SC2496-2022 (2018-00119-01)<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-31-03-010-2018-00119-01 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
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SC2496-2022 <\/p>\n
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(Aprobada en sesi\u00f3n de siete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
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Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
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Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Zonia Yaneth Chac\u00f3n Bueno frente a la sentencia de 22 de septiembre de 2021, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso declarativo que adelant\u00f3 contra Reynaldo Plata S\u00e1nchez y Ana Mar\u00eda Remolina M\u00e1rquez. <\/p>\n
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1.-EL LITIGIO <\/p>\n
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1. La accionante, de conformidad con el escrito consolidado de subsanaci\u00f3n del libelo1, pidi\u00f3 declarar \u00absimulados absolutamente\u00bb los contratos por medio de los cuales H\u00e9ctor Plata S\u00e1nchez enajen\u00f3 a Reynaldo Plata S\u00e1nchez el inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 300-51560, seg\u00fan escritura p\u00fablica 1880 de 4 de mayo de 2017, aclarada por la 2172 de 23 de mayo de 2017, otorgadas ambas en la Notar\u00eda Quinta de Bucaramanga, y de los derechos de cuota del 50% del predio con matr\u00edcula 040-83647, por medio del instrumento 2064 de 17 de mayo de 2017, de la misma Notar\u00eda. <\/p>\n
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Como consecuencia de lo anterior, declarar \u00abineficaz la compraventa celebrada entre Reynaldo Plata S\u00e1nchez y Ana Mar\u00eda Remolina M\u00e1rquez\u00bb, respecto del \u00faltimo inmueble, que consta en la escritura p\u00fablica 1525 del 20 de junio de 2017 de la Notar\u00eda D\u00e9cima de Barranquilla, por tratarse de un acto \u00abposterior\u00bb al negocio simulado. <\/p>\n
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En compendio, destac\u00f3 que en el a\u00f1o 1990 inici\u00f3 con H\u00e9ctor Plata S\u00e1nchez una \u00abuni\u00f3n material de hecho\u00bb que perdur\u00f3 hasta el fallecimiento de este el 23 de mayo de 2017 y en la que consolidaron una \u00absociedad patrimonial\u00bb integrada, entre otros, por los bienes objeto de litigio. Con ocasi\u00f3n de la muerte de su compa\u00f1ero inici\u00f3 ante el Juzgado Octavo de Familia de Bucaramanga un proceso de \u00abexistencia de uni\u00f3n marital de hecho y posterior liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial de hecho\u00bb, admitido el 7 de febrero de 2018. <\/p>\n
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Al recopilar los documentos necesarios para dicho tr\u00e1mite tuvo conocimiento de las transferencias del dominio que discute, las cuales se hicieron d\u00edas antes del deceso del compa\u00f1ero permanente en favor de Reynaldo Plata S\u00e1nchez, quien era su hermano, as\u00ed como la posterior venta de una de las propiedades que este le hizo a Ana Mar\u00eda Remolina M\u00e1rquez, \u00abquien ten\u00eda pleno conocimiento de que el bien inmueble pertenec\u00eda a dichos compa\u00f1eros\u00bb. <\/p>\n
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Hasta ese momento nunca se enter\u00f3 de tales negociaciones o el destino de los dineros que se mencionan recibidos, pues no ten\u00eda cuentas bancarias activas. Esa circunstancia, sumada al grado de parentesco de los contratantes, la insolvencia econ\u00f3mica del comprador para cubrir \u00aben un solo pago\u00bb $469\u2019465.000, lo irrisorio de ese valor frente al valor comercial de los bienes, el grave estado de salud del vendedor que mantuvo hospitalizado con diagn\u00f3stico de c\u00e1ncer y con medicaci\u00f3n que limitaba su \u00abestado mental\u00bb para \u00abtomar decisiones tan importantes\u00bb, el que una de las escrituras p\u00fablicas no fuera \u00abfirmada directamente\u00bb por H\u00e9ctor, sino por su sobrino e hijo del adquirente, y que la aclaraci\u00f3n de la otra fuera signada el d\u00eda de su muerte, adem\u00e1s de que \u00abno se realiz\u00f3 ni la entrega material, ni el pago de los inmuebles\u00bb, permite concluir que se trat\u00f3 de pactos \u00absimulados absolutamente\u00bb, para \u00abhacer incurrir en error a terceros\u00bb y evadir sus derechos en la distribuci\u00f3n de la sociedad patrimonial. <\/p>\n
