AC3660-2022 (2022-02681-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC3660-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02681-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de agosto dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo Promiscuo Municipal de Villamar\u00eda, Caldas, y Veintiocho Civil Municipal de Bogot\u00e1, D.C., dentro del proceso ejecutivo para la efectividad de garant\u00eda real, instaurado por el Fondo Nacional del Ahorro \u00abCarlos Lleras Restrepo\u00bb en contra de C\u00e9sar Mauricio Gonz\u00e1lez Su\u00e1rez y Lina Mar\u00eda Henao Ballesteros. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El Fondo Nacional del Ahorro present\u00f3 la acci\u00f3n de la referencia ante los juzgados promiscuos municipales de Villamar\u00eda, Caldas, con el prop\u00f3sito de que se libre mandamiento ejecutivo con fundamento en el pagar\u00e9 n\u00famero 16070984. Como medida cautelar solicit\u00f3 se decrete el embargo y posterior secuestro del inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 100-174052 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Manizales, garant\u00eda de la obligaci\u00f3n demandada. <\/p>\n
En el ac\u00e1pite titulado \u00abCOMPETENCIA, CUANT\u00cdA Y PROCEDIMIENTO\u00bb, se plasm\u00f3: \u00abpor la ubicaci\u00f3n de la garant\u00eda y por la cuant\u00eda de la acci\u00f3n, la que estimo en\u2026 ($143,793,064.33)\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Villamar\u00eda, a quien le correspondi\u00f3 la causa por reparto, rehus\u00f3 su asignaci\u00f3n mediante auto de 3 de mayo de 2022, argumentando que el Fondo Nacional del Ahorro \u00abCarlos Lleras Restrepo\u00bb, tiene su domicilio principal en Bogot\u00e1, D.C., por lo que se debe dar aplicaci\u00f3n al numeral 10 del art\u00edculo 28 en concordancia con el precepto 29, ambos del C\u00f3digo General del Proceso, m\u00e1s a\u00fan cuando en el municipio no tiene sede la entidad demandante. <\/p>\n
3. El Juzgado Veintiocho Civil Municipal de Bogot\u00e1, D.C., a quien le correspondi\u00f3 por reparto el expediente, en auto de 25 de julio de 2022 propuso el conflicto negativo con el funcionario judicial de Villamar\u00eda, Caldas, tras se\u00f1alar que, si bien es cierto concurren fueros privativos, la competencia que debe prevalecer es la del lugar de ubicaci\u00f3n del bien, de conformidad con el numeral 7 del art\u00edculo 28 ibidem. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, conforme al canon 139 del C\u00f3digo General del Proceso, se entra a resolver lo que corresponda previas las siguientes, <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como el conflicto de competencia que se analiza se establece entre dos autoridades judiciales de diferentes distritos, a esta Corporaci\u00f3n le ata\u00f1e dirimirla como superior funcional com\u00fan de ellos, seg\u00fan lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El ordenamiento jur\u00eddico consagra los par\u00e1metros para la asignaci\u00f3n de los procesos entre las distintas autoridades judiciales, a partir de los factores de competencia tales como, el objetivo, subjetivo, funcional, de atracci\u00f3n o conexidad y territorial. <\/p>\n
Mediante el factor territorial la competencia se determina con apoyo en los fueros personal -domicilio del demandado-, real -lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes-, contractual -lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones-, social -establece la competencia en los procesos relacionados con sociedades-, sucesoral o hereditario -\u00faltimo domicilio del causante- y de administraci\u00f3n -lugar en donde se verific\u00f3 la administraci\u00f3n o gesti\u00f3n objeto del proceso-. <\/p>\n
A pesar de la claridad normativa respecto de la competencia de los jueces dentro del territorio nacional, existen casos en los cuales varios de esos fueros pueden concurrir en una misma causa, lo que genera una pluralidad de jueces llamados a tramitarla; en ese evento peculiar, la ley le otorga al actor la facultad de escoger entre ellos. <\/p>\n
