ATC1133-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1133-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-04514-03 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el incidente de desacato adelantado por Walter Borr\u00e9 Vega, Nury Cecilia Troncoso de Borr\u00e9, Cathy Isabel Borr\u00e9 Troncoso, Sebasti\u00e1n Javier Ayazo Borr\u00e9, Yira Cecilia Borr\u00e9 Troncoso \u2013en nombre propio y en representaci\u00f3n de W.M.A.B. y J.L.A.B.\u2013 y Guido Javier Borr\u00e9 Troncoso contra el magistrado Giovanni Carlos D\u00edaz Villarreal de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante sentencia STC1205-2022, 9 feb., la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia concedi\u00f3 el amparo de las prerrogativas esenciales reclamadas por los aqu\u00ed libelistas \u2013resoluci\u00f3n confirmada en segunda instancia por la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral (STL3834-2022, 16 mar.)\u2013, en el curso del declarativo de responsabilidad civil extracontractual que ellos iniciaron (rad. n.\u00ba 2013-00133); y, en tal virtud, dispuso: <\/p>\n
\u00abPRIMERO: CONCEDER el amparo del derecho fundamental al debido proceso de los convocantes. <\/p>\n
SEGUNDO: DEJAR sin valor ni efecto los autos proferidos por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 11 de junio y el 5 de agosto de 2021, respectivamente, as\u00ed como las dem\u00e1s actuaciones que de all\u00ed se desprendan, dentro del radicado 2013-00133. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR a la precitada corporaci\u00f3n judicial que, en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, proceda a dictar la decisi\u00f3n a que haya lugar en dicha causa, en atenci\u00f3n a las consideraciones plasmadas en parte motiva de esta sentencia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. A trav\u00e9s de apoderado judicial, los actores solicitaron que se tramitara el incidente de desacato, porque, a la fecha de presentaci\u00f3n del memorial \u201311 de julio de 2022\u2013, la autoridad encartada no hab\u00eda observado el mandato impartido en la providencia que viene de memorarse. <\/p>\n
3. De conformidad con el art\u00edculo 27 del Decreto 2591 de 1991, previo a iniciar formalmente el incidente, el 13 de julio de 2022, se requiri\u00f3 al magistrado Giovanni Carlos D\u00edaz Villarreal de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena \u2013o quien hiciere sus veces al momento del enteramiento\u2013, para que, en el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de ese prove\u00eddo, informara de manera detallada las acciones que ha adelantado para cumplir la orden proferida, allegando los soportes respectivos. <\/p>\n
4. Durante el t\u00e9rmino de traslado, con memorial de 15 de julio siguiente, el magistrado Giovanni Carlos D\u00edaz Villarreal alleg\u00f3 informe en el que reliev\u00f3 que \u00abeste Despacho judicial revoc\u00f3 en todas sus partes la actuaci\u00f3n de 11 de junio y 5 de agosto de 2021 atacada en sede constitucional y orden\u00f3 al juzgado de origen que, a la brevedad del caso, remitiera el expediente, ya que el mismo se encuentra devuelto\u00bb. <\/p>\n
De ese modo, refiri\u00f3 que \u00abconsidera el suscrito, que se le ha dado cabal cumplimiento a la orden constitucional, y una vez quede ejecutoriado el auto donde se ordena dejar sin efecto las providencias referidas, se proceder\u00e1 a realizar un nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta los lineamientos indicados por la Corte\u00bb. <\/p>\n
5. Mediante decisi\u00f3n de 21 de julio de esta calenda, esta Corporaci\u00f3n inici\u00f3 formalmente el incidente de desacato contra el citado funcionario de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. <\/p>\n
6. Con prove\u00eddo de 28 de julio de 2022, se decretaron como pruebas la actuaci\u00f3n surtida y los informes rendidos durante el curso de este asunto, en atenci\u00f3n al requerimiento previo. <\/p>\n