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2. Reynaldo Plata S\u00e1nchez se opuso y excepcion\u00f3 \u00abfalta de fundamento de las causales de declaraci\u00f3n de existencia de la uni\u00f3n marital de hecho y la consecuente sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes\u00bb, \u00abfalta de legitimaci\u00f3n activa\u00bb y \u00abtotal validez y eficacia de los contratos celebrados\u00bb2. <\/p>\n
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Ana Mar\u00eda Remolina M\u00e1rquez asumi\u00f3 similar comportamiento y como medio de defensa aleg\u00f3 la \u00abfalta de legitimaci\u00f3n activa\u00bb3. <\/p>\n
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3. El Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bucaramanga concluy\u00f3 que no fueron serias las transferencias porque lo que existi\u00f3 entre los otorgantes de los instrumentos fue un cruce de cuentas o daci\u00f3n en pago en lo que respecta al inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria 300-51560 y la decisi\u00f3n de donar a su hermano la cuota del de folio 040-83647, lo que conlleva a que el fingimiento fuera relativo, pero conforme a las aspiraciones expresas de la gestora tuvo por \u00abprobada de oficio la excepci\u00f3n de m\u00e9rito consistente en que no se demostr\u00f3 la simulaci\u00f3n absoluta de las compraventas se\u00f1aladas en la demanda\u00bb, desestim\u00f3 la \u00abtotalidad\u00bb de las pretensiones y conden\u00f3 en costas a la accio3nante4. <\/p>\n
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4. La vencida apel\u00f3 tal decisi\u00f3n en la audiencia y en t\u00e9rmino ci\u00f1\u00f3 sus reparos a \u00abhaberse dado por acreditada la simulaci\u00f3n relativa de las compraventas objeto de la presente lid\u00bb y la deficiente valoraci\u00f3n de los indicios con los que se establec\u00eda que el m\u00f3vil para otorgar los instrumentos \u00ab[n]o fue otro que el de insolventar la sociedad patrimonial conformada entre la demandante Zonia Jhaneth (sic) Chac\u00f3n, y el se\u00f1or H\u00e9ctor Plata S\u00e1nchez, producto de la uni\u00f3n marital de hecho que sosten\u00edan desde el a\u00f1o 1992\u00bb5. <\/p>\n
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5. El superior confirm\u00f3 el fallo del a quo. <\/p>\n
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2.-FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
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La \u00absimulaci\u00f3n absoluta\u00bb invocada por la demandante supone la \u00abinexistencia total del acto jur\u00eddico demandado\u00bb, el cual \u00aben apariencia\u00bb es cierto, pero \u00abcarece en absoluto de un contenido serio y real\u00bb. De esa forma, acorde con la carga prevista en el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, le correspond\u00eda a la accionante demostrar que los rebatidos actos de enajenaci\u00f3n eran \u00abinexistentes en realidad\u00bb, demeritar la \u00abpresunci\u00f3n de autenticidad\u00bb de los instrumentos p\u00fablicos derivada del canon 244 de la misma codificaci\u00f3n, que el vendedor \u00abno tuvo la intenci\u00f3n\u00bb de transferir los bienes y que el comprador \u00abtampoco tuvo la voluntad de adquirirlos\u00bb, puesto que la \u00absimulaci\u00f3n por definici\u00f3n no es un acto unilateral, al ser un producto de un consenso\u00bb. <\/p>\n
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En el caso particular, la \u00abdocumental\u00bb adosada pone en evidencia que el 26 de abril de 2007, H\u00e9ctor Plata S\u00e1nchez adquiri\u00f3 el predio ubicado en Bucaramanga, fecha en la que constituy\u00f3 hipoteca en favor de su hermano Reynaldo Plata S\u00e1nchez por valor de $34\u2019000.000 y a quien tiempo despu\u00e9s se lo enajen\u00f3 por la suma de $414\u2019171.000, seg\u00fan consta en la escritura p\u00fablica 1880 de 4 de mayo de 2017, aclarada por escritura 2132 de 23 de mayo de 2017, que fueron signadas \u00abdirectamente\u00bb por el vendedor, aunque esta \u00faltima coincidi\u00f3 con su deceso. <\/p>\n
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A su turno, el segundo inmueble localizado en Barranquilla lo adquirieron los hermanos Plata S\u00e1nchez \u00aben copropiedad\u00bb el 12 de noviembre de 2013 y la cuota parte correspondiente al causante la transfiri\u00f3 a su hermano a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica 2064 de 17 de mayo de 2017, por conducto de su sobrino Lucas Plata, quien actu\u00f3 como \u00abmandatario\u00bb del vendedor. <\/p>\n
