ATC1296-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1296-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2022-00739-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 9 de junio de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n Civil, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Andrea Granados Gallego contra el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Villavicencio y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad; sino fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, en calidad de Juez Segunda Penal Municipal de Villavicencio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas al trabajo, dignidad humana, igualdad, salud, familia y \u00abdescanso\u00bb, que aduce vulneradas por las autoridades querelladas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se ordene a las autoridades convocadas \u00abinicien las acciones pertinentes en aras de garantizar la provisi\u00f3n de los recursos y proceda a expedir el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal que se requiere para que a su vez el Tribunal\u2026 conceda [sus] vacaciones remuneradas a que por ley t[iene] derecho\u00bb. <\/p>\n
2.1. La accionante, en calidad de Juez Segunda Penal Municipal de Villavicencio, tras pertenecer al r\u00e9gimen de vacaciones individuales, el 25 de abril de 2022 solicit\u00f3 al Tribunal de esa ciudad, se le concediera la vacancia comprendida entre el 1\u00b0 de octubre de 2019 a 30 de septiembre de 2020, las cuales ya estaban causadas y vencidas. <\/p>\n
2.2. Con oficio DESAJVIO22-515 de 29 de abril de 2022 la Coordinadora de Ejecuci\u00f3n Presupuestal de la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Villavicencio expide el certificado de disponibilidad presupuestal con vigencia fiscal de 2022, pero advierte que \u00abno existe disponibilidad presupuestal de la presente vigencia fiscal en esta Seccional, para atender la remuneraci\u00f3n de reemplazo por estas vacaciones\u00bb, raz\u00f3n por la que con oficio TSVSG22-334 de 5 de mayo de 2022 el Tribunal neg\u00f3 las vacaciones, comoquiera que, no se expidi\u00f3 el CDP para atender la remuneraci\u00f3n de su reemplazo. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela se duele la quejosa, en s\u00edntesis, de las decisiones referidas a espacio, pues, en su sentir, las autoridades querelladas \u00abest\u00e1n desacatando lo dispuesto en la Circular PSAC11-44 de noviembre 23 de 2011, como quiera que all\u00ed se permite que se soliciten rubros para el reemplazo de vacaciones de los funcionarios judiciales (Magistrados y Jueces) de r\u00e9gimen de vacaciones individuales, que entran a periodos de vacaciones\u00bb. <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que a jueces del mismo distrito judicial, que est\u00e1n en su misma condici\u00f3n de vacaciones les fue expedido el certificado de disponibilidad presupuestal, por lo que, a su parecer, se quebranta el derecho a la igualdad; adem\u00e1s, ya tiene otro periodo de vacaciones que se cumplir\u00e1 en septiembre de estas calendas, lo que implica que complementar\u00e1 2 a\u00f1os sin poder disfrutar de un descanso remunerado, as\u00ed como tampoco de poder disfrutar de un periodo vacaciones con su menor hijo. <\/p>\n
3. El a quo constitucional concedi\u00f3 el amparo al considerar que a la accionante se le est\u00e1 vulnerando el derecho al descanso con fundamento en restricciones administrativas, garant\u00eda que no puede ser trasgredida en funci\u00f3n del servicio, ni sujetar su concesi\u00f3n a la existencia de disponibilidad presupuestal para designar un servidor de reemplazo durante el receso, por lo que dej\u00f3 sin efecto la decisi\u00f3n emitida el 4 de mayo de 2022 por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Villavicencio, para que, en su lugar, dentro de los 5 d\u00edas h\u00e1biles siguientes \u00abproceda a emitir el acto administrativo mediante el cual las conceda, acorde con lo se\u00f1alado en este fallo\u00bb; asimismo, ordenar a la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial de Villavicencio que, una vez tenga conocimiento del precitado acto administrativo y dentro de los 5 d\u00edas siguientes a ello \u00abexpida el correspondiente certificado presupuestal para el nombramiento de quien habr\u00e1 de reemplazar, en provisionalidad, a la titular del Juzgado 2\u00b0 Penal Municipal de esa ciudad, por el periodo de vacaciones concedido por el tribunal\u00bb. <\/p>\n
4. El Abogado de la Divisi\u00f3n Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial (Nivel Central) impugn\u00f3 la referida orden, al considerar que dicha autoridad carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, toda vez que no tiene la condici\u00f3n de nominador de la accionante, ni de ente pagador para conceder o negarle las vacaciones solicitadas. <\/p>\n
Por su parte, la Coordinadora del \u00c1rea de Asistencia Legal de la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Villavicencio opugn\u00f3 el fallo constitucional, al considerar que no vulner\u00f3 las garant\u00edas de primero grado, comoquiera que, dio estricto cumplimiento a lo establecido en la circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011, adem\u00e1s, no pod\u00eda tomar la decisi\u00f3n de expedir un reemplazo para sus vacaciones, ya que la competencia radica sobre el nominador de este caso, al presidente del Tribunal Superior de esa ciudad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del relato f\u00e1ctico expuesto en la demanda de amparo, se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues la actuaci\u00f3n surtida se encuentra viciada de nulidad, en la medida en que el a quo constitucional carec\u00eda de aquella para tramitarla en primer grado. <\/p>\n
