AC3548-2022 (2013-00035-01)<\/p>\n
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AC3548-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-31-03-041-2013-00035-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por la demandada, Credicorp Capital Colombia S.A. (antes Correval S.A.), contra el auto de 5 de julio de 2022. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante la providencia cuestionada, la Corte admiti\u00f3 la demanda de sustentaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n que formul\u00f3 la sociedad demandante, Fajobe S.A.S., contra la sentencia de 19 de noviembre de 2021, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2. Inconforme con esa decisi\u00f3n, la sociedad opositora interpuso recurso de reposici\u00f3n, argumentando lo siguiente: <\/p>\n
\u00abEn beneficio de la economi\u0301a procesal y con el objeto de evitar el desgaste de la H. Sala de Casacio\u0301n Civil de la Corte Suprema de Justicia en el tra\u0301mite de recursos extraordinarios que, ab initio, esta\u0301n llamados a fracasar, el arti\u0301culo 347 del Co\u0301digo General del Proceso recogio\u0301 la figura de la inadmisio\u0301n de la demanda de casacio\u0301n, entre otras, cuando \u201cno es evidente la transgresio\u0301n del ordenamiento juri\u0301dico\u201d. <\/p>\n
Bajo este precepto, la Sala ha de abstenerse de tramitar demandas que, aunque formalmente cumplan con los requisitos que debe reunir un libelo en esta sede extraordinaria, no pongan en evidencia una violacio\u0301n protuberante, ostensible e identificable al primer golpe de vista, del ordenamiento juri\u0301dico o, visto desde otra o\u0301ptica, hagan un esfuerzo interpretativo encomiable para hallar errores donde no los hay. <\/p>\n
Y esto es, precisamente, lo que sucede en este caso: con el mayor respeto debemos indicar que la demanda de casacio\u0301n propuesta bajo el expediente de la referencia, dista mucho del requisito de evidencia que se exige en sede de casacio\u0301n. A partir de complejas disquisiciones, apoyadas, a no dudarlo, en un enorme esfuerzo interpretativo vertido en ma\u0301s de 100 folios, se propone lo que realmente no es sino una interpretacio\u0301n alterna de las pruebas que valoro\u0301 y estudio el sentenciador de segunda instancia; una segunda opinio\u0301n que, respetuosamente debemos decirlo, no puede abrir paso al quiebre de la sentencia del ad quem porque no es sino eso: una interpretacio\u0301n paralela que, adema\u0301s de no ser atinada (porque desconoce realmente el contenido de la prueba aportada al expediente), mucho menos refleja errores protuberantes, identificables al primer golpe de vista, en la valoracio\u0301n probatoria del juez plural. <\/p>\n
Por eso la demanda debe inadmitirse (…). No existe error alguno, mucho menos con la fuerza de uno evidente y trascendente que pueda conducir a la casacio\u0301n del fallo, aspecto que se colige fa\u0301cilmente de una lectura del fallo de segunda instancia en contraste con algunas pruebas clave del expediente, corolario de lo cual es que el tra\u0301mite casacional no puede abrirse paso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Seg\u00fan lo tiene decantado el precedente, en la actualidad la Corte se encuentra investida de tres facultades oficiosas complementarias, relacionadas con el recurso de casaci\u00f3n: (i) la exclusi\u00f3n o selecci\u00f3n negativa, consistente en la posibilidad de desprenderse del conocimiento de una demanda de sustentaci\u00f3n formalmente adecuada, pero que no sirva a los prop\u00f3sitos del remedio extraordinario (art\u00edculo 347, C\u00f3digo General del Proceso); (ii) la selecci\u00f3n positiva, o potestad de estudiar de fondo un caso, pese a la ineptitud formal de la demanda (art\u00edculo 16, Ley 270 de 1996); y (ii) la posibilidad de casar de oficio la sentencia del tribunal, que se ejerce ante la incuestionable configuraci\u00f3n de una de las hip\u00f3tesis que prev\u00e9 el inciso final del art\u00edculo 336 del estatuto procesal civil vigente, esto es \u00abcuando sea ostensible que la [sentencia] compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb. <\/p>\n
