AC3528-2022 (2022-02091-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC3528-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02091-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia que surgi\u00f3 entre el Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y el despacho Segundo Civil del Circuito de Pamplona, atinente al conocimiento de la demanda de expropiaci\u00f3n interpuesta por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) contra Wolfgang Rudi Emil Hoffmann y Diana Alexandra Torres S\u00e1nchez. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda presentada al \u00abJUEZ CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOT\u00c1 (REPARTO)\u00bb, la parte actora reclam\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n, entre otras, que se decrete \u00ab\u2026la Expropiaci\u00f3n a favor de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI- de un inmueble\u2026 ubicado en la vereda Zarcuta, del Municipio de Bochalema, Departamento de Norte de Santander, identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 272-31507 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Pamplona\u00bb1. Tambi\u00e9n, indic\u00f3 que la competencia le concern\u00eda a dicha autoridad judicial, \u00abpor su naturaleza y la calidad de las partes, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5\u00ba del Art\u00edculo 20 del C.G.P. y numerales 7 y 10\u00ba del Art\u00edculo 28 Ib\u00eddem (\u2026)\u00bb2. <\/p>\n
2. El escrito incoativo fue asignado al Despacho Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el cual, por medio de auto del 25 de abril de 2022 resolvi\u00f3 declarar su falta de competencia para conocer del proceso. Para ello, manifest\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abUna vez auscultado el objeto de la presente acci\u00f3n (expropiaci\u00f3n judicial), las partes que en el intervienen, el predio a expropiar (predio denominado Lote 1 \u201cEl saucedal\u201d), el cual, por dem\u00e1s, se encuentra ubicado en la vereda Zarcuta, del Municipio de Bochalema, Departamento del Norte de Santander, identificado con FMI 272-31507, de la Oficina de Registro e Instrumentos P\u00fablicos de Pamplona, advierte esta funcionaria judicial, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 28 del actual compendio procesal, que carece de competencia territorial, para conocer de la demanda en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese, que, en esta clase de procesos, el Juez de conocimiento debe efectuar la entregar del bien y la sede judicial, no tiene competencia en dicho distrito judicial, de igual forma, debe garantizar el cumplimiento del principio de inmediaci\u00f3n y ello ser\u00eda imposible, en las presentes circunstancias\u00bb3. <\/p>\n
3. Cumplidos los tr\u00e1mites pertinentes, el expediente fue repartido al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pamplona, quien, con prove\u00eddo del 16 de junio de 2022 estableci\u00f3 que no le correspond\u00eda conocer de este asunto. Y, promovi\u00f3 el conflicto negativo de competencia que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Corte. Frente a ello, argument\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abDe manera que, resulta pertinente advertir que a la causa que aqu\u00ed\u0301 se debate es susceptible de aplicarse un supuesto de asignaci\u00f3n legal excluyente, particularmente, el 5 contemplado en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, que conlleva a que en los negocios en los que sea parte una entidad de naturaleza p\u00fablica, como ciertamente lo es la ANI, el competente ser\u00e1\u0301, necesariamente, el juez de su vecindad. En tal sentido, se hace necesario precisar la naturaleza jur\u00eddica de la entidad aqu\u00ed\u0301 demandante, esto es, la Agencia Nacional de Infraestructura \u201cANI\u201d. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
De manera que, el Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C. es la autoridad competente para tramitar y resolver el proceso de expropiaci\u00f3n de la referencia (\u2026) por ser all\u00ed\u0301 donde se encuentra el domicilio principal de la entidad demandante, con fundamento de su naturaleza jur\u00eddica y competencia prevalente establecida en el canon 29 del C.G.P., en virtud de la armonizaci\u00f3n de las normas de competencia para los asuntos donde se encuentre vinculada una persona jur\u00eddica de dicha naturaleza\u00bb4. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, conforme al canon 139 del C\u00f3digo General del Proceso, se entra a desatar el t\u00f3pico en cuesti\u00f3n bajo las siguientes, <\/p>\n
1. Sea lo primero anotar, que como el conflicto planteado se ha suscitado entre dos despachos de diferente distrito judicial -Pamplona y Bogot\u00e1-, esta Sala es la competente para definirlo, tal como lo establece el art\u00edculo 16 de la ley 270 de 1996, estatutaria de la administraci\u00f3n de justicia, reformado como qued\u00f3 por el art\u00edculo 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Para la determinaci\u00f3n de la competencia debe precisarse que la selecci\u00f3n del juez a quien le corresponde asumir el conocimiento de una causa litigiosa surge como el resultado de la conjugaci\u00f3n de algunas circunstancias o aspectos subjetivos u objetivos, vinculados, verbigracia, a la persona involucrada, al sitio en donde el accionado tiene su domicilio, al lugar en donde est\u00e1 ubicado el inmueble, la cuant\u00eda o naturaleza del asunto, etc. Por supuesto, en ciertas ocasiones, aunque algunos de esos factores se entremezclan y se vuelven concurrentes, prevalecen unos sobre otros, puesto que el legislador privativamente determina la potestad e indica de manera precisa el funcionario que, con exclusi\u00f3n de cualquier otro, esta\u0301 llamada a encarar el debate. <\/p>\n
3. Se observa en el presente caso, que concurren dos fueros privativos en raz\u00f3n de la competencia territorial. Por un lado, para el caso espec\u00edfico de la expropiaci\u00f3n, el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 28 ib\u00eddem fij\u00f3 una competencia privativa al juzgador del lugar donde se encuentre el bien involucrado en la Litis. Al respecto, prescribi\u00f3 que \u00ab[e]n los procesos que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, (\u2026), ser\u00e1\u0301 competente de modo privativo el juez del lugar donde se hallen ubicados los bienes (\u2026)\u00bb (se subraya). <\/p>\n