7. Con posterioridad, el apoderado de los libelistas alleg\u00f3 copia de un memorial en el que solicit\u00f3 ante el tribunal la p\u00e9rdida de competencia; y, por su parte, el magistrado sustanciador aport\u00f3 copia de la decisi\u00f3n que dict\u00f3 en cumplimiento del mandato impartido. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte determinar si el magistrado Giovanni Carlos D\u00edaz Villarreal de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena incurri\u00f3 en desacato a la orden impartida por la Sala de Casaci\u00f3n Civil (STC1205-2022, 9 feb.), confirmada en segunda instancia por la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral (STL3834-2022, 16 mar.). <\/p>\n
2. El incidente de desacato. <\/p>\n
La sentencia que se profiere en virtud de una acci\u00f3n de tutela no solo goza de plena fuerza vinculante, propia de toda decisi\u00f3n judicial, sino que, al encontrar fundamento directo en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica que la instituy\u00f3 de modo espec\u00edfico para la guarda y protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, reclama la aplicaci\u00f3n urgente e integral de lo ordenado, comprometiendo a partir de su notificaci\u00f3n, la responsabilidad del destinatario de ese mandato judicial, so pena de incurrir en las sanciones previstas en la ley. <\/p>\n
Por su especial car\u00e1cter, al juez que conoce del desacato no le es l\u00edcito volver sobre las valoraciones que fueron objeto de debate en el tr\u00e1mite constitucional, pues revivir\u00eda una controversia concluida, de ah\u00ed que su actuaci\u00f3n se encuentre delimitada por la parte resolutiva de la decisi\u00f3n que se acusa incumplida, limitaci\u00f3n con la que, entonces, le corresponde constatar los aspectos relacionados con el destinatario de la orden de protecci\u00f3n, su contenido y el t\u00e9rmino otorgado para su cumplimiento. <\/p>\n
Tras esa verificaci\u00f3n inicial, es deber del juzgador ocuparse no solo del aspecto objetivo, cual es el hecho del incumplimiento del fallo de tutela, sino tambi\u00e9n del factor subjetivo, dado que la desatenci\u00f3n que se censura es aquella que proviene de una actitud consciente y voluntaria de parte de quien deb\u00eda cumplir la orden de protecci\u00f3n, de modo que se impone atender elementos propios de un r\u00e9gimen sancionatorio, como lo atinente a la culpa con que haya actuado el funcionario, su intenci\u00f3n de desobedecer y las posibles circunstancias de justificaci\u00f3n. <\/p>\n
De acuerdo con las premisas que anteceden, est\u00e1 autorizada legalmente la imposici\u00f3n de sanciones cuando quien est\u00e1 llamado a cumplir la orden que se le imparte no acata tal mandato en la forma y t\u00e9rmino se\u00f1alados por el juez de tutela. Empero, esa desatenci\u00f3n debe estar plenamente demostrada, de forma tal que el destinatario de la acci\u00f3n haya desobedecido por capricho, incuria, negligencia o por otra cualquiera raz\u00f3n semejante que revele su falta de disposici\u00f3n para atender lo resuelto en el amparo. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
A efectos de establecer si el magistrado Giovanni Carlos D\u00edaz Villarreal de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena incurri\u00f3 en el desacato que se le enrostra, y comoquiera que el alcance de la orden de protecci\u00f3n constitucional constituye la base para valorar si el receptor de ese mandato ha entrado en franca rebeld\u00eda con lo decidido, es preciso remitirse a la sentencia de tutela proferida por Sala de Casaci\u00f3n Civil, STC1205-2022, 9 feb. \u2013confirmada en segunda instancia por la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, STL3834-2022, 16 mar.\u2013, y a los informes rendidos dentro de este asunto. <\/p>\n
