ATC1126-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1126-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-01147-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 14 de junio de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que ampar\u00f3 el derecho fundamental a participar en la conformaci\u00f3n del poder pol\u00edtico, consagrado en el art\u00edculo 40 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, del promotor de la tutela de la referencia, Alcides Enrique Arrieta Cueto, y de los demandantes de las acciones constitucionales acumuladas a esta (2022-00439-00 -Jaime Mej\u00eda L\u00f3pez, 2022-00440-00 -Laura Marcela Mosquera Giraldo, 2022-00441-00 -Jorge Luis Bedoya, 2022-00134-00 -Catalina del Pilar S\u00e1nchez Daniels y Luis Mauricio Urquijo Tejada y 2022-00579-00 Whenddy Vanessa Mahecha Carvajal), instauradas contra el Consejo Nacional Electoral, Rodolfo Hern\u00e1ndez Su\u00e1rez y Gustavo Petro Urrego, si no fuera porque los recurrentes carecen de legitimaci\u00f3n en la causa, lo cual impide resolver el fondo del asunto1. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Alcides Enrique Arrieta Cueto promovi\u00f3 tutela contra el Consejo Nacional Electoral y solicit\u00f3 la vinculaci\u00f3n de los entonces candidatos presidenciales Rodolfo Hern\u00e1ndez Su\u00e1rez y Gustavo Petro Urrego, por la presunta violaci\u00f3n a su derecho fundamental a elegir, derivada de la negativa de realizar debates previos a las elecciones, lo cual, en su criterio, cercenaba la \u00abposibilidad a los colombianos que no tienen acceso inmediato a las distintas redes sociales, p\u00e1gina web entre medios digitales\u00bb. <\/p>\n
Con base en lo expuesto, pidi\u00f3 que se ordenara al Consejo Nacional Electoral \u00abque requiera a los candidatos presidenciales (\u2026) comparecer, organizar y planificar debate presidencial a la rep\u00fablica en canal nacional televisivo o radial, de previa elecci\u00f3n y\/o acuerdo\u00bb y que reglamentara \u00abla asistencia de los debates electorales\u00bb; as\u00ed como que se impusiera a aquellos asistir \u00aba los debates que programen los grandes medios de comunicaci\u00f3n\u00bb2 (Rad. 2022-01147-00). <\/p>\n
2. Jaime Mej\u00eda L\u00f3pez formul\u00f3 la acci\u00f3n constitucional contra \u00abun grupo significativo de ciudadanos denominado LIGA DE GOBERNANTES ANTICORRUPCI\u00d3N \u2013 LIGA\u00bb y el entonces candidato Rodolfo Hern\u00e1ndez Suarez, por su renuencia a participar en los debates. Solicit\u00f3 que se ordenara a los accionados \u00abiniciar todas las acciones tendientes a que el Se\u00f1or RODOLFO HERNANDEZ SUAREZ (\u2026) asista a un debate p\u00fablico\u00bb3 (Rad. 2022-00439-00). <\/p>\n
3. Laura Marcela Mosquera Giraldo instaur\u00f3 una petici\u00f3n de amparo contra el candidato Hern\u00e1ndez Su\u00e1rez, indicando que su decisi\u00f3n que no intervenir en los debates exclu\u00eda los derechos de quienes no ten\u00edan acceso a internet y a redes sociales y de los adultos mayores que no usaban esas herramientas, por lo que pidi\u00f3 que se garantizara el derecho a escuchar a los candidatos y que se \u00abincluya la participaci\u00f3n de los ciudadanos y estudiantes al momento de realizar las preguntas\u00bb4 (Rad. 2022-00440-00). <\/p>\n
4. Jorge Luis Bedoya radic\u00f3 la salvaguarda contra Rodolfo Hern\u00e1ndez Su\u00e1rez y el Consejo Nacional Electoral, por los mismos hechos, requiriendo que ordenara al accionado la asistencia a los debates y a la autoridad administrativa que exhortara \u00aba los candidatos sobre su obligaci\u00f3n legal de presentarse\u00bb a estos5 (Rad. 2022-00441-00). <\/p>\n
5. Catalina del Pilar S\u00e1nchez Daniels y Luis Mauricio Urquijo Tejada presentaron tutela contra los aspirantes a la presidencia en segunda vuelta y el Sistema Nacional de Medios P\u00fablicos, en la cual instaron que se estableciera el deber de \u00abllevar a cabo como m\u00ednimo dos debates, de hora y media cada uno, previos a las elecciones\u00bb, en horario laboral, con inclusi\u00f3n de lenguaje de se\u00f1as y que, con el fin de evitar que esta situaci\u00f3n se presentara a futuro, se exhortara al Congreso de la Rep\u00fablica para que expidiera una ley sobre la obligatoriedad de los debates6 (Rad. 2022-00134-00). <\/p>\n
