AC3820-2022 (2022-02769-00)<\/p>\n
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AC3820-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02769-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Civil del Circuito de Ipiales y su hom\u00f3logo Cuarenta y Tres de Bogot\u00e1, con ocasi\u00f3n del conocimiento de la demanda de expropiaci\u00f3n instaurada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) contra Nelly Cecilia Yama Rodr\u00edguez y otros. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En su escrito inicial, radicado ante los jueces civiles del circuito de Ipiales, la actora pretendi\u00f3 la expropiaci\u00f3n de una franja de terreno que forma parte de un lote de mayor extensi\u00f3n ubicado en un municipio perteneciente a ese circuito judicial. En el ac\u00e1pite pertinente indic\u00f3 que la competencia ven\u00eda dada por el lugar de ubicaci\u00f3n del predio. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ipiales, a quien correspondi\u00f3 la demanda por reparto, admiti\u00f3 inicialmente la demanda, pero con posterioridad decidi\u00f3 \u2013de oficio- aplicar el canon 28-10 del C\u00f3digo General del Proceso, ordenando repartirla entre los jueces civiles del circuito de Bogot\u00e1, en consideraci\u00f3n a que all\u00ed se encuentra el domicilio de la convocante. <\/p>\n
3. El estrado receptor, Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1, tambi\u00e9n rehus\u00f3 la asignaci\u00f3n, arguyendo que \u00abla demanda de expropiaci\u00f3n solo puede ser interpuesta por una entidad p\u00fablica, nunca por un particular, luego no puede pretenderse que la competencia de las expropiaciones sea exclusivamente de los Juzgados ubicados en el Distrito Capital, eso implica una carga desproporcional e innecesaria que se suma a la congesti\u00f3n que ya tienen los Juzgados de la ciudad de Bogot\u00e1 (\u2026). As\u00ed mismo, t\u00e9ngase en cuenta que la demanda fue admitida por auto de 17 de mayo de 2022, sin que se hubiere propuesto la falta de competencia como excepci\u00f3n por la parte demandada, por lo que no puede el Juez desprenderse a muto propio del conocimiento del asunto\u00bb. <\/p>\n
Con ese fundamento, plante\u00f3 conflicto y envi\u00f3 el expediente a esta Colegiatura para dirimirlo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Aptitud legal para la resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello seg\u00fan lo dispuesto en los art\u00edculos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Aunque la jurisdicci\u00f3n, entendida como la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, incumbe a todos los jueces, para el ejercicio adecuado de esa labor se hace necesario distribuir los conflictos entre las distintas autoridades judiciales, a trav\u00e9s de pautas de atribuci\u00f3n descriptivas preestablecidas, contenidas en normas de orden p\u00fablico: las reglas de competencia. <\/p>\n
En trat\u00e1ndose de asuntos sometidos a la especialidad civil y de familia, la distribuci\u00f3n en comento se realiza mediante la aplicaci\u00f3n de diversos factores, as\u00ed: <\/p>\n
(i) El Factor Subjetivo, que responde a las especiales calidades de las partes del litigio, debi\u00e9ndose precisar que, en derecho privado, se reconocen dos fueros personales: el de los estados extranjeros y el de los agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el Gobierno de la Rep\u00fablica (conforme las leyes internacionales sobre inmunidad de jurisdicci\u00f3n), acorde con el art\u00edculo 30, numeral 6, del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Lo anterior, sin perjuicio de la prevalencia reconocida en el numeral 10 del art\u00edculo 28 ejusdem, a cuyo tenor: \u00abEn los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
(ii) El Factor Objetivo, que a su vez se subdivide en naturaleza y cuant\u00eda. <\/p>\n
La naturaleza consiste en una descripci\u00f3n abstracta del tema litigioso, que posibilita realizar una labor de subsunci\u00f3n entre ella y la pretensi\u00f3n en concreto; as\u00ed ocurre con la expropiaci\u00f3n, que corresponde, en primera instancia, a los jueces civiles del circuito1, o la custodia, cuidado personal y visitas de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, que compete a los jueces de familia, en \u00fanica instancia2. <\/p>\n