3.1. En el presente caso, durante el t\u00e9rmino de traslado otorgado en el auto de requerimiento previo, el funcionario sustanciador del tribunal querellado aport\u00f3 escrito en el que precis\u00f3 que, mediante prove\u00eddo de 14 de julio de 2022 \u2013notificado por estado n.\u00ba 111 del d\u00eda siguiente\u2013, dictado en el curso del declarativo de la referencia1 (rad. n.\u00ba 2013-00133), resolvi\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abEn cumplimiento de lo dispuesto por la H. Corte Suprema de Justicia en sentencia del 9 de febrero de 2021 (sic), confirmada en segunda instancia el 16 de marzo de la misma anualidad (sic) [2022], procede el Despacho a dejar sin valor ni efecto los autos de 11 de junio y 5 de agosto de 2021 y as\u00ed mismo, se ordena REQUERIR al [J]uzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena para que con car\u00e1cter urgente, remita el expediente de la referencia a efectos de poder proferir una nueva decisi\u00f3n de conformidad con los lineamientos esbozados por la H. Corte Suprema\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, aport\u00f3 copia \u00edntegra de esa resoluci\u00f3n y a\u00f1adi\u00f3 que \u00abse observa que este Despacho judicial revoc\u00f3 en todas sus partes la actuaci\u00f3n de 11 de junio y 5 de agosto de 2021 atacada en sede constitucional y orden\u00f3 al juzgado de origen que a la brevedad del caso, remitiera el expediente, ya que el mismo se encuentra devuelto\u00bb, por lo que, en criterio del incidentado, \u00abse le ha dado cabal cumplimiento a la orden constitucional, y una vez quede ejecutoriado el auto donde se ordena dejar sin efecto las providencias referidas, se proceder\u00e1 a realizar un nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta los lineamientos indicados por la Corte\u00bb. <\/p>\n
3.2. Aunado a lo anterior, consultado el declarativo de la referencia en el sistema de gesti\u00f3n judicial2, se advierte la anotaci\u00f3n del 1 de agosto de 2022, en la cual se relaciona la expedici\u00f3n de la decisi\u00f3n que \u00abcumple lo ordenado por el superior\u00bb; y, de igual forma, el magistrado sustanciador aport\u00f3 copia del prove\u00eddo de la misma fecha, a trav\u00e9s del cual, en acatamiento de lo resuelto por esta Corporaci\u00f3n, estableci\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abPara un mejor an\u00e1lisis y estudio, proceder\u00e1 el despacho a analizar de forma separada cada una de las inconformidades del apelante, teniendo en cuenta que se trata de dos autos apelados. <\/p>\n
Respecto a los reparos expuestos en contra del auto del 21 de mayo del 2019, se tiene que el primer motivo de inconformidad del apelante, es que el juzgado deneg\u00f3 decretar como prueba un informe t\u00e9cnico rendido por el Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) con fecha mayo 25 de 2007 y las declaraciones de parte de los demandados Domingo Palencia Ortega, Benjam\u00edn Rodr\u00edguez Yances, Javier Domingo Palencia Yepes, representante legal de Maternidad Bocagrande LTDA y de la representante de legal de Salud Total EPS S.A. Sobre lo anterior, se tiene que respecto al aludido informe t\u00e9cnico rendido por el Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) con fecha mayo 25 de 2007. Sin embargo, en la providencia del 21 de mayo del 2019, se decretaron como pruebas \u201ctodos los documentos aportados con la demanda\u201d, de tal suerte que aflora el fracaso del reproche planteado, en consideraci\u00f3n a que no se hace necesario que en el auto recurrido se haga especial alusi\u00f3n a dicho informe t\u00e9cnico, principalmente cuando es evidente que tal pieza procesal fue aportada como documento en el escrito inaugural. Por lo que dicho reproche no prospera. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a las declaraciones de parte de quienes concurren como extremo pasivo del litigio los demandados Domingo Palencia Ortega, Benjam\u00edn Rodr\u00edguez Yances, Javier Domingo Palencia Yepes representante legal de Maternidad Bocagrande LTDA y de la representante de legal de Salud Total EPS S.A., se observa que fueron citados a la audiencia del art. 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, llevada a cabo el 20 de febrero del 2019, en la que consta que se realizaron los interrogatorios de parte de Benjam\u00edn Rodr\u00edguez Yances y de la Representante de Salud Total EPS S.A. (Folio 940 del expediente). Es m\u00e1s, en dicha audiencia, estuvo presente el apoderado de la parte demandante, y seg\u00fan se puede escuchar en el audio de la audiencia, se le concedi\u00f3 el uso de la palabra para la realizaci\u00f3n del interrogatorio solicitado en la demanda, quien manifest\u00f3 no hacer uso de la misma. Es de concluir, que no hab\u00eda lugar a decretar nuevamente dichas pruebas, orden\u00e1ndose por consiguiente los interrogatorios de los que no fueron evacuados en la anterior diligencia. <\/p>\n
En este punto, es importante se\u00f1alar que el r\u00e9gimen de transici\u00f3n determinado en el art. 625 del C\u00f3digo General del proceso establece: \u201cTR\u00c1NSITO DE LEGISLACI\u00d3N. Los procesos en curso al entrar a regir este c\u00f3digo, se someter\u00e1n a las siguientes reglas de tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n: <\/p>\n
1. Para los procesos ordinarios y abreviados: <\/p>\n
a) Si no se hubiese proferido el auto que decreta pruebas, el proceso se seguir\u00e1 tramitando conforme a la legislaci\u00f3n anterior hasta que el juez las decrete, inclusive.\u201d <\/p>\n
Teniendo en cuenta, que el proceso de marras inici\u00f3 en el a\u00f1o 2013, y a la fecha de celebraci\u00f3n de la audiencia del 101 del C.P.C., no se hab\u00edan decretado pruebas, era procedente la realizaci\u00f3n de dicha diligencia, en la que seg\u00fan aquella normativa se deb\u00edan surtir los interrogatorios de parte, como efectivamente ocurri\u00f3. Concluy\u00e9ndose que dicho reparo, tampoco habr\u00e1 de prosperar. <\/p>\n
El recurrente solicit\u00f3 la exclusi\u00f3n de diversas pruebas decretadas, porque a su juicio se erigen en una violaci\u00f3n al debido proceso y a los derechos fundamentales de la se\u00f1ora Yira Borr\u00e9 Troncoso. Especial atenci\u00f3n pone el recurrente en la prueba documental aportada en la contestaci\u00f3n por el demandado Benjam\u00edn Rodr\u00edguez Yances consistente en el proceso disciplinario que fue adelantado en contra del demandado Benjam\u00edn Rodr\u00edguez Yances ante el Tribunal de \u00c9tica M\u00e9dica, ya que, el mismo contiene \u201c\u2026informaci\u00f3n ultra-sensible, intima, confidencial y reservada de la demandante Yira Borr\u00e9 Troncoso\u2026\u201d. <\/p>\n
Al respecto, se se\u00f1ala, que dicho documento fue adosado al plenario en debida forma, y que el mismo no tiene reserva alguna, teniendo en cuenta que es solicitado por uno de los sujetos procesales en ambos procesos, y que, en todo caso, los documentos pueden ser obtenidos por una autoridad judicial, m\u00e1xime cuando se trata de una actuaci\u00f3n administrativa que puede servir de elemento de decisi\u00f3n al juez de instancia. Obs\u00e9rvese, que los documentos, que aduce el recurrente contienen informaci\u00f3n que vulneran el derecho a la intimidad de la demandante Yira Borr\u00e9 Troncoso, son declaraciones que esta hizo ante aqu\u00e9l tribunal, por lo que el decreto de dicha prueba, se mantendr\u00e1. (\u2026) <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a la contestaci\u00f3n extempor\u00e1nea de la abogada Ivette Mart\u00ednez G\u00e1lvez, es de observar que el mismo es un asunto ampliamente debatido, con decisi\u00f3n de primera instancia (auto del 16 de enero del 2015) confirmada por la Sala del Tribunal Superior de Cartagena, en los cuales se aclara que el t\u00e9rmino que ten\u00edan