ATC1247-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1247-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 76111-22-13-000-2007-00336-04 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del veintitr\u00e9s de agosto dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la consulta de la providencia proferida el 12 de agosto de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, que sancion\u00f3 al Mayor General Carlos Alberto Rinc\u00f3n Arango1 y al Brigadier General Fredy Marlon Coy Villamil, en calidad de Director de Sanidad y Comandante del Comando de Personal del Ej\u00e9rcito Nacional, en su orden, con 3 d\u00edas de arresto y multa de 15 s.m.l.m.v., por desacatar el fallo emitido por esa autoridad el 23 de noviembre de 2007 en la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Carlos Pe\u00f1alosa C\u00e1rdenas. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la sentencia referida fue concedido el amparo del derecho a la salud en conexidad con el derecho a la vida de Juan Carlos Pe\u00f1alosa C\u00e1rdenas y se dispuso lo siguiente: <\/p>\n
ORDENAR al Director Nacional de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional, Coronel FERNANDO PINEDA SOLARTE, o quien haga sus veces, que en el t\u00e9rmino de quince (15) d\u00edas contado a partir de la notificaci\u00f3n de la presente sentencia, si a\u00fan no lo hubiere hecho, realice todas las gestiones pertinentes para que proceda a prest\u00e1rsele todos los servicios m\u00e9dicos integrales en salud que requiera el accionante en la ciudad de Buenaventura, inclusive, los especializados, para la rehabilitaci\u00f3n de las lesiones que sufri\u00f3 por causa y en raz\u00f3n de la prestaci\u00f3n del servicio militar; adem\u00e1s que, no se le suspenda el tratamiento sin ninguna justificaci\u00f3n de \u00edndole administrativo o log\u00edstico (\u2026). <\/p>\n
2. El 12 de mayo de 2022, se radic\u00f3 memorial, en el que se puso de presente que la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional \u00abno est\u00e1 dando cumplimiento a lo ordenado por esta sala en sentencia de tutela con calendario del 23 de Noviembre del 2007, (\u2026) por lo cual solicita a usted muy comedidamente ordene a quien corresponda el tr\u00e1mite de desacato\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, pidi\u00f3 que se revisara el caso del tutelante, dado que \u00abno ha recibido ning\u00fan tipo de indemnizaci\u00f3n o intenci\u00f3n de jubilaci\u00f3n por parte de la entidad desde que \u00e9l sufri\u00f3 el incidente estando en servicio y el cual le alter\u00f3 su integridad f\u00edsica y debido a las condiciones de pobreza que vive se hace necesaria\u00bb2. <\/p>\n
3. El 18 de julio siguiente3, la Magistrada ponente de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga requiri\u00f3 el cumplimiento del fallo de tutela al Mayor General Carlos Alberto Rinc\u00f3n Arango, en su calidad de Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional. A su vez, requiri\u00f3 al Brigadier General Fredy Marlon Coy Villamil, en su condici\u00f3n de Comandante del Comando de Personal del Ej\u00e9rcito Nacional, para que hiciera cumplir la decisi\u00f3n constitucional. Y los inst\u00f3, en caso de haber atendido la orden impartida, a que remitieran los soportes pertinentes. <\/p>\n
