ATC1178-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2022-00744-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 9 de junio de 2022, con la cual se concedi\u00f3 el amparo invocado por Francisco Jos\u00e9 Bernal Mill\u00e1n en calidad de Juez Segundo Promiscuo Municipal de Garagoa, contra la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n de Judicial de Tunja \u2013 Boyac\u00e1, si no fuera porque se observa que en la tramitaci\u00f3n surtida en la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, por lo que viene. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, reclam\u00f3 la salvaguarda de los derechos fundamentales al trabajo, descanso y salud, presuntamente vulnerados por la autoridad cuestionada, al no expedir el CDP, documento necesario para el disfrute de sus vacaciones. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que, desde el primero de agosto de 2006, ostenta la calidad de Juez Segundo Promiscuo Municipal de Garagoa y que es perteneciente al r\u00e9gimen colectivo. <\/p>\n
2.1. Refiri\u00f3 que el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyac\u00e1 y Casanare, mediante los oficios CSJBOY18-2983 y CSJBOY21-327, dispuso que prestara la funci\u00f3n de control de garant\u00edas durante las vacancias judiciales de fin de a\u00f1o, correspondientes a los periodos del 20 de diciembre de 2018 al 10 de enero de 2019 y del 20 de diciembre de 2021 al 10 de enero del 2022. Por consiguiente, el Colegiado vinculado -con resoluciones 078 de 2018 y 033 de 2021- orden\u00f3 la suspensi\u00f3n del disfrute de sus vacaciones colectivas. <\/p>\n
2.2. El 4 de abril de 2022, solicit\u00f3 al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, su descanso por los dos per\u00edodos de vacaciones que fueron suspendidos. Pedimento que fue negado con resoluci\u00f3n 013 del 5 de ese mes y a\u00f1o, dado que no contaba \u00abcon el certificado de disponibilidad presupuestal\u00bb. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, el 4 de mayo siguiente, pidi\u00f3 a la entidad accionada, la expedici\u00f3n del CDP, a fin de que cubra el remplazo durante las vacaciones. Solicitud que fue desfavorable a sus intereses con oficio del 11 de mayo de 2022, bajo el argumento que \u00abno se pueden contraer obligaciones que no cuente con disponibilidad presupuestal y de acuerdo a lo dispuesto por la Circular PSAC11-44 de 2011\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, exigi\u00f3 que se ordene la expedici\u00f3n del CDP correspondiente al cubrimiento de la persona que lo reemplace, as\u00ed como la concesi\u00f3n de sus vacaciones. <\/p>\n
4. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia \u2013con prove\u00eddo del 9 de junio de 2022- concedi\u00f3 el amparo invocado. Para ello, consider\u00f3 que \u00abno es dable restringir el derecho al descanso y afectar con ello el trabajo en condiciones dignas de quienes permanecen laborando, con fundamento en restricciones administrativas, pues aquello es una carga que no debe soportar, en este caso, el accionante. Se insiste, las vacaciones constituyen un derecho fundamental que tienen todos los servidores p\u00fablicos, lo mismo que ejercer sus funciones en ambientes que garanticen la salud f\u00edsica y mental, por lo que no puede ser trasgredido en funci\u00f3n del servicio, ni sujetar su concesi\u00f3n a la existencia de disponibilidad presupuestal para designar un servidor de reemplazo durante el receso\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, dispuso \u00abdejar sin efecto la Resoluci\u00f3n 013 de 5 de abril de 2022 emitida por la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, a trav\u00e9s de la cual neg\u00f3 al accionante el disfrute de sus vacaciones, para que, en su lugar, dentro de los cinco (5) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, proceda a conceder las vacaciones a Francisco Jos\u00e9 Bernal Mill\u00e1n, en su condici\u00f3n de Juez 2 Promiscuo Municipal de Garagoa\u00bb. As\u00ed mismo, orden\u00f3 \u00aba la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Tunja que, una vez tenga conocimiento del precitado acto y dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a ello, expida el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal para el nombramiento de quien habr\u00e1 de remplazar, en provisionalidad, al funcionario titular del Juzgado 2 Promiscuo Municipal de Garagoa (Boyac\u00e1), por el per\u00edodo de vacaciones concedido por el tribunal\u00bb. <\/p>\n
5. La anterior determinaci\u00f3n fue impugnada por la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial Seccional Tunja1. <\/p>\n
<\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el derecho al debido proceso convergen una serie de garant\u00edas, entre las que se destaca que nadie puede ser investigado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante funcionario competente y con observancia de las formas propias de cada juicio. Para ello, resulta indispensable concurrir al litigio y contar con la posibilidad de aportar pruebas y controvertir las allegadas por el extremo contario. <\/p>\n