En su recurso de reposici\u00f3n, la convocada sostuvo que la Corte ha debido ejercer la primera de las rese\u00f1adas prerrogativas, es decir, la que contempla el citado art\u00edculo 347, a cuyo tenor \u00abLa Sala, aunque la demanda de casaci\u00f3n cumpla los requisitos formales, podr\u00e1 inadmitirla en los siguientes eventos: 1. Cuando exista identidad esencial del caso con jurisprudencia reiterada de la Corte, salvo que el recurrente demuestre la necesidad de variar su sentido; 2. Cuando los errores procesales aducidos no existen o, dado el caso, fueron saneados, o no afectaron las garant\u00edas de las partes, ni comportan una lesi\u00f3n relevante del ordenamiento; 3. Cuando no es evidente la trasgresi\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico en detrimento del recurrente\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, tales argumentos no son de recibo, porque implican: (i) desdibujar las potestades oficiosas que concedi\u00f3 el legislador a la Corte Suprema de Justicia, como Tribunal de Casaci\u00f3n; e (ii) interpretar el art\u00edculo 347-3 del C\u00f3digo General del Proceso en un sentido que no resulta constitucionalmente admisible, por transgredir el debido proceso y provocar una injustificada restricci\u00f3n del derecho de impugnaci\u00f3n de las partes. <\/p>\n
Para arribar a esas conclusiones, resultan pertinentes las reflexiones que se expondr\u00e1n a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
1. \u00bfEs posible imponer al juez el ejercicio de una potestad oficiosa? <\/p>\n
En el pasado, sol\u00eda sostenerse que la decisi\u00f3n del juez de ejercer, o no, alguna de sus facultades oficiosas, no pod\u00eda someterse a ning\u00fan tipo de escrutinio externo. En contraposici\u00f3n, actualmente est\u00e1 bien decantado que las prerrogativas potestativas conferidas a las autoridades judiciales no pueden ejercerse de forma arbitraria, sino dentro de un marco de razonabilidad y racionalidad que puede deducirse del ordenamiento. <\/p>\n
Otorgar potestades discrecionales a un juez o magistrado no puede entenderse como una habilitaci\u00f3n para que este act\u00fae de forma abusiva, o contraria al bienestar com\u00fan, el orden, el patrimonio p\u00fablico o las leyes imperativas. De ah\u00ed que, si bien deba garantiz\u00e1rsele al funcionario cierto margen decisorio \u2013pues de lo contrario, lo facultativo mutar\u00eda en imperativo\u2013, este deber\u00e1 siempre obrar dentro de unos linderos bien establecidos, ideados para precaver la injusticia y el capricho. <\/p>\n
En ese contexto, resulta natural que las partes puedan discutir, a trav\u00e9s de los remedios procesales ordinarios, una decisi\u00f3n de oficio inicua, o que, incluso, busquen atribuir al funcionario competente el deber de activar una prerrogativa potestativa que, en forma il\u00edcita, omiti\u00f3 ejercer. Pero si la facultad se despleg\u00f3 dentro de un marco razonable, con plena observancia del ordenamiento, no habr\u00eda raz\u00f3n para habilitar espacios de debate, por mucho que lo decidido por el fallador no coincida con los intereses o deseos de alguna de las partes del litigio. <\/p>\n
2. No se demostr\u00f3 que la Corte hubiera actuado de forma ileg\u00edtima al no excluir la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
