AC3822-2022 (2022-02811-00)<\/p>\n
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AC3822-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02811-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Villavicencio y su hom\u00f3logo Veintiuno de Bogot\u00e1, con ocasi\u00f3n del conocimiento de la demanda ejecutiva instaurada por Financiera Juriscoop S.A. \u2013 Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento contra Betty Esperanza Romero Pulido. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora present\u00f3 su escrito introductor ante los jueces civiles municipales de Villavicencio, pretendiendo que se librara mandamiento de pago por el importe de un pagar\u00e9. En el ac\u00e1pite de competencia, indic\u00f3 que la misma ven\u00eda dada por \u00abel domicilio de la convocada y el lugar elegido para el cumplimiento de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. El estrado receptor, Juzgado Veintiuno de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1, tambi\u00e9n se abstuvo de asumir competencia, arguyendo que \u00absi bien es cierto el domicilio del demandado se encuentra en la ciudad de Bogot\u00e1, lo cierto es que en el escrito de la demanda (\u2026) la parte actora expresamente indica escoger el criterio de competencia por factor territorial del numeral tercero del art. 28 del C.G.P., pues se\u00f1al\u00f3: \u201cPor raz\u00f3n de la cuant\u00eda, el domicilio de La demandada y el lugar elegido para el cumplimiento de la obligaci\u00f3n, (\u2026) y basta con eso para que deba respetarse la voluntad del ejecutante\u00bb. Con ese fundamento, plante\u00f3 conflicto y envi\u00f3 el expediente a esta Colegiatura para dirimirlo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Aptitud legal para la resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello seg\u00fan lo dispuesto en los art\u00edculos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Anotaciones sobre la competencia. <\/p>\n
Aunque la jurisdicci\u00f3n, entendida como la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, incumbe a todos los jueces, para el ejercicio adecuado de esa labor se hace necesario distribuir los conflictos entre las distintas autoridades judiciales, a trav\u00e9s de pautas de atribuci\u00f3n descriptivas preestablecidas, contenidas en normas de orden p\u00fablico: las reglas de competencia. <\/p>\n
En trat\u00e1ndose de asuntos sometidos a la especialidad civil y de familia, la distribuci\u00f3n en comento se realiza mediante la aplicaci\u00f3n de diversos factores, as\u00ed: <\/p>\n
(i) El Factor Subjetivo, que responde a las especiales calidades de los litigantes, debi\u00e9ndose precisar que, en derecho privado, se reconocen dos fueros personales: el de los estados extranjeros y el de los agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el Gobierno de la Rep\u00fablica (conforme las leyes internacionales sobre inmunidad de jurisdicci\u00f3n), acorde con el art\u00edculo 30, numeral 6, del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Lo anterior, sin perjuicio de la prevalencia reconocida en el numeral 10 del art\u00edculo 28 ejusdem, a cuyo tenor: \u00abEn los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
(ii) El Factor Objetivo, que a su vez se subdivide en naturaleza y cuant\u00eda. <\/p>\n
La naturaleza consiste en una descripci\u00f3n abstracta del tema litigioso, que posibilita realizar una labor de subsunci\u00f3n entre ella y la pretensi\u00f3n en concreto; as\u00ed ocurre con la expropiaci\u00f3n, que corresponde, en primera instancia, a los jueces civiles del circuito1, o la custodia, cuidado personal y visitas de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, que compete a los jueces de familia, en \u00fanica instancia2. <\/p>\n
Pero ante la imposibilidad de representar en la normativa procesal la totalidad de los asuntos que competen a la especialidad civil de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, se acudi\u00f3, como patr\u00f3n de atribuci\u00f3n supletivo o complementario, a la cuant\u00eda de las pretensiones, conforme lo disponen los c\u00e1nones 153 y 254 del estatuto procesal civil. <\/p>\n
(iii) Ahora, el factor objetivo solamente determina tres variables: especialidad, categor\u00eda e instancia (v. gr., un juicio ejecutivo de m\u00ednima cuant\u00eda corresponde al juez civil municipal, en \u00fanica instancia), que -por s\u00ed solas- son insuficientes para adjudicar el expediente a un funcionario judicial en espec\u00edfico. <\/p>\n
Por ello, el criterio que corresponda entre los citados (naturaleza o cuant\u00eda) habr\u00e1 de acompa\u00f1arse, en todo caso, del Factor Territorial, que se\u00f1ala con precisi\u00f3n el juez competente, con apoyo en foros preestablecidos: el fuero personal, el real y el contractual, cuyas regulaciones se hallan compendiadas, principalmente, en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El fuero personal, traducido en el domicilio del demandado, constituye la regla general en materia de atribuci\u00f3n territorial (pues opera \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb); pero no puede perderse de vista que son de la misma naturaleza (personal) las pautas especiales de atribuci\u00f3n previstas en los numerales 2 (domicilio de los ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes), 4 (domicilio social), 5 (domicilio social principal o secundario), 8 (domicilio del insolvente) y 12 (\u00faltimo domicilio del causante) del citado canon 28. <\/p>\n