3.1. El 19 de julio de los corrientes, el Oficial de Gesti\u00f3n Jur\u00eddica de la DISAN -Ej\u00e9rcito Nacional- inform\u00f3 que: i) se prestaron los servicios al tutelante desde que fue retirado, en el a\u00f1o 2000, hasta el 31 de enero de 2020, \u00abteni\u00e9ndose en cuenta que se hab\u00eda dado cabal cumplimiento al Fallo de Tutela\u00bb; ii) el actor promovi\u00f3 una tutela en el 2021, fallada el 20 de mayo por el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Buenaventura (Rad. 2021-00010), en la cual, \u00abluego de revisar el Fallo 2007- 00336 y la situaci\u00f3n del accionante\u00bb, se neg\u00f3 el amparo invocado, indicando que el gestor deb\u00eda \u00abrealizar las gestiones pertinentes para afiliare al r\u00e9gimen de salud contributivo o subsidiario, a fin de continuar con el tratamiento m\u00e9dico necesario\u00bb4; iii) el se\u00f1or Pe\u00f1alosa C\u00e1rdenas se encuentra afiliado en el r\u00e9gimen general subsidiado de salud desde el 15 de febrero de 2018 y no cumple con los requisitos establecidos en los art\u00edculos 19 y 20 de la Ley 352 de 1997 para mantener su vinculaci\u00f3n al sistema especial de la fuerza p\u00fablica; iv) el servicio de salud de las FFMM no tiene, como s\u00ed ocurre en el sistema general, un r\u00e9gimen subsidiado que soporte la carga de las personas que no tienen recursos para aportar al r\u00e9gimen contributivo; v) a trav\u00e9s del acta de la Junta M\u00e9dica (1767 del 28 de junio de 2001) se defini\u00f3 la situaci\u00f3n del actor, cuyos hallazgos fueron considerados para el pago de la indemnizaci\u00f3n correspondiente a la p\u00e9rdida de capacidad laboral y, seg\u00fan la calificaci\u00f3n realizada por el Tribunal M\u00e9dico Laboral (2069 del 24 de julio de 2022), su afectaci\u00f3n fue del 22,12% , de manera que no alcanza el 50% requerido para acceder a la pensi\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, asever\u00f3 que se hab\u00eda configurado un hecho superado y pidi\u00f3 no aplicar sanci\u00f3n por desacato, archivar el tr\u00e1mite y desvincular al Mayor General Carlos Alberto Rinc\u00f3n Arango, por no ser el competente para cumplir la orden de tutela, de conformidad con lo previsto en la Ley 352 de 1997 y el art\u00edculo 16 del Decreto 1975 de 2000. <\/p>\n
4. El 29 de julio ulterior, se dio apertura al tr\u00e1mite incidental y se corri\u00f3 traslado a los incidentados para que ejercieran su derecho de defensa. <\/p>\n
4.1. El 5 de agosto de 2022, el Oficial de Gesti\u00f3n Jur\u00eddica de la DISAN -Ej\u00e9rcito Nacional- remiti\u00f3 el informe referenciado anteriormente. <\/p>\n
5. El 8 de agosto de los corrientes, se solicit\u00f3 a los convocados reportar si el se\u00f1or Juan Carlos Pe\u00f1alosa C\u00e1rdenas estaba \u00abactivo en el sistema de salud del ej\u00e9rcito nacional y si se halla pendiente el tr\u00e1mite de autorizaciones para la prestaci\u00f3n de servicios asistenciales\u00bb y se decretaron como pruebas las allegadas por las partes. <\/p>\n
5.1. El 11 de agosto de 2022, se elabor\u00f3 constancia auxiliar del Tribunal, en la que se registr\u00f3 que la madre del tutelante indic\u00f3 que la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito, desde el a\u00f1o 2020, lo desactiv\u00f3 del sistema de salud e interrumpi\u00f3, \u00abde manera injustificada, el tratamiento de los diagn\u00f3sticos de hipoacusia neurosensorial bilateral y esquizofrenia que padece, situaci\u00f3n que torna al gestor en una persona agresiva, poniendo en riesgo su integridad y la de los dem\u00e1s\u00bb. <\/p>\n
II. LA PROVIDENCIA CONSULTADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga profiri\u00f3 la decisi\u00f3n objeto de consulta contra el Mayor General Carlos Alberto Rinc\u00f3n Arango y el Brigadier General Fredy Marlon Coy Villamil, en calidad de Director de Sanidad y Comandante del Comando de Personal del Ej\u00e9rcito Nacional, respectivamente, en raz\u00f3n a que la entidad convocada certific\u00f3 que el se\u00f1or Juan Carlos Pe\u00f1alosa C\u00e1rdenas fue retirado del sistema de salud de las FFMM desde 2020, desconociendo la orden de la sentencia constitucional, que exig\u00eda prestarle todos los servicios m\u00e9dicos para la rehabilitaci\u00f3n de las lesiones sufridas mientras prestaba el servicio militar y que no pod\u00eda ser suspendido por causas administrativas o log\u00edsticas. <\/p>\n
