ATC1174-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1174-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-00830-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
De acuerdo con el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 134 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable al tr\u00e1mite de tutela de conformidad con el precepto 4\u00ba del Decreto 306 de 1992, se decide de fondo sobre la solicitud de nulidad planteada por el accionante Carlos Daniel Falla frente a la actuaci\u00f3n surtida en el asunto del ep\u00edgrafe. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Con sentencia del pasado 8 de junio (STC7241-2022) esta Sala confirm\u00f3 la emitida el 4 de abril anterior por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela interpuesta por el incidentante contra la Superintendencia de Sociedades (respecto al tr\u00e1mite de intervenci\u00f3n de Minerg\u00e9ticos S.A., en el que se le incluy\u00f3 como miembro principal cuarto rengl\u00f3n de la junta directiva de esa sociedad), al hallar insatisfechos los presupuestos de la inmediatez frente a algunas de las decisiones criticadas -prove\u00eddos de 24 de junio de 2016 (rechaz\u00f3 plan de desmonte presentado por los intervenidos), 9 de septiembre de ese a\u00f1o (mantuvo la anterior decisi\u00f3n) y 12 de noviembre de 2020 (desestim\u00f3 solicitudes de nulidad y control de legalidad)-, as\u00ed como de la subsidiariedad respecto de una de ellas -a saber, del referido auto del 12 de noviembre, el que el quejoso no recurri\u00f3- y hallar razonables las otras determinaciones fustigadas -esto es, las de 11 de enero de 2022 (no accedi\u00f3 a la reiteraci\u00f3n de peticiones de nulidad y control de legalidad), 2 de febrero siguiente (nuevamente desestim\u00f3 otras solicitudes de nulidad y control de legalidad) y 18 de marzo posterior (mantuvo esas determinaciones)-. <\/p>\n
Determinaci\u00f3n respecto de la cual, el 29 de junio \u00faltimo, no se accedi\u00f3 a las solicitudes de aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n propuestas por el quejoso, al observar que no se daban los supuestos establecidos para su procedencia en los art\u00edculos 285 y 287 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. El actor pidi\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n aduciendo la carencia de \u00abjurisdicci\u00f3n y competencia\u00bb tanto del a-quo Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 como de esta Corte, comoquiera que, en su sentir, este asunto debi\u00f3 remitirse al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para la acci\u00f3n de este mismo linaje con radicado 25000-23-41-000-2016-02042-00, para su acumulaci\u00f3n, siguiendo las reglas de reparto de acciones de tutela masivas de que trata el Decreto 1834 de 2015 (mediante el cual se adicion\u00f3 el Decreto 1069 de 2015), al considerar que con la del ep\u00edgrafe se persigui\u00f3 \u00abla protecci\u00f3n de los mismos derechos fundamentales, presuntamente amenazados o vulnerados por una sola y misma acci\u00f3n u omisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que en tal sentido procedi\u00f3 la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, con auto del pasado 6 de junio, respecto a la demanda de tutela incoada por Richard Hans Zeller contra la Superintendencia de Sociedades frente al mismo asunto de intervenci\u00f3n por captaci\u00f3n ilegal que aqu\u00ed se fustig\u00f3 (radicaci\u00f3n 11001-22-03-000-2022-01119-00). <\/p>\n
3. Carlos Eduardo Naranjo, Asiesco S.A.S. y la Superintendencia de Sociedades se pronunciaron dentro del t\u00e9rmino de traslado de la referida petici\u00f3n de invalidez; los dos primeros, tambi\u00e9n intervenidos en el asunto tramitado ante la Superintendencia encausada, indicaron coadyuvarla por la \u00abinconvencionalidad e inconstitucionalidad del Decreto 4334 de 2008 (sic)\u00bb; mientras que la \u00faltima se\u00f1al\u00f3 que deb\u00eda denegarse ante su falta de configuraci\u00f3n, por no estarse \u00abante un caso de tutelas masivas, dada la existencia de nuevos supuestos de hechos y\u2026 pretensiones y que la acci\u00f3n de tutela cuya nulidad se pretende fue conocida en primera instancia por la autoridad judicial