6. Whenddy Vanessa Mahecha Carvajal impetr\u00f3 la tutela contra la Liga de Gobernantes Anticorrupci\u00f3n \u2013candidato presidencial Rodolfo Hern\u00e1ndez Su\u00e1rez con el mismo fin. <\/p>\n
7. El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil, mediante auto del 3 de junio de 2022, avoc\u00f3 el conocimiento de la tutela de Alcides Enrique Arrieta y, el 7 de junio siguiente, admiti\u00f3 y acumul\u00f3 a esta las acciones constitucionales radicadas por Jaime Mej\u00eda L\u00f3pez, Laura Marcela Mosquera Giraldo y Jorge Luis Bedoya7. El 8 de junio posterior8 adopt\u00f3 las mismas decisiones frente a la de Whenddy Vanessa Mahecha Carvajal9 y, el 13 de junio de 202210, acumul\u00f3 la promovida por Catalina del Pilar S\u00e1nchez Daniels y Luis Mauricio Urquijo Tejada11. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS DE LAS PARTES <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. Rodolfo Hern\u00e1ndez Su\u00e1rez afirm\u00f3 que la Ley 996 de 2005 \u00abno genera una obligaci\u00f3n en el aspirante para hacer uso de tales prerrogativas, pues el mandato e imposici\u00f3n legal es para los medios de comunicaci\u00f3n, quienes s\u00ed est\u00e1n en la obligaci\u00f3n de actuar conforme a tales previsiones si el candidato desea acogerse a las mismas\u00bb. Sostuvo que existen otros medios para hacer p\u00fablico su proyecto pol\u00edtico, los cuales hab\u00edan sido usados en su campa\u00f1a \u00aben el ejercicio de mi libertad de expresi\u00f3n\u00bb, para garantizar el derecho a la informaci\u00f3n a los votantes. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Quien dijo actuar como profesional de la Oficina Jur\u00eddica del Consejo Nacional Electoral aleg\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva de la entidad, por no tener facultades relacionadas con los debates presidenciales y porque concurrir a estos era una decisi\u00f3n de cada candidato. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil afirm\u00f3 que no vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados y que no ten\u00eda facultades para organizar debates electorales ni para conminar a los candidatos a participar en estos. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Radio Televisi\u00f3n Nacional de Colombia \u2013RTVC, a trav\u00e9s de apoderado general, sostuvo que los debates se encuentran contemplados como un derecho de los movimientos o partidos pol\u00edticos que tengan inscritos candidatos a la Presidencia de la Rep\u00fablica y que el Estado, a trav\u00e9s de RTVC, tiene la obligaci\u00f3n de poner a su disposici\u00f3n los medios necesarios, no obstante, los aspirantes deben hacer una petici\u00f3n conjunta, teniendo en cuenta lo establecido en la Resoluci\u00f3n 2969 del 1\u00ba de junio de 2022 del Consejo Nacional Electoral. En ese sentido, destac\u00f3 que no ten\u00edan facultades para obligar a los intervinientes en la segunda vuelta a hacer efectivo ese derecho. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional concedi\u00f3 el amparo de los tutelantes y orden\u00f3 a los entonces candidatos presidenciales, Rodolfo Hern\u00e1ndez Su\u00e1rez y Gustavo Petro Urrego, que \u00absoliciten y programen de manera conjunta, a m\u00e1s tardar el d\u00eda jueves 16 de junio de 2022, la realizaci\u00f3n de un debate presidencial con las reglas y sobre los temas que \u00e9stos se\u00f1alen en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
En sustento, el Tribunal destac\u00f3 que del literal f) del art\u00edculo 152 de la Ley 996 de 2005 se desprend\u00eda que deb\u00eda \u00abexistir un derecho a la igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia de la Rep\u00fablica\u00bb y, en consonancia con ello, el art\u00edculo 23 ibidem contemplaba el acceso de los partidos y movimientos pol\u00edticos a los medios de comunicaci\u00f3n, con fundamento en lo cual el Consejo Nacional Electoral expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n 2969 del 1\u00ba de junio de 2022, que asign\u00f3 y difundi\u00f3 los espacios que se pod\u00edan usar para la realizaci\u00f3n de los debates electorales, por solicitud conjunta de los aspirantes a RTVC. <\/p>\n
