ATC1161-2022<\/p>\n
<\/p>\n
ATC1161-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02635-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (09) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia que surgi\u00f3 entre el Juzgado Veinte de Familia de Bogot\u00e1 y el Despacho Primero Civil del Circuito de Ipiales, atinente al conocimiento de la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Mar\u00eda \u00c1lvarez Arias contra el \u00c1rea de atenci\u00f3n y tratamiento de c\u00e1rceles y penitenciarias de mujeres de Sincelejo -Sucre e Ipiales- Nari\u00f1o. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Aunque el escrito de tutela no est\u00e1 dirigido a un juez en espec\u00edfico, lo cierto es que esta fue presentada ante los despachos de Bogot\u00e1. La actora reclama la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y redenci\u00f3n, que considera vulnerados por las omisiones de las autoridades cuestionadas en el tr\u00e1mite del traslado entre las respectivas c\u00e1rceles1. <\/p>\n
2. El amparo constitucional correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Veinte de Familia de Bogot\u00e1, quien, con auto del 2 de agosto de 2022 decidi\u00f3 rechazar la demanda por falta de competencia. Frente a ello, sostuvo que: <\/p>\n
De los hechos narrados en el escrito de acci\u00f3n de tutela, se tiene que la parte accionante promueve la presente acci\u00f3n contra el A\u0301REA DE ATENCIO\u0301N Y TRATAMIENTO DE CA\u0301RCELES Y PENITENCIARIAS DE MUJERES DE SINCELEJO-SUCRE e IPIALES-NARIN\u0303O, este \u00faltimo establecimiento carcelario, donde estuvo hasta el mes de diciembre de 2021, donde se presenta la vulneraci\u00f3n y\/o amenaza al derecho fundamental invocado por la parte accionante, ente al que acusa de no remitir los respectivos informes por horas laboradas, para que el Juez de Ejecuci\u00f3n de la Pena lleve a cabo el respectivo c\u00e1lculo de redenci\u00f3n de la pena o conceda la libertad, de ser el caso. <\/p>\n
En ese orden, como es en la ciudad de Ipiales – Nari\u00f1o, donde ocurrieron los hechos que por omisi\u00f3n motivan la presente acci\u00f3n constitucional, de conformidad con el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, en armon\u00eda con el art\u00edculo 1o del Decreto 333 del 2021, se ordenara\u0301 remitir la presente acci\u00f3n de tutela por competencia a los JUZGADOS CON CATEGORI\u0301A DE CIRCUITO DE IPIALES NARIN\u0303O, por ser el lugar donde ocurriere la violaci\u00f3n o amenaza de los derechos invocados.2 <\/p>\n
No cabe duda entonces, que a quien le corresponde asumir la competencia para conocer este asunto no es otro que el Juzgado 20 de familia, no solo porque las consecuencias de la presunta vulneraci\u00f3n alegada se est\u00e1n surtiendo en Bogot\u00e1\u0301, ciudad en donde se encuentra la Penitenciaria en la que se encuentra recluida la accionante, sino porque las consecuencias del fallo se surtir\u00e1n en dicha ciudad, pues la informaci\u00f3n que se requiere debe remitirse a los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1\u0301 (art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 Decreto 333 de 2021). <\/p>\n
Es que, no solo resulta incongruente con las disposiciones constitucionales la postura del remitente, sino que adem\u00e1s efectu\u00f3\u0301 a su arbitrio la elecci\u00f3n de quien en su sentir deber\u00eda conocer de esta acci\u00f3n, pues aun conociendo que las accionadas eran las Penitenciarias de Ipiales y Sincelejo, remiti\u00f3\u0301 sin m\u00e1s a esta ciudad para que sea repartida la tutela entre los juzgados con categor\u00eda de Circuito.3 <\/p>\n
4. Por lo expuesto, se desatar\u00e1 el conflicto planteado con fundamento en las siguientes, <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a esta Sala resolver el conflicto negativo suscitado entre los juzgados de diferente distrito judicial -Bogot\u00e1 y Pasto-, de acuerdo con los art\u00edculos 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de su par 1285 de 2009, en armon\u00eda con los preceptos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicables por el canon 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