Destac\u00f3 que la Corte Constitucional, en sentencia T-299 de 2019, defini\u00f3 que las FFMM deben continuar prestando el servicio de salud a quien tenga una patolog\u00eda producida \u00abdurante la prestaci\u00f3n del servicio (\u2026), aun cuando la relaci\u00f3n laboral haya culminado, siempre que el paciente se encuentre recibiendo un tratamiento m\u00e9dico indispensable para su vida, su integridad f\u00edsica y su dignidad\u00bb, el cual no pod\u00eda ser interrumpido por la entidad accionada, porque no se acredit\u00f3 la recuperaci\u00f3n total de su salud. <\/p>\n
En ese sentido, consider\u00f3 que no se demostraron las acciones afirmativas requeridas para dar cumplimiento a la orden constitucional y enfatiz\u00f3 que esta Sala, por auto CSJ ATC946-2018, hab\u00eda confirmado la sanci\u00f3n entonces impuesta por el desacato evidenciado en este asunto5. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, concluy\u00f3 que estaba acreditada la falta de cumplimiento integral de la sentencia constitucional, \u00ablo cual no fue desvirtuado por los incidentados; y, en especial, el sustento subjetivo, en tanto aquel no fue justificado por la pasiva, perpetuando as\u00ed la inicial vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales a la salud y seguridad social del accionante\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
EL 17 de agosto de 2022, la entidad accionada remiti\u00f3 nuevamente el escrito allegado el 19 de julio anterior, referido en el numeral 3.1. de esta providencia, solicitando la inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Ha sido reiterativa la jurisprudencia al se\u00f1alar que, por la finalidad que tienen los fallos proferidos en una acci\u00f3n de tutela, su cumplimiento deviene forzoso, comprometiendo, a partir de su notificaci\u00f3n, la responsabilidad del destinatario de ese mandato judicial. <\/p>\n
Debido a ello, el juez del amparo estar\u00e1 compelido a propender por su cumplimiento y, de ser necesario, a imponer las sanciones previstas en la ley por su desacato. Para el efecto, deber\u00e1 constatar los aspectos relacionados con el contenido y alcance de la orden de protecci\u00f3n, su destinatario y el t\u00e9rmino concedido para su cumplimiento. <\/p>\n
En ese ejercicio valorativo es deber del funcionario examinar no solo el hecho objetivo del incumplimiento, sino las motivaciones de este, atendiendo los elementos propios de un r\u00e9gimen sancionatorio, como son la culpa del obligado, su voluntariedad de no obedecer, cualquier causal de justificaci\u00f3n que pudiera presentarse y el nivel de inobservancia, si fuere total o parcial, con miras a definir las medidas necesarias para proteger efectivamente el derecho amparado. <\/p>\n
Ahora bien, esa desatenci\u00f3n debe estar plenamente demostrada, de forma tal que el destinatario de la acci\u00f3n haya desobedecido por capricho, incuria, negligencia o por otra raz\u00f3n semejante que revele la abierta falta de disposici\u00f3n para atender lo resuelto en el amparo. <\/p>\n
2. En el sub examine, se observa que la orden de tutela emitida en 2007 estaba encaminada a que: i) se prestaran continuamente todos los servicios m\u00e9dicos integrales requeridos por el tutelante en Buenaventura, \u00abpara la rehabilitaci\u00f3n de las lesiones que sufri\u00f3 por causa y en raz\u00f3n de la prestaci\u00f3n del servicio militar\u00bb, y a que ii) \u00abno se le suspenda el tratamiento sin ninguna justificaci\u00f3n de \u00edndole administrativo o log\u00edstico\u00bb. <\/p>\n
