ATC1287-2022<\/p>\n
<\/p>\n
ATC1287-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2022-00265-01 <\/p>\n
1.- En el asunto de la referencia, la Sala rechaz\u00f3 de plano la petici\u00f3n de \u00abnulidad\u00bb formulada por Gilberto Castro Rojas contra la sentencia STC8889-2022 (14 jul.) y neg\u00f3 la solicitud de adici\u00f3n reclamada por aquel respecto del aludido fallo (ATC1131-2022, 4 ag.); decisi\u00f3n que el precursor controvirti\u00f3 a trav\u00e9s del recurso de \u00abapelaci\u00f3n\u00bb, que fue \u00abrechazado de plano\u00bb (ATC1196-2022, 16 ag.). <\/p>\n
2.- Contra la \u00faltima determinaci\u00f3n, Castro Rojas interpuso \u00abreposici\u00f3n y, en subsidio queja\u00bb, en atenci\u00f3n a que: a) La resoluci\u00f3n cuestionada se fundament\u00f3 en los c\u00e1nones 31, 33 y el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, no aplicables a la \u00abpetici\u00f3n de nulidad\u00bb, en tanto \u00abse refieren al fallo o sentencia de la acci\u00f3n de tutela y no a los incidentes de nulidad\u00bb y, b) La alzada resultaba viable, debido a que el numeral 5\u00ba del precepto 321 del C\u00f3digo General del Proceso establece que dicho instrumento procede contra los autos que \u00abrechazan de plano un incidente, as\u00ed como el que niegue el tr\u00e1mite de una nulidad procesal\u00bb, como sucede en el sub judice. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se advierte que el recurso de \u00abreposici\u00f3n y, en subsidio queja\u00bb que promovi\u00f3 el accionante frente al prove\u00eddo de 16 de agosto de 2022, es improcedente en este escenario tutelar, como quiera que, en lo pertinente, esta Sala ha predicado, que <\/p>\n
(\u2026) dentro del particular procedimiento de la acci\u00f3n de tutela \u00fanicamente est\u00e1n previstos como medios de controversia o de control de las decisiones judiciales, la impugnaci\u00f3n de la sentencia de primera instancia, la eventual revisi\u00f3n de la misma y de la dictada en segundo grado, y la consulta para la providencia que impone sanciones por desacato a lo ordenado por el juez constitucional, seg\u00fan se infiere inequ\u00edvocamente de los art\u00edculos 31, 33 y 52, inciso 2\u00b0, del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la aludida salvaguarda (\u2026). ATC7767-2017. <\/p>\n
En consecuencia, se rechazar\u00e1n de plano los citados recursos. <\/p>\n
2. Aunado a lo anterior, en punto al marco normativo que regula el particular procedimiento de la guarda superlativa, se resalta que esta Corporaci\u00f3n discurri\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) no es admisible que en todas las situaciones para las cuales no existe norma expresa en la regulaci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n constitucional (Decreto 2591 de 1991) se apliquen por analog\u00eda (\u2026) el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Sobre este tema la Corte Constitucional ha expresado: <\/p>\n
\u201c2. Habida consideraci\u00f3n de que a la tutela sobre los derechos fundamentales concierne un tr\u00e1mite que por ministerio de lo dispuesto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica ha de ser preferente y sumario, es apenas obvio que la decisi\u00f3n definitiva sobre la protecci\u00f3n de un derecho fundamental cuando se estima que \u00e9l ha sido violado o se encuentra amenazado de inminente vulneraci\u00f3n, ha de quedar en firme a la mayor brevedad posible. <\/p>\n
\u201cPor ello, el tr\u00e1mite de esta acci\u00f3n es, conforme a su regulaci\u00f3n por el Decreto 2591 de 1991 desprovisto de las formalidades propias de los procesos que se adelantan ante las distintas ramas de la jurisdicci\u00f3n del Estado. <\/p>\n
\u201cEllo significa, entonces, que no resulta admisible extender por analog\u00eda todas las normas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, pues de esa manera podr\u00eda darse a la misma un tratamiento similar al de cualquier proceso civil, pese a que la Constituci\u00f3n exige para ella un procedimiento \u201csumario\u201d, esto es simplificado, breve, donde no es posible ni la admisi\u00f3n de todos los incidentes que si lo ser\u00edan en un proceso civil o en un proceso contencioso administrativo, como tampoco son de recibo los recursos no expresamente previstos en el Decreto 2591 de 1991, ni en el Decreto 2067 del mismo a\u00f1o, el primero de los cuales establece el procedimiento a que ha de sujetarse la acci\u00f3n de tutela, en tanto que el segundo lo concerniente a los procesos de que conoce la Corte cuando ejerce las atribuciones que le asigna el art\u00edculo 241 de la Carta.\u201d (ATC051-2022, 26 en). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En virtud de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, RECHAZA DE PLANO por improcedentes los recursos de reposici\u00f3n y, en subsidio queja\u00bb interpuesto por Gilberto Castro Rojas contra el interlocutorio de 16 de agosto de 2022 (ATC1196-2022). <\/p>\n
Comun\u00edquesele a los interesados por el medio m\u00e1s expedito. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
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