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Confrontada esa documental con lo manifestado por las partes \u00abtanto en la demanda como en su contestaci\u00f3n\u00bb, se colige que \u00abH\u00e9ctor Plata suscribi\u00f3 y celebr\u00f3 (\u2026), in extremis, los actos referidos\u00bb, aquejado por una grave enfermedad desde el \u00aba\u00f1o 2016\u00bb, que \u00abconcuerda con el hecho ver\u00eddico de la concomitancia entre los actos demandados y la muerte del enajenante\u00bb. Adicionalmente, el opositor inform\u00f3 que \u00abdesde el 2012\u00bb la gestora abandon\u00f3 a su hermano, raz\u00f3n por la que \u00e9l asumi\u00f3 su cuidado y por ello H\u00e9ctor, \u00aben su lecho de muerte\u00bb, decidi\u00f3 enajenarle los citados bienes, \u00aben pago, no s\u00f3lo del gravamen hipotecario referido, sino tambi\u00e9n de todas las ayudas que le habr\u00eda brindado\u00bb. <\/p>\n
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De esa forma, \u00abpresumi\u00e9ndose la capacidad del enajenante\u00bb, era posible inferir \u00absu voluntad de consentir\u00bb en los \u00abactos jur\u00eddicos\u00bb demandados y \u00abno de manera temporal, sino definitiva, dado que nadie regresa del hecho fat\u00eddico de la muerte que con seguridad avizoraba inminente para ese momento\u00bb, por lo que \u00absi dispuso de sus bienes seguramente no lo hizo con la intenci\u00f3n de que fuera parcial o temporal, para retomarlos\u00bb. <\/p>\n
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Lo anterior permite colegir que \u00aben efecto existen indicios y la propia confesi\u00f3n del demandado\u00bb que dan cuenta de la \u00absimulaci\u00f3n de los actos demandados, pero de manera relativa\u00bb, si se toman en consideraci\u00f3n \u00ablos indicios identificados por la actora como son el parentesco, las circunstancias en que se dieron las ventas a partir de la enfermedad del enajenante, la ausencia del pago del precio, la eventual insolvencia del demandado seg\u00fan sus declaraciones de renta\u00bb, entre otros, que \u00abpermiten establecer justamente la existencia del acto de enajenaci\u00f3n, pero a un t\u00edtulo diferente al declarado, como lo fue la compraventa que arrop\u00f3 una especie de daci\u00f3n en pago, seg\u00fan reconoci\u00f3 la propia parte demandada, no solo por el gravamen hipotecario, sino por los servicios prestados\u00bb. <\/p>\n
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Esa conclusi\u00f3n sobre la \u00abexistencia real del acto de enajenaci\u00f3n\u00bb surge del \u00abhecho indiscutible de la inminencia de la muerte del enajenante, que como hecho indicador conduce a la idea de intenci\u00f3n de transmisi\u00f3n definitiva del derecho de dominio en favor de su hermano\u00bb, en otras palabras, \u00abla enajenaci\u00f3n no fue fingida, como si pudo serlo el t\u00edtulo\u00bb, pero tal cuesti\u00f3n \u00abno se plante\u00f3\u00bb en el proceso, lo que imped\u00eda \u00ababordar oficiosamente\u00bb el estudio de una eventual \u00absimulaci\u00f3n relativa\u00bb y de sus \u00abposibles consecuencias\u00bb o de un pronunciamiento \u00abultra y extrapetita\u00bb, dado que no se cumpl\u00edan la hip\u00f3tesis del art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
Asimismo, fue notoria la \u00abimprecisi\u00f3n\u00bb de la promotora al exigir la \u00abnulidad\u00bb de la compraventa realizada a favor de Ana Mar\u00eda Remolina M\u00e1rquez, comoquiera que la simulaci\u00f3n absoluta que aleg\u00f3 del t\u00edtulo precedente no genera la \u00abnulidad y\/o ineficacia del acto\u00bb y tampoco invoc\u00f3 ninguna \u00abcausal de nulidad absoluta o relativa sustancial\u00bb en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1741 del C\u00f3digo Civil6. <\/p>\n
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3.-DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
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PRIMER CARGO <\/p>\n
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Denuncia la vulneraci\u00f3n indirecta del art\u00edculo 1766 del C\u00f3digo Civil, por error de derecho al inobservar lo dispuesto en el art\u00edculo 242 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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La sentencia atacada \u00abinobserv\u00f3\u00bb dicha norma probatoria, porque los indicios relacionados con \u00abel parentesco, la circunstancia en las que se dieron las ventas a partir de la enfermedad del enajenante, la ausencia del pago del precio [y] la eventual insolvencia del demandado no fueron analizados\u00bb, pese a que acreditaban la \u00absimulaci\u00f3n absoluta de los negocios jur\u00eddicos celebrados entre H\u00e9ctor Plata S\u00e1nchez y Reynaldo Plata S\u00e1nchez\u00bb, no fueron apreciados bajo los derroteros del precepto instrumental. <\/p>\n
