ATC1269-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1269-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000\u20132022-00329-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C, veinticinco (25) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
1. Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena el 25 de julio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Samuel Cuellar Quevedo contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito y la Secretar\u00eda de Hacienda de la aludida localidad; la Corte advierte que el fallador de primera instancia incurri\u00f3 en un yerro que configura la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a estas tramitaciones por remisi\u00f3n del art\u00edculo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015 (que contiene el canon 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991). <\/p>\n
2. V\u00e9ase que, en este asunto, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido por la negativa del fallador accionado a rematar los derechos de cuota que la demandada del proceso ejecutivo por \u00e9l promovido en el a\u00f1o 2005, tiene sobre un inmueble ubicado en Cartagena; esto, so pretexto de la prevalencia de un embargo que respecto del mismo predio ya hab\u00eda decretado con anterioridad la Secretar\u00eda de Hacienda en un juicio de cobro coactivo iniciado desde el a\u00f1o 2009 y que hasta la fecha permanece indefinido. <\/p>\n
En consecuencia, pidi\u00f3 que se ordene \u00aba la Secretar\u00eda de Hacienda- Rentas y Tesorer\u00eda del Municipio de Cartagena (\u2026) fijar fecha y hora para el remate del predio (\u2026) o, en defecto a lo anterior, ORDENAR al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena, continuar el proceso ejecutivo que orden\u00f3 suspender desde el a\u00f1o 2018 y proceda a fijar fecha y hora para surtir el remate\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena asumi\u00f3 conocimiento de las diligencias y, en sentencia del pasado 25 de julio, concedi\u00f3 el amparo y, en consecuencia, orden\u00f3 al juzgador convocado \u00abque en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, declare sin valor ni efecto el auto de 15 de noviembre de 2018, dentro del proceso ejecutivo con radicado 2005-028 y, en su lugar, d\u00e9 continuidad a dicho proceso hasta su remate, con acatamiento de todos los requisitos de ley y con aplicaci\u00f3n de lo preceptuado en el art\u00edculo 465 del CGP\u00bb. <\/p>\n
4. El precitado fallo fue impugnado por Mar\u00eda Elena Succar Chediac (ejecutada en el juicio civil materia de las pretensiones), quien insisti\u00f3 en que, ante la prexistencia de un embargo dispuesto por la jurisdicci\u00f3n coactiva, no era viable registrar la medida cautelar decretada posteriormente por el juez civil, a lo que agreg\u00f3 que \u00abcon fecha 3 de octubre de 2019 mi representada expuso esta irregularidad a la oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cartagena, en virtud de lo cual se inici\u00f3 actuaci\u00f3n administrativa para establecer la real situaci\u00f3n jur\u00eddica del folio de matr\u00edcula No. 060-150317, la cual a la fecha no se ha resuelto\u00bb. <\/p>\n
5. A partir de lo anterior, advierte la Corte que en este asunto resulta necesaria la vinculaci\u00f3n de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cartagena, en consideraci\u00f3n a que ante dicha entidad se adelanta actualmente una actuaci\u00f3n administrativa orientada a dejar sin efecto el registro del embargo decretado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la aludida localidad en la ejecuci\u00f3n sobre la que ac\u00e1 se discute; tr\u00e1mite aquel cuyas resultas pueden incidir significativamente en la suerte de esta actuaci\u00f3n, en tanto que la referida cautela fue justamente la que la magistratura de primer grado orden\u00f3 materializar a trav\u00e9s de la diligencia de remate para cuya celebraci\u00f3n se apremi\u00f3 al juez querellado en la sentencia de tutela de primera instancia. <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 5\u00ba del Decreto 306 de 1992 establece: \u00ab[d]e conformidad con el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 todas las providencias que se dicten en el tr\u00e1mite de una acci\u00f3n de tutela se deber\u00e1n notificar a las partes o a los intervinientes. Para este efecto son partes la persona que ejerce la acci\u00f3n de tutela y el particular, la entidad o autoridad p\u00fablica contra la cual se dirige la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 13 del Decreto 2591 de 1991\u00bb, y a\u00f1ade que \u00ab[e]l juez velar\u00e1 porque de acuerdo con las circunstancias, el medio y la oportunidad de la notificaci\u00f3n aseguren la eficacia de la misma y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa\u00bb. <\/p>\n