Pero ante la imposibilidad de representar en la normativa procesal la totalidad de los asuntos que competen a la especialidad civil de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, se acudi\u00f3, como patr\u00f3n de atribuci\u00f3n supletivo o complementario, a la cuant\u00eda de las pretensiones, conforme lo disponen los c\u00e1nones 153 y 254 del estatuto procesal civil. <\/p>\n
(iii) Ahora, el factor objetivo solamente determina tres variables: especialidad, categor\u00eda e instancia (v. gr., un juicio ejecutivo de m\u00ednima cuant\u00eda corresponde al juez civil municipal, en \u00fanica instancia), que -por s\u00ed solas- son insuficientes para adjudicar el expediente a un funcionario judicial en espec\u00edfico. <\/p>\n
Por ello, el criterio que corresponda entre los citados (naturaleza o cuant\u00eda) habr\u00e1 de acompa\u00f1arse, en todo caso, del Factor Territorial, que se\u00f1ala con precisi\u00f3n el juez competente, con apoyo en foros preestablecidos: el fuero personal, el real y el contractual, cuyas regulaciones se hallan compendiadas, principalmente, en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El fuero personal, traducido en el domicilio del demandado, constituye la regla general en materia de atribuci\u00f3n territorial (pues opera \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb); pero no puede perderse de vista que son de la misma naturaleza (personal) las pautas especiales de atribuci\u00f3n previstas en los numerales 2 (domicilio de los ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes), 4 (domicilio social), 5 (domicilio social principal o secundario), 8 (domicilio del insolvente) y 12 (\u00faltimo domicilio del causante) del citado canon 28. <\/p>\n
El fuero real, a su turno, corresponde al lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes, en aquellos asuntos en los que \u00abse ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos\u00bb (numeral 7), o al de ocurrencia de los hechos que importan al proceso, en trat\u00e1ndose de juicios de responsabilidad extracontractual (numeral 6), propiedad intelectual o competencia desleal (numeral 11). <\/p>\n
Y el fuero contractual ata\u00f1e, finalmente, a \u00ablos procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos\u00bb en los que \u00abes tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
(iv) El Factor Funcional consulta la competencia en atenci\u00f3n a las espec\u00edficas funciones de los jueces en las instancias, mediante la descripci\u00f3n de grados de juzgamiento, en la que act\u00faan funcionarios diferentes, pero relacionados entre s\u00ed, de manera jer\u00e1rquicamente organizada, por estar adscritos a una misma circunscripci\u00f3n judicial. <\/p>\n
(v) Y el Factor de Conexidad, que ausculta el fen\u00f3meno acumulativo en sus distintas variables: subjetivas (acumulaci\u00f3n de partes \u2013litisconsorcios\u2013), objetivas (de pretensiones, demandas o procesos) o mixtas. <\/p>\n
3. Las normas de atribuci\u00f3n territorial en el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Como viene de verse, la pauta general de competencia territorial corresponde, en procesos contenciosos, al domicilio del demandado, con las precisiones que realiza el numeral 1\u00ba del citado art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, foro que opera \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb, lo que supone la advertencia de que aplicar\u00e1 siempre y cuando el ordenamiento jur\u00eddico no disponga una cosa distinta. <\/p>\n
Esas exceptivas, a su vez, pueden ser concurrentes por elecci\u00f3n, concurrentes sucesivas o exclusivas (privativas), as\u00ed: <\/p>\n
(i) Los fueros concurrentes por elecci\u00f3n operan, precisamente, en virtud de la voluntad del actor de elegir entre varias opciones predispuestas por el legislador, como ocurre con las demandas donde se reclaman indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil extracontractual, en las que el promotor podr\u00e1 radicar su acci\u00f3n ante el juez del domicilio del demandado, o en el de la sede de ocurrencia del hecho da\u00f1oso (conforme los mencionados numerales 1 y 6 del art\u00edculo 28). <\/p>\n