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La documental anexa a la demanda evidencia el parentesco de los contratantes y la \u00abexcelente relaci\u00f3n\u00bb entre los hermanos que admiti\u00f3 Reynaldo en su interrogatorio; adem\u00e1s, sus declaraciones de renta no demuestran que tuviera \u00abcapacidad para adquirir o comprar\u00bb los bienes objeto de este proceso, ni el \u00abflujo o capital necesario para realizar compras\u00bb por los valores plasmados en las escrituras tildadas de simuladas, como lo reafirman las diversas certificaciones bancarias acopiadas y a ello se agrega que tampoco se acredit\u00f3 la \u00abprocedencia de los recursos con los que se supone se realizaron esas compraventas\u00bb. <\/p>\n
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No se entiende como se tuvo por demostrada la existencia de un negocio diferente al fingido, ya que las inferencias apuntan a que el comprador no contaba con la solvencia necesaria para llevar a cabo esos negocios, cuyas circunstancias tambi\u00e9n permiten deducir que \u00abning\u00fan \u00e1nimo de enajenar se manifest\u00f3 en los contratantes\u00bb, quienes por el contrario tuvieron como \u00abverdadera y \u00fanica intenci\u00f3n (\u2026) insolventar o desmembrar el patrimonio de la sociedad patrimonial existente entre H\u00e9ctor Plata S\u00e1nchez y Zonia Yaneth Chac\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
El \u00abcomportamiento\u00bb de Reynaldo en el litigio se dirigi\u00f3 a \u00abdesacreditar la legitimaci\u00f3n en la causa\u00bb y adem\u00e1s su intenci\u00f3n de conciliar, as\u00ed como el interrogatorio de parte que absolvi\u00f3 bastaban para \u00abdeterminar su actitud sospechosa y evasiva frente a los hechos determinantes de la simulaci\u00f3n\u00bb y la \u00abimprecisi\u00f3n\u00bb de sus respuestas, ya que en contrav\u00eda de lo manifestado por \u00e9l, el valor de la casa ubicada en Bucaramanga ascend\u00eda a $697\u2019000.000 y por ello \u00abes cuestionable, incre\u00edble e il\u00f3gico que por una deuda de (\u2026) $34.000.000 una persona decidiera entregar todo su patrimonio construido a lo largo de su vida, junto a su compa\u00f1era permanente, a t\u00edtulo de daci\u00f3n en pago\u00bb, a la cual ni siquiera se hizo alusi\u00f3n expresa en el instrumento, m\u00e1s si se tiene en cuenta que ning\u00fan documento se encuentra en el proceso que demuestre la existencia de una obligaci\u00f3n pendiente de pago a cargo del causante y a favor del aparente comprador. <\/p>\n
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La aseveraci\u00f3n sobre el pago en efectivo del precio del segundo inmueble ubicado en Barranquilla contrasta con la ausencia de dinero dentro de las pertenencias del causante al momento de su fallecimiento, el breve lapso que transcurri\u00f3 entre este suceso y la firma de la escritura, as\u00ed como su condici\u00f3n de salud que lo mantuvo hospitalizado todo el tiempo hasta su muerte. <\/p>\n
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La prueba pericial, no desvirtuada, que obra en el diligenciamiento muestra que el precio se\u00f1alado por los contratantes en el negocio del primer inmueble \u00abno correspond\u00eda al de una compraventa real\u00bb y tampoco existe una \u00abcorrelatividad cierta\u00bb entre la presunta deuda originada en una hipoteca de $34.000.000 y el pago de $414.171.000, lo que \u00abdelata la carencia absoluta en el \u00e1nimo de vender por parte del se\u00f1or H\u00e9ctor Plata S\u00e1nchez mucho menos la de comprar por parte del demandado\u00bb. En ausencia de pruebas que acreditaran la necesidad del causante de vender ese predio y de las acreencias a su cargo, se puede afirmar que \u00abla compraventa y la supuesta daci\u00f3n en pago inferida por el Tribunal son inexistentes por lo que la simulaci\u00f3n de esta venta es absolutamente simulada\u00bb. <\/p>\n
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La misma experticia tambi\u00e9n pone en evidencia que la negociaci\u00f3n del segundo inmueble, adquirido en vigencia de la uni\u00f3n marital, tambi\u00e9n carec\u00eda de seriedad, dado que \u00abes desproporcionado el precio supuestamente pagado en relaci\u00f3n con su valor real\u00bb, lo que se obvi\u00f3 en la sentencia recurrida. <\/p>\n
<\/p>\n
Tampoco fue tenido en cuenta que el causante dispuso de bienes que \u00abconstitu\u00edan pr\u00e1cticamente todo el patrimonio de la sociedad patrimonial\u00bb existente entre H\u00e9ctor y Zonia; que su situaci\u00f3n econ\u00f3mica era \u00abfavorable\u00bb y que no ten\u00eda necesidad de enajenarlos; que el m\u00f3vil de esos contratos \u00abocultos\u00bb no fue otro que el de \u00abinsolventar la sociedad patrimonial\u00bb aludida, pues ya sospechaban que la \u00abpronta muerte\u00bb del presunto vendedor supon\u00eda liquidarla y que fuera adjudicada la mitad de los bienes a la compa\u00f1era. <\/p>\n
