AC3631-2022 (2022-02576-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC3631-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-02576-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en providencia paralela a esta, los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, desata la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo de Familia de Roldanillo (Valle) y Segundo Promiscuo de Familia de La Dorada (Caldas). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Leonor L\u00f3pez de la Vega \u00abquien obra en nombre propio y en calidad de madre del menor [Juan]\u00bb, demand\u00f3 a Francisco de Entrer\u00edos para que se le privara de la patria potestad respecto del menor hijo en com\u00fan, con fundamento en las causales 1\u00aa y 4\u00aa del art\u00edculo 315 del C\u00f3digo Civil, valga decir, \u00abpor el maltrato ejercido sobre el menor y el haber sido condenado a pena privativa de la libertad superior a un a\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
2.- El escrito introductorio fue presentado ante el Juzgado Promiscuo de Roldanillo, Valle, justific\u00e1ndose all\u00ed la competencia por ser \u00abla vecindad de la demandante\u00bb. [Archivo Digital: 01Demanda]. <\/p>\n
3.- El mencionado despacho rechaz\u00f3 la demanda por carecer de competencia, con sustento en que como \u00abla demandante no es la ni\u00f1a sino su progenitora, debe tramitarse el proceso en el domicilio del demandado, como lo dispone claramente el numeral 1o del art\u00edculo 28 del C.G.P.\u00bb, el cual corresponde a La Dorada, Caldas, pues all\u00ed se encuentra el privado de la libertad. [Folio 38, Ib\u00eddem]. <\/p>\n
4.- Al recibir las diligencias, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de dicha localidad admiti\u00f3 el libelo, orden\u00f3 la \u00abvisita social\u00bb a la morada de la convocante y orden\u00f3 la notificaci\u00f3n del enjuiciado. No obstante, con posterioridad tambi\u00e9n rehus\u00f3 el conocimiento del asunto, tras considerar que la competencia estaba radicada en la autoridad judicial de Roldanillo, Valle, circuito judicial del municipio donde reside el ni\u00f1o junto a su progenitora (Zarzal, Valle), as\u00ed que devolvi\u00f3 el expediente al estrado remitente. [Folios 122 a 125, Ib\u00eddem]. <\/p>\n
5.- El despacho de esta \u00faltima circunscripci\u00f3n territorial suscit\u00f3 la colisi\u00f3n y remiti\u00f3 la causa a esta Corporaci\u00f3n para lo de su cargo. [Archivo Digital: 003AutoFamilia580ConflictoDeCompetencia]. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Corresponde a esta Sala, a trav\u00e9s de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional com\u00fan de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. As\u00ed lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
3.- Confrontado el asunto bajo examen con el aparte normativo transcrito, refulge con claridad que la competencia para conocer de este tipo de controversias, con base en el factor territorial, recae en la autoridad del lugar \u00abdel domicilio o residencia\u00bb del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente; conclusi\u00f3n que se robustece con las previsiones del art\u00edculo 97 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia, seg\u00fan las cuales \u00ab[s]er\u00e1 competente la autoridad del lugar donde se encuentre el ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente\u00bb (se destaca). <\/p>\n
Tal disposici\u00f3n resulta aplicable, no solo en el contexto de las autoridades administrativas y los procesos de restablecimiento de derechos de menores de edad, sino en las controversias de conocimiento judicial, tal como lo ha decantado esta Corporaci\u00f3n al puntualizar, que: <\/p>\n