De lo expuesto supra se deduce que esta Corporaci\u00f3n, en tanto \u00f3rgano jurisdiccional, tampoco puede ejercer sus facultades oficiosas de forma abusiva, ni puede abstenerse de usarlas, cuando ello se muestre imperativo. No obstante, debe insistirse en la necesidad de reconocer un razonable espacio de discrecionalidad, especialmente frente a las prerrogativas conferidas a la Corte Suprema de Justicia, en su condici\u00f3n \u2013constitucionalmente reconocida\u2013 de Tribunal de Casaci\u00f3n de la Rep\u00fablica de Colombia. <\/p>\n
En ese escenario, se resalta que la sociedad convocada no sugiri\u00f3 que la providencia de 5 de julio del a\u00f1o en curso fuera arbitraria, lesiva del orden jur\u00eddico, o incompatible con la funci\u00f3n constitucional de esta Colegiatura. Al contrario, admiti\u00f3 que los cargos de su contraparte son formalmente id\u00f3neos, (as\u00ed se sigue de la reiterada invocaci\u00f3n de un precepto que inicia diciendo \u00abaunque la demanda de casaci\u00f3n cumpla los requisitos formales\u00bb), lo que impedir\u00eda calificar de contraevidente la determinaci\u00f3n de admitir la demanda. <\/p>\n
En l\u00ednea con lo anterior, Credicorp Capital Colombia S.A. tampoco explic\u00f3 por qu\u00e9 la selecci\u00f3n negativa emerg\u00eda como la \u00fanica alternativa admisible para la Corte; por el contrario, se limit\u00f3 a presentar las razones que \u2013en su sentir\u2013 har\u00edan provechoso emplear la prerrogativa prevista en el art\u00edculo 347 del C\u00f3digo General del Proceso, reduciendo as\u00ed su censura a un improcedente juicio de correcci\u00f3n acerca de la elecci\u00f3n de una opci\u00f3n v\u00e1lida, de entre dos existentes. <\/p>\n
Dicho de otro modo, los argumentos planteados en el recurso de reposici\u00f3n simplemente reflejan una disyuntiva entre dos variables que si bien son opuestas (admitir o inadmitir prevali\u00e9ndose de la selecci\u00f3n negativa), se muestran razonables, de modo que cualquiera de ellas podr\u00eda ser v\u00e1lidamente seleccionada por la Corte, sin incurrir en incorrecci\u00f3n alguna. <\/p>\n
3. Confusi\u00f3n entre requisitos de forma y de procedencia de los cargos en casaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Aun si se prescindiera de lo dicho supra, el recurso de reposici\u00f3n no estar\u00eda llamado a abrirse paso, porque la convocada no acredit\u00f3 que en este asunto se hubiera configurado alguna de las tres condiciones que establece el mencionado precepto 347 del C\u00f3digo General del Proceso como motivos para ejercer la prerrogativa de selecci\u00f3n negativa, ni tampoco indic\u00f3 alguna raz\u00f3n espec\u00edfica para haber inadmitido la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, no parece existir \u00abidentidad esencial del caso con jurisprudencia reiterada de la Corte\u00bb, ni la impugnante extraordinaria invoc\u00f3 \u00aberrores procesales\u00bb susceptibles de saneamiento, por lo que debe descartarse la procedencia de las dos primeras causas de selecci\u00f3n negativa. Y aunque la convocada insisti\u00f3 en que se hab\u00eda dado la tercera (pues, desde su punto de vista, \u00abno es evidente la trasgresi\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico\u00bb), lo hizo equiparando una condici\u00f3n de prosperidad de la acusaci\u00f3n con una exigencia formal susceptible de calificaci\u00f3n ex ante, equivocaci\u00f3n que tambi\u00e9n reviste suficiente entidad como para desestimar su alegato. <\/p>\n
Con el fin de ilustrar la diferencia entre esos conceptos, debe tenerse en cuenta que la facultad de selecci\u00f3n negativa implica la inadmisi\u00f3n de una demanda de casaci\u00f3n que es formalmente id\u00f3nea \u2013esto es, que cumple todos los requisitos formales previstos en la ley procesal\u2013, impidiendo as\u00ed que el impugnante obtenga un pronunciamiento de fondo de la autoridad jurisdiccional encargada de la resoluci\u00f3n de ese remedio extraordinario. <\/p>\n