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Contrario a la conclusi\u00f3n del Colegiado, a H\u00e9ctor y Reynaldo Plata S\u00e1nchez \u00abno les asisti\u00f3 la convicci\u00f3n de enajenar los bienes\u00bb, pero \u00abinfortunadamente el deceso de aquel indujo para los juzgadores de ambas instancias que la simulaci\u00f3n fuera de una connotaci\u00f3n diferente a la planteada y probada\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
La compleja \u00absituaci\u00f3n de salud y la inminencia del fallecimiento del se\u00f1or H\u00e9ctor Plata S\u00e1nchez no eran determinantes para el fingimiento parcial del negocio jur\u00eddico\u00bb, ya que su deceso no era un hecho predecible e independientemente de la condici\u00f3n del enfermo seg\u00fan la historia cl\u00ednica que obra en el expediente, de ah\u00ed que \u00abno qued\u00f3 debidamente acreditado el \u00e1nimo de enajenar dichos inmuebles\u00bb, m\u00e1xime si no existi\u00f3 \u00abmovimiento significativo de dinero\u00bb en las cuentas bancarias de los contratantes que permitiera corroborar esas transacciones. <\/p>\n
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Se reprocha que \u00abpoco o nada se analiz\u00f3 en concreto con relaci\u00f3n a la prueba indiciaria\u00bb, cuando el art\u00edculo 242 del estatuto procesal impone no solo mencionarla, sino su valoraci\u00f3n \u00abpanor\u00e1mica\u00bb y de forma \u00abconjunta, concordante, fusionada y relacionada con las dem\u00e1s pruebas vertidas en el proceso\u00bb, que de haberse hecho en forma id\u00f3nea dejar\u00eda sin duda que las compraventas fueron fingidas, lo que es suficiente para \u00abaniquilar la presunci\u00f3n de la seriedad del negocio\u00bb y tambi\u00e9n la \u00abpresunci\u00f3n de acierto\u00bb de la providencia atacada. <\/p>\n
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SEGUNDO CARGO <\/p>\n
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Acusa la infracci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 29 y 228 de la Constituci\u00f3n Nacional; 1766, 1849, 1864, 1871, 1928, 2142, 2150 y 2155 del C\u00f3digo Civil; 164 a 171 y 173 del C\u00f3digo General del Proceso y las Leyes 54 de 1990 y 979 de 2005, en virtud de \u00abmanifiestos errores de hecho en que incurri\u00f3 el sentenciador como consecuencia de la falta de apreciaci\u00f3n de los testimonios rendidos al interior del proceso\u00bb. <\/p>\n
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Tal omisi\u00f3n llev\u00f3 a \u00abdar por acreditado sin estarlo\u00bb que Zonia abandon\u00f3 a H\u00e9ctor, que Reinaldo \u00abse hizo cargo de \u00e9l, cuid\u00e1ndolo en su lecho de muerte, raz\u00f3n por la cual aquel habr\u00eda decidido transferir los bienes como pago de la hipoteca y los servicios prestados\u00bb, as\u00ed como la \u00abinexistencia de la sociedad patrimonial entre Zonia Chac\u00f3n y H\u00e9ctor Plata, en raz\u00f3n a la uni\u00f3n marital de hecho existente entre los mismos\u00bb. <\/p>\n
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Si se hubieran analizado los testimonios de Ruth Mar\u00eda Bonilla, Lorena Beatriz Viecco Bonilla, Laura Juliana Arenas Chac\u00f3n, Guillermo Rueda Velandia, Eladio Castro Guti\u00e9rrez y Tarcisio Rueda Mart\u00ednez las conclusiones \u00abhubieran sido totalmente diferentes\u00bb ya que no se comprob\u00f3 la separaci\u00f3n de los compa\u00f1eros, mucho menos los cuidados dispensados por Reynaldo a su colateral o que \u00ablas compraventas se llevaron a cabo con el prop\u00f3sito de donar o pagar servicios que este le hubiere brindado\u00bb. Adem\u00e1s, la duraci\u00f3n de la sociedad patrimonial qued\u00f3 demostrada con lo que fue \u00abdeclarado por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del distrito judicial de Santander (\u2026) mediante sentencia de fecha 29 de julio de 2021, dentro del proceso con radicaci\u00f3n 2018-00027, sentencia que fue aportada al expediente\u00bb. <\/p>\n
Esta \u00faltima circunstancia resultaba trascendente para la decisi\u00f3n cuestionada, porque \u00abderruye la seriedad del negocio\u00bb y denota el \u00abanimus simulandi el cual no era otro que desmembrar el patrimonio construido por la pareja\u00bb, lo que de paso permite afirmar que \u00abuno de los pilares sobre los cuales fue edificado el fallo del tribunal adolece de fundamento probatorio\u00bb, por lo que \u00abante el error manifiesto y trascendente deben sin ninguna discusi\u00f3n salir triunfantes las pretensiones planteadas en la demanda principal como consecuencia de la revocatoria de los fallos de primea (sic) y segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