El fuero real, a su turno, corresponde al lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes, en aquellos asuntos en los que \u00abse ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos\u00bb (numeral 7), o al de ocurrencia de los hechos que importan al proceso, en trat\u00e1ndose de juicios de responsabilidad extracontractual (numeral 6), propiedad intelectual o competencia desleal (numeral 11). <\/p>\n
Y el fuero contractual ata\u00f1e, finalmente, a \u00ablos procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos\u00bb en los que \u00abes tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
(v) Y el Factor de Conexidad, que ausculta el fen\u00f3meno acumulativo en sus distintas variables: subjetivas (acumulaci\u00f3n de partes \u2013litisconsorcios\u2013), objetivas (de pretensiones, demandas o procesos) o mixtas. <\/p>\n
3. Las normas de atribuci\u00f3n territorial en el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Como viene de verse, la pauta general de competencia territorial corresponde, en procesos contenciosos, al domicilio del demandado, con las precisiones que realiza el numeral 1\u00ba del citado art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, foro que opera \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb, lo que supone la advertencia de que aplicar\u00e1 siempre y cuando el ordenamiento jur\u00eddico no disponga una cosa distinta. <\/p>\n
Esas exceptivas, a su vez, pueden ser concurrentes por elecci\u00f3n, concurrentes sucesivas o exclusivas (privativas), as\u00ed: <\/p>\n
(i) Los fueros concurrentes por elecci\u00f3n operan, precisamente, en virtud de la voluntad del actor de elegir entre varias opciones predispuestas por el legislador, como ocurre con las demandas donde se reclaman indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil extracontractual, en las que el promotor podr\u00e1 radicar su acci\u00f3n ante el juez del domicilio del demandado, o en el de la sede de ocurrencia del hecho da\u00f1oso (conforme los mencionados numerales 1 y 6 del art\u00edculo 28). <\/p>\n
(ii) Los fueros concurrentes sucesivos presuponen acudir, en primer t\u00e9rmino, al factor preponderante indicado en la normativa procesal, y solo en el evento en que ello no sea posible, podr\u00eda recurrirse a la alternativa subsiguiente. <\/p>\n
(iii) Y los fueros exclusivos son aquellos que imponen que el conocimiento de un caso radique solamente en un lugar determinado, como ocurre, a t\u00edtulo de ejemplo, con los procesos de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, que son de competencia privativa de los jueces del lugar de ubicaci\u00f3n del respectivo predio (numeral 7 del art\u00edculo 28, ya citado). <\/p>\n
4. La concurrencia de los fueros \u00abdomicilio del demandado\u00bb y \u00ablugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
Uno de los supuestos que establecen reglas especiales en materia de competencia territorial est\u00e1 establecido en el numeral 3 del citado art\u00edculo 28, seg\u00fan el cual \u00ab[e]n los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulaci\u00f3n de domicilio contractual para efectos judiciales se tendr\u00e1 por no escrita\u00bb. <\/p>\n
Este foro, que refiere a la sede donde deben cumplirse las prestaciones que tienen su fuente en un negocio jur\u00eddico o en un \u00abt\u00edtulo ejecutivo\u00bb de cualquier otra naturaleza, opera de forma concurrente por elecci\u00f3n con la regla general de competencia (domicilio del demandado), tal y como se sigue del adverbio \u00abtambi\u00e9n\u00bb, usado all\u00ed \u00abpara indicar la igualdad, semejanza, conformidad o relaci\u00f3n de una cosa con otra ya nombrada\u00bb5. <\/p>\n
Por esa v\u00eda, en casos de competencia \u00aba prevenci\u00f3n\u00bb, el demandante puede optar ante cu\u00e1l de los jueces se\u00f1alados (el del domicilio de su contraparte, o el del foro contractual) radica su causa, y una vez efectuada esa selecci\u00f3n, adquiere car\u00e1cter vinculante para las autoridades jurisdiccionales (sin que ello implique tolerar una elecci\u00f3n caprichosa). <\/p>\n
5. Caso concreto. <\/p>\n
En casos como el sub lite -donde se pretende el recaudo de una obligaci\u00f3n de naturaleza contractual-, concurren el fuero general de competencia con el del lugar de cumplimiento del negocio jur\u00eddico cuestionado, y decant\u00e1ndose el promotor por una de las dos opciones, tal elecci\u00f3n no puede ser variada por el juez de la causa. <\/p>\n
Al respecto, se ha sostenido que, \u00ab(…) como al demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aqu\u00e9l su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes\u00bb (CSJ AC2738-2016). <\/p>\n
Ahora bien, la demanda no permite establecer cu\u00e1l de los aludidos factores fue el escogido por el extremo actor, pues sobre el particular, dicho litigante manifest\u00f3 que la competencia ven\u00eda dada por \u00abel domicilio de la convocada y el lugar elegido para el cumplimiento de la obligaci\u00f3n. A ello se suma que el referido libelo introductor tampoco indica cu\u00e1l es el domicilio actual del extremo convocado, pues solo se refiri\u00f3 al lugar en que la demandada puede recibir notificaciones judiciales. <\/p>\n