En dicha tutela, seg\u00fan el relato de los hechos, el actor aleg\u00f3 que fue soldado profesional hasta 2001, \u00abpero por problemas de salud lo retiraron del servicio, ya que padece esquizofrenia\u00bb y que \u00abDesde hace aproximadamente cuatro meses la Brigada de Sanidad Naval de Buenaventura no lo atiende porque es competencia del Ejercito Nacional y debe desplazarse a la ciudad de Cali\u00bb, para lo cual no ten\u00eda recursos. Analizada la situaci\u00f3n, el Tribunal estableci\u00f3 que los usuarios de los sistemas de salud no deb\u00edan afrontar la ausencia de especialistas o de medios locativos para la atenci\u00f3n requerida y que no se pod\u00eda permitir <\/p>\n
la falta de atenci\u00f3n especializada que requiere el se\u00f1or Juan Carlos Pe\u00f1alosa C\u00e1rdenas por parte del Ej\u00e9rcito Nacional, en su lugar de habitaci\u00f3n, pues \u00e9l padece una enfermedad mental que le produce estr\u00e9s y corre cierto riesgo al hacer el desplazamiento hasta la capital del Departamento; adem\u00e1s no cuenta con los recursos econ\u00f3micos indispensables (\u2026) por lo que, la Direcci\u00f3n Nacional de Sanidad de esa instituci\u00f3n debe asumir toda la responsabilidad para la atenci\u00f3n integral (\u2026) en la ciudad de Buenaventura donde reside y habita regularmente, contratando si es el caso con una entidad en salud para que se le brinde la atenci\u00f3n especializada que requiere para su total recuperaci\u00f3n. <\/p>\n
3. En el presente asunto, seg\u00fan el informe de la entidad accionada, los servicios de salud le fueron prestados al se\u00f1or Juan Carlos Pe\u00f1alosa C\u00e1rdenas hasta el 31 de enero de 2020, lo cual es corroborado por la progenitora del tutelante, seg\u00fan la constancia auxiliar del Tribunal. <\/p>\n
3.1. Ahora bien, la incidentada argument\u00f3, en su defensa, que las circunstancias iniciales cambiaron, en raz\u00f3n a que, desde el 15 de febrero de 2018, el actor estaba afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud, a trav\u00e9s de EMSSANAR S.A.S., seg\u00fan el reporte del ADRES, en el r\u00e9gimen subsidiado. Lo anterior, en efecto, se verific\u00f3 en la p\u00e1gina web de esa entidad6. <\/p>\n
3.2. Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que, con posterioridad, la se\u00f1ora Dora C\u00e1rdenas Valencia, en nombre de su hijo Juan Carlos, promovi\u00f3 una acci\u00f3n constitucional asignada al Juzgado Primero Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Buenaventura, bajo el radicado 2021-00010, que fue fallada el 20 de mayo de 2021, negando el amparo. <\/p>\n
En dicha tutela, afirm\u00f3 que su hijo requer\u00eda \u00abque se le realice peri\u00f3dicamente HIPOACUSIA BILATERAL DE 20 DECIBELES\u00bb, que ven\u00eda siendo atendido por la \u00abESM DE SANIDAD DE BUENAVENTURA\u00bb, por un fallo de tutela a su favor del Tribunal Superior de Buga, pero que la entidad dej\u00f3 de prestar el servicio, con el \u00abargumento que el fallo ya caduc\u00f3\u00bb. En esa oportunidad, el Ministerio de Defensa Nacional -Comando General de las Fuerzas Militares \u2013 Ej\u00e9rcito Nacional -Direcci\u00f3n de Sanidad- present\u00f3 las mismas alegaciones expuestas en este incidente, esto es, que el tutelante fue desvinculado de sus servicios de salud desde 2020, que no reun\u00eda los requisitos para seguir vinculado al sistema especial de la fuerza p\u00fablica, seg\u00fan la normativa aplicable, que en las FFMM no hab\u00eda un r\u00e9gimen subsidiado para las personas de pocos recursos, que el porcentaje declarado de la disminuci\u00f3n de su capacidad laboral era inferior a 50% y, por ello, no pod\u00eda obtener la pensi\u00f3n y que estaba afiliado a la E.P.S. EMSSANAR S.A.S., bajo el r\u00e9gimen general subsidiado7. <\/p>\n
El Juzgado neg\u00f3 la salvaguarda pretendida, tras considerar lo siguiente: <\/p>\n