competente, esto es[,] el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 Sala Civil, superior jer\u00e1rquico de los jueces civiles del Circuito, calidad en la que act\u00faa [esa] entidad en los procesos de intervenci\u00f3n judicial\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Acorde con el r\u00e9gimen taxativo de causales procedimentales de invalidez asumido por el ordenamiento jur\u00eddico interno, la actuaci\u00f3n judicial es nula, \u00aben todo o en parte\u00bb, cuando se presenta alguna de las espec\u00edficas circunstancias relacionadas en el canon 133 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Revisado el planteamiento del censor se vislumbra que la por \u00e9l invocada corresponde a la contemplada en el numeral 1\u00ba de dicho precepto, a saber, la que acontece \u00ab[c]uando el juez act\u00fae en el proceso despu\u00e9s de declarar la falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia\u00bb, misma que implica que \u00ab[e]l fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992\u00bb (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
Ahora, como soporte de su alegaci\u00f3n, el incidentante plante\u00f3 que tal causal de anulaci\u00f3n est\u00e1 dada al desatenderse las reglas de reparto de acciones de tutela masivas de que trata el Decreto 1834 de 2015 (mediante el cual se adicion\u00f3 el Decreto 1069 de 2015), porque su reclamo debi\u00f3 remitirse para acumulaci\u00f3n a la acci\u00f3n del mismo linaje que bajo radicado 25000-23-41-000-2016-02042-00 curs\u00f3 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, es evidente que tal petici\u00f3n de invalidaci\u00f3n carece de fundamento, si en cuenta se tiene que, contrario a lo aducido por el censor, aqu\u00ed no se vislumbra ni se acredit\u00f3 que el reclamo tutelar del ep\u00edgrafe tuviera identidad de objeto con otros propuestos para \u00abla protecci\u00f3n de los mismos derechos fundamentales, presuntamente amenazados o vulnerados por una sola y misma acci\u00f3n u omisi\u00f3n de una autoridad p\u00fablica\u00bb, de donde era inaplicable el art\u00edculo 2.2.3.1.3.1. del Decreto 1069 de 2015, adicionado a esa norma a trav\u00e9s del Decreto 1834 del mismo a\u00f1o, seg\u00fan el cual, se repite, cuando se presentan situaciones como la aqu\u00ed ausente, todas las peticiones de resguardo \u00abse asignar\u00e1n\u2026 al despacho judicial que, seg\u00fan las reglas de competencia, hubiese avocado en primer lugar el conocimiento de la primera de ellas\u00bb. <\/p>\n
N\u00f3tese que a pesar de existir m\u00faltiples reclamos constitucionales frente al mismo tr\u00e1mite de intervenci\u00f3n por captaci\u00f3n ilegal que aqu\u00ed se cuestion\u00f3, las solicitudes de los diferentes accionantes se fundaron en aspectos novedosos de cara a los tratados en aquella ocasi\u00f3n por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, situaci\u00f3n misma por la que esta \u00faltima Colegiatura (25000-23-41-000-2016-02042-00), con auto del pasado 22 de julio, dispuso devolver al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, para lo de su cargo, la acci\u00f3n de tutela propuesta por Richard Hans Zeller contra la Superintendencia de Sociedades frente al referido asunto de intervenci\u00f3n, lo que torna inviable la aplicaci\u00f3n de lo all\u00ed resuelto como supuesto favorable para la declaraci\u00f3n de invalidez rogada, a tal punto que esa demanda de amparo finalmente la desat\u00f3 de fondo la citada Corporaci\u00f3n de la capital de la Rep\u00fablica, con fallo del 28 de julio del a\u00f1o en curso (radicaci\u00f3n 11001-22-03-000-2022-01119-00). <\/p>\n
4. En ese contexto, se itera, la solicitud de nulidad auscultada se torna abiertamente infundada, por lo que as\u00ed debe declararse. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, declara infundada la petici\u00f3n de invalidez formulada por el accionante. <\/p>\n
Por Secretar\u00eda, comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a todos los interesados y, en oportunidad, proc\u00e9dase conforme a la parte final del fallo aqu\u00ed emitido el 8 de junio de 2022, remitiendo \u00ablas actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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