ATC1297-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1297-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-03-000-2022-00422-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n que se interpuso frente al fallo proferido el 27 de julio de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Jairo Gabriel Montoya Hern\u00e1ndez contra la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales del Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio; si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, trabajo y \u00abreconocimiento de la personalidad jur\u00eddica\u00bb, que dice conculcado por la autoridad accionada, por lo que pidi\u00f3 \u00absuspender la prohibici\u00f3n de la superintendencia de Industria y Comercio respecto del trabajar y hacer uso del nombre art\u00edstico \u201clos ayer\u2019s\u201d\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Leoncio Echeverri Guti\u00e9rrez promovi\u00f3 acci\u00f3n por infracci\u00f3n de derechos de propiedad industrial contra Jairo Gabriel Montoya Hern\u00e1ndez, H\u00e9ctor Jaramillo, William Bernal, Carlos L\u00f3pez y Juan Carlos Gaviria, que fue admitida con auto de 27 de diciembre de 2019. <\/p>\n
2.2. De otro lado, mediante prove\u00eddo del 26 de noviembre de 2021, se decretaron cautelas en favor del demandante, por lo que se orden\u00f3 a Jairo Gabriel Montoya Hern\u00e1ndez y a H\u00e9ctor Jaramillo \u00abque cesen de manera inmediata el uso del signo LOS AYER\u00b4S o cualquier otro similar al registro del accionante, por cualquier medio f\u00edsico o digital para promocionar, comercializar, identificar y\/o prestar servicios de presentaciones musicales, sean estos conciertos p\u00fablicos o shows privados\u00bb, as\u00ed como tambi\u00e9n se les prohibi\u00f3 la utilizaci\u00f3n del referido signo \u00abpara su identificaci\u00f3n art\u00edstica en presentaciones musicales, entrevistas y\/o actividades asociadas a presentaciones musicales\u00bb; y, finalmente, se les orden\u00f3 \u00ababstenerse de anunciarse o identificar sus presentaciones musicales y redes sociales como \u201cLOS AYER\u00b4S\u201d o cualquier otro similar al registro del accionante\u00bb. <\/p>\n
2.3. Contra esa decisi\u00f3n Jairo Gabriel Montoya Hern\u00e1ndez interpuso reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, siendo desestimado el primero de esos recursos con prove\u00eddo del 27 de abril de los corrientes y, el segundo, a trav\u00e9s de providencia del 30 de junio de 2022, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que \u00abel\u2026 7 de\u2026 abril de\u2026 2022 interpuso ante la Superintendencia [accionada]\u2026 un recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n\u00bb; y que \u00aba la fecha [dicha] autoridad\u2026 no ha dado respuesta alguna al respecto\u00bb; as\u00ed como tambi\u00e9n que \u00abest\u00e1 pasando por momentos complicados en virtud de que la Superintendencia\u2026 le ha suspendido su derecho fundamental al trabajo\u00bb, comoquiera que \u00abse [le] ha prohibido trabajar y peor a\u00fan usar [su] propio nombre \u201clos ayer\u2019s\u201d seud\u00f3nimo que hace parte de [su] derecho\u2026 a [la] personalidad jur\u00eddica\u2026\u00bb; y que registr\u00f3 \u00abel nombre: \u201clos ayer\u2019s\u201d como su seud\u00f3nimo\u00bb, por lo que \u00abcomo artista\u2026 [puede] hacer uso de su seud\u00f3nimo y desarrollar liberum et jure\u2026 sus derechos\u2026\u00bb. <\/p>\n
3. Admitida la acci\u00f3n, presentada el 13 de julio pasado, se allegaron las siguientes respuestas: <\/p>\n
3.1. Leoncio Echeverri Guti\u00e9rrez defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n acusada. <\/p>\n
3.2. Carlos L\u00f3pez dijo conocer a \u00abJairo Montoya como cantante original de la agrupaci\u00f3n los ayer\u2019s, desde 1997, en todo su recorrido musical\u00bb. <\/p>\n
3.3. Luis Carlos Gaviria Jaramillo manifest\u00f3 que fue \u00abtestigo de registro del grupo los Ayer\u2019s en el a\u00f1o 1977 siendo\u2026 Jairo Montoya Hern\u00e1ndez quien lo registr\u00f3 como seud\u00f3nimo y fundador de dicho grupo\u2026\u00bb. <\/p>\n
3.4. La Superintendencia de Industria y Comercio precis\u00f3 que \u00absi bien el aqu\u00ed accionante alega poseer un derecho de propiedad intelectual, particularmente un derecho de autor y conexo, tales manifestaciones son propias del debate que se encuentra en curso\u00bb; y que, en todo caso, \u00ablas alegaciones respecto de la posible configuraci\u00f3n de un nombre comercial a partir de un seud\u00f3nimo fueron objeto de decisi\u00f3n en el auto que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n en contra de la decisi\u00f3n cautelar, ratificada en su integridad por el superior jer\u00e1rquico\u00bb. <\/p>\n
