) Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-65676","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65676","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65676"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65676\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65676"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65676"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65676"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}