Sobre las diferencias de estos dos conceptos, la Corte ya ha precisado en m\u00faltiples oportunidades que <\/p>\n
\u00ab(…) por raz\u00f3n de su marcada diferencia no resulta posible confundir dos asuntos, de suyo distintos conceptualmente, am\u00e9n de que la normativa de enjuiciamiento civil les ha deferido causas y efectos dis\u00edmiles; una cosa entonces es el domicilio del deudor y otra, in extremis distinta, el lugar indicado para recibir notificaciones (…). <\/p>\n
Entonces, s\u00edguese que es el primero y no el segundo el que define la competencia y, ante la eventualidad de no coincidir, sin dubitaci\u00f3n alguna debe regirse la competencia por aqu\u00e9l tambi\u00e9n. As\u00ed lo ha dilucidado esta Corporaci\u00f3n en reiterados pronunciamientos, en los que ha expuesto que \u201cno es factible confundir el domicilio, entendi\u00e9ndose por tal, en su acepci\u00f3n m\u00e1s amplia, como la residencia acompa\u00f1ada, real o presuntivamente, del \u00e1nimo de permanecer en ella, con el sitio donde puede ser notificado el demandado, \u2018pues este solamente hace relaci\u00f3n al paraje concreto, dentro de su domicilio o fuera de \u00e9l, donde aquel puede ser hallado con el fin de avisarle de los actos procesales que as\u00ed lo requieran\u2019 (auto del 6 de julio de 1999), ya que suele acontecer \u2018que no obstante que el demandado tenga su domicilio en un determinado lugar, se encuentre de paso (transe\u00fante), en otro donde puede ser hallado para efectos de enterarlo del auto admisorio de la demanda, sin que por tal raz\u00f3n, pueda decirse que de \u00e9sta debi\u00f3 formularse en este sitio y no en el de su domicilio, o que \u00e9ste sufri\u00f3 alteraci\u00f3n alguna\u201d. (Auto de 20 de noviembre de 2000, Exp. N\u00b00057)\u00bb (CSJ AC, 10 jul. 2013, rad. 2013 01145 00). <\/p>\n
En ese escenario, dada la ambig\u00fcedad que refleja el libelo introductor, la autoridad judicial a la que inicialmente se le asign\u00f3 el conocimiento del asunto deb\u00eda solicitar las aclaraciones del caso, para establecer, con certeza, el juzgador al que finalmente le corresponder\u00e1 asumir el tr\u00e1mite de este juicio. <\/p>\n
Como as\u00ed no se hizo, fuerza colegir que el Juzgado Primero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Villavicencio rehus\u00f3 el conocimiento del expediente de manera prematura, al no contar con los elementos de juicio suficientes que permitieran esclarecer la situaci\u00f3n, tal como en otras ocasiones lo ha reconocido esta Corporaci\u00f3n, al aseverar que \u00ab(…) el receptor no puede salirse de los elementos delimitantes expuestos expl\u00edcita o impl\u00edcitamente en la demanda; adem\u00e1s, de no estar clara su determinaci\u00f3n, est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de requerir las precisiones necesarias para su esclarecimiento, de manera que se evite su repulsi\u00f3n sobre una base inexistente, propiciando un conflicto antes de tiempo\u00bb (CSJ AC1943-2019, 28 may.). <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se dispondr\u00e1 la devoluci\u00f3n de las diligencias al juzgado inicial, para que adopte las medidas de saneamiento que estime procedentes, tendientes a clarificar las variables relevantes para la atribuci\u00f3n de competencia en este asunto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR PREMATURO el planteamiento del presente conflicto de competencia. <\/p>\n
SEGUNDO. REMITIR el expediente al Juzgado Primero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Villavicencio, para que proceda de conformidad con lo expuesto en esta providencia. <\/p>\n
TERCERO. Comunicar lo aqu\u00ed decidido a las agencias judiciales involucradas en la contienda. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 20, numeral 5, C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 21, numeral 3, \u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 \u00abCorresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto que no est\u00e9 atribuido expresamente por la ley a otro juez civil\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 \u00abCuando la competencia se determine por la cuant\u00eda, los procesos son de mayor, de menor y de m\u00ednima cuant\u00eda. Son de m\u00ednima cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que no excedan el equivalente a cuarenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (40 smlmv). Son de menor cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a cuarenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (40 smlmv) sin exceder el equivalente a ciento cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (150 smlmv). Son de mayor cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a ciento cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (150 smlmv)\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Diccionario de la lengua espa\u00f1ola; Edici\u00f3n del Tricentenario, accesible en: http:\/\/dle.rae.es\/?id=Z2fyAuY. <\/p>\n
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