ATC1210-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1210-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-00911-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n frente al fallo proferido el 14 de junio de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, que accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por Diana Milena Sanabria Bonilla en contra de aqu\u00e9lla, si no fuera porque la Corte observa un error en el reparto que conllev\u00f3 a que en el curso de la primera instancia se incurriera en causal de nulidad que afecta lo actuado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora reclam\u00f3 la salvaguarda de sus derechos esenciales al debido proceso y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente conculcados por la Procuradur\u00eda acusada porque, a pesar de su insistencia, no ha atendido su solicitud de convocar a \u00abconciliaci\u00f3n prejudicial\u00bb a la \u00abNaci\u00f3n y [a la] Direcci\u00f3n Ejecutiv[a] Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Bogot\u00e1 y Cundinamarca\u00bb, la cual le formul\u00f3 desde el pasado 7 de abril. <\/p>\n
Destac\u00f3 que esa omisi\u00f3n \u00abva en detrimento de [sus] derechos\u00bb porque \u00abel medio de control que se busca accionar ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo es la Nulidad y Restablecimiento de Derecho, el cual cuenta con una caducidad de\u2026 (4) meses, y que el acto administrativo que es objeto de esta acci\u00f3n y de la conciliaci\u00f3n prejudicial fue expedido el\u2026 17 de enero del\u2026 2022, con lo cual se ha transcurrido\u2026 (3) meses y\u2026 (12) d\u00edas y que los t\u00e9rminos siguen corriendo\u00bb. <\/p>\n
2. La demanda de amparo inicialmente se asign\u00f3 al Juzgado Cincuenta y Nueve Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1, quien mediante prove\u00eddo del 2 de mayo de 2022, aduciendo aplicar el inciso 2\u00ba del numeral 8\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el precepto 1\u00ba del Decreto 333 de 2021), dispuso remitirla a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, al considerar carecer de competencia para tramitarla porque \u00abDiana Milena Sanabria Bonilla\u2026 promueve la petici\u00f3n de amparo en calidad de Oficial Mayor de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura\u00bb. <\/p>\n
3. Reasignado el asunto a la Sala especializada en materia penal de esta Corporaci\u00f3n, \u00e9sta lo admiti\u00f3, vincul\u00f3 a la \u00abDirecci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial Bogot\u00e1 (sic)\u00bb y en el fallo de instancia concedi\u00f3 el amparo al advertir desatendida la solicitud presentada por la quejosa frente a la accionada, por lo cual le orden\u00f3 a la Procuradur\u00eda encartada emitir \u00abrespuesta de fondo a la petici\u00f3n promovida por el apoderado de la accionante el 7 de abril de 2022, reiterada los d\u00edas 20 y 25 del mismo mes\u00bb. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n impugn\u00f3 esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del relato f\u00e1ctico expuesto en la demanda de amparo se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Sala para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues la actuaci\u00f3n surtida est\u00e1 viciada de nulidad, en la medida en que el a-quo constitucional carec\u00eda de aqu\u00e9lla para tramitarla en primer grado, todo lo cual se deriv\u00f3 del error en que incurri\u00f3 el Juzgado Cincuenta y Nueve Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1, al que inicialmente le fue repartida la acci\u00f3n, al no admitirla para su respectivo tr\u00e1mite. <\/p>\n
En efecto, para el reparto del ruego eran aplicables los par\u00e1metros establecidos en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el canon 1\u00ba del Decreto 333 de 2021), acorde con el cual, para lo que aqu\u00ed interesa: <\/p>\n
\u2026conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: <\/p>\n
… <\/p>\n
2. Las\u2026 que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas\u2026 en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Las\u2026 dirigidas contra las actuaciones del\u2026 Procurador General de la Naci\u00f3n\u2026 ser\u00e1n repartidas, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos\u2026 <\/p>\n
8. Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas para su conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto. <\/p>\n
Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, y cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n ordinaria. En los dem\u00e1s casos de tutelas promovidas por funcionarios o empleados judiciales, las acciones de tutela ser\u00e1n conocidas por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado (se destac\u00f3). <\/p>\n
2. Ahora, el auxilio supralegal del ep\u00edgrafe la inconforme lo dirigi\u00f3, exclusivamente, contra la \u00abProcuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n\u00bb porque, supuestamente, no ha atendido su solicitud de convocatoria a \u00abconciliaci\u00f3n prejudicial\u00bb. <\/p>\n
2.1. Por tanto, se vislumbra que no hab\u00eda lugar a aplicar los citados numerales 3\u00ba y 8\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el precepto 1\u00ba del Decreto 333 de 2021), pues, como qued\u00f3 visto, de un lado, no se plante\u00f3 cuestionamiento expreso alguno en contra de la Procuradora General de la Naci\u00f3n, de donde es \u00abevidente que la queja objeto de discusi\u00f3n no compromete de manera directa una actuaci\u00f3n espec\u00edfica\u00bb de \u00e9sta, \u00ablo que habilitar\u00eda el conocimiento del Tribunal en las condiciones en que lo hizo\u00bb (CSJ ATC862-2018, 19 abr., rad. 2018-00468-01); y de otra parte, tampoco fueron accionados ni se efectu\u00f3 cr\u00edtica alguna frente al Consejo Superior de la Judicatura y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, supuesto necesario para proceder en los t\u00e9rminos establecidos en el inciso 2\u00ba del \u00faltimo numeral. <\/p>\n
Entonces, la situaci\u00f3n descrita impone concluir que, ciertamente, fue infundada y, por tanto, \u00abaparente\u00bb, la vinculaci\u00f3n de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial del Consejo Superior de la Judicatura e, incluso, la eventual citaci\u00f3n de la Procuradora General de la Naci\u00f3n; en tanto que, como de vieja data se tiene por sentado, \u00abno puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; reiterado en ATC, 13 sep. 2013, rad. 00134-01). <\/p>\n
