ATC1168-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1168-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2022-00120-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
1. Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 30 de junio de 2022 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Claudia Patricia L\u00f3pez Zabala y Elsa Luc\u00eda Meri\u00f1o Segura, quien act\u00faa en representaci\u00f3n de su menor hijo, contra el Juzgado Civil \u2013 Laboral del Circuito de Caucasia; si no fuera por la circunstancia que pasa a explicarse. <\/p>\n
2. Del diligenciamiento de este juicio surge notorio que el a-quo incurri\u00f3 en la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los asuntos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992.1 <\/p>\n
Ello porque no vislumbra la Corte que haya notificado del inicio del presente tr\u00e1mite constitucional a la Defensor\u00eda de Familia y al Agente del Ministerio P\u00fablico Delegado para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, a efectos de que pudieran ejercer sus funciones, como garant\u00eda de protecci\u00f3n de los derechos de defensa y contradicci\u00f3n del menor de edad involucrado en el tr\u00e1mite criticado. <\/p>\n
Sobre el particular, en un caso de similares contornos al de ahora, en el que se advirti\u00f3 la omisi\u00f3n de citar a dichas autoridades para que intervinieran en la tutela como garant\u00eda de la protecci\u00f3n de los derechos del menor de edad all\u00ed involucrado, se precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026en la acci\u00f3n invocada\u2026 se reprocha el tr\u00e1mite y decisi\u00f3n de un proceso de restituci\u00f3n de inmueble instaurado\u2026 donde tambi\u00e9n se encuentra implicada la menor de edad\u2026, quien es adem\u00e1s propietaria junto con la quejosa del bien objeto de restituci\u00f3n, por ende es necesaria la vinculaci\u00f3n de la totalidad de quienes deben intervenir en ese tr\u00e1mite para que, si a bien lo tienen, ejerzan el derecho de contradicci\u00f3n y, seg\u00fan el caso, su rol protector de la ni\u00f1ez. <\/p>\n
Sin embargo, se observa que al interior del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n constitucional, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1\u2026 omiti\u00f3 citar al Procurador Judicial para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia y la Familia y as\u00ed mismo al Defensor de Familia. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha dicho en casos semejantes: \u00abSiguiendo tal lineamiento, al revisar el procedimiento surtido, se advierte que no se vincul\u00f3 al Defensor de Familia asignado al Despacho Judicial atacado, para que se manifestara sobre este asunto, como garant\u00eda de protecci\u00f3n a los infantes.\u00bb (CSJ ATC, 18 de noviembre de 2013, exp. 00618-01). <\/p>\n
La anterior consideraci\u00f3n, como se dijo en otras oportunidades (CSJ ATC, 30 de enero y 29 de agosto de 2013, expedientes 2012-00327-01 y 2013-00217-01), se fundamenta en el art\u00edculo 82 de la Ley 1098 de 2006 que establece como \u00abFunciones del Defensor de Familia\u2026 11. Promover los procesos o tr\u00e1mites judiciales a que haya lugar en defensa de los derechos de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as o los adolescentes, e intervenir en los procesos en que se discutan derechos de estos, sin perjuicio de la actuaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico y de la representaci\u00f3n judicial a que haya lugar\u00bb (CSJ ATC1120-2018, 29 may., rad. 2018-00788-01). <\/p>\n
3. El art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 establece que las actuaciones que se surten dentro del rito constitucional deben ser notificadas \u00aba las partes o intervinientes\u00bb, con lo que se garantiza la citaci\u00f3n al tr\u00e1mite de los terceros determinados o determinables con inter\u00e9s leg\u00edtimo en \u00e9l, con el fin de que puedan ejercer su defensa y, por ende, se d\u00e9 cumplimiento al debido proceso. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte Constitucional enfatizando la necesidad de enterar de la iniciaci\u00f3n de la tramitaci\u00f3n a todos los directamente interesados en sus resultas, ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u2026lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garant\u00eda procesal\u2026 Si bien es cierto que esta Corporaci\u00f3n ha afirmado que la obligaci\u00f3n de notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligaci\u00f3n de medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de notificaci\u00f3n, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificaci\u00f3n personal al demandado sea \u00f3bice para que el juez intente otros medios de notificaci\u00f3n eficaces, id\u00f3neos y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho de defensa y la vinculaci\u00f3n efectiva de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n. La eficacia de la notificaci\u00f3n, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva integraci\u00f3n del contradictorio se torne particularmente dif\u00edcil, el juez se encuentre frente a una obligaci\u00f3n imposible. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n, el juez deber\u00e1 actuar con particular diligencia; as\u00ed, pues, verificada la imposibilidad de realizar la notificaci\u00f3n personal, el juez deber\u00e1 acudir, subsidiariamente, a otros medios de notificaci\u00f3n que estime expeditos, oportunos y eficaces\u2026 <\/p>\n
La Corte ha hecho \u00e9nfasis en que lo ideal es la notificaci\u00f3n personal y en que a falta de ella y trat\u00e1ndose de la presentaci\u00f3n de una solicitud de tutela se proceda a informar a las partes e interesados \u2018por edicto publicado en un diario de amplia circulaci\u00f3n, por carta, por telegrama, fijando en la casa de habitaci\u00f3n del notificado un aviso, etc.\u2019, y adicionalmente, vali\u00e9ndose de una radiodifusora e incluso, como recurso \u00faltimo, mediante la designaci\u00f3n de un curador\u2026 (CC A-018\/05). <\/p>\n
4. La anterior circunstancia, como ya se dijo, genera la nulidad de todo lo actuado a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la notificaci\u00f3n de la Defensor\u00eda de Familia y del Agente del Ministerio P\u00fablico Delegado para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, toda vez que al omitirlas les fue impedido intervenir en ese particular escenario, exponer sus argumentos y, de ser el caso, aportar las pruebas que pretendieran hacer valer, en pro de las garant\u00edas del menor. <\/p>\n
5. Por lo consignado, se dispondr\u00e1 devolver el expediente a la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, para que adelante nuevamente la actuaci\u00f3n que por esta v\u00eda se declara nula. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, el Despacho RESUELVE: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela del ep\u00edgrafe, a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la notificaci\u00f3n de la Defensor\u00eda de Familia y del Agente del Ministerio P\u00fablico Delegado para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, se ordena regresar el expediente al Tribunal de origen para que renueve la actuaci\u00f3n, conforme a lo anotado en la parte motiva de este prove\u00eddo. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase, <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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