4. El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo, habida cuenta que \u00abno reviste caprichoso u arbitrario el tr\u00e1mite\u2026 impartido, pues como se observa la garant\u00eda cautelar resultaba procedente en tanto reun\u00eda los requisitos para su decreto\u2026 aunado a que el accionante si bien pod\u00eda verse afectado con su constituci\u00f3n, pudo presentar la respectiva cauci\u00f3n de levantamiento y as\u00ed frustrar los efectos de su decreto, empero, por el contrario, guard\u00f3 silencio\u2026\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n destac\u00f3 que \u00abel accionante no ha ejercido diligente su derecho de contradicci\u00f3n, en tanto guard\u00f3 silencio frente a la demanda, a pesar de estar debidamente notificado, y a su vez, no ha sido responsable en el cumplimiento de sus cargas, pues\u2026 tampoco compareci\u00f3 a la diligencia del pasado mes de junio y no formul\u00f3 recurso frente al auto que deneg\u00f3 la nulidad\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, manifest\u00f3 que no se desconoc\u00eda que \u00absi bien el accionante manifest\u00f3 que las medidas cautelares decretadas est\u00e1n afectando sus derechos, lo cierto es que, dicho supuesto f\u00e1ctico no reviste la fuerza necesaria para desplazar la subsidiariedad de la acci\u00f3n, m\u00e1xime cuando no se desprende de los hechos en los que fundamenta la acci\u00f3n la existencia de un perjuicio irremediable\u2026\u00bb. <\/p>\n
5. La anterior determinaci\u00f3n fue impugnada por el promotor, quien esgrimi\u00f3 que la Superintendencia accionada decret\u00f3 una medida cautelar, \u00abla cual\u2026 considera\u2026 violatoria de [sus] derechos fundamentales\u2026, raz\u00f3n por la cual se recurri\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela\u00bb; y, por lo dem\u00e1s, reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales. <\/p>\n
De otro lado, destac\u00f3 que no le fueron notificados los prove\u00eddos con los que la accionada resolvi\u00f3 sus recursos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del relato f\u00e1ctico expuesto en el escrito de amparo se concluye, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues el auxilio constitucional involucra, entre otras actuaciones, la decisi\u00f3n adoptada el 30 de junio de 2022, que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n que formul\u00f3 el quejoso contra el prove\u00eddo que decret\u00f3 las medidas cautelares que se criticaron por v\u00eda constitucional. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es claro que el reclamo involucra directamente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, toda vez que fue dicha sede judicial la que profiri\u00f3 el citado auto de 30 de junio de esta anualidad. <\/p>\n
Entonces, comoquiera que la supuesta v\u00eda de hecho en que se incurri\u00f3, seg\u00fan el tutelante, tuvo lugar, entre otras circunstancias, porque se vulneraron sus garant\u00edas fundamentales al haberse accedido al decreto de medidas cautelares que reclam\u00f3 su antagonista en el juicio criticado, es evidente que la queja constitucional involucra esa \u00faltima decisi\u00f3n (de 30 de junio de 2022), por lo que el referido colegiado deb\u00eda ser vinculado por pasiva, lo que imped\u00eda que el a quo resolviera v\u00e1lidamente la salvaguarda, debiendo conocer de la acci\u00f3n de tutela, en primera instancia, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n, conforme a lo previsto en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del decreto 1069 de 20151, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del decreto 333 de 2021. <\/p>\n
En un caso de similares contornos, la Sala dijo que: <\/p>\n
No obstante que la acci\u00f3n va dirigida contra el estrado que conoce del proceso\u2026memorado en primer grado, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta se pronunci\u00f3 en ese asunto \u2026Por ello, no queda duda alguna que los supuestos sobre los cuales se cimienta la reclamaci\u00f3n comprenden tanto al funcionario del circuito como a su superior funcional, en la medida en que \u00e9ste \u00faltimo Cuerpo Colegiado como se dijo tuvo injerencia en el caso ahora debatido al decidir la suerte de la alzada propuesta por la demandante (CSJ ATC, 7 jun 2012, rad. 00066-01; reiterado en ATC438-2015, 7 feb. 2015, rad. 02190-01). <\/p>\n
2. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo con el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo2, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
3. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, aplicable a las normas establecidas en el decreto 333 de 2021, por su gran similitud, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01). <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja a la Presidencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte, para que sea asignada de acuerdo con el reparto, por ser la competente para resolver, en primera instancia, el reclamo constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, remitir de inmediato el expediente a la Secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n para que efect\u00fae el reparto respectivo, tendiente a que se imprima el tr\u00e1mite de rigor. <\/p>\n
3. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abArt\u00edculo 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acci\u00f3n de tutela. Para los efectos previstos en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: (\u2026) 5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u2026\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 \u00abart\u00edculo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3] <\/p>\n
1 <\/p>\n
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