En ese orden, argument\u00f3 que la normativa en comento, el principio democr\u00e1tico y el derecho a acceder a los medios de comunicaci\u00f3n llevaban impl\u00edcito \u00abun derecho del candidato para exponer sus ideas, pero al mismo tiempo un deber frente al conglomerado social\u00bb, que no se supl\u00eda con la divulgaci\u00f3n de sus programas en las p\u00e1ginas web, comunicados, entrevistas o avisos en medios de comunicaci\u00f3n o redes sociales. <\/p>\n
De otro lado, en cuanto a las entidades p\u00fablicas accionadas y vinculadas neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, porque \u00abdemostraron que han cumplido las obligaciones constitucionales y legales a su cargo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. TR\u00c1MITE POSTERIOR A LA SENTENCIA <\/p>\n
1. Solicitudes de nulidad. William Javier Aponte Novoa, Luis Felipe Munarth, Felipe Bastidas Paredes, Jos\u00e9 David Arenas, Vladimir Salazar Ar\u00e9valo, Juan Carlos N\u00fa\u00f1ez P\u00e9rez y Jes\u00fas Mar\u00eda Henr\u00edquez propusieron nulidad de la sentencia y del tr\u00e1mite constitucional, argumentando que no fueron vinculados todos los electores, falta de competencia del Tribunal para decidir una tutela interpuesta contra particulares, ausencia del requisito de subsidiariedad y por carencia de objeto. <\/p>\n
Las nulidades fueron rechazadas, mediante auto del 21 de junio de 2022, reiterado el 24 de junio siguiente, en raz\u00f3n a que las tutelas ten\u00edan efectos inter partes y no requer\u00edan la vinculaci\u00f3n de terceros y que las dem\u00e1s alegaciones no constitu\u00edan un vicio procesal que afectara la validez de lo actuado. En el mismo prove\u00eddo se negaron unas solicitudes de suspensi\u00f3n de la sentencia y de coadyuvancia de la tutela, formuladas por William Javier Aponte Novoa, Ricardo Rodr\u00edguez Cuevas, Rusbin Giovanni Mogoll\u00f3n Torres y Ricardo Andr\u00e9s Rodr\u00edguez Novoa. <\/p>\n
2. Solicitudes de aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n del fallo. El tutelado Rodolfo Hern\u00e1ndez Su\u00e1rez y los se\u00f1ores Fabian David Pach\u00f3n Reyes y Miguel de Le\u00f3n pidieron aclaraci\u00f3n y\/o adici\u00f3n del fallo, que fueron negadas por auto del 22 de junio de 2022. <\/p>\n
<\/p>\n
V. IMPUGNACIONES <\/p>\n
1. Yuri Antonio Lora Escorcia12 present\u00f3 impugnaci\u00f3n del fallo y solicit\u00f3 la nulidad13 de la sentencia atacada, porque el asunto debi\u00f3 ser tramitado por un juzgado municipal de Bucaramanga, por ser el domicilio del accionado, dado que ninguna de las entidades vinculadas ten\u00eda legitimaci\u00f3n, lo cual afectaba la competencia del Tribunal. Asever\u00f3 que estaba legitimado en la causa, como ciudadano con derecho a \u00abparticipar en la conformaci\u00f3n de los \u00f3rganos de poder\u00bb. <\/p>\n
2. Eduardo Padilla Hern\u00e1ndez, quien dijo actuar como presidente de la Asociaci\u00f3n Red Colombiana de Veedur\u00edas \u2013 Redvigila; V\u00edctor Vel\u00e1squez Reyes, aduciendo la calidad de l\u00edder de Pastores Cristianos y como ex Senador de la Rep\u00fablica; Olimpo Guerra Borja, como presidente del Colegio de Abogados Electoralistas de Colombia; Ramiro Galindo Quintero, aludiendo como Decano Colegiatura Internacional de Abogados Defensores Derechos Humanos; John Mauricio Pi\u00f1eros L\u00f3pez, refiriendo la condici\u00f3n de director ejecutivo de la Organizaci\u00f3n W; y Ricardo Cifuentes Salamanca, quien suscribi\u00f3 el documento indicando ser el presidente del Foro Ciudadano, alegaron que el fallo era \u00ababiertamente contrario al Estado Social de Derecho y adem\u00e1s [que vulneraba los] derechos de los ciudadanos candidatos a la presidencia, como tambi\u00e9n de la competencia de la autoridad electoral\u00bb, pues desconoci\u00f3 la discrecionalidad que establece la Ley 906 de 2005 para que ellos participen o no en los debates; adem\u00e1s, que la sentencia no tuvo en cuenta que el Consejo Nacional Electoral, autoridad competente, neg\u00f3 una solicitud similar a la invocada en la tutela14. <\/p>\n