\u00ab[E]n orden a dirimir el conflicto ha de tenerse en cuenta lo previsto en el art\u00edculo 97 de la ley 1098 de 2006 en el sentido de que es competente \u2018la autoridad del lugar donde se encuentre el ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente\u2019, pues aunque esta norma se refiere a los funcionarios administrativos que deben conocer del restablecimiento de los derechos del menor afectado, es indudable que como al perder \u00e9stos la atribuci\u00f3n por no decidir dentro de los plazos se\u00f1alados en el par\u00e1grafo 2\u00b0, art\u00edculo 100 de dicha ley, corresponde a los funcionarios judiciales, a partir de ah\u00ed, asumir la competencia con base en el mismo expediente, resulta apenas natural que aquella regla se aplique a los \u00faltimos, mayormente si ese es el entendimiento que mejor garantiza la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n a cargo del Estado de \u2018[a]segurar la presencia del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente en todas las actuaciones que sean de su inter\u00e9s y que los involucren\u2026\u2019 as\u00ed como \u2018[p]rocurar la presencia en dichas actuaciones de sus padres, de las personas responsables o de su representante legal\u2019, tal y como lo establece al ordinal 34, art\u00edculo 41 de la aludida ley\u201d (Exp. 2008-00649-00) (CSJ AC 4 jul. 2013, rad. 2013-00504-00, criterio reiterado en AC3203-2022, 22 jul.). <\/p>\n
Lo anterior se encuentra del todo conforme con la prevalencia de los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en cuya virtud \u00ab[e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona (\u2026)1\u00bb, as\u00ed como con el art\u00edculo 11 del estatuto adjetivo, que ordena interpretar las normas procedimentales de acuerdo con los est\u00e1ndares constitucionales, entre los cuales se encuentra el del inter\u00e9s superior del menor. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, ha recalcado la Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el inter\u00e9s superior al que se alude comporta un postulado a modo de insumo en las decisiones jurisdiccionales direccion\u00e1ndolas a facilitar la protecci\u00f3n de los ni\u00f1os, ni\u00f1as, adolescentes, personas de la tercera edad y mayores con discapacidad, para auspiciarles el acceso directo a la administraci\u00f3n de justicia en el lugar en que se encuentren ubicados, pues de esta forma se evita que tengan que incurrir en traumatismos o dificultades de diversa \u00edndole para reparar sus necesidades, que a la postre podr\u00edan verse insatisfechas de tener que acudir a un lugar distinto de donde se localizan, postulado que desarrolla el mandato contenido en el art\u00edculo 9\u00b0 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, a cuyo tenor \u00ab[e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. En caso de conflicto entre dos o m\u00e1s disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicar\u00e1 la norma m\u00e1s favorable al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u00bb. <\/p>\n
Por supuesto que dicho precepto legal, que aboga por darle prevalencia a los derechos de los menores y adolescentes, no es ajeno al derecho procesal ni, por contera, a las reglas de competencia para asignar el conocimiento de las causas en las cuales est\u00e1n involucrados dichos sujetos, receptores de especial protecci\u00f3n. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, porque viene al caso, que conforme al canon 26 ib\u00eddem, \u00ab[e]n toda actuaci\u00f3n administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que est\u00e9n involucrados, los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, tendr\u00e1n derecho a ser escuchados y sus opiniones deber\u00e1n ser tenidas en cuenta.\u00bb <\/p>\n
En esa l\u00ednea de pensamiento favorable al inter\u00e9s superior citado, la Corte se ha pronunciado se\u00f1alando respecto de los menores de edad, que: <\/p>\n
[L]a Sala ha venido sosteniendo que cuando se est\u00e1 ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos superiores de los ni\u00f1os, el juez debe ser m\u00e1s acucioso al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de intereses debe verse desde un contexto m\u00e1s amplio, pues acorde con la amplia normatividad existente a nivel internacional, en nuestro medio se debe partir del postulado 44 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual \u2018los derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u2019. Se destaca. (CSJ STC7351, 7 jul. 2018, rad. 2018-00141-01, CSJ AC2400-2022, 13 jun., rad. 2022-01649-00, AC3203-2022, 22 jul.). <\/p>\n
