ATC1258-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1258-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2022-00224-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de agosto dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 13 de julio de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, que deneg\u00f3 el amparo reclamado en nombre de la Asociaci\u00f3n de Usuarios del Distrito de Adecuaci\u00f3n de Tierras de Gran Escala del Rio Salda\u00f1a USOSALDA\u00d1A contra Juzgado Primero Civil del Circuito del Guamo y Rosa Helena Lozano Castro, si no fuera porque se observa que en la tramitaci\u00f3n surtida en la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como entrar\u00e1 a analizarse. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad, presuntamente conculcados por la autoridad accionada en el proceso ejecutivo seguido a continuaci\u00f3n del juicio ordinario laboral de radicado 733193103001201200196, que adelanta Francisco Javier Marulanda Ocampo en su contra. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establece que el Juzgado accionado libr\u00f3 mandamiento del pago el 22 de abril de 20221, por la suma de $1\u00b4494.668.571, en ejecuci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 13 de diciembre de 20162, por estar reunidas las exigencias previstas en el C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. <\/p>\n
2.1. Dicho mandamiento fue recurrido por la ejecutante en reposici\u00f3n y, en subsidio, en apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. El 6 de mayo de 2022, el apoderado de la aqu\u00ed accionante alleg\u00f3 comprobantes de pago por valor de $1.222.276.571 y de $94.746.668 y solicit\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
2.3. Por auto del 17 de mayo de 2022 se dispuso no reponer el mandamiento de pago, conceder la alzada y denegar la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
2.4. El 15 de junio de 2022, la pasiva present\u00f3 comprobante de un nuevo pago y, el 22 de junio siguiente, alleg\u00f3 memorial con referencia \u00abLEVANTAMIENTO MEDIDAS CAUTELARES\u00bb en el que inform\u00f3 que hab\u00eda cancelado la totalidad de lo ordenado. <\/p>\n
2.5. En respuesta, el Juzgado emiti\u00f3 auto del 29 de junio de 2022, en el que advirti\u00f3 que \u00abhasta el momento no se ha allegado al proceso solicitud proveniente de ninguna de las partes reclamando el levantamiento de las medidas cautelares con ocasi\u00f3n de alguna de las causales legalmente estipuladas en el art\u00edculo 597\u00bb y que no se evidenciaban motivos para levantarlas oficiosamente, como quiera que el proceso no se encontraba terminado. <\/p>\n
2.7. La actora pidi\u00f3, conforme a lo relatado, que se ordene al Juzgado desembargar los recursos y a la abogada accionada remitir la constancia del pago realizado e indicar por qu\u00e9 no lo ha informado al despacho encargado como lo dispone el art\u00edculo 597 del CGP. <\/p>\n
3. El 29 de junio de 2022, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 admiti\u00f3 la tutela y, el 13 de julio siguiente, neg\u00f3 la salvaguarda pretendida, por no cumplir con el presupuesto de la subsidiariedad. Esta decisi\u00f3n fue impugnada por la accionante. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Los antecedentes referidos dan cuenta de la falta de competencia de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, para resolver en primera instancia esta acci\u00f3n constitucional, puesto que las pretensiones de la accionante se encuentran ligadas a las decisiones y presuntas omisiones del Juzgado Civil del Circuito de Guamo, con conocimiento de asuntos laborales, en el proceso ejecutivo propuesto a continuaci\u00f3n del juicio declarativo laboral referenciado. <\/p>\n
De lo allegado se destaca que del proceso ordinario laboral empez\u00f3 conociendo el Juzgado Laboral adjunto al Juzgado Primero Civil del Circuito de Guamo y, con posterioridad, el mencionado Juzgado Civil continu\u00f3 el tr\u00e1mite hasta la emisi\u00f3n de la correspondiente sentencia y luego avoc\u00f3 el conocimiento del proceso ejecutivo laboral ahora censurado. Igualmente, se resalta que, tanto en el proceso primigenio como en el compulsivo, ha asumido conocimiento como superior funcional la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
2. En ese orden, la competencia en primera instancia para conocer de esta acci\u00f3n constitucional recae en la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Ibagu\u00e9, por tratarse de un litigio ejecutivo de esa especialidad y en raz\u00f3n a que las normas de reparto, contenidas en el Decreto 333 de 2021, atribuyen el conocimiento de las tutelas interpuestas contra los jueces a la autoridad judicial que, para el caso concreto, act\u00fae como su superior funcional, calidad no corresponde ni ha sido ejercida en el sub examine por la Sala Civil Familia de dicha Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2.1. Al respecto, esta Colegiatura ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u2018nula\u2019, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u2018improrrogable, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. CSJ ATC2521-2016, reiterado en CSJ ATC903-2022. <\/p>\n
2.2. A su vez, en un asunto similar, se estableci\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
advierte la Sala la falta de competencia de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, para resolver en primera instancia esta acci\u00f3n constitucional, puesto que no puede perderse de vista que las pretensiones del accionante se encuentran ligadas a las determinaciones adoptadas por el Juzgado Civil del Circuito de Purificaci\u00f3n, con conocimiento de asuntos laborales, el 3 de junio de 2022 en el proceso ejecutivo No. 2011-00120 propuesto a continuaci\u00f3n del juicio declarativo laboral, al que se le dio el tr\u00e1mite dispuesto en el C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social\u2026 <\/p>\n
En ese orden, si el actor se queja de una decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado accionado en conocimiento de un asunto laboral, no cabe duda que la competencia en primera instancia para conocer de esta acci\u00f3n constitucional recae en la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, por ser su superior funcional, que no en la Sala Civil Familia de esa misma Corporaci\u00f3n, por tratarse de un litigio ajeno a la materia a la que se limita su conocimiento. CSJ ATC1098-2022. <\/p>\n
3. De acuerdo con lo discurrido, se invalidara\u0301 toda la actuaci\u00f3n surtida en la acci\u00f3n de tutela de la referencia y se ordenar\u00e1 la remisi\u00f3n del asunto a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, para que asuma su conocimiento en primera instancia. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil resuelve: <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de todo lo actuado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 en el asunto de la referencia, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO. ORDENAR que por Secretar\u00eda se remita el expediente de forma inmediata a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, para que asuma el conocimiento del asunto en primera instancia, seg\u00fan corresponda. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a la Sala del Tribunal que conoci\u00f3 en primera instancia y a las partes e intervinientes y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Documento 003, C4 Ejecutivo, 04 Ejecutivo, expediente 2012-0019600. <\/p>\n
<\/p>\n
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ATC1258-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente ATC1258-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2022-00224-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de agosto dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-65875","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65875","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65875"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65875\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65875"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65875"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65875"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}