(ii) Los fueros concurrentes sucesivos presuponen acudir, en primer t\u00e9rmino, al factor preponderante indicado en la normativa procesal, y solo en el evento en que ello no sea posible, podr\u00eda recurrirse a la alternativa subsiguiente. <\/p>\n
(iii) Y los fueros exclusivos son aquellos que imponen que el conocimiento de un caso radique solamente en un lugar determinado, como ocurre, a t\u00edtulo de ejemplo, con los procesos de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, que son de competencia privativa de los jueces del lugar de ubicaci\u00f3n del respectivo predio (numeral 7 del art\u00edculo 28, ya citado). <\/p>\n
4. Incompatibilidad entre dos reglas de competencia privativa (numerales 7 y 10 del art\u00edculo 28). <\/p>\n
Asuntos como el que ahora ocupa la atenci\u00f3n del Despacho armonizan con eventos de competencia privativa; sin embargo, resulta impostergable destacar que la demanda en referencia puede subsumirse en dos supuestos de asignaci\u00f3n legal excluyente: los previstos en los numerales 7 y 10 del referido art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Seg\u00fan la primera regla citada, \u00ab[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, ser\u00e1 competente, de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, en el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
Ahora, si la aplicaci\u00f3n de esas reglas genera incompatibilidades (lo que ocurrir\u00e1, por v\u00eda de ejemplo, cuando una entidad territorial, una entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad p\u00fablica con domicilio en una municipalidad formule demanda para hacer efectivo un derecho real relacionado con un inmueble ubicado en otro lugar distinto), es imperativo establecer pautas de prelaci\u00f3n, para determinar, con certeza, a qu\u00e9 funcionario asignar el conocimiento del asunto. <\/p>\n
5. Fundamento hist\u00f3rico del fuero territorial para las entidades p\u00fablicas. <\/p>\n
Las reglas de prelaci\u00f3n favorecen la aplicaci\u00f3n del foro previsto en el numeral 10 ya referido, respuesta jurisdiccional que se deduce del decurso de la normativa procesal respecto del conocimiento de procesos (civiles) en los que el Estado es parte. En efecto, a partir de la vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil de 1971, se adscribi\u00f3 a los jueces civiles del circuito todos los asuntos de ese linaje en los que el Estado fuera parte5, siendo la calidad del sujeto el \u00fanico criterio determinante de asignaci\u00f3n6. <\/p>\n
M\u00e1s recientemente, el Decreto 2282 de 1989 dispuso que la prerrogativa se\u00f1alada deb\u00eda mantenerse solamente en los asuntos de menor o mayor cuant\u00eda7, de modo que en los dem\u00e1s casos (los de m\u00ednima cuant\u00eda) el fuero subjetivo desaparec\u00eda, y el asunto se adjudicaba a los jueces civiles municipales, en \u00fanica instancia, siguiendo las pautas generales de atribuci\u00f3n. Posteriormente, la reforma al C\u00f3digo de Procedimiento Civil, introducida por la Ley 794 de 2003, elimin\u00f3 definitivamente ese fuero especial8. <\/p>\n
El C\u00f3digo General del Proceso, a su turno, no replic\u00f3 ninguna de las soluciones estudiadas, sino que introdujo un mandato de atribuci\u00f3n subjetiva novedoso, ya no vinculado con la cuant\u00eda del asunto (como suced\u00eda entre 1989 y 2003), sino con el factor territorial, al decir \u2013se insiste\u2013 que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
6. Caso concreto. <\/p>\n
6.1. En determinadas circunstancias, una misma demanda puede armonizar con la premisa f\u00e1ctica de dos reglas de competencia diferentes, que por su car\u00e1cter privativo resultan incompatibles; ello obliga a elegir una de ellas, a trav\u00e9s de la aplicaci\u00f3n del referente legal que orienta dicha labor de superposici\u00f3n: el canon 29 del estatuto adjetivo civil, que se\u00f1ala que \u00abes prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes. Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u00bb. <\/p>\n
