AC3658-2022 (2022-02662-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC3658-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2022-02662-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Diecinueve Civil Municipal de Bogot\u00e1 D.C., y Primero Civil Municipal de Popay\u00e1n, dentro de la solicitud de aprehensi\u00f3n y entrega de garant\u00eda mobiliaria promovida por RCI Colombia Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento contra Hernando Le\u00f3n Lara Prieto. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda formulada por RCI Colombia Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento contra Hernando Le\u00f3n Lara Prieto, radicada ante la Oficina de Reparto de los jueces de Bogot\u00e1, la parte actora solicit\u00f3 la aprehensi\u00f3n y posterior entrega del veh\u00edculo de placas HER 177, objeto de la garant\u00eda prendaria que se constituy\u00f3 a su favor. <\/p>\n
En cuanto a la competencia se indic\u00f3 que le concern\u00eda a dicha autoridad judicial porque \u00abtrat\u00e1ndose de una solicitud de aprehensi\u00f3n y teniendo en cuenta que el veh\u00edculo objeto de garant\u00eda se puede localizar en cualquier ciudad del territorio nacional, es usted competente para ordenar la aprehensi\u00f3n de este, ante autoridad competente\u00bb. <\/p>\n
2. El escrito inicial se asign\u00f3 al Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Bogot\u00e1 D.C., quien, a trav\u00e9s del auto del 31 de agosto de 2020, lo rechaz\u00f3, argumentando que el domicilio del deudor es la ciudad Popay\u00e1n (Cauca) y, por consiguiente, el automotor debe estarse movilizando en esa localidad. <\/p>\n
3. El expediente correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Primero Civil Municipal de Popay\u00e1n, quien mediante providencia del 26 de enero de 2021, resolvi\u00f3 no avocar conocimiento del asunto y, en tal sentido, promovi\u00f3 el conflicto negativo, tras manifestar que por tratarse de un veh\u00edculo que puede circular por todo el territorio nacional, como incluso se afirm\u00f3 en el escrito de demanda, la Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento tiene la libertad de promover la acci\u00f3n \u00aben cualquier lugar de la circunscripci\u00f3n nacional, bajo su elecci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, conforme al canon 139 del C\u00f3digo General del Proceso, se entra a resolver lo que corresponda previas las siguientes, <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. A esta Corporaci\u00f3n le ata\u00f1e dirimir el conflicto de competencia suscitado entre dos autoridades judiciales de diferentes distritos, como superior funcional com\u00fan de ellos, seg\u00fan lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El ordenamiento jur\u00eddico consagra los par\u00e1metros para la asignaci\u00f3n de los procesos entre las distintas autoridades judiciales, a partir de los factores de competencia tales como el objetivo, el subjetivo, el funcional, el de atracci\u00f3n o conexidad y el territorial. <\/p>\n
2.1. El factor objetivo se estructura a partir del contenido de la pretensi\u00f3n y la clase de controversia. Se subdivide en: i) la naturaleza, que consiste en la descripci\u00f3n abstracta del tema en litigio y, ii) la cuant\u00eda, que se trata como un elemento complementario del primero conforme a los art\u00edculos 15 y 25 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.3. El factor funcional consulta la competencia en atenci\u00f3n a las funciones de los jueces en las diferentes instancias, atendiendo a los grados de juzgamiento, los cuales tienen una organizaci\u00f3n jer\u00e1rquica por estar adscritos a una misma circunscripci\u00f3n judicial. <\/p>\n