los demandados para contestar la demanda eran 20 d\u00edas, y no 10 como lo afirma el recurrente, por lo que es muy claro que la contestaci\u00f3n se realiz\u00f3 en el tiempo establecido por la ley vigente (C\u00f3digo de Procedimiento Civil). Es de anotar, adem\u00e1s, con respecto al traslado de los 20 d\u00edas, que el proceso se inici\u00f3 en el a\u00f1o 2013, y la ley 1395 del 2010, no le era aplicable, por cuanto la misma entr\u00f3 a regir en algunos juzgados de la ciudad de Cartagena, en el a\u00f1o 2015. Y aun si en gracia de discusi\u00f3n, se interpretara que el termino de contestaci\u00f3n fuera de 10 d\u00edas, y no 20 como lo se\u00f1ala la providencia de apertura del proceso, ciertamente es un hecho que el recurrente no dijo nada cuando se dict\u00f3 el auto admisorio, y ultimas, se habr\u00eda saneado la supuesta irregularidad al superarse la etapa de saneamiento de la audiencia de la que trata el 101 del CPC. En tal sentido, tampoco habr\u00e1 de prosperar el reparo\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, en lo que ata\u00f1e a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso en ese decurso, a\u00f1adi\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abPor otra parte, con relaci\u00f3n a la aplicaci\u00f3n del art. 121 del CGP, que establece la p\u00e9rdida de competencia del juez, se tiene que desde cuando empez\u00f3 a regir dicha normatividad, muchos han sido los matices respecto a su interpretaci\u00f3n, es por ello que en reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional se estableci\u00f3 que: <\/p>\n
\u201cAs\u00ed las cosas, esta Sala de Revisi\u00f3n considera que la interpretaci\u00f3n posible del art\u00edculo 121 del CGP que m\u00e1s se ajusta a la Constituci\u00f3n es, precisamente, la contenida en la Sentencia T-341 de 2018.\u201d <\/p>\n
Ahora bien, conviene insistir en que la ley aplicable en el referido asunto es determinante para efectos de establecer la aplicaci\u00f3n o no de la perdida de la competencia. Para ello es preciso, traer a colaci\u00f3n lo se\u00f1alado por la Corte Constitucional en sentencia T-341 de 2018, que estableci\u00f3 un precedente en los procesos que a\u00fan se tramitan conforme a la legislaci\u00f3n anterior. <\/p>\n
Tal consideraci\u00f3n se hizo teniendo como sustento el precepto normativo que contiene el art\u00edculo 625 del C.G.P., por lo que la Corte Constitucional concluy\u00f3 que \u201c(\u2026) lo razonable en estos casos, es contabilizar el t\u00e9rmino desde el momento en que le eran aplicables al tr\u00e1mite las nuevas normas de procedimiento\u201d. <\/p>\n
En efecto, el precitado art\u00edculo 625 del C.G.P. reza que: \u201cLos procesos en curso al entrar a regir este c\u00f3digo, se someter\u00e1n a las siguientes reglas de tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n: 1. Para los procesos ordinarios y abreviados: <\/p>\n
a) Si no se hubiese proferido el auto que decreta pruebas, el proceso se seguir\u00e1 tramitando conforme a la legislaci\u00f3n anterior hasta que el juez las decrete, inclusive. En el auto en que las ordene, tambi\u00e9n convocar\u00e1 a la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento de que trata el presente c\u00f3digo. A partir del auto que decrete pruebas se tramitar\u00e1 con base en la nueva legislaci\u00f3n.\u201d <\/p>\n
Por lo cual, al no haberse iniciado la etapa probatoria dentro del proceso sobre que se pretende la intervenci\u00f3n constitucional, se tiene que su tr\u00e1mite se sigue surtiendo conforme a la normatividad anterior, en consecuencia, es dable concluir que no era procedente dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 121 del C.G.P. en el caso de marras, esto es el auto del 21 de mayo del 2019, mediante el cual se adecu\u00f3 el tr[\u00e1]mite a la nueva legislaci\u00f3n, no est\u00e1 en firme, por cuanto se encuentra en curso recurso de apelaci\u00f3n propuesto por el apoderado de la parte demandante. Y no ser\u00e1, sino hasta cuando quede debidamente ejecutoriado, que el proceso se tramite con base en la nueva legislaci\u00f3n. <\/p>\n
