AC3818-2022 (2022-02764-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC3818-2022 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre las Defensor\u00edas de Familia \u201cA\u201d, \u201cB\u201d y \u201cC\u201d, con ocasi\u00f3n del conocimiento del procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos (PARD) de \u201cX\u201d. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad del menor involucrados en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permitan su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Tras ordenar la apertura del proceso administrativo de restablecimiento de derechos en favor del NNA (en auto de 15 de febrero de 2022), la Defensor\u00eda \u201cA\u201d, mediante auto del 4 de abril de 2022, remiti\u00f3 las diligencias a su hom\u00f3loga \u201cB\u201d, con fundamento en que es dicha dependencia quien est\u00e1 adscrita al \u00abHogar Sustituto\u00bb, donde se encuentra internado actualmente el menor, con motivo de la medida de protecci\u00f3n que se decret\u00f3 en su favor. <\/p>\n
2. Una vez recibi\u00f3 la actuaci\u00f3n, \u201cB\u201d avoc\u00f3 su conocimiento por auto de 22 de abril de 2022, pero con posterioridad, el 14 de junio siguiente, se apart\u00f3 del asunto, pretextando que \u00abverificando las actuaciones, y en aras de escuchar al ni\u00f1o en entrevista, se pidi\u00f3 informaci\u00f3n a (\u2026), ya que me corresponden las Instituciones (\u2026), y la informaci\u00f3n que nos remiten es que el ni\u00f1o se encuentra ubicado en HOGAR SUSTITUTO ubicado en (\u2026), por lo que no ser\u00eda de mi competencia continuar con el proceso de restablecimiento de derechos del ni\u00f1o, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 1098 de 2006, art\u00edculo 97\u00bb. <\/p>\n
3. Finalmente, el expediente se remiti\u00f3 a la Defensor\u00eda \u201cC\u201d, la cual rechaz\u00f3 de plano el conocimiento de la actuaci\u00f3n, arguyendo que \u00abel traslado ordenado por (\u2026) fue realizado faltando solo dos meses para el vencimiento del t\u00e9rmino establecido en la Ley 1098 de 2006, para la definici\u00f3n de la situaci\u00f3n jur\u00eddica\u00bb. Agreg\u00f3 que \u00abpese a que la designaci\u00f3n del Centro Zonal (\u2026) para el tr\u00e1mite del PARD (\u2026) fue efectuada en la Resoluci\u00f3n (\u2026), en auto del 22 de abril de 2022 usted avoc\u00f3 conocimiento del proceso, afirm\u00e1ndose como la competente para continuar con su tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
Con ese fundamento plante\u00f3 conflicto y envi\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n para dirimirlo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Aptitud legal para la resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, por cuanto involucra a autoridades con funciones jurisdiccionales de diferentes distritos judiciales; ello seg\u00fan lo dispuesto en los art\u00edculos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 21 (num. 16), 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Anotaciones sobre la competencia. <\/p>\n
Aunque la jurisdicci\u00f3n, entendida como la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, incumbe a todos los jueces, para el ejercicio adecuado de esa labor se hace necesario distribuir los conflictos entre las distintas autoridades judiciales, a trav\u00e9s de pautas de atribuci\u00f3n descriptivas preestablecidas, contenidas en normas de orden p\u00fablico: las reglas de competencia. <\/p>\n
En trat\u00e1ndose de asuntos sometidos a la especialidad civil y de familia, la distribuci\u00f3n en comento se realiza mediante la aplicaci\u00f3n de diversos factores, as\u00ed: <\/p>\n
(i) El Factor Subjetivo, que responde a las especiales calidades de las partes del litigio, debi\u00e9ndose precisar que, en derecho privado, se reconocen dos fueros personales: el de los estados extranjeros y el de los agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el Gobierno de la Rep\u00fablica (conforme las leyes internacionales sobre inmunidad de jurisdicci\u00f3n), acorde con el art\u00edculo 30, numeral 6, del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Lo anterior, sin perjuicio de la prevalencia reconocida en el numeral 10 del art\u00edculo 28 ejusdem, a cuyo tenor: \u00abEn los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
(ii) El Factor Objetivo, que a su vez se subdivide en naturaleza y cuant\u00eda. <\/p>\n
La naturaleza consiste en una descripci\u00f3n abstracta del tema litigioso, que posibilita realizar una labor de subsunci\u00f3n entre ella y la pretensi\u00f3n en concreto; as\u00ed ocurre con la expropiaci\u00f3n, que corresponde, en primera instancia, a los jueces civiles del circuito2, o la custodia, cuidado personal y visitas de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, que compete a los jueces de familia, en \u00fanica instancia3. <\/p>\n