2.4. Mediante el factor territorial la competencia se determina con apoyo en los fueros: i) general o personal (domicilio del demandado); ii) contractual (lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones); iii) social (establece la competencia en los procesos relacionados con sociedades); iv) extracontractual (lugar donde ocurrieron los hechos); v) real (lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes); vi) especial (procesos de competencia desleal y protecci\u00f3n de propiedad industrial); vii) sucesoral o hereditario (\u00faltimo domicilio del causante), y viii) de administraci\u00f3n (lugar en donde se verific\u00f3 la administraci\u00f3n o gesti\u00f3n objeto del proceso). <\/p>\n
2.5. El factor de conexidad que reconoce el fen\u00f3meno acumulativo en sus distintas variables: subjetivas (acumulaci\u00f3n de partes \u2013litisconsorcios\u2013), objetivas (de pretensiones, demandas o procesos) o mixtas. <\/p>\n
3. A pesar de la claridad frente a la competencia que tienen los jueces dentro del territorio nacional, existen casos en los cuales varios de esos fueros pueden concurrir en una misma causa, lo que genera una pluralidad de jueces llamados a tramitarla, en cuyo caso la ley otorga al actor la facultad de escoger entre ellos. <\/p>\n
Es lo que sucede con las solicitudes de aprehensi\u00f3n y entrega de veh\u00edculo automotor, toda vez que, al tenor de lo previsto en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00aben los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza ser\u00e1 competente de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
De la transcripci\u00f3n que antecede se evidencia que, cuando en un juicio se ejerza un derecho de aquellos que pertenecen a la categor\u00eda de \u00abreales\u00bb, el competente para su adelantamiento es el juez del lugar donde se encuentra situado el bien, en virtud de su car\u00e1cter \u00abprivativo\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular esta Sala, en CSJ AC747-2018 (reiterado en AC1651-2019), en asuntos de similares contornos, acot\u00f3 qu\u00e9: <\/p>\n
\u00ab[e]l contexto m\u00e1s pr\u00f3ximo y parecido al que regulan los art\u00edculos 57 y 60 de la ley 1676 de 2013 es el previsto en el numeral 7 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, en tanto all\u00ed se instituye, se itera, el criterio seg\u00fan el cual la asignaci\u00f3n se determina por la ubicaci\u00f3n de los bienes, cuando la acci\u00f3n abrigue \u00abderechos reales\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al tratarse de solicitudes de aprehensi\u00f3n y entrega como la que dio origen a este tr\u00e1mite, esta Corporaci\u00f3n ha indicado lo siguiente: <\/p>\n
\u00abciertamente se est\u00e1 en ejercicio del derecho real de prenda, a efecto de poder el acreedor satisfacer su cr\u00e9dito sin necesidad de acudir a los jueces, salvo, claro est\u00e1, para que se retenga y entregue el bien pignorado y del cual reclama la tenencia. Y en ese orden de ideas, la regla de competencia territorial, que de manera m\u00e1s cercana encaja en el caso, es la del numeral 7\u00ba del referido art\u00edculo 28, la que a su vez posibilita cumplir con principios como los de econom\u00eda procesal e inmediaci\u00f3n, puesto que el juez que mejor y m\u00e1s f\u00e1cil puede disponer lo necesario para llevar a t\u00e9rmino lo pretendido, sin duda, es al del sitio en el que se halle el bien afectado\u00bb (CSJ AC2218\u20132019, 10 jun.). <\/p>\n
Incluso, en una decisi\u00f3n m\u00e1s reciente se explic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[a]hora bien, siendo evidente que la solicitud de aprehensi\u00f3n y entrega promovida entra\u00f1a el ejercicio del derecho real de la prenda (art. 665 del C.C.) constituida por el deudor a favor de la sociedad accionante sobre un autom\u00f3vil, es claro que el asunto corresponde de manera \u201cprivativa\u201d al juzgador del sitio donde se halla el rodante\u00bb (CSJ AC271\u20132022, 8 feb.). <\/p>\n