Tampoco le era aplicable la ley 1395 del 2010. Remem\u00f3rese que la aplicaci\u00f3n de dicha ley, se realiz\u00f3 en forma gradual en el pa\u00eds en la medida en que el Consejo Superior de la Judicatura dispusiera de los recursos f\u00edsicos necesarios, esto es las salas de audiencia con los equipos de grabaci\u00f3n y dem\u00e1s aspectos que implicaban la oralidad. Fue en el mes de febrero del 2015, que se dict\u00f3 el acuerdo PSAA15-10300 para dicha implementaci\u00f3n, en donde se estableci\u00f3 cu\u00e1les de los juzgados civiles y de familia quedar\u00edan en el sistema de oralidad (no fueron todos). A su turno, no fue sino hasta el 1 de enero del a\u00f1o 2016, que empez\u00f3 a regir el C\u00f3digo General del Proceso, el que en su art. 626 ordinal c) derog\u00f3 la ley 1395 del 2010. Es as\u00ed como, en el presente asunto, lo aplicable era el tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n del CGP, y no la ley 1395 del 2010, como lo afirma el demandante recurrente. Por lo tanto, tampoco le era aplicable al proceso el art. 9\u00ba de la ley 1395 del 2010 que adicion\u00f3 el art. 124 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que hablaba de la p\u00e9rdida de competencia\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, en cuanto a los reparos formulados por la parte convocante, frente al auto de 27 de septiembre de 2019, se pronunci\u00f3 de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) los reparos formulados contra la otra providencia de 27 de septiembre de 2019, se centran en el rechazo de plano de la nulidad planteada, porque seg\u00fan el recurrente fue violatoria del debido proceso, ya que no se corri\u00f3 traslado del mismo, y no se decretaron las pruebas solicitadas en el escrito de nulidad, m\u00e1xime, cuando conforme a lo planteado en el recurso, dichas nulidades son de car\u00e1cter insaneables. <\/p>\n
Sin embargo, no es esta una nulidad ni de pleno de derecho, ni aquellas de las que resultan insanables, de manera que, si el censor no las propuso en t\u00e9rmino, como aqu\u00ed acontece, no pueden ahora tener la virtualidad de viciar el proceso. <\/p>\n
Se observa adem\u00e1s que s\u00ed se dio el traslado de ley al incidente. Es m\u00e1s, la contraparte descorri\u00f3 el traslado mediante escrito recibido en el juzgado en fecha 02\/09\/2019, seg\u00fan consta en el expediente (Folio 1031). Y con respecto a las pruebas, el art. 134 CGP (normatividad aplicable, al tratarse de un incidente propuesto en vigencia del CGP, seg\u00fan lo prescribe el No. 5\u00ba del art. 625 del CGP), establece que \u201c\u2026El juez resolver\u00e1 la solicitud de nulidad previo traslado, decreto y pr\u00e1ctica de las pruebas que fueren necesarias.\u201d, seg\u00fan lo anterior, deja a criterio del juez decretar o no las pruebas. Por esto, tampoco se encuentra raz\u00f3n al recurso en contra del auto del 27 de septiembre del 2019. Luego de los anteriores an\u00e1lisis, y encontrando infundados cada uno de los puntos de reparo propuestos por la parte demandante apelante, las providencias recurridas deben ser confirmadas. Es de anotarse, que la Corte Suprema de Justicia \u2013 Sala Civil en sentencia STC1205-2022 proferida el 9 de febrero del 2022, a la que se le est\u00e1 dando cumplimiento, no se\u00f1al\u00f3 la forma en que deb\u00eda pronunciarse este despacho, sino que orden\u00f3 un nuevo estudio de los recursos propuestos por el apelante, lo cual se est\u00e1 realizando en las anteriores consideraciones\u00bb (Se destaca). <\/p>\n