4.- Y no se diga que por haber conocido y adelantado algunas actuaciones el despacho receptor, este debe seguir tramitando el asunto en atenci\u00f3n al principio de la \u00abperpetuatio iurisdictionis\u00bb, porque \u00abel domicilio de los sujetos de especial protecci\u00f3n es fuero especial de atribuci\u00f3n de competencia territorial, aun cuando var\u00ede en el curso del proceso; am\u00e9n de que el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que: \u201c[e]l juez no podr\u00e1 declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo los factores subjetivo y funcional\u201d\u00bb (CSJ AC3203-2022, 22 jul., AC1664-2021, 5 may., rad. 2021-01355-00, reiterando CSJ AC1314-2020, 6 jul., rad. 2020-00722-00). <\/p>\n
Adicionalmente, se observa que el juicio se formul\u00f3 en inter\u00e9s de un peque\u00f1o, con el prop\u00f3sito de garantizar sus derechos y facilitar el cumplimiento de los deberes que impone la patria potestad. Bajo esa perspectiva, no le asiste raz\u00f3n al Juzgado de Roldanillo, porque \u00abm\u00e1s all\u00e1 de que no sea directamente [el] menor la que ejercita el derecho de acci\u00f3n, sino un tercero, el juzgador que ha de conocer de tal libelo, por mandato legal que es reflejo del principio que vela por el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, es el del domicilio o residencia de [aquel]\u00bb. (CSJ AC4949-2021, 21 oct.). <\/p>\n
Y aunque en el pasado, en asuntos sobre patria potestad, la Sala inaplic\u00f3 la regla contemplada en el inciso 2\u00ba del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso y acudi\u00f3 al \u00abfuero personal contemplado en el numeral 1\u00ba de disposici\u00f3n en cita\u00bb (AC2412-2019), desde un tiempo reciente vari\u00f3 su postura en pro del \u00abinter\u00e9s superior del menor\u00bb, para que esos tipos de tr\u00e1mites judiciales se adelanten en su residencia o domicilio, \u00aben donde se facilita el examen de las pruebas sobre las condiciones en las que es llevado su cuidado y custodia\u00bb (CSJ AC4949-2021, 21 oct.). <\/p>\n
En un caso de contornos similares, la Corte consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abcarece de raz\u00f3n el Juzgado Sexto de Familia de Medell\u00edn para rehusar la competencia en el asunto que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, por cuanto en esta localidad se encuentra domiciliado el menor de edad involucrado en la causa, aun cuando \u00e9l no sea parte del aludido juicio, en raz\u00f3n a que la pretensi\u00f3n de privaci\u00f3n de la patria potestad est\u00e1 dirigida por su progenitora en contra del padre de aquel, tal como se manifest\u00f3 en el escrito genitor, raz\u00f3n suficiente para dar aplicaci\u00f3n al citado inciso 2\u00ba, numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Por ende, es inadmisible el argumento del estrado judicial de Medell\u00edn al pretender apartarse del conocimiento del asunto, pues, ins\u00edstese, el domicilio de los sujetos de especial protecci\u00f3n es fuero especial de atribuci\u00f3n de competencia territorial, en favor de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, incluso en casos de car\u00e1cter excepcional, en los cuales se encuentren involucrados menores de edad, prevalecen los derechos e inter\u00e9s superior de estos, por su relevancia constitucional\u00bb (CSJ AC5245-2021, 8 nov.) <\/p>\n
6.- En ese orden, se equivoc\u00f3 el Juez Promiscuo de Familia de Roldanillo (Valle) al declinar el conocimiento de la controversia, raz\u00f3n por la que se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n del expediente dicho estrado, por ser, en principio, el competente para conocer del mencionado proceso y se informar\u00e1 de esta determinaci\u00f3n al otro funcionario involucrado en la colisi\u00f3n que aqu\u00ed queda dirimida. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Promiscuo de Familia de Roldanillo (Valle), es el competente para asumir el conocimiento del proceso de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente al mencionado despacho judicial para que contin\u00fae con el tr\u00e1mite del asunto. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de La Dorada, Caldas y a la demandante. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 9\u00ba del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia. <\/p>\n
<\/p>\n
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