ATC1182-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1182-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01018-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n que se interpuso frente al fallo proferido el 2 de junio de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Juan Jairo Grillo G\u00f3mez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, los Juzgados 31 Penal del Circuito, Sexto Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas y D\u00e9cimo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, todos de esta ciudad; si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, igualdad y defensa, que dice vulneradas por las sedes judiciales acusadas, por lo que solicit\u00f3 se ordene al Juzgado 31 Penal del Circuito de Bogot\u00e1 que \u00abdosifique [su] sentencia\u2026 de manera justa, es decir, se ajuste a 60 meses de prisi\u00f3n\u00bb. De forma subsidiaria, reclam\u00f3 se declare \u00abla nulidad del proceso\u2026\u00bb seguido en su contra. <\/p>\n
As\u00ed mismo deprec\u00f3 que se orden\u00e9 al juzgado de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad convocado que le \u00abenvi\u00e9\u2026 copia \u00edntegra de [su] proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra Juan Jairo Grillo G\u00f3mez se promovi\u00f3 proceso penal por los delitos de \u00abconcierto para delinquir, a t\u00edtulo de autor, en concurso heterog\u00e9neo con el de receptaci\u00f3n y manipulaci\u00f3n de equipos terminales m\u00f3viles agravado, estas en concurso homog\u00e9neo y sucesivo, y en concurso heterog\u00e9neo con el punible de cohecho por dar u ofrecer, en calidad de autor\u00bb, por el que fue condenado, mediante sentencia de 27 de agosto de 2020, a 87,5 meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n
2.2. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que acept\u00f3 los cargos que le fueron imputados, pero que fue una decisi\u00f3n que tom\u00f3 \u00abde manera err\u00f3nea, ya que su defensor en ese entonces\u2026 [lo] asesor\u00f3 de manera incorrecta\u2026\u00bb; que su condena supera a las que fueron impuestas a las dem\u00e1s personas que fueron juzgadas por participar en los mismos hechos por los que \u00e9l fue juzgado; y que \u00abno est\u00e1 de acuerdo [con] que el [Juzgado 31 Penal del Circuito de Bogot\u00e1], aumentara en un\u2026 mes por cada uno de los eventos en que intervin[o]\u2026, ya que en las dem\u00e1s sentencias de los otros involucrados no aumentaron en un\u2026 [mes] por cada uno de los eventos\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.3. Agreg\u00f3 que \u00abfue inducido a error y viciado su consentimiento al hacerle creer\u2026 que, si aceptaba los cargos enrostrados por el ente acusador, no ser\u00eda objeto de una medida de aseguramiento intramural y que el proceso ah\u00ed terminaba y que no ser\u00eda m\u00e1s citado por la autoridad judicial\u00bb; y que solicit\u00f3 a la sede judicial que vigila su pena, copia de del juicio criticado, siendo remitido un link en el que no obran la totalidad de piezas procesales. <\/p>\n
3. La acci\u00f3n de tutela fue repartida a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que neg\u00f3 el resguardo con providencia del 2 de junio de 2022, decisi\u00f3n que impugn\u00f3 el promotor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el peticionario pretende que se amparen sus derechos supuestamente vulnerados, con ocasi\u00f3n de la sentencia de 27 de agosto de 2020, a trav\u00e9s de la que fue condenado a 87,5 meses de prisi\u00f3n, en virtud de la aceptaci\u00f3n de cargos que aquel expres\u00f3 en la audiencia de imputaci\u00f3n que se celebr\u00f3, el 25 de noviembre de 2019, ante Juzgado Sexto Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1; determinaci\u00f3n que, en su sentir, cometi\u00f3 un desafuero al calcular su pena y, adicionalmente, porque su allanamiento a cargos estaba viciado, porque, seg\u00fan \u00e9l, no tuvo un debido asesoramiento por parte del abogado que lo represent\u00f3. <\/p>\n
De otro lado, predica que sus derechos fueron conculcados por parte del Juzgado D\u00e9cimo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta localidad, al no haberle sido suministradas la totalidad de las copias que reclam\u00f3. <\/p>\n
Luego, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n carec\u00eda de competencia para asumir, en primera instancia, el conocimiento de la demanda de tutela, pues las quejas formuladas involucran, \u00fanicamente, a los Juzgados 31 Penal del Circuito, Sexto Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas y D\u00e9cimo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, todos de Bogot\u00e1, por lo que ning\u00fan soporte ten\u00eda la convocatoria de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Bogot\u00e1, pues ninguna queja concreta se elev\u00f3 frente a tal sede judicial, la que, por dem\u00e1s, no conoci\u00f3 del caso espec\u00edfico del tutelante. <\/p>\n
Por lo tanto, esta Sala tampoco cuenta con competencia para asumir el conocimiento de tales censuras, en segundo grado, conforme con el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, \u00faltimo que prev\u00e9 que \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb, debiendo conocer, entonces, de la acci\u00f3n de tutela, en primera instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2. Ahora, que la demanda de amparo se hubiese dirigido contra la prenombrada Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, no conlleva la alteraci\u00f3n del funcionario competente para dirimirlo, pues en aras de determinar la competencia del juez de tutela, \u00abno puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya (a los accionados) hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb. (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; y ATC, 17 ago. 2011, rad. 2011-00430-01) (Reiterado en ATC5961-2014, 30 sep. 2014, rad. 2014-00250-01, entre otros). <\/p>\n
Por lo dicho, es claro que la vinculaci\u00f3n de las prenotada oficina judicial se tornaba \u00abaparente\u00bb, habida cuenta que, como qued\u00f3 expuesto, las quejas del actora se dirigen, en esencia, a cuestionar la condena que le impuso el Juzgado 31 Penal del Circuito de Bogot\u00e1 y la expedici\u00f3n incompleta de las copias que reclam\u00f3 al Juzgado D\u00e9cimo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de este distrito capital. <\/p>\n
3. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo con el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992.2 (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
4. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el decreto 1983 de 2017, aplicable a las normas establecidas en el decreto 333 de 2021, por su gran similitud, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01). <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 el env\u00edo de la queja a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por ser la autoridad competente para resolver el reclamo tutelar. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo decantado, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n
2. En consecuencia, se ordena remitir de inmediato el expediente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, por ser la llamada a conocer de esta solicitud de amparo. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3] <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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