En efecto, verificado el plenario, da cuenta que Andrea Granados Gallego funge actualmente como funcionaria judicial perteneciente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, esto, por cuanto en la presente petici\u00f3n de amparo act\u00faa como Juez en propiedad, debidamente nombrada en el Juzgado Segundo Penal Municipal de Villavicencio; de ah\u00ed que, no cabe duda que la promotora, se insiste, es empleada judicial de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
Ahora, al presente ruego constitucional le resultan aplicables los par\u00e1metros establecidos en el Decreto 333 de 6 de abril de 2021 -por el cual se modifican los art\u00edculos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5. del Decreto 1069 de 2015-, en el que se determin\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
6. Las acciones de tutela dirigidas contra los Consejo Seccionales de la Judicatura y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
8. Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas para su conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto. <\/p>\n
Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, y cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n ordinaria. En los dem\u00e1s casos de tutelas promovidas por funcionarios o empleados judiciales, las acciones de tutela ser\u00e1n conocidas por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado. (subrayas y negrillas fuera de texto). <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
11. Cuando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra m\u00e1s de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 al juez de mayor jerarqu\u00eda, de conformidad con las reglas establecidas en el presente art\u00edculo. <\/p>\n
2. En el sub examine, se tiene que, adem\u00e1s de que, como qued\u00f3 visto, la accionante es funcionaria judicial perteneciente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, la queja constitucional se dirigi\u00f3 contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta y la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Villavicencio, por cuanto pide se emita el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal para nombrar su reemplazo y, en consecuencia se ordene el disfrute de su periodo vacacional causado entre el 1\u00b0 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020. <\/p>\n
2.1. As\u00ed las cosas, advierte la Sala que las pretensiones de la gestora involucran al Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, comoquiera que, a voces del art\u00edculo 103 de la Ley 270 de 1996, los \u00abDirector[es] Seccional[es] de la Rama Judicial\u00bb ejercen sus funciones \u00aben el \u00e1mbito de su jurisdicci\u00f3n y conforme a las \u00f3rdenes, directrices y orientaciones del Director Ejecutivo Nacional de la Administraci\u00f3n Judicial\u00bb, disposici\u00f3n que compagina con el canon 98 de la misma norma, que a su turno define a la precitada Direcci\u00f3n Ejecutiva Nacional como \u00abel \u00f3rgano t\u00e9cnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecuci\u00f3n de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeci\u00f3n a las pol\u00edticas y decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura\u2026\u00bb (subrayado ajeno al texto). <\/p>\n
Debido a ello, se concluye que, si bien la solicitud de protecci\u00f3n constitucional fue dirigida, ente otros, frente a la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Villavicencio, lo all\u00ed esgrimido se hace extensivo al Consejo Superior de la Judicatura – Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, atendiendo la relaci\u00f3n funcional de tales entes. <\/p>\n
Luego, atendiendo a la naturaleza jur\u00eddica de las entidades convocadas y, adem\u00e1s, que quien instaur\u00f3 la acci\u00f3n de tutela ostenta la condici\u00f3n de funcionaria judicial, perteneciente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, r\u00e1pidamente se avizora que la competencia para conocer de la demanda de amparo ha de recaer, en primera instancia, en el Consejo de Estado, acorde con la regla trazada en el memorado numeral 8\u00ba (inciso 2\u00b0) del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021). <\/p>\n
3. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992.2 (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
4. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el decreto 1983 de 2017, aplicable a las normas establecidas en el decreto 333 de 2021, por su gran similitud, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC472-2018, 15 feb., rad. 2017-01316-01). <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 el env\u00edo de la queja constitucional al Consejo de Estado, por ser la autoridad competente para resolver el reclamo tutelar. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo decantado, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad del fallo dictado el 9 de junio de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de todo lo actuado, salvo aquella decisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, se ordena remitir de inmediato el expediente al Consejo de Estado, por ser el llamado a conocer de esta solicitud de amparo. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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ATC1296-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC1296-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2022-00739-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-65896","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65896","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65896"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65896\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65896"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65896"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65896"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}