3. Mar\u00eda Cristina Sosa Murcia sostuvo que la ley proh\u00edbe toda clase de propaganda o manifestaciones con fines pol\u00edtico y electorales durante el periodo de las elecciones y que \u00e9ste ya hab\u00eda empezado con las votaciones en exterior, sumado a que las propuestas de los candidatos hab\u00edan sido difundidas para la primera vuelta presidencial. Afirm\u00f3 que los tutelantes \u00abno pueden tomar la voz de m\u00e1s de 40 millones de habitantes en nuestra naci\u00f3n\u00bb y que la acci\u00f3n de tutela tiene un l\u00edmite y alcance individual15. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, los impugnantes solicitan que se revoque el fallo dictado el 14 de junio de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2. Frente al particular, advierte la Sala que la providencia en comento ampar\u00f3 la protecci\u00f3n invocada por Alcides Enrique Arrieta Cueto, Jaime Mej\u00eda L\u00f3pez, Laura Marcela Mosquera Giraldo, Jorge Luis Bedoya, Whenddy Vanessa Mahecha Carvajal, Catalina del Pilar S\u00e1nchez Daniels y Luis Mauricio Urquijo Tejada, contra el Consejo Nacional Electoral, Rodolfo Hern\u00e1ndez Su\u00e1rez y Gustavo Petro Urrego, tr\u00e1mite al fueron vinculados la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, el movimiento Liga de Gobierno Anticorrupci\u00f3n, los partidos y movimientos pol\u00edticos que conforman la coalici\u00f3n Pacto Hist\u00f3rico y Radio Televisi\u00f3n Nacional de Colombia \u2013 RTVC. <\/p>\n
Sobre la legitimaci\u00f3n para recurrir un fallo de tutela, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abDel contenido de los art\u00edculos 13 y 31 del Decreto 2591 de 1991 se establece que los fallos de tutela pueden ser impugnados por el accionante, la autoridad o el representante del \u00f3rgano correspondiente contra quien se interpuso la demanda y el defensor del Pueblo. Tambi\u00e9n por quien tenga inter\u00e9s leg\u00edtimo en el resultado del proceso en calidad de coadyuvante, bien del solicitante o de la autoridad contra la que se dirige la acci\u00f3n correspondiente. Para ello, deber\u00e1 acreditar que la decisi\u00f3n puede afectar sus derechos (Cfr. CC Auto de 24 de julio de 1996). <\/p>\n
El inter\u00e9s jur\u00eddico para recurrir requiere no s\u00f3lo que la parte o el interviniente se encuentre habilitado por la ley para impugnar \u2013 legitimaci\u00f3n procesal -, sino que la providencia cuestionada le sea adversa, es decir, que le haya ocasionado un perjuicio. Por ende, si la decisi\u00f3n no le causa agravio, no puede impugnar su contenido, ni pretender su revocatoria (CSJ STP2785-2020, 10 de marzo de 2020, rad. 109428; STP9103-2019, 9 de julio de 2019, rad. 105260, entre otras)\u00bb (Se subraya, CSJ ATP404-2021, postura reiterada por esta Sala de Casaci\u00f3n Civil en STC14371-2021, radicaci\u00f3n 2021-00703-01, fallo del 27 de octubre de 2021). <\/p>\n
De otro lado, la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado, respecto del impugnante, que \u00ab\u2026si la decisi\u00f3n no le causa ning\u00fan agravio no puede importarle su contenido y mucho menor demandar su revocatoria. Una pretensi\u00f3n de esa entidad est\u00e1 llamada al rechazo\u00bb (CSJ SP, 15 feb. 2010, rad. 31767) (ATP802-2021), citada en STC10545-2021, radicaci\u00f3n 2020-02022-01, fallo del 19 de agosto de 2021, y en STC14371-2021). <\/p>\n
2.1. Pues bien, en el presente asunto los impugnantes carecen de legitimaci\u00f3n para atacar el fallo de primera instancia, pues no son parte ni han sido reconocidos como terceros intervinientes en el tr\u00e1mite que nos ocupa. <\/p>\n
2.2. En t\u00e9rminos similares, esta Sala, al analizar una tutela presentada por \u00c1lvaro de Jes\u00fas Mart\u00ednez Duarte contra la sentencia dictada el 14 de junio anterior en la presente acci\u00f3n constitucional, sostuvo que el amparo impetrado era improcedente, porque para rebatir la referida providencia solo estaban legitimadas las partes del tr\u00e1mite correspondiente, as\u00ed: <\/p>\n
\u00abDe entrada, se destaca que \u00c1lvaro de Jes\u00fas Mart\u00ednez Durante no es parte ni tercero con \u2018inter\u00e9s\u2019 reconocido en el medio tuitivo que se sigui\u00f3 contra los excandidatos presidenciales Rodolfo Hern\u00e1ndez Su\u00e1rez del Movimiento Pol\u00edtico Liga de Gobierno Anticorrupci\u00f3n y Gustavo Petro Urrego de la Coalici\u00f3n Pacto Hist\u00f3rico, la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, el Sistema de Medios P\u00fablicos y Radio Televisi\u00f3n Nacional de Colombia- RTVC, y concita la atenci\u00f3n de esta Sala, de modo que carece de legitimaci\u00f3n para refutar, por esta excepcional v\u00eda, las providencias all\u00ed emitidas y las actuaciones surtidas, ya que tal y como lo ha esbozado esta Corporaci\u00f3n, de tiempo atr\u00e1s, \u2018(\u2026) cualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aquel tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal\u2019 (\u2026) STC9841-2021 y STC1940- 2022). <\/p>\n