3. Ahora bien, de las pautas de competencia territorial consagradas en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, la del numeral 1 constituye la regla general, esto es, que \u00ab[e]n los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado (\u2026)\u00bb (se subraya). <\/p>\n
Pero tambi\u00e9n existe una norma especial que regula la materia, ya que \u00ab[e]n los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulaci\u00f3n de domicilio contractual para efectos judiciales se tendr\u00e1 por no escrita\u00bb (num. 3 Ib., Se resalta y subraya). <\/p>\n
De igual forma, en lo que respecta a los procesos donde se ejerciten derechos reales, el numeral 7 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso fija una \u00abcompetencia privativa\u00bb, a trav\u00e9s de la cual le impone el conocimiento del asunto al juez del lugar donde se ubiquen los bienes, al consagrar que \u00ab[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales (\u2026)\u00bb ser\u00e1 competente, \u00abde modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, el numeral 10 ib., previene que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, de donde emerge un fuero privativo de car\u00e1cter general que se establece en virtud de la calidad del sujeto para asignar competencia al juez de su domicilio. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, cuando se pretenda la ejecuci\u00f3n de un derecho real por parte de una entidad del Estado ser\u00edan competentes, en principio, el juez del domicilio de la entidad estatal o el del lugar de ubicaci\u00f3n del bien inmueble. <\/p>\n
Sin embargo, frente a esta concurrencia de fueros privativos la Sala de esta Corporaci\u00f3n resolvi\u00f3 con el voto de la mayor\u00eda en auto AC140-2020, que el enfrentamiento entre los numerales 7 y 10 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, debe dilucidarse atendiendo la prelaci\u00f3n que el art\u00edculo 29 del mismo ordenamiento reconoce por la \u00abcalidad de las partes\u00bb. <\/p>\n
En dicha providencia se indic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abEn ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. <\/p>\n
De ah\u00ed que, trat\u00e1ndose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicaci\u00f3n del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. Por ello es que se ha dicho, en un sinn\u00famero de oportunidades, que \u201cen las controversias donde concurran los dos fueros privativos antes citados, prevalecer\u00e1 el segundo de ellos, es decir el personal, esto es, el del domicilio de la entidad p\u00fablica, por expresa disposici\u00f3n legal\u00bb (AC4272-2018)\u201d (resaltado intencional). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, dado que la parte ejecutante es el Fondo Nacional del Ahorro \u00abCarlos Lleras Restrepo\u00bb, cuya naturaleza jur\u00eddica es la de \u00abuna empresa industrial y comercial del Estado, de car\u00e1cter financiero, del orden nacional\u00bb y con domicilio principal en la ciudad de Bogot\u00e1, D.C., (art. 3\u00ba, Decreto 1132 de 1999), el tr\u00e1mite concuerda con lo previsto en el numeral 10 del art\u00edculo 28 del estatuto procesal vigente, por lo que debe ser conocido de \u00abforma privativa [por] el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, todo lo cual significa que no es posible atribuir la competencia atendiendo a un factor distinto puesto que este prevalece respecto de los dem\u00e1s. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR que el Juzgado Veintiocho Civil Municipal de Bogot\u00e1, D.C., es el competente para conocer la demanda promovida por el Fondo Nacional del Ahorro \u00abCarlos Lleras Restrepo\u00bb en contra de C\u00e9sar Mauricio Gonz\u00e1lez Su\u00e1rez y Lina Mar\u00eda Henao Ballesteros. <\/p>\n
SEGUNDO: REMITIR el expediente a la se\u00f1alada autoridad judicial, para que avoque el conocimiento e imparta el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
TERCERO: COMUNICAR esta decisi\u00f3n al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Villamar\u00eda, Caldas, as\u00ed como a la promotora del tr\u00e1mite. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
<\/p>\n
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