ATC1175-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1175-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01487-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta por Hernando Quintero Vargas frente al fallo dictado el 3 de agosto de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u00e9l contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo – Seccional Antioquia, los Juzgados Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Medell\u00edn y Segundo Penal del Circuito de Bello; si no fuera porque esta Sala observa un error en el reparto que conllev\u00f3 a que en el curso de la primera instancia se incurriera en causal de nulidad que afecta lo actuado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor adujo que sus derechos esenciales al debido proceso, defensa, vida, libertad, igualdad y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb fueron conculcados por las autoridades convocadas, con ocasi\u00f3n de la causa penal seguida en su contra por el punible de acto sexual con menor de 14 a\u00f1os (rad. 05001-60-00-206-2019-20224), en la cual el Juzgado Dieciocho Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Medell\u00edn lo sentenci\u00f3 a 9 a\u00f1os de prisi\u00f3n, decisi\u00f3n que no recurri\u00f3 y respecto de la cual vigila la condena el Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de seguridad de esa ciudad. <\/p>\n
2. Como soporte de su reclamo cuestion\u00f3, en s\u00edntesis, que all\u00ed se le conden\u00f3 por una conducta que no cometi\u00f3; que el ente fiscal, con maniobras irregulares, ocult\u00f3 pruebas que lo favorec\u00edan; as\u00ed mismo, el juzgador de conocimiento omiti\u00f3 valorar, entre otras, los dict\u00e1menes de medicina legal que corroboraban la inexistencia del punible; aunado a que no cont\u00f3 con un profesional del derecho que ejerciera adecuadamente su representaci\u00f3n y defensa, por lo que termin\u00f3 aceptando los cargos sin entender el alcance que ello ten\u00eda. <\/p>\n
EL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al considerar insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad, por un lado, porque \u00abel promotor del amparo, en el marco de la causa\u2026 adelantada en su contra, no interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra la providencia de primera instancia proferida por el Juzgado\u2026 de Conocimiento, que le fue desfavorable, evitando de ese modo, con su proceder omisivo, que el Juez Natural, esto es, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, examinara de fondo los motivos de inconformidad que le asisten en relaci\u00f3n con la decisi\u00f3n que censura, su presunta inocencia frente a los hechos delictivos endilgados y la supuesta carencia de defensa t\u00e9cnica que aduce en esta oportunidad\u00bb; y de otra parte, porque \u00abno ha agotado la acci\u00f3n extraordinaria de revisi\u00f3n de que dispone, para atacar la providencia dictada por la autoridad judicial que lo conden\u00f3\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el actor insistiendo en sus planteamientos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del relato f\u00e1ctico expuesto en la demanda de amparo se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues la actuaci\u00f3n surtida est\u00e1 viciada de nulidad, en la medida en que el a-quo constitucional carec\u00eda de aqu\u00e9lla para tramitarla en primer grado. <\/p>\n
En efecto, para el reparto del ruego eran aplicables los par\u00e1metros establecidos en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el canon 1\u00ba del Decreto 333 de 2021), acorde con el cual, en lo que aqu\u00ed interesa: <\/p>\n
\u2026conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u2026 <\/p>\n
11. Cuando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra m\u00e1s de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 al juez de mayor jerarqu\u00eda, de conformidad con las reglas establecidas en el presente art\u00edculo (se destac\u00f3). <\/p>\n
2. Ahora, en el caso concreto se observa que a pesar del accionante dirigir su reclamo, entre otros, contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, lo cierto es que a \u00e9ste no le critic\u00f3 ninguna actuaci\u00f3n ni omisi\u00f3n, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que dicha Colegiatura ni siquiera conoci\u00f3 del asunto fustigado, de donde su vinculaci\u00f3n a este tr\u00e1mite result\u00f3 aparente. Sobre el particular, de vieja data se ha sostenido que: <\/p>\n
\u2026no puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; reiterado en ATC, 13 sep. 2013, rad. 00134-01). <\/p>\n
Entonces, se insiste, la situaci\u00f3n descrita impone concluir que resultaba infundada y, por tanto, \u00abaparente\u00bb, la vinculaci\u00f3n de la mentada Colegiatura, al margen de que se le hubiere mencionado en el libelo introductor; evidenci\u00e1ndose que los llamados a conformar el extremo pasivo son los Juzgados Dieciocho Penal del Circuito de Conocimiento de Medell\u00edn, Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad del mismo lugar, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo, de donde la competente para conocer de esta salvaguarda, en primera instancia, era la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn, acorde con las reglas consagradas en los numerales 5\u00ba y 11\u00ba del art. 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el canon 1\u00ba del Decreto 333 de 2021). <\/p>\n
3. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al canon 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del precepto 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo2, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (Criterio expuesto en CSJ, ATC1396-2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
4. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, cuyo razonamiento ahora se muestra extensivo al Decreto 333 de 2021, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 en., rad. 2017-00314-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC472-2018, 15 feb., rad. 2017-01316-01). <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja al reparto de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn, por ser la competente para resolverla. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad del fallo dictado el 3 de agosto de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de todo lo actuado, salvo aquella decisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del canon 16 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, se ordena remitir de inmediato el expediente al reparto de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn para que, previa la asignaci\u00f3n respectiva, se imprima al asunto el tr\u00e1mite de primera instancia de rigor. <\/p>\n
3. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados a trav\u00e9s del medio m\u00e1s expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s misivas pertinentes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que para el tr\u00e1mite de la presente impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte hasta el pasado 13 de mayo, este diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el d\u00eda 20 siguiente, donde se radic\u00f3 y reparti\u00f3 el 14 de julio de 2022 y el 15 posterior ingres\u00f3 al despacho. <\/p>\n
2\u0002 \u00abart\u00edculo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3] <\/p>\n
<\/p>\n
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