Por ende, la intervenci\u00f3n oficiosa de la Corte debe ser excepcional, y solo estar\u00e1 justificada cuando, sin ning\u00fan resquicio de duda, aflore f\u00fatil dar continuidad al tr\u00e1mite. Esto ocurrir\u00e1, por ejemplo, cuando el recurrente insista en un argumento que la Corte ha desestimado consistentemente en el pasado, sin exponer motivos para variar el precedente, o cuando alegue un vicio de nulidad que, en la pr\u00e1ctica, no afect\u00f3 sus garant\u00edas procesales, hip\u00f3tesis de las que se ocupan los numerales 1 y 2 del art\u00edculo 347. <\/p>\n
3.2. Ahora bien, cuando el numeral 3 del art\u00edculo 347 se refiere a la ausencia de evidencia de \u00abla trasgresi\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico en detrimento del recurrente\u00bb, no puede asignarse a esa expresi\u00f3n un significado equivalente al fracaso del cargo por no demostrar la infracci\u00f3n de la ley sustancial. Esa hermen\u00e9utica, que es sobre la que se edifica todo el recurso de reposici\u00f3n en estudio, implicar\u00eda que el tr\u00e1mite de casaci\u00f3n quedara reservado \u00fanicamente para las demandas que van a prosperar, conclusi\u00f3n incompatible con el ordenamiento, por dos razones fundamentales: <\/p>\n
(i) Salvo cuando sus falencias argumentativas sean francamente evidentes, establecer ab initio del tr\u00e1mite si una demanda de casaci\u00f3n est\u00e1, o no, llamada a prosperar, se muestra improcedente. Esa conclusi\u00f3n requiere una actividad intelectiva propia de la instancia de resoluci\u00f3n del recurso (esto es, la sentencia), lo cual a su vez exige el agotamiento de todas las fases preliminares que conforman el debido proceso en esta sede extraordinaria. <\/p>\n
(ii) La interpretaci\u00f3n de la ley procesal que sugiere el recurrente, seg\u00fan la cual deben ser excluidas a trav\u00e9s de selecci\u00f3n negativa todas las demandas de casaci\u00f3n que no son potencialmente aptas para quebrar la sentencia del tribunal, implica una evidente restricci\u00f3n al derecho a la impugnaci\u00f3n y, por lo mismo, transgrede el principio pro actione (tambi\u00e9n denominado in dubio pro recurso) reconocido por la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n en reiteradas ocasiones. <\/p>\n
3.3. Para finalizar, se resalta que la actora propuso en su \u00fanico cargo de casaci\u00f3n unos reparos a la labor de valoraci\u00f3n probatoria del tribunal, y expuso a continuaci\u00f3n la que, en su opini\u00f3n, ser\u00eda la \u00fanica lectura correcta de la evidencia recaudada. Con ello basta para satisfacer ese primer an\u00e1lisis formal, propio de un estadio procesal inicial, siendo del caso establecer si unos u otros argumentos son de recibo, lo que, se insiste, deber\u00e1 hacerse al momento de dictar el fallo respectivo. <\/p>\n
Para decirlo en otro t\u00e9rminos, al momento de calificar la demanda de sustentaci\u00f3n basta con verificar que las exigencias formales que prev\u00e9n la ley y la jurisprudencia para garantizar los fines de la casaci\u00f3n se encuentren reunidas a cabalidad, siendo improcedente, al menos dadas las caracter\u00edsticas de este caso concreto, incluir dentro de esa tarea de verificaci\u00f3n alg\u00fan criterio relacionado con la predicci\u00f3n de \u00e9xito futuro del alegato del casacionista. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. NO REVOCAR el auto de 5 de julio de 2022, dictado en el asunto de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. Ejecutoriada esta decisi\u00f3n, rean\u00fadese el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino de traslado de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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