ATC1264-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1264-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2022-00154-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 21 de julio de 2022 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u00c1lvaro Jos\u00e9 Soto Galv\u00e1n contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Monter\u00eda; si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad acusada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al estrado accionado \u00abrevocar el auto de fecha 25 de febrero de 2022 y continuar con las diferentes etapas del proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. El proceso ejecutivo que el aqu\u00ed accionante promovi\u00f3 contra Ana Mar\u00eda Mazo Herrera y Yonadis Patricia Herrera Herazo, tramitado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Monter\u00eda, se fund\u00f3 en un pagar\u00e9 suscrito por \u00e9stas, donde se indic\u00f3 la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico joseluis_gaviria@hotmail.com, a donde aquel el 15 de julio de 2021 les envi\u00f3 mensaje para notificarlas de la admisi\u00f3n de la demanda en su contra, de manera que, tras recibir confirmaci\u00f3n de lectura, se solicit\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, a lo cual accedi\u00f3 el estrado cognoscente el 16 de febrero del presente a\u00f1o, prove\u00eddo donde adem\u00e1s se tuvo por notificadas a las ejecutadas y adem\u00e1s no se reconoci\u00f3 personer\u00eda al apoderado designado por \u00e9stas. <\/p>\n
2.2. El 25 de febrero siguiente el juzgado, tras omitir por carencia de objeto el \u00abrecurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n\u00bb presentado por las ejecutadas contra la precitada decisi\u00f3n, declar\u00f3 de oficio la ilegalidad de lo actuado desde el tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n del mandamiento de pago, prove\u00eddo que, no obstante, el aqu\u00ed accionante solicit\u00f3 reponer y en subsidio apel\u00f3, fue mantenido el 26 de abril postrero, neg\u00e1ndose la alzada, \u00faltima determinaci\u00f3n que el gestor atac\u00f3 mediante reposici\u00f3n y en subsidio queja, pero fue sostenida el 18 de mayo pasado, concedi\u00e9ndose el mecanismo subsidiario, el cual fue decidido el 30 de junio de los corrientes por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda, declarando bien denegado el recurso vertical contra el auto de 25 de febrero de 2022. <\/p>\n
2.3. En compendio cuestiona el promotor que no se haya tenido como v\u00e1lida para notificaci\u00f3n de las demandadas, la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico que \u00e9stas plasmaron en el pagar\u00e9 sustento de la ejecuci\u00f3n; que tal decisi\u00f3n se haya tomado declarando la ilegalidad del auto con que se orden\u00f3 seguir adelante el cobro, ante la simple manifestaci\u00f3n de \u00e9stas de tener otras direcciones aptas para su enteramiento y; que no se indic\u00f3 en la demanda dicho canal para el enteramiento, debido a un error al utilizarse un formato donde se indicaba desconocer informaci\u00f3n de los demandados. <\/p>\n
3. El 12 de julio anterior, la Sala Civil \u2013 Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la presente acci\u00f3n supralegal y, posteriormente, neg\u00f3 el resguardo tras considerar que el estrado acusado actu\u00f3 acorde con el procedimiento aplicable, tras establecer que no se logr\u00f3 demostrar que el correo electr\u00f3nico donde se tuvo por notificadas a las ejecutadas, pertenezca a \u00e9stas, m\u00e1xime cuando existe una denuncia penal por falsedad. <\/p>\n
4. El anterior fallo fue impugnado por el tutelante, manifestando que no siempre es ajustado a derecho que se declare la ilegalidad de una actuaci\u00f3n judicial, cuando, como en este caso, se invalida una notificaci\u00f3n surtida en una direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico que las deudoras voluntariamente consintieron en informar en el \u00abcontrato\u00bb, sin que a \u00e9l le corresponda probar que efectivamente corresponde a \u00e9stas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Del relato f\u00e1ctico expuesto en el escrito de amparo se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues con el auxilio constitucional se pretende dejar sin efecto la decisi\u00f3n del Juzgado Primero Civil del Circuito de Moner\u00eda de declarar la ilegalidad de varias actuaciones de la ejecuci\u00f3n cuestionada, cuya apelaci\u00f3n fue declarada bien denegada en sede queja por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del mismo Distrito Judicial, pues, en sentir del quejoso, lo all\u00ed ordenado conllev\u00f3 invalidar la notificaci\u00f3n de las convocadas dentro de dicha actuaci\u00f3n, situaci\u00f3n que quebranta sus garant\u00edas de primer grado, pues, alega, no solo se desconoci\u00f3 que la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico donde se efectu\u00f3 el enteramiento corresponde a la informada por las ejecutadas en el t\u00edtulo base del cobro, sino adem\u00e1s, en la pr\u00e1ctica, la anotada declaraci\u00f3n de ilegalidad implic\u00f3 la nulidad del tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n, lo que hac\u00eda a esa decisi\u00f3n apelable. <\/p>\n
Visto lo anterior, sin duda, involucra al Colegiado, por lo que deb\u00eda ser vinculado por pasiva, lo que imped\u00eda que resolviera v\u00e1lidamente la salvaguarda, debiendo conocer, entonces, de la acci\u00f3n de tutela, en primera instancia la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n, conforme a lo previsto en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021 -vigente para el momento de la interposici\u00f3n de la presente solicitud de amparo). <\/p>\n
En un caso de similares contornos, la Sala dijo que: <\/p>\n
No obstante que la acci\u00f3n va dirigida contra el estrado que conoce del proceso\u2026memorado en primer grado, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta se pronunci\u00f3 en ese asunto \u2026Por ello, no queda duda alguna que los supuestos sobre los cuales se cimienta la reclamaci\u00f3n comprenden tanto al funcionario del circuito como a su superior funcional, en la medida en que \u00e9ste \u00faltimo Cuerpo Colegiado como se dijo tuvo injerencia en el caso ahora debatido al decidir la suerte de la alzada propuesta por la demandante (CSJ ATC, 7 jun 2012, rad. 00066-01; reiterado en ATC438-2015, 7 feb. 2015, rad. 02190-01). <\/p>\n
2. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01). <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja a la Presidencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte, para que sea asignada de acuerdo con el reparto, por ser la competente para resolver, en primera instancia, el reclamo constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala Civil \u2013 Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Monter\u00eda en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, remitir de inmediato el expediente a la Secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n para que efect\u00fae el reparto respectivo, tendiente a que se imprima el tr\u00e1mite de rigor. <\/p>\n
3. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abart\u00edculo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3] <\/p>\n
1 <\/p>\n
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