La significaci\u00f3n procesal de esa prelaci\u00f3n equivale a reconocer que el orden de esos factores consulta exactamente el mayor grado de lesi\u00f3n a la validez del proceso, lo que permite deducir que es m\u00e1s gravosa la que deriva de la inobservancia del factor subjetivo, puesto que la codificaci\u00f3n actual, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable la competencia por aquel fuero (art\u00edculo 16 ejusdem). <\/p>\n
En ese sentido, ante situaciones como esta, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido (regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 vinculada con una de car\u00e1cter territorial). <\/p>\n
6.2. Si bien alg\u00fan sector de esta Colegiatura sostuvo que, en litigios de esta naturaleza, era aplicable el fuero real del art\u00edculo 28-7 del C\u00f3digo General del Proceso, tal postura fue abandonada a partir de la expedici\u00f3n del auto CSJ AC140-2020, 24 ene. <\/p>\n
En ese prove\u00eddo, la Sala de Casaci\u00f3n Civil unific\u00f3 su criterio en el sentido que viene indic\u00e1ndose, tras considerar que cuando concurren los dos fueros privativos se\u00f1alados en los numerales 7 y 10 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, prevalece la competencia establecida en consideraci\u00f3n de la calidad de las partes, y a ella se subordina la competencia territorial, pues as\u00ed lo dispone expresamente el art\u00edculo 29 ib\u00eddem: <\/p>\n
\u00abLa justificaci\u00f3n procesal de esa prelaci\u00f3n muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez del proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aquel factor y por el funcional (Art. 16). En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. <\/p>\n
Por tanto, no es pertinente afirmar que el inciso primero del aludido precepto 29 se refiere exclusivamente a colisiones que se susciten entre factores de competencia, en el caso, el subjetivo y territorial, no respecto de los foros o fueros previstos en este \u00faltimo, toda vez que el legislador, dentro de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa, no excluy\u00f3 en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del mismo u otro, a m\u00e1s que ello desconoce c\u00f3mo el factor subjetivo est\u00e1 presente en distintas disposiciones procesales, seg\u00fan se dej\u00f3 clarificado en el anterior ac\u00e1pite. <\/p>\n
6.3 As\u00ed, y dado que la demandante es la ANI, cuya naturaleza jur\u00eddica, conforme al Decreto 4165 de 2011, es la de una \u00abagencia nacional estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional\u00bb con domicilio en la ciudad de Bogot\u00e1, no hay duda de que el tr\u00e1mite concuerda con lo previsto en el numeral 10 del art\u00edculo 28 del estatuto procesal vigente, por lo que debe ser conocido de \u00abforma privativa [por] el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior conlleva que, en este asunto, no sea viable establecer la competencia atendiendo al \u00ablugar donde est\u00e9n ubicados los bienes\u00bb, puesto que la aptitud legal del juez, fijada en atenci\u00f3n a la presencia de entidades p\u00fablicas, obedece a un criterio subjetivo, que se superpone al fuero real relacionado en el numeral 7 del citado precepto 28. <\/p>\n
6.4. Cabe agregar que esta conclusi\u00f3n no se ve menguada porque el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ipiales hubiera asumido inicialmente el conocimiento de las diligencias, ni tampoco porque su competencia no hubiera sido rebatida por ninguna de las partes, pues como ya lo precis\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en el auto de unificaci\u00f3n mencionado, <\/p>\n
\u00ab(…) En el art\u00edculo 16 del nuevo estatuto procesal civil se estableci\u00f3 la improrrogabilidad de la competencia por los factores subjetivo y funcional, raz\u00f3n por la cual, los jueces pueden declarar su falta de competencia por esos factores incluso despu\u00e9s de haber impartido tr\u00e1mite al proceso, con independencia que esta haya sido o no alegada por las partes y de que la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal haya sido trabada, en cuyo caso lo actuado hasta antes de la sentencia conservar\u00e1 validez, incluidas las medidas cautelares que hayan sido practicadas. <\/p>\n