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CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. El inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General contempla la posibilidad de \u00abcasar la sentencia, a\u00fan de oficio, cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Dicha potestad es el reflejo de lo previsto en el art\u00edculo 333 ib\u00eddem, seg\u00fan el cual la presente impugnaci\u00f3n extraordinaria tiene m\u00faltiples prop\u00f3sitos, como son <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) defender la unidad e integridad del ordenamiento jur\u00eddico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional y reparar los agravios irrogados a las partes con ocasi\u00f3n de la providencia recurrida. <\/p>\n
<\/p>\n
De all\u00ed que la \u00abcasaci\u00f3n de oficio\u00bb se constituye en una medida excepcional a tomar motu proprio por la Corporaci\u00f3n al momento de fallar, en caso de advertir flagrantes vulneraciones que ri\u00f1an con sus fines fundamentales, sin que para ello sea necesario siquiera abordar el estudio de los ataques propuestos, en caso de resultar innecesario y por la trascendencia que pudiera conllevar para el devenir procesal futuro. <\/p>\n
<\/p>\n
Como bien se indic\u00f3 en CSJ SC1131-2016, donde se hizo la primera alusi\u00f3n jurisprudencial sobre el tema, con antelaci\u00f3n a la expedici\u00f3n del actual estatuto procesal ya se hab\u00eda posibilitado a la Corporaci\u00f3n que por medio de una selecci\u00f3n positiva propendiera por la \u00abunificaci\u00f3n de la jurisprudencia, [la] protecci\u00f3n de los derechos constitucionales y [el] control de legalidad de los fallos\u00bb seg\u00fan la reforma que al art\u00edculo 16 de la Ley 270 de 1996 le introdujo el art\u00edculo 7 de la Ley 1285 de 2009. No obstante, dicha facultad que no ha perdido vigencia, como all\u00ed mismo se refrenda, debe ser desplegada al momento de calificar la demanda de casaci\u00f3n y difiere de la protecci\u00f3n oficiosa postrera de que trata el mencionado art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, de all\u00ed la precisi\u00f3n en dicho pronunciamiento de que <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) el ordenamiento afianza la selecci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n, sea en forma negativa, pero tambi\u00e9n positiva. Para la Sala, esa facultad se ejerce, sin duda, en la fase introductoria del debate casacional como p\u00f3rtico al iudicim rescindens, no ulteriormente, ni al momento de proferirse el fallo, porque de la expresi\u00f3n \u201c(\u2026) aunque la demanda de casaci\u00f3n cumpla con los requisitos formales, podr\u00e1 inadmitirla (\u2026)\u201d, permite inferir que la ocurrencia de esta etapa se surte en la fase inicial, pero no al momento de dictar la sentencia de casaci\u00f3n para definir si se quiebra o no el fallo, una vez registrado el proyecto de sentencia por el Magistrado ponente, a quien correspondi\u00f3 sustanciar el juicio casacional. <\/p>\n
<\/p>\n
Es en la etapa del fallo, cuando se puede adoptar como instrumento de protecci\u00f3n y de garant\u00eda de los derechos, la casaci\u00f3n de oficio, pero no la selecci\u00f3n de la demanda; no en otra oportunidad, pues si el asunto ha llegado para sentencia, se infiere llanamente, bien se admiti\u00f3 o ya se seleccion\u00f3. La selecci\u00f3n, entonces, \u00fanicamente puede tener eficacia en la fase introductoria de admisi\u00f3n del respectivo libelo. <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
<\/p>\n
Al disponer que esta Corporaci\u00f3n \u201c(\u2026) podr\u00e1 casar la sentencia, a\u00fan de oficio (\u2026)\u201d, est\u00e1 comprometiendo \u201cin radice\u201d a la Corte de Casaci\u00f3n con la construcci\u00f3n del Estado Social de Derecho, para cumplir las finalidades del recurso , autorizando quebrar la sentencia al margen de la prosperidad t\u00e9cnica de las causales esgrimidas por el recurrente cuando al momento de fallar, en su tarea de control constitucional y legal atribuida por el legislador, como derecho propio en el \u00e1mbito casacional, se hallen en juego valores, principios y derechos supremos, y en forma patente y paladina aparezcan comprometidos: 1. El orden p\u00fablico, 2. El patrimonio p\u00fablico, o 3. Se atente gravemente contra los derechos y garant\u00edas constitucionales. <\/p>\n
<\/p>\n