Sobre la necesidad de notificar la iniciaci\u00f3n del auxilio a todos los directamente interesados en sus resultas, la jurisprudencia constitucional ha destacado que dicho acto: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) constituye un elemento estructural del derecho fundamental al debido proceso, en cuanto que, por su intermedio, m\u00e1s que pretender formalizar la comunicaci\u00f3n del inicio, desarrollo o agotamiento de una determinada actuaci\u00f3n procesal, lo que busca es asegurar la legalidad de las determinaciones que se adopten al interior de la misma, permitiendo que los distintos sujetos procesales puedan ejercer los derechos de defensa, contradicci\u00f3n e impugnaci\u00f3n, utilizando oportunamente los instrumentos o mecanismos de defensa que se hayan previsto para la protecci\u00f3n de sus intereses. <\/p>\n
(\u2026) Conforme con ello, ha puntualizado este Tribunal que recae en las autoridades judiciales o administrativas, la obligaci\u00f3n de notificar o comunicar sus decisiones no solo a las partes, sino tambi\u00e9n a los terceros que tengan un inter\u00e9s jur\u00eddico en ellas, pues unos y otros son titulares del derecho al debido proceso y, por tanto, a todos se les debe brindar la oportunidad de expresar sus opiniones, de presentar y controvertir las pruebas allegadas en su contra, y de recurrir, a trav\u00e9s de los recursos previamente instituidos, las decisiones adoptas que le sean contrarias. <\/p>\n
(\u2026) Trat\u00e1ndose de la acci\u00f3n de tutela, la Corte ha dejado sentado que la garant\u00eda constitucional de la publicidad del proceso, materializada en el acto de notificaci\u00f3n de las decisiones judiciales, tanto a las partes como a los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo, mantiene plena vigencia, e incluso adquiere mayor relevancia, debido a que en ella se debate la protecci\u00f3n constitucional derivada de la amenaza o vulneraci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales\u00bb (CC A-364\/10). <\/p>\n
Ahora, sobre la consecuencia jur\u00eddica por omitir esa gesti\u00f3n, de vieja data precis\u00f3 que: \u00abla falta de notificaci\u00f3n a la parte demandada y la falta de citaci\u00f3n de los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo en el proceso de tutela, genera una nulidad saneable de toda la actuaci\u00f3n surtida, en aras de lograr con ello el respeto y la garant\u00eda de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa judicial, al igual que la plena vigencia del principio de publicidad de las actuaciones de las autoridades del Estado\u00bb (CC A-054\/06). <\/p>\n
7. En este orden, atendiendo las disposiciones legales y los precedentes jurisprudenciales anteriormente referidos, con observancia en los incisos 2\u00ba y 3\u00ba del art\u00edculo 138 del estatuto adjetivo, que tratan sobre los efectos de la nulidad declarada y la renovaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n, se invalidar\u00e1 la sentencia de primera instancia, en tanto es el \u00fanico acto procesal que puede calificarse como \u00abposterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por este\u00bb, lo cual supone la conservaci\u00f3n de la eficacia de los dem\u00e1s sucesos procesales previos y del acervo probatorio en los t\u00e9rminos de ley. <\/p>\n
En consecuencia, se le ordenar\u00e1 a la corporaci\u00f3n a-quo, notificar en debida forma a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cartagena para que, si a bien lo tiene, ejerza sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n frente a la presente querella constitucional, y una vez cumplida esa actuaci\u00f3n, emita nuevo pronunciamiento que defina la instancia a su cargo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena el 25 de julio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela de la referencia, a fin de que se corrija la irregularidad advertida. <\/p>\n
SEGUNDO: Devolver el expediente al tribunal de origen para que renueve la tramitaci\u00f3n invalidada, atendiendo lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por medio id\u00f3neo y librar las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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