Ello, si se tiene en cuenta que los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 contemplan como presupuesto para su ejercicio, que quien as\u00ed obre tenga \u2018un inter\u00e9s que legitime\u2019 su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales derivadas de \u2018actuaciones o providencias judiciales\u2019, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o son terceros a quienes afecta\u00bb (STC8199-2022, expediente 2022-02033-00, fallo del 29 de junio de 2022). <\/p>\n
La anterior postura fue reiterada en las sentencias STC8493-2022 y STC9212-2022 emitidas por esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Y, aunque se aduce un inter\u00e9s leg\u00edtimo o se pudiera alegar un presunto perjuicio irremediable, lo cierto es que ello no est\u00e1 acreditado y, como lo indico la Sala en STC8493-2022, actualmente, dicho argumento no tiene fundamento, por cuanto lo resuelto no genera efecto alguno, dado que \u00abtales contiendas electorales ya se llevaron a cabo (\u2026) En esa medida, no tendr\u00eda objeto ni raz\u00f3n proferir alg\u00fan imperativo (\u2026), ya que caer\u00eda en el vac\u00edo o no tendr\u00eda efecto alguno de cara a la naturaleza preventiva de esta especial v\u00eda\u00bb. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, como los recurrentes carecen de legitimaci\u00f3n para actuar en el presente tr\u00e1mite, no es procedente que la Sala resuelva las impugnaciones propuestas. <\/p>\n
<\/p>\n
VII. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, se ABSTIENE de pronunciarse respecto de las impugnaciones impetradas contra la sentencia del 14 de junio de 2022. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a las partes e intervinientes, por el medio m\u00e1s expedito, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, al movimiento Liga de Gobierno Anticorrupci\u00f3n, a los partidos y movimientos pol\u00edticos que conforman la coalici\u00f3n Pacto Hist\u00f3rico y a Radio Televisi\u00f3n Nacional de Colombia \u2013 RTVC. <\/p>\n
2\u0002 Documento 03 y 07, expediente constitucional. <\/p>\n
3\u0002 Documento 1301, Ibidem. <\/p>\n
4\u0002 Documento 01, Carpeta 2022-00440. <\/p>\n
5\u0002 Documento 01, Carpeta 2022-00441. <\/p>\n
6\u0002 Documento 02, Carpeta 2022-00134. <\/p>\n
7\u0002 Provenientes del Juzgado Cuarto Civil Municipal de Santiago de Cali, que dispuso la remisi\u00f3n, por auto del 6 de junio de 2022 (Doc. 12). <\/p>\n
8\u0002 Documento 20, expediente constitucional. <\/p>\n
9\u0002 Proveniente de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santiago de Cali <\/p>\n
10\u0002 Documento 24, expediente constitucional. <\/p>\n
11\u0002 Proveniente del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1, donde hab\u00eda sido admitida el 4 de junio de 2022. <\/p>\n
12\u0002 Documentos 40 y 106 del expediente constitucional. <\/p>\n
13\u0002 En auto del 28 de junio de 2022, el Tribunal, al conceder la impugnaci\u00f3n de la sentencia, dispuso estarse a lo resuelto en prove\u00eddo del 21 de junio anterior, sobre la nulidad por falta de competencia. <\/p>\n
14\u0002 Documento 109, Expediente constitucional. <\/p>\n
15\u0002 Documentos 111 y 112, expediente constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
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ATC1126-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente ATC1126-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-01147-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual del tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Ser\u00eda del caso decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-65806","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65806","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65806"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65806\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65806"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65806"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65806"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}