3.3. Lo anterior permite concluir que el servidor judicial de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, encargado de proferir la mencionada decisi\u00f3n, acat\u00f3 \u00edntegramente la orden impartida por esta Colegiatura en el sub-lite, atendiendo los par\u00e1metros all\u00ed dispuestos, por lo que, en esas condiciones, se encuentra actualmente conjurada la amenaza o vulneraci\u00f3n iusfundamental arg\u00fcida por los memorialistas. <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n, no hay lugar a imponer ninguna sanci\u00f3n ya que, como expuso la Corte Constitucional en providencia T-421 de 23 de mayo de 2003, acogida por esta Sala, entre otras, en la CSJ STC, 30 ene. 2013, rad, 00115-00: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la finalidad del incidente de desacato no es la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n en s\u00ed misma, sino la sanci\u00f3n como una de las formas de b\u00fasqueda del cumplimiento de la sentencia. Al ser as\u00ed, el accionante que inicia el incidente de desacato se ve afectado con las resultas del incidente puesto que \u00e9ste es un medio para que se cumpla el fallo que lo favoreci\u00f3. La imposici\u00f3n o no de una sanci\u00f3n dentro del incidente puede implicar que el accionado se persuada o no del cumplimiento de una sentencia. En efecto, en caso de que se inicie el incidente de desacato y el accionado, reconociendo que se ha desacatado lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanci\u00f3n, deber\u00e1 acatar la sentencia. En caso de que se haya adelantado todo el tr\u00e1mite y resuelto sancionar por desacato, para que la sanci\u00f3n no se haga efectiva, el renuente a cumplir podr\u00e1 evitar ser sancionado acatando\u00bb. <\/p>\n
3.4. Por \u00faltimo, en lo que respecta a la solicitud que formul\u00f3 el apoderado de los convocantes en el escrito incidental, consistente en \u00abOFICIAR a la FISCALIA GENERAL DE LA NACI\u00d3N con el prop\u00f3sito que investigue y acuse la presunta comisi\u00f3n de la conducta delictiva de fraude a resoluci\u00f3n judicial\u00bb, se advierte su improcedencia, toda vez que, si en su criterio hay lugar a ello, deber\u00e1 presentar directamente las quejas y\/o denuncias ante las autoridades competentes, ya que este mecanismo no est\u00e1 previsto para el inicio de actuaciones que corresponden a los interesados. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme con ello, al advertirse superada la situaci\u00f3n que origin\u00f3 la presente actuaci\u00f3n, resulta improcedente imponer sanci\u00f3n alguna. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR la terminaci\u00f3n y el archivo de la presente actuaci\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO: NOTIFICAR lo aqu\u00ed resuelto a las partes e intervinientes por un medio expedito. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Asunto que, a la fecha de decisi\u00f3n de este incidente, se encontraba al despacho, pendiente de resoluci\u00f3n, de acuerdo con la anotaci\u00f3n registrada en el sistema de gesti\u00f3n judicial. <\/p>\n
2\u0002 Consulta realizada el pasado 2 de agosto de 2022, en relaci\u00f3n con el radicado: 13001-31-03-007-2013-00133-01. <\/p>\n
<\/p>\n
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ATC1133-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente ATC1133-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-04514-03 (Aprobado en Sala de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide el incidente de desacato adelantado por Walter Borr\u00e9 Vega, Nury […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-65811","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65811","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65811"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65811\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65811"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65811"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65811"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}