11. De acuerdo con lo expuesto, son beneficiarios del Sistema de Seguridad Social en Salud de las Fuerzas Militares y la Polic\u00eda Nacional el personal activo, el retirado que goce de asignaci\u00f3n de retiro o pensi\u00f3n, los afiliados, en calidad de beneficiarios, y, de forma excepcional, las personas que pese a haber sido desvinculadas de la instituci\u00f3n, sufrieron una afectaci\u00f3n en la salud y necesitan continuar con la atenci\u00f3n m\u00e9dica, como se explicar\u00e1 a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
EL CASO EN CONCRETO <\/p>\n
Del escrito de tutela se desprende que la solicitud de amparo va encaminada a que se le garantice la continuidad de la prestaci\u00f3n del servicio a la salud. Al respecto, existe un mecanismo ante la Superintendencia Nacional de Salud para dirimir controversias relacionadas, entre otras, con la denegaci\u00f3n por parte de las entidades promotoras de salud de servicios incluidos en el PBS, previsto en la Ley 1122 de 2007\u2026 <\/p>\n
En el asunto bajo examen, en primera medida, se evidenci\u00f3 que la no prestaci\u00f3n del servicio de salud por parte de la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ejercito Nacional respecto del derecho a la salud del se\u00f1or Pe\u00f1alosa C\u00e1rdenas, toda vez que su tratamiento psiqui\u00e1trico se vio interrumpido por falta de acceso a los medicamentos prescritos, de seguimiento por parte del m\u00e9dico especialista y la cesaci\u00f3n definitiva de la atenci\u00f3n m\u00e9dica al encontrarse retirado hace 19 a\u00f1os. <\/p>\n
Por otra parte, de las pruebas recaudadas qued\u00f3 evidenciado que la situaci\u00f3n de Juan Carlos Pe\u00f1alosa C\u00e1rdenas se defini\u00f3 la situaci\u00f3n m\u00e9dico laboral a trav\u00e9s del acta de Junta M\u00e9dico Laboral 1767 del 28 de junio de 2001 modificada por el ata de Tribunal M\u00e9dico Laboral N\u00b0 2069 de 2002, all\u00ed fueron tenidos en cuenta para el pago de la indemnizaci\u00f3n correspondiente por p\u00e9rdida de la capacidad laboral los hallazgos f\u00edsicos argumentados por la madre del se\u00f1or Pe\u00f1alosa en su escrito de tutela, pues como se mencion\u00f3 dicha Junta M\u00e9dica valor\u00f3 y calific\u00f3 las secuelas definitivas de las lesiones aludidas; es as\u00ed que defini\u00f3 una calificaci\u00f3n del 22.12% de disminuci\u00f3n de la capacidad laboral, por lo que teniendo en cuenta los requisitos contemplados en la ley 923 de 2004 art\u00edculo 3 numeral 3.5; el cual dispone que para tener derecho a la pensi\u00f3n por sanidad y en consecuencia, la garant\u00eda de estar afiliado al Subsistema de Salud de las fuerzas militares, es indispensable que la calificaci\u00f3n dada en la Junta Medico Laboral, sea igual o superior al 50% de disminuci\u00f3n de la capacidad laboral, lo cual no se configura en el caso que nos ocupa. <\/p>\n
Lo anterior quiere significar que el se\u00f1or Pe\u00f1alosa C\u00e1rdenas no se encuentra activo en el sistema de salud de las Fuerzas Militares, situaci\u00f3n que impide a este fallador intervenir para tratar de restablecer los derechos fundamentales que considera la actora le est\u00e1n siendo vulnerados. Por lo tanto, deber\u00e1 realizar las gestiones pertinentes para afiliarse al r\u00e9gimen de salud contributivo o subsidiario, a fin de continuar con el tratamiento m\u00e9dico necesario para mejorar la calidad de vida. <\/p>\n
Por lo anteriormente expuesto no se conceder\u00e1 el amparo deprecado al no evidenciarse vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno por parte de las entidades accionadas (Se subraya). <\/p>\n
Dicha providencia no fue impugnada y tampoco fue objeto de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional8. <\/p>\n