4. Para el caso concreto n\u00f3tese que, independientemente de que en el ac\u00e1pite denominado \u00abCOMPETENCIA Y CUANT\u00cdA\u00bb, se hubiera plasmado que el veh\u00edculo objeto de la garant\u00eda prendaria se puede localizar en cualquier parte del territorio y, por ende, la parte actora opt\u00f3 por radicar la demanda en esta ciudad capital, resulta evidente que en el escrito primigenio no se defini\u00f3 el lugar concreto en el que se ubica el automotor actualmente, al haber aludido gen\u00e9ricamente a la expresi\u00f3n \u00abcualquier ciudad del territorio nacional\u00bb. <\/p>\n
Y es que, si el fuero real consagrado en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, impone la asignaci\u00f3n de la competencia con sujeci\u00f3n al \u00ablugar donde est\u00e9n ubicados los bienes\u00bb de manera \u00abprivativa\u00bb, conocer su localizaci\u00f3n resulta imperioso para establecer qu\u00e9 juez debe conocer y tramitar el asunto. <\/p>\n
En ese orden, al margen de lo indicado en el escrito de demanda, lo cierto es que al examinar la documental allegada en los anexos, se observa que ambas partes convinieron ab initio que el veh\u00edculo se ubicar\u00eda en la ciudad de Popay\u00e1n y, adem\u00e1s, que su retiro de ese sitio solo podr\u00eda hacerse con la autorizaci\u00f3n expresa de la Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento. <\/p>\n
Sobre el particular, v\u00e9ase que en la cl\u00e1usula cuarta del \u00abCONTRATO DE PRENDA DE VEH\u00cdCULO(S) SIN TENENCIA Y GARANT\u00cdA MOBILIARIA\u00bb, se plasm\u00f3: \u00abUBICACI\u00d3N: El(los) veh\u00edculo(s) descrito(s) en la cl\u00e1usula primera y objeto de esta prenda y garant\u00eda mobiliaria, permanecer\u00e1(n) en la ciudad y direcci\u00f3n atr\u00e1s indicados. EL(LOS) CONSTITUYENTE(S) Y\/O DEUDOR(ES) no podr\u00e1(n) variar el sitio de ubicaci\u00f3n del(los) veh\u00edculo(s) dado(s) en prenda, sin previa autorizaci\u00f3n escrita y expresa de RCI COLOMBIA, pero gozar\u00e1(n) del uso permanente del(los) mismo(s) para efectos de desarrollar su actividad, circunstancia que autoriza a RCI COLOMBIA\u00bb (resaltado ajeno al texto). Al consultar las l\u00edneas precedentes del mismo documento, se colige que la direcci\u00f3n y ciudad a las que se aludi\u00f3 en la referida cl\u00e1usula cuarta corresponden a la carrera 10A No. 6-61 de la ciudad de Popay\u00e1n, al ser la direcci\u00f3n f\u00edsica del deudor y, a la vez, constituyente de la prenda, Hernando Le\u00f3n Lara Prieto. <\/p>\n
De otro lado, revisados los anexos presentados con la demanda, no se observa que el deudor hubiera solicitado el cambio de ubicaci\u00f3n del bien ante la sociedad acreedora ni, mucho menos, que esta lo hubiera autorizado; por lo tanto, en principio, el acervo probatorio apunta a corroborar que el veh\u00edculo se encuentra localizado, a la hora actual, en la ciudad de Popay\u00e1n. <\/p>\n
Es m\u00e1s, atendiendo al principio de la buena fe contractual, del cual se abastece todo negocio jur\u00eddico, como RCI Colombia Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento en ning\u00fan momento manifest\u00f3 en el escrito de demanda que el automotor est\u00e1 en alg\u00fan lugar en particular, se infiere que se mantiene en la precitada ciudad, siendo all\u00ed donde deber\u00e1 tramitarse este asunto. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
En ese orden, el conocimiento se asignar\u00e1 al despacho que plante\u00f3 el conflicto negativo. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR que el Juzgado Primero Civil Municipal de Popay\u00e1n, es el competente para conocer la solicitud de aprehensi\u00f3n y entrega de garant\u00eda mobiliaria promovida por RCI Colombia Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento contra Hernando Le\u00f3n Lara Prieto. <\/p>\n
SEGUNDO: REMITIR el expediente a la se\u00f1alada autoridad judicial, para que avoque conocimiento e imparta el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
TERCERO: COMUNICAR esta decisi\u00f3n a la parte actora y al Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Bogot\u00e1 D.C. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
<\/p>\n
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