Desde la anterior \u00f3ptica, la \u00abcasaci\u00f3n de oficio\u00bb no corresponde a un medio para dar por superadas deficiencias de t\u00e9cnica que se hubieran pasado por alto en el estudio inicial del libelo, las que de advertirse de todas maneras pueden ser obviadas por la v\u00eda de la \u00abselecci\u00f3n positiva\u00bb en vista de la trascendencia del tema. Tampoco para llegar a ella es imprescindible abordar el estudio de los ataques propuestos en forma id\u00f3nea, ya que resulta imperiosa en las eventualidades que contempla la norma, esto es, que el fallo confutado \u00abcompromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico\u00bb o, en su defecto, \u00abatenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb, por lo que puede patentizarse de entrada. <\/p>\n
<\/p>\n
Por lo tanto, como se indic\u00f3 en CSJ SC820-2020, \u00abesta posibilidad no puede asumirse como una causal aut\u00f3noma, que pueda invocar v\u00e1lidamente el recurrente cuando sus alegaciones resultan insuficientes para quebrar la sentencia del ad quem\u00bb, de ah\u00ed que \u00aba la comentada facultad oficiosa solo puede acudirse de manera excepcional, y ante la inequ\u00edvoca evidencia de la lesi\u00f3n que la sentencia recurrida irroga al orden o el patrimonio p\u00fablico, los derechos o las garant\u00edas constitucionales\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
A lo anterior se suma que, conforme se enunci\u00f3 en CSJ SC5453-2021, para dejar sin efecto un pronunciamiento de segundo grado por razones dis\u00edmiles a las esgrimidas por el recurrente en casaci\u00f3n, es menester la concomitancia de tres requisitos, a saber: <\/p>\n
<\/p>\n
(I) El error del Tribunal debe ser ostensible, huelga decirlo, \u00abclaro, manifiesto, patente\u00bb; (II) La afectaci\u00f3n irrogada a la parte ha de ser grave: \u00abde mucha entidad o importancia\u00bb; y (III) Es necesario que se configure alguna de las causales se\u00f1aladas en la legislaci\u00f3n: desconocimiento del orden p\u00fablico, del patrimonio p\u00fablico o de los derechos y garant\u00edas de los sujetos procesales. <\/p>\n
La trascendencia de esta figura se ha evidenciado, bajo esos mismos par\u00e1metros y adem\u00e1s de las providencias referenciadas, en las CSJ SC5568-2019, SC3666-2021, SC1170-2022, SC1171-2022 y SC1225-2022. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagra en su art\u00edculo 29, como uno de los derechos fundamentales, el debido proceso en todas las actuaciones judiciales y en virtud del cual \u00ab[n]adie podr\u00e1 ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio mismo\u00bb. <\/p>\n
A su vez el art\u00edculo 61 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que si un pleito versa sobre \u00abactos jur\u00eddicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposici\u00f3n legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de m\u00e9rito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deber\u00e1 formularse por todas o dirigirse contra todas\u00bb, a\u00f1adiendo a rengl\u00f3n seguido que de todas maneras en el auto admisorio el juez de conocimiento deber\u00e1 disponer la vinculaci\u00f3n de \u00abquienes falten para integrar el contradictorio\u00bb y, que de no haberse advertido oportunamente, se \u00abdispondr\u00e1 la citaci\u00f3n de las mencionadas personas, de oficio o a petici\u00f3n de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Como se memor\u00f3 en CSJ SC de 3 de junio de 1992, <\/p>\n
<\/p>\n
[l]a figura procesal del litisconsorcio necesario, se presenta, ha explicado la Corte, \u00abcuando la relaci\u00f3n de derecho sustancial sobre la cual ha de pronunciarse el juez est\u00e1 integrada por una pluralidad de sujetos, bien sean activos o pasivos, en forma tal que no es susceptible de escindirse en tantas relaciones aisladas como sujetos activos o pasivos individualmente considerados existan, sino que se presenta como una sola, \u00fanica o indivisible frente al conjunto de tales sujetos. En tal hip\u00f3tesis, por consiguiente, un pronunciamiento del juez con alcances referidos a la totalidad de la relaci\u00f3n no puede proceder con la intervenci\u00f3n \u00fanica de alguno o algunos de los ligados por aquella, sino necesariamente con la de todos. <\/p>\n
<\/p>\n
S\u00f3lo estando presente en el respectivo juicio la totalidad de los sujetos activos y pasivos de la relaci\u00f3n sustancial, queda debida e \u00edntegramente constituida desde el punto de vista subjetivo la relaci\u00f3n procesal, y, por lo mismo, s\u00f3lo cuando las cosas son as\u00ed podr\u00e1 el juez hacer el pronunciamiento de fondo demandado. En caso contrario, deber\u00e1 limitarse a proferir fallo inhibitorio\u00bb. (C. J. CXXXIV, p\u00e1g. 170). <\/p>\n