Pero ante la imposibilidad de representar en la normativa procesal la totalidad de los asuntos que competen a la especialidad civil de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, se acudi\u00f3, como patr\u00f3n de atribuci\u00f3n supletivo o complementario, a la cuant\u00eda de las pretensiones, conforme lo disponen los c\u00e1nones 154 y 255 del estatuto procesal civil. <\/p>\n
(iii) Ahora, el factor objetivo solamente determina tres variables: especialidad, categor\u00eda e instancia (v. gr., un juicio ejecutivo de m\u00ednima cuant\u00eda corresponde al juez civil municipal, en \u00fanica instancia), que -por s\u00ed solas- son insuficientes para adjudicar el expediente a un funcionario judicial en espec\u00edfico. <\/p>\n
Por ello, el criterio que corresponda entre los citados (naturaleza o cuant\u00eda) habr\u00e1 de acompa\u00f1arse, en todo caso, del Factor Territorial, que se\u00f1ala con precisi\u00f3n el juez competente, con apoyo en foros preestablecidos: el fuero personal, el real y el contractual, cuyas regulaciones se hallan compendiadas, principalmente, en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El fuero personal, traducido en el domicilio del demandado, constituye la regla general en materia de atribuci\u00f3n territorial (pues opera \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb); pero no puede perderse de vista que son de la misma naturaleza (personal) las pautas especiales de atribuci\u00f3n previstas en los numerales 2 (domicilio de los ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes), 4 (domicilio social), 5 (domicilio social principal o secundario), 8 (domicilio del insolvente) y 12 (\u00faltimo domicilio del causante) del citado canon 28. <\/p>\n
El fuero real, a su turno, corresponde al lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes, en aquellos asuntos en los que \u00abse ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos\u00bb (numeral 7), o al de ocurrencia de los hechos que importan al proceso, en trat\u00e1ndose de juicios de responsabilidad extracontractual (numeral 6), propiedad intelectual o competencia desleal (numeral 11). <\/p>\n
Y el fuero contractual ata\u00f1e, finalmente, a \u00ablos procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos\u00bb en los que \u00abes tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
(iv) El Factor Funcional consulta la competencia en atenci\u00f3n a las espec\u00edficas funciones de los jueces en las instancias, mediante la descripci\u00f3n de grados de juzgamiento, en la que act\u00faan funcionarios diferentes, pero relacionados entre s\u00ed, de manera jer\u00e1rquicamente organizada, por estar adscritos a una misma circunscripci\u00f3n judicial. <\/p>\n
(v) Y el Factor de Conexidad, que ausculta el fen\u00f3meno acumulativo en sus distintas variables: subjetivas (acumulaci\u00f3n de partes \u2013litisconsorcios\u2013), objetivas (de pretensiones, demandas o procesos) o mixtas. <\/p>\n
3. Las normas de atribuci\u00f3n territorial en el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Como viene de verse, la pauta general de competencia territorial corresponde, en procesos contenciosos, al domicilio del demandado, con las precisiones que realiza el numeral 1\u00ba del citado art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, foro que opera \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb, lo que supone la advertencia de que aplicar\u00e1 siempre y cuando el ordenamiento jur\u00eddico no disponga una cosa distinta. <\/p>\n
Esas exceptivas, a su vez, pueden ser concurrentes por elecci\u00f3n, concurrentes sucesivas o exclusivas (privativas), as\u00ed: <\/p>\n
(i) Los fueros concurrentes por elecci\u00f3n operan, precisamente, en virtud de la voluntad del actor de elegir entre varias opciones predispuestas por el legislador, como ocurre con las demandas donde se reclaman indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil extracontractual, en las que el promotor podr\u00e1 radicar su acci\u00f3n ante el juez del domicilio del demandado, o en el de la sede de ocurrencia del hecho da\u00f1oso (conforme los mencionados numerales 1 y 6 del art\u00edculo 28). <\/p>\n
(ii) Los fueros concurrentes sucesivos presuponen acudir, en primer t\u00e9rmino, al factor preponderante indicado en la normativa procesal, y solo en el evento en que ello no sea posible, podr\u00eda recurrirse a la alternativa subsiguiente. <\/p>\n
(iii) Y los fueros exclusivos son aquellos que imponen que el conocimiento de un caso radique solamente en un lugar determinado, como ocurre, a t\u00edtulo de ejemplo, con los procesos de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, que son de competencia privativa de los jueces del lugar de ubicaci\u00f3n del respectivo predio (numeral 7 del art\u00edculo 28, ya citado). <\/p>\n
4. Conservaci\u00f3n y alteraci\u00f3n de la competencia. <\/p>\n
Acorde con el precedente de esta Corporaci\u00f3n, <\/p>\n