4. Pues bien, analizadas las alegaciones referidas, se evidencia que, en efecto, como lo sostuvo la parte incidentada en el tr\u00e1mite que se analiza, las condiciones sobre las que inicialmente fue concedida la salvaguarda constitucional cambiaron. <\/p>\n
De un lado, porque el se\u00f1or Juan Carlos Pe\u00f1alosa C\u00e1rdenas se afili\u00f3 al r\u00e9gimen subsidiado del Sistema General de Salud el 15 de febrero de 2018, esto es, casi dos a\u00f1os antes de que de la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional lo desvinculara del sistema de salud (a\u00f1o 2020) y, en consecuencia, desde entonces, la prestaci\u00f3n de esos servicios ha estado a cargo de la E.P.S. EMSSANAR S.A.S. <\/p>\n
Y, de otro, porque en una tutela posterior, que ten\u00eda por objeto cuestionar precisamente la inactivaci\u00f3n que hiciera la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional del r\u00e9gimen de salud de las FFMM, el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Buenaventura, en calidad de juez constitucional, razon\u00f3 los argumentos expuestos por la accionada para sustentar esa decisi\u00f3n, con base en lo cual el operador judicial dictamin\u00f3 que la accionada no vulner\u00f3 derecho fundamental alguno y que el se\u00f1or Juan Carlos Pe\u00f1alosa C\u00e1rdenas deb\u00eda \u00abafiliarse al r\u00e9gimen de salud contributivo o subsidiario, a fin de continuar con el tratamiento m\u00e9dico necesario para mejorar la calidad de vida\u00bb. <\/p>\n
Esa decisi\u00f3n, al margen de que se comparta o no, lo cierto es que defini\u00f3 el asunto e hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional en torno a la procedencia de la inactivaci\u00f3n de los servicios m\u00e9dicos por parte del Ej\u00e9rcito Nacional, efectuada en 2020, lo cual, sin duda, tiene incidencia en el proceder de la entidad frente a la orden constitucional emitida en el asunto de la referencia, m\u00e1xime que se dio la activaci\u00f3n de los servicios de salud ante otra entidad prestadora, por la afiliaci\u00f3n del promotor al r\u00e9gimen subsidiado del sistema general casi dos a\u00f1os antes de su desvinculaci\u00f3n ante la accionada, siendo aquella E.P.S. (EMSSANAR), desde entonces, la encargada de los servicios pretendidos, pues, en modo alguno, se puede recibir atenci\u00f3n de dos instituciones diferentes. <\/p>\n
4.1. Al respecto, debe ponerse de presente lo definido por la Corte Constitucional en la sentencia SU034-2018, en el sentido que la autoridad que adelante el desacato debe verificar, entre otros, \u00abcu\u00e1les fueron las razones por las que el accionado no obedeci\u00f3 lo ordenado dentro del proceso\u00bb, de manera que, en este caso, se impone analizar los hechos nuevos y posteriores que fueron referidos por la parte convocada en tr\u00e1mite del incidente, en especial, porque su decisi\u00f3n de inactivar los servicios de salud al tutelante -12 a\u00f1os despu\u00e9s de venir cumpliendo el fallo constitucional anterior- fue objeto de una sentencia de tutela que acept\u00f3 dicho proceder y que tiene fuerza vinculante, sumado a que una nueva E.P.S. asumi\u00f3, en 2018, la atenci\u00f3n m\u00e9dica echada de menos. <\/p>\n
4.2. Estudiadas las alegaciones de la parte, considera la Sala que, bajo las circunstancias descritas, no es posible mantener la sanci\u00f3n de desacato objeto de consulta y, por tanto, se revocar\u00e1. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
De conformidad con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
PRIMERO. REVOCAR la sanci\u00f3n impuesta el 12 de agosto de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en el tr\u00e1mite del desacato de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. Por secretar\u00eda, comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y devu\u00e9lvase las presentes diligencias al Despacho de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n