As\u00ed se dej\u00f3 consignado en el informe de ponencia para segundo debate al proyecto de Ley N\u00famero 196 de 2011 de la C\u00e1mara de Representantes, donde al referirse a la justificaci\u00f3n de la modificaci\u00f3n introducida al proyecto inicialmente presentado sobre esta materia, puntualmente en lo que respecta al actual art\u00edculo 16, se se\u00f1al\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. En primer lugar, se modifica el t\u00edtulo de la norma por uno m\u00e1s t\u00e9cnico y preciso, por cuanto el art\u00edculo regula tanto la prorrogabilidad como la improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. De otro lado, se precisa el alcance de la improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y de la competencia por los factores subjetivo y funcional, para evitar dudas en torno a las consecuencias de que el proceso sea iniciado y tramitado por un juez distinto del asignado por la ley en desatenci\u00f3n de estos factores. En virtud de la aclaraci\u00f3n realizada, queda claro que lo \u00fanico anulable es la sentencia y la actuaci\u00f3n procesal que adelante el juez despu\u00e9s de declarada su incompetencia, es decir, lo actuado ante el juez carente de jurisdicci\u00f3n o carente de competencia por los factores subjetivo y funcional es v\u00e1lido hasta que se advierta y declare tal circunstancia. Adem\u00e1s, se hace \u00e9nfasis en que la competencia por factores distintos del funcional y del subjetivo (objetivo, territorial y conexidad) es prorrogable, lo que implica que si no se pone en discusi\u00f3n oportunamente la falta de competencia queda radicada en el juez que inici\u00f3 el tr\u00e1mite, aunque originariamente no hubiere sido el competente con aplicaci\u00f3n de las dem\u00e1s reglas de competencia\u201d. <\/p>\n
Es decir, que esa forma de disciplinar la competencia para los factores funcional y subjetivo trae consigo otra cuesti\u00f3n sumamente importante, cu\u00e1l es la imposibilidad de dar aplicaci\u00f3n al principio de la perpetuatio jurisdictionis. En efecto, si el legislador opt\u00f3 por establecer el car\u00e1cter de improrrogable a los citados foros de distribuci\u00f3n, lo que se traduce en que de ellos no se puede disponer ni aun bajo el consentimiento de las partes, y determin\u00f3 que, aunque lo actuado por el juzgador sin jurisdicci\u00f3n y competencia conserva validez, menos la sentencia, lo que finalmente consagr\u00f3 fue una excepci\u00f3n al principio de la perpetuatio jurisdictionis. <\/p>\n
Finalmente, en virtud de lo expuesto hasta ahora y de la condici\u00f3n de imperativa de las normas procesales por ser de orden p\u00fablico (Art. 13, C.G.P.), surge una \u00faltima consecuencia, no menos importante, el car\u00e1cter de irrenunciable de las reglas de competencia establecidas en raz\u00f3n de los aludidos foros, en tanto que, como ya se dijo, no pueden ser desconocidas ni por el juez ni por las partes, motivo por el cual no puede interpretarse que el no acudir a ellas significa una renuncia t\u00e1cita a la prerrogativa que confieren, como lo ser\u00eda, en este caso, la ventaja otorgada a las entidades p\u00fablicas en el evento previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del citado estatuto. <\/p>\n
En tal sentido, no puede afirmarse que si un \u00f3rgano, instituci\u00f3n o dependencia de la mencionada calidad radica una demanda en un lugar distinto al de su domicilio, est\u00e1 renunciando autom\u00e1ticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, comoquiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio; de ah\u00ed que, no puede renunciar a ella. Por ello es que se ha dicho, con profusa insistencia, que \u201cNo puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad p\u00fablica, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. Recu\u00e9rdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, \u2018[l]as normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n legal\u2019\u201d (CSJ AC4273-2018)\u00bb. <\/p>\n
7. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1 debe seguir conociendo del proceso de la referencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 20, numeral 5, C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 21, numeral 3, \u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 \u00abCorresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto que no est\u00e9 atribuido expresamente por la ley a otro juez civil\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 \u00abCuando la competencia se determine por la cuant\u00eda, los procesos son de mayor, de menor y de m\u00ednima cuant\u00eda. Son de m\u00ednima cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que no excedan el equivalente a cuarenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (40 smlmv). Son de menor cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a cuarenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (40 smlmv) sin exceder el equivalente a ciento cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (150 smlmv). Son de mayor cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a ciento cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (150 smlmv)\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Art\u00edculo 16, numeral 1, C\u00f3digo de Procedimiento Civil (seg\u00fan su texto original): \u00abLos jueces de circuito conocen en primera instancia de los siguientes procesos: 1. De los contenciosos en que sea parte la Naci\u00f3n, un departamento, una intendencia, una comisar\u00eda, un municipio, un establecimiento p\u00fablico, una empresa industrial o comercial de alguna de las anteriores entidades, o una sociedad de econom\u00eda mixta\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 En este contexto, resultaban absolutamente coherentes las pautas 17\u00aa y 18\u00aa del art\u00edculo 23 de la citada codificaci\u00f3n, que, en su orden, dispon\u00edan: \u00abDe los procesos contenciosos en que sea parte la naci\u00f3n, conocer\u00e1 el juez del circuito de la vecindad del demandado, y de aquellos en que la naci\u00f3n sea demandada, el del domicilio del demandante\u00bb, y \u00abDe los procesos contenciosos en que sea parte un departamento, una intendencia, una comisar\u00eda, un municipio, un establecimiento p\u00fablico, una empresa industrial o comercial del Estado o de alguna de las anteriores entidades, o una sociedad de econom\u00eda mixta, conocer\u00e1 el juez del domicilio o de la cabecera de la parte demandada. Cuando \u00e9sta se halle formada por una de tales entidades y un particular, prevalecer\u00e1 el fuero de aqu\u00e9lla\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 \u00abSin perjuicio de la competencia que se asigne a los jueces de familia, los jueces de circuito conocen en primera instancia los siguientes procesos: 1. Los contenciosos de mayor y menor cuant\u00eda en que sea parte la Naci\u00f3n, un departamento, una intendencia, una comisar\u00eda, un distrito especial, un municipio, un establecimiento p\u00fablico, una empresa industrial y comercial de alguna de las anteriores entidades, o una sociedad de econom\u00eda mixta, salvo los que correspondan a la jurisdicci\u00f3n contencioso – administrativa\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 El numeral 1 del citado art\u00edculo 16 pas\u00f3 a decir: \u00abSin perjuicio de la competencia que se asigne a los jueces de familia, los jueces de circuito conocen en primera instancia de los siguientes procesos: 1. De los procesos contenciosos que sean de mayor cuant\u00eda, salvo los que correspondan a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u00bb, eliminando cualquier referencia a la Naci\u00f3n o las entidades de derecho p\u00fablico en general. <\/p>\n
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AC3820-2022 (2022-02769-00) AC3820-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02769-00 Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Civil del Circuito de Ipiales y su hom\u00f3logo Cuarenta y Tres de Bogot\u00e1, con ocasi\u00f3n del conocimiento de la demanda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-65763","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65763","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65763"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65763\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65763"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65763"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65763"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}