\u00ab(…) el juez que le d\u00e9 inicio a la actuaci\u00f3n conservar\u00e1 su competencia (…) dado que cuando se activa la jurisdicci\u00f3n el funcionario a quien se dirige el libelo correspondiente tiene el compromiso con la administraci\u00f3n de justicia y con el usuario que a la misma accede, de calificar la demanda eficazmente, tema que involucra la evaluaci\u00f3n, c\u00f3mo no, tambi\u00e9n de su \u201ccompetencia\u201d, aspecto tal que, una vez avocado el conocimiento, torna en \u00e9l la prorrogaci\u00f3n de aquella at\u00e1ndolo a permanecer en la postura asumida hasta tanto dicha se controvierta. Es decir, en breve, la Sala \u201cha orientado el proceder de los jueces con miras a evitar que despu\u00e9s de aprehendido el conocimiento de un asunto, se sorprenda a las partes vari\u00e1ndola por iniciativa de aquellos\u201d (CSJ AC2103-2014, 28 abr. 2014, rad. 2014-00555-00)\u00bb (CSJ AC5451-2016, 25 ago.). <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, se sostuvo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) una vez establecida la competencia territorial, atendiendo para el efecto las atestaciones de la demanda, las ulteriores alteraciones de las circunstancias que la determinaron no extinguen la competencia del juez que aprehendi\u00f3 el conocimiento del asunto (\u2026) \u201cSi el demandado, dice la Corte, en doctrina que es aplicable al caso, no objeta la competencia, a la parte actora y al propio juez le est\u00e1 vedado modificarla, inclusive en el evento de que hubiere existido cambio de domicilio o residencia de las partes. Las circunstancias de hecho respecto de la cuant\u00eda del asunto, del factor territorial, del domicilio de las partes y de su calidad, existentes en el momento de proponerse y de admitirse una demanda civil, son las determinantes de la competencia pr\u00e1cticamente para todo el curso del negocio\u201d (auto de 26 de agosto de 2009, Exp. 2009-00516-00 citado en auto de 15 de noviembre de 2011, Exp. 2011-02281-00)\u00bb (CSJ AC429-2018, 6 feb.). <\/p>\n
Expresado de otro modo, cuando un asunto es asignado a determinado funcionario, atendiendo cabalmente las pautas expuestas en los ordinales precedentes, por v\u00eda general aqu\u00e9l no podr\u00e1 desprenderse de su conocimiento, a menos que se concrete uno de los supuestos que prev\u00e9 la normativa procesal, a saber: <\/p>\n
(i) Cuando intervenga como parte, en forma sobreviniente, un estado extranjero, o un agente diplom\u00e1tico acreditado ante el Gobierno de la Rep\u00fablica de Colombia. <\/p>\n
(ii) Cuando un tr\u00e1mite de m\u00ednima o menor cuant\u00eda muta en uno de mayor, en virtud de la reforma de la demanda, demanda de reconvenci\u00f3n o acumulaci\u00f3n de procesos o de demandas. <\/p>\n
(iii) Cuando, de conformidad con los lineamientos de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se disponga la remisi\u00f3n de los expedientes a las oficinas de apoyo u oficinas de ejecuci\u00f3n de sentencias declarativas o ejecutivas. <\/p>\n
(iv) En virtud del cambio de radicaci\u00f3n ordenado por la Corte Suprema de Justicia o los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, seg\u00fan el caso. <\/p>\n
(v) En caso de estructurarse la p\u00e9rdida de competencia que prev\u00e9 el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
5. Caso concreto. <\/p>\n
Es impostergable destacar que en el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos (PARD) sobre el que versa esta colisi\u00f3n, cuyo conocimiento fue asumido inicialmente por la Defensor\u00eda \u201cA\u201d, no se present\u00f3 ninguno de los supuestos de alteraci\u00f3n de la competencia antes referidos. <\/p>\n
A ello cabe a\u00f1adir que el fuero privativo que prev\u00e9, en asuntos como este, el art\u00edculo 97 de la Ley 1098 de 2006, opera atendiendo el \u00ablugar donde se encuentre el ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente\u00bb al momento de iniciar la actuaci\u00f3n; por consiguiente, la eventual variaci\u00f3n del paradero del NNA que tenga lugar posteriormente no constituye, por regla, una excepci\u00f3n adicional al principio de perpetuatio iurisdictionis previamente expuesto. <\/p>\n
As\u00ed lo se\u00f1al\u00f3 la Corte en providencia CSJ AC020-2019, 17 ene., al afirmar, en un caso de contornos f\u00e1cticos similares a este, lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(…) al comenzarse el proceso, el domicilio de la menor hija se encontraba en Bogot\u00e1 y el tr\u00e1mite se adelant\u00f3 acorde con lo estableci\u00f3 (sic) en el inciso 2\u00b0 del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. Sin embargo, ni la codificaci\u00f3n en menci\u00f3n, ni ninguna otra norma, establece que la variaci\u00f3n en el domicilio de la menor implique que la alteraci\u00f3n de la competencia, pues una vez radicada \u00e9sta en cabeza de un funcionario judicial determinado, no podr\u00e1 ser modificada\u00bb. <\/p>\n