2. Seg\u00fan el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, \u00abson competentes para conocer de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivaren la presentaci\u00f3n de la solicitud\u00bb. Tal precepto fue reiterado en el art\u00edculo 1\u00ba, 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el 333 de 2021, en el que se agreg\u00f3 \u00abo donde se produjeren sus efectos\u00bb. <\/p>\n
Al respecto de la finalidad de dichas disposiciones, esta Sala ha enfatizado lo siguiente: <\/p>\n
[F]acilitar al presunto afectado la elecci\u00f3n del Juez que resuelva sobre la tutela de sus garant\u00edas superiores, de manera que la competencia por el factor territorial debe establecerse, a prevenci\u00f3n, por el lugar en que, acorde con las afirmaciones del correspondiente libelo, adquiere materialidad la violaci\u00f3n o amenaza, es decir, donde se produce los efectos de la actuaci\u00f3n u misi\u00f3n cuestionadas, que regularmente coincide con el sitio donde el peticionario se desenvuelve en forma cotidiana, sin que para el importe el domicilio o sede administrativa del accionado; lo que debe ser entendido sin perjuicio de la confluencia de fueros cuando dichos efectos pueden tener incidencia en varios lugares, e inclusive por la sede en menci\u00f3n, casos en que es facultativo para el peticionario escoger entre \u00e9stos. (CSJ ATC158-2021, reiterado en ATC700-2022, rad. 2022-01510-00). <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha dicho que <\/p>\n
(\u2026) por sitio de ocurrencia debe entenderse no s\u00f3lo donde nace o se origina el acto que se considera lesivo de los derechos constitucionales, sino, tambi\u00e9n, donde razonablemente pueda colegirse que se producen los efectos del mismo, como, por ejemplo, el sitio en el que reside el actor, o donde se entera de la determinaci\u00f3n o actividad lesiva, o donde labora o recibe un perjuicio. (CSJ APL Autos abr. 22 de 2022, exp. 388; AC abr. 12 de 2002, tad. 10892; AP, may. 8 de 2002, rad. 9532, oct. 9 de 2001, rad. 10251; AL. Abr. 7 de 2002, tad. 80, APL414-2018, entre otros). <\/p>\n
En el mismo sentido, ha determinado que la elecci\u00f3n libre del accionante permite establecer cu\u00e1l despacho judicial es el llamado a definir el amparo solicitado. Por lo tanto, la sede seleccionada queda suficientemente investida para definir el asunto constitucional4. <\/p>\n
3. Descendiendo al caso en concreto, se constata que la promotora eligi\u00f3 la ciudad de Bogot\u00e1 para radicar la solicitud de amparo. Dicha ciudad, conforme al encabezado del escrito de tutela, corresponde al lugar donde actualmente se encuentra privada de su libertad -sitio donde produce efectos la presunta vulneraci\u00f3n-. De manera que, ninguna injerencia tiene la ubicaci\u00f3n de las entidades accionadas pues, como se explic\u00f3, debe prevalecer la voluntad de la tutelante. <\/p>\n
4. Por las razones expuestas, se remitir\u00e1 la presente acci\u00f3n de tutela a la autoridad judicial de Bogot\u00e1, para que le imparta el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el conocimiento del proceso de la referencia deber\u00e1 continuar por cuenta del Juzgado Veinte de Familia de Bogot\u00e1. <\/p>\n
SEGUNDO: Comunicar lo decidido en esta providencia al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ipiales, acompa\u00f1\u00e1ndole copia de este prove\u00eddo. <\/p>\n
TERCERO: Remitir el expediente a la c\u00e9lula judicial referida en el numeral primero de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
CUARTO: La Secretar\u00eda librar\u00e1 los oficios correspondientes y dejar\u00e1 las constancias del caso. <\/p>\n
NOT\u00cdFIQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Archivo \u201c002EscritoTutela2022-00062.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Archivo \u201c003autoRechazaTutelaJuzgadoBogot\u00e1.pdf\u201d del expediente digital.. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u201c005GeneraConflictoNegativoDECompetencia20220006200.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 CSJ ATC 10 sep. 2022; 22 ene. 2004, reiterado en ATC1322-2018 y ATC1117-2021, entre otros. <\/p>\n
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