Por ese sendero, contrario a lo sostenido por el Juzgado del Circuito al que inicialmente se reparti\u00f3 la demanda de amparo, tampoco era procedente aplicar la regla contenida en el inciso 2\u00ba del numeral 8\u00ba del pluricitado art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. para la fijaci\u00f3n de la competencia teniendo en cuenta la dependencia judicial a la cual est\u00e1 o estuvo vinculada la accionante, por cuanto para que ello fuera viable, se itera, era necesario encontrarse en el supuesto contenido en el inciso 1\u00ba ib\u00eddem, referente a que el reclamo tutelar se hubiese dirigido contra el Consejo Superior de la Judicatura o la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, lo que aqu\u00ed no aconteci\u00f3. <\/p>\n
2.2. Luego, el ente llamado a conformar el extremo pasivo respecto a la petici\u00f3n de amparo de la referencia era, exclusivamente, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n; y atendiendo a su naturaleza jur\u00eddica, se tiene que es una autoridad del \u00aborden nacional\u00bb, de donde se concluye que el llamado a tramitar la salvaguarda, en primera instancia, era el Juzgado Cincuenta y Nueve Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1, a quien le fue inicialmente repartida, acorde con la regla consagrada en el ya citado numeral 2\u00ba del precepto 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021). <\/p>\n
3. En ese sentido, en un caso con alguna simetr\u00eda al de ahora, en el cual el reclamo se dirigi\u00f3 contra la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, no contra el Fiscal, esta Corte dej\u00f3 dicho: <\/p>\n
\u2026el inconforme enfil\u00f3 el auxilio supralegal contra la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, censurando de tal autoridad que se excedi\u00f3 en la facultad discrecional de investigaci\u00f3n disciplinaria, al abrirle indagaci\u00f3n preliminar en virtud del auto DCD 2-1303 de 21 de enero de 2019, rad. N.\u00ba 47574 sin existir m\u00e9rito alguno, pues ha venido \u00abacatando las \u00f3rdenes de [sus] superiores [en cuanto al] traslado al Choc\u00f3\u00bb; lo que no se compadece con la conculcaci\u00f3n sistem\u00e1tica tanto a \u00e9l como a su n\u00facleo familiar de sus garant\u00edas esenciales, a consecuencia de la suspensi\u00f3n de los servicios de salud en julio de 2018. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, se destaca que, para el caso concreto, las actuaciones criticadas no se desprenden de actos directos del Fiscal General de la Naci\u00f3n1, sino de la Direcci\u00f3n de Control Disciplinario Interno del mencionado ente acusador, dependencia esta que abri\u00f3 investigaci\u00f3n disciplinaria en contra del gestor, mediante el auto DCD 2-1303 de 21 de enero de 2019, rad. N.\u00ba 47574, cuya suspensi\u00f3n y archivo se implora en esta oportunidad; raz\u00f3n por la que no es aplicable el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del decreto 1069 de 2015 (modificado por el decreto 1983 de 2017). <\/p>\n
Luego, atendiendo a la naturaleza jur\u00eddica del \u00f3rgano convocado -la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n-, esto es, entidad del \u00aborden nacional\u00bb, r\u00e1pidamente se avizora que la competencia para conocer del resguardo ha de recaer en primera instancia en los Juzgados del Circuito de Quibd\u00f3, acorde con la regla de reparto trazada en el memorado numeral 2\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del decreto 1069 de 2015 (modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del decreto 1983 de 2017). <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la sentencia proferida en este dossier por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibd\u00f3 el 9 de abril de 2019 est\u00e1 viciada de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo con el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable al mecanismo de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992 (CSJ ATC817-2019, 30 may., rad. 2019-00032-01; reiterado en ATC715-2021, 26 may., rad. 2021-00130-01). <\/p>\n
4. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al precepto 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del canon 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo2, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 19923 (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
5. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, cuyo razonamiento ahora se hace extensivo al Decreto 333 de 2021, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 en., rad. 2017-00314-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC472-2018, 15 feb., rad. 2017-01316-01). <\/p>\n
6. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja al Juzgado Cincuenta y Nueve Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1, a quien le fue inicialmente repartida, por ser el competente para resolver el reclamo constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo decantado, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad del fallo dictado el 14 de junio de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de todo lo actuado, salvo aquella decisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del canon 16 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, se ordena remitir de inmediato el expediente al Juzgado Cincuenta y Nueve Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1, a quien le fue inicialmente repartido, para que imprima al asunto el tr\u00e1mite de primera instancia de rigor. <\/p>\n
3. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados a trav\u00e9s del medio m\u00e1s expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s misivas pertinentes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En el mismo sentido CSJ ATC1136-2018, 31 may., rad. 2018-00132-01; y CSJ ATC2067-2018, 31 oct., rad. 2018-001931-01. <\/p>\n
2\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
3\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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ATC1210-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC1210-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-00911-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta por la Procuradur\u00eda General de la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-65854","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65854","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65854"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65854\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65854"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65854"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65854"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}