Por otro, el numeral 10\u00b0 de ese mismo estatuto previno que, cuando en el proceso sea parte una entidad territorial descentralizada por servicios o cualquier entidad p\u00fablica \u00ab(\u2026) conocer\u00e1\u0301 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Con respecto a la competencia privativa, esta Corporaci\u00f3n, entre otros, en auto CSJ AC, 23 marz. 2022, rad. 2021-04273-00, en el que reiter\u00f3 lo dicho en prove\u00eddo CSJ AC, 14 dic. 2020, rad. n\u00b0 2020-02912-00 y AC909-2021, expuso en lo concerniente que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2018[e]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicaci\u00f3n del bien involucrado en el debate pertinente, no pudi\u00e9ndose acudir, bajo ning\u00fan punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos, (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De manera tal que habr\u00eda una concurrencia entre fueros privativos al tratarse de pleitos de expropiaci\u00f3n en que una de las partes sea una entidad p\u00fablica, lo que implica que debe ser la ley, y no el actor, quien ha de elegir el juez competente para conocer de la controversia. <\/p>\n
4. Para dimir este tipo de asuntos, la reciente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n se ha decantado por acudir al precepto contenido en el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual, \u00abes prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes… Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u00bb. As\u00ed fue sentado en el prove\u00eddo AC140-2020, en el que, mutatis mutandi, en una controversia de imposici\u00f3n de servidumbre de energ\u00eda el\u00e9ctrica, la Corte explic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abComo se anot\u00f3 anteriormente, en las controversias donde concurran los dos fueros privativos enmarcados en los numerales 7o y 10o del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, como el que se presenta cuando una entidad p\u00fablica pretende imponer una servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre un fundo privado, surge el siguiente interrogante: \u00bfCu\u00e1l de las dos reglas de distribuci\u00f3n es prevalente?5 <\/p>\n
Para resolver dicho cuestionamiento, el legislador consigno\u0301 una regla especial en el canon 29 ib\u00eddem, el cual precept\u00faa que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes… Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d. <\/p>\n
En virtud de las pautas interpretativas previstas en los art\u00edculos 27 y 28 del C\u00f3digo Civil, que aluden en su orden a que, \u201c[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1\u0301 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u201d, y \u201c[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1\u0301 en estas su significado legal\u201d; es dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija, como se explic\u00f3\u0301 en precedencia, la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10o del art\u00edculo 28 del C.G.P. <\/p>\n
La justificaci\u00f3n procesal de esa prelaci\u00f3n muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez del proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y territorial, pues, como se anticip\u00f3\u0301, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aquel factor y por el funcional (Art. 16). <\/p>\n
En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, esta\u0301 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. <\/p>\n
Por tanto, no es pertinente afirmar que el inciso primero del aludido precepto 29 se refiere exclusivamente a colisiones que se susciten entre factores de competencia, en el caso, el subjetivo y territorial, no respecto de los foros o fueros previstos en este \u00faltimo, toda vez que el legislador, dentro de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa, no excluyo\u0301 en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del mismo u otro, a m\u00e1s que ello desconoce c\u00f3mo el factor subjetivo esta\u0301 presente en distintas disposiciones procesales, seg\u00fan se dej\u00f3\u0301 clarificado en el anterior ac\u00e1pite\u00bb. (CSJ AC1867 de 2021, reiterado en AC909-2021, rad. 2020-03022-00). <\/p>\n
Por ende, en los procesos en que se ejercen derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien. Sin embargo, en el evento de que sea parte una entidad p\u00fablica, la competencia privativa ser\u00e1 la del domicilio de esta, como regla de principio. <\/p>\n
5.1. Para ahondar en m\u00e1s razones, no sobra citar un precedente de la Sala, en el que recientemente se aplic\u00f3 el mencionado criterio para una demanda de expropiaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] Por cuanto la Agencia Nacional de Infraestructura \u00abA.N.I.\u00bb es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, vinculada al Ministerio de Transporte, del sector descentralizado del orden nacional, de donde la competencia para conocer del presente asunto se determina y radica en el juez del lugar de su domicilio, correspondiente a la ciudad de Bogot\u00e1 acorde con el art\u00edculo 2\u00ba del decreto 4165 de 2011\u00bb (CSJ AC2844, 14 jul. 2021, rad. 2021-02071-00). <\/p>\n
6. Por las razones antedichas, se remitir\u00e1 la presente demanda al Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1, a quien le corresponde continuar con el conocimiento de la acci\u00f3n emprendida. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR que el conocimiento del proceso de la referencia deber\u00e1 continuar por cuenta del Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
SEGUNDO: COMUNICAR lo decidido al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pamplona, acompa\u00f1\u00e1ndole copia de este prove\u00eddo. <\/p>\n
TERCERO: REMITIR el expediente a la c\u00e9lula judicial referida en el numeral primero de esta resolutiva. <\/p>\n
CUARTO: Por Secretar\u00eda, librar los oficios correspondientes y dejar las constancias del caso. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Archivo \u201c04Demanda.pdf\u201d del expediente digital.. <\/p>\n
2\u0002 Ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u201c06RechazaCompetenciaTerritorialExpropiaci\u00f3n.pdf\u201d Expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Archivo \u201c13AutoDeclaraConflicto.pdf\u201d Expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Conocer en forma prevalente un asunto significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que de acuerdo a la regla de competencia designada por la ley como preponderante o dominante entre las dem\u00e1s, debe primar en su elecci\u00f3n. <\/p>\n
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