Y aunque es cierto que el precedente de la Sala tambi\u00e9n reconoce que las reglas procesales referidas en el numeral 4 supra podr\u00edan ceder, en situaciones muy excepcionales, para garantizar la materializaci\u00f3n del inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes (ver, por v\u00eda de ejemplo, CSJ AC2806-2014, 28 may., CSJ AC5191-2016, 12 ago., y CSJ AC4074-2017, 28 jun), tambi\u00e9n lo es que el sustrato f\u00e1ctico de esta actuaci\u00f3n no involucra circunstancias que, por su particularidad, lleven a atribuir una especial relevancia al lugar en que actualmente se encuentra el menor de edad involucrado en la causa, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que la estancia del NNA en \u201cK\u201d obedece \u00fanicamente a una medida cautelar (hogar sustituto) que, por expresa disposici\u00f3n legal, tiene naturaleza provisional y transitoria (art. 59, Ley 1098 de 2006). <\/p>\n
No sobra precisar que, en el evento que la situaci\u00f3n jur\u00eddica del menor se modifique en forma definitiva, o sea trasferida a otro municipio antes de que finalice el PARD en virtud de situaciones consolidadas con vocaci\u00f3n de permanencia, podr\u00e1 evaluarse la necesidad de alterar las reglas procesales de jurisdicci\u00f3n perpetua, las que, como ya se dijo, podr\u00edan ceder s\u00f3lo ante situaciones muy excepcionales, que pudieran comprometer el inter\u00e9s superior de los NNA. <\/p>\n
6. Anotaci\u00f3n final. <\/p>\n
La Sala no puede pasar por alto que, desde el momento en que se orden\u00f3 la apertura del tr\u00e1mite administrativo en referencia (15 de febrero de 2022), el expediente ha transitado por tres defensor\u00edas de familia que pertenecen a una misma Direcci\u00f3n Regional, a lo que se suma que, para repeler su competencia, ninguna de las autoridades en contienda se ha basado en una variaci\u00f3n del domicilio del menor involucrado o en alguna otra circunstancia que evidencie un verdadero inter\u00e9s en la protecci\u00f3n de los derechos del NNA y que haga patente la necesidad de alterar el funcionario cognoscente. <\/p>\n
En puridad, dichas dependencias se han escudado simplemente en la alteraci\u00f3n del hogar sustituto asignado y a la existencia de otros servidores adscritos a esos lugares; pretexto este que, adem\u00e1s de no corresponder a alguno de los supuestos en que, de manera excepcional, el ordenamiento jur\u00eddico habilita la alteraci\u00f3n de competencia, pugna abiertamente con la naturaleza prioritaria y c\u00e9lere que reviste al procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos. <\/p>\n
Por tal motivo, se exhorta enf\u00e1ticamente a las Defensor\u00edas de Familia involucradas en esta colisi\u00f3n, para que, en lo sucesivo, se abstengan de repetir comportamientos como los que dieron lugar al conflicto de competencia en estudio y tambi\u00e9n a \u201cA\u201d para que, con prontitud, proceda a definir este asunto, en ejercicio de las facultades y deberes que le corresponden. <\/p>\n
7. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Al amparo de lo dispuesto en los art\u00edculos 97 y 120 de la Ley 1098 de 2006, la autoridad competente para seguir conociendo del asunto es la Defensor\u00eda \u201cA\u201d, pues era en esa localidad en donde se encontraba el menor de edad a quien pretende salvaguardarse a trav\u00e9s del PARD, para la fecha en que inici\u00f3 esa actuaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR competente a la Defensor\u00eda \u201cA\u201d para continuar con el proceso de restablecimiento de derechos en referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. EXHORTAR a las Defensor\u00edas de Familia involucradas y a la Regional correspondiente del ICBF, en los t\u00e9rminos consagrados en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
TERCERO. REMITIR la actuaci\u00f3n a la citada dependencia e informar lo decidido a las otras entidades involucradas en la contienda. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020 \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 20, numeral 5, C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3\u0002 Art\u00edculo 21, numeral 3, \u00eddem. <\/p>\n
4\u0002 \u00abCorresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto que no est\u00e9 atribuido expresamente por la ley a otro juez civil\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 \u00abCuando la competencia se determine por la cuant\u00eda, los procesos son de mayor, de menor y de m\u00ednima cuant\u00eda. Son de m\u00ednima cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que no excedan el equivalente a cuarenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (40 smlmv). Son de menor cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a cuarenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (40 smlmv) sin exceder el equivalente a ciento cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (150 smlmv). Son de mayor cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a ciento cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (150 smlmv)\u00bb. <\/p>\n
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