Sin perjuicio de su tr\u00e1mite preferente y sumario, la acci\u00f3n de tutela se conduce por un verdadero proceso judicial y no puede ser ajena, por tanto, a las reglas del debido proceso. En ella debe primar la defensa de las garant\u00edas superiores, dentro de las cuales se contempla que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su \u00abtr\u00e1mite se deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). Tal como lo dispone el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el canon 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017. <\/p>\n
2. Ahora bien, trat\u00e1ndose de la regla de competencia establecida en el inciso segundo del numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, seg\u00fan el cual \u00abCuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, y cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n ordinaria. En los dem\u00e1s casos de tutelas promovidas por funcionarios o empleados judiciales, las acciones de tutela ser\u00e1n conocidas por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala en auto ATC420-2022, ilustr\u00f3 que <\/p>\n
1. Se advierte que el Tribunal Superior de Pereira carec\u00eda de aptitud para adelantar el presente ruego, dado que fue interpuesto por un \u00abfuncionario\u00bb de la Rama Judicial, concretamente de la jurisdicci\u00f3n ordinaria y, en tal virtud, compete a la especialidad de lo contencioso administrativo dirimir la controversia, de conformidad con lo establecido en el inciso 2\u00ba del numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 6 de abril de 2021, que modific\u00f3 el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, as\u00ed: \u00ab (\u2026) Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u00bb. Significa, entonces, que como el accionante es un empleado judicial que pertenece a \u00abla jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb, la queja de la referencia compete a los Juzgados Administrativos de Pereira\u00bb. <\/p>\n
En igual sentido, en auto ATC1097 del 27 de julio de 2022, se reafirm\u00f3 dicha postura, en el sentido de que \u00ab\u2026toda acci\u00f3n de tutela que impetren los sujetos calificados en el numeral octavo ibidem -funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria- sin importar contra quien se dirija la queja, deber\u00e1 ser conocida por la jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo\u00bb. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala advierte que, como en el caso en concreto el actor funge como funcionario judicial perteneciente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, la competencia para conocer del amparo en primera instancia correspond\u00eda al Consejo de Estado, de acuerdo con lo reglado por el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021. <\/p>\n
4. Por lo tanto, lo actuado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia est\u00e1 viciado de nulidad por falta de competencia, conforme lo estipulado en el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual resulta aplicable a los juicios de tutela por la remisi\u00f3n expresa del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. Al respecto, ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (CSJ ATC1396-2016, reiterado en ATC2521-2016). <\/p>\n
Adem\u00e1s, en lo concerniente a la potestad para declarar \u00abnulidades\u00bb, a partir de las reglas fijadas en el decreto 1983 de 2017, ha precisado que: <\/p>\n
\u00abLa situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones… (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC472-2018, 15 feb., rad. 2017-01316-01)\u00bb. <\/p>\n
5. Por lo expuesto, se insiste, el tr\u00e1mite se encuentra viciado de nulidad. Por lo tanto, se invalidar\u00e1 la actuaci\u00f3n surtida y se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la presente queja constitucional al Consejo de Estado, por ser el competente para resolver el reclamo implorado. <\/p>\n
<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR la nulidad de todo lo actuado en esta acci\u00f3n constitucional por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, a partir del auto admisorio de la demanda, inclusive, sin perjuicio de la validez y eficacia de las pruebas aportadas, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO. ORDENAR que por Secretar\u00eda se remita el expediente al Consejo de Estado, por ser el competente para resolverlo. <\/p>\n
TERCERO. COMUNICAR lo resuelto a la Corporaci\u00f3n que conoci\u00f3 en primera instancia, as\u00ed como a los interesados a trav\u00e9s de medio expedito y l\u00edbrese las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 3-8. Anexo 0008 124307Impugnaci\u00f3n.pdf <\/p>\n
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