A la luz del mencionado precepto, en los casos de simulaci\u00f3n donde se busca revelar la verdadera esencia de un instrumento p\u00fablico por un tercero que no intervino en su otorgamiento, la acci\u00f3n debe estar dirigida contra quienes lo suscribieron, por las repercusiones que el debate conlleva para todos ellos, puesto que la prescindencia de alguno impedir\u00eda discutir sobre su participaci\u00f3n y se truncar\u00eda as\u00ed el objetivo pretendido de revisar el quehacer contractual. <\/p>\n
<\/p>\n
En vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil tal omisi\u00f3n lleg\u00f3 a constituir raz\u00f3n para que el ad quem revocara la determinaci\u00f3n de primer grado y se profiriera en remplazo decisi\u00f3n inhibitoria, como qued\u00f3 esbozado en CSJ SC de 29 de abril de 1994, en un evento donde se advirti\u00f3 sobre la falta de integrar el contradictorio <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) pues que s\u00ed la relaci\u00f3n procesal se trab\u00f3 tan solo entre el comprador y uno de los herederos del vendedor, cuando el mismo demandante afirm\u00f3 que existen otros causahabientes mortis causa del vendedor y no fueron citados al plenario, lo que impon\u00eda su integraci\u00f3n por el ad quem como lo ordena el art\u00edculo 83 del C. de P.C., y al omitirlo le impon\u00eda al ad-quem revocar el fallo de m\u00e9rito apelado y en cambio inhibirse como reiteradamente lo ha dicho la jurisprudencia como uno de los eventos en que excepcionalmente le es dado al juzgador abstenerse de proveer en el fondo. <\/p>\n
<\/p>\n
Esa posici\u00f3n fue revaluada con posterioridad al estimar que una lectura adecuada del art\u00edculo 83 de dicho estatuto exig\u00eda la declaratoria de nulidad, para que se procedieran a regularizar las actuaciones y definir de fondo la pendencia, evitando as\u00ed los \u00abfallos inhibitorios\u00bb, como se esboz\u00f3 en CSJ SC 22 de abril de 2002, rad. 6278 al indicar que <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) conviene advertir que la Corte vari\u00f3 su posici\u00f3n doctrinal de la inhibici\u00f3n por la de nulidad cuando no se hubiese integrado debidamente el contradictorio. En efecto, conforme a su criterio anterior ella se\u00f1alaba que el juzgador de segunda instancia, al constatar falta de integraci\u00f3n del litisconsorcio necesario en la primera, deb\u00eda pronunciar fallo inhibitorio. Hoy, al comp\u00e1s de nuevas perspectivas en el an\u00e1lisis del art\u00edculo 83 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u00e9sta norma veda que la cuesti\u00f3n se resuelva de m\u00e9rito pero no prescribe la inhibici\u00f3n y, en consecuencia, deja espacio para que el fallador de segunda instancia \u201cpueda adoptar cualquier medida procesal, legalmente admisible, que conduzca a solucionar la an\u00f3mala situaci\u00f3n, mientras no resuelva de fondo que es lo \u00fanico que en verdad se le proh\u00edbe; mucho m\u00e1s, si precisamente, como se dijo, es deber del juez evitar los fallos inhibitorios\u201d (Sentencia No. 068 del 6 de octubre de 1999, proferida en el expediente No. 5224 y reiterada el 23 de marzo de 2000 en el proceso No. 5259). <\/p>\n
<\/p>\n
En la sentencia transcrita, la Corte establece que el remedio a dicha anomal\u00eda consiste en declarar la nulidad prevista en el art\u00edculo 140-9 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, con alcance al \u201ctr\u00e1mite adelantado en la segunda instancia y la sentencia apelada u objeto de consulta, puesto que abolida \u00e9sta se restituye la posibilidad de disponer la citaci\u00f3n oportuna de las personas que debieron formular la demanda o contra quienes se debi\u00f3 dirigir \u00e9sta, para los fines que ata\u00f1en con la defensa de sus intereses; se dan as\u00ed unas ventajas pr\u00e1cticas de valor apreciable, con relaci\u00f3n al fallo inhibitorio, consistentes en que subsiste el mismo proceso, se evita que se pierda tiempo y la actividad procesal producida hasta ese momento, se mantienen los efectos consumados de las normas sobre interrupci\u00f3n de la caducidad y prescripci\u00f3n; y, por sobre todo, se propende porque de todos modos se llegue al final a la composici\u00f3n del litigio\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Postura que fue recogida, aunque no con la suficiente claridad, en el C\u00f3digo General del Proceso ya que de conformidad con el inciso final del art\u00edculo 134 \u00ab[c]uando exista litisconsorcio necesario y se hubiere proferido sentencia, esta se anular\u00e1 y se integrar\u00e1 el contradictorio\u00bb, lo que quiere decir que es un defecto insubsanable, as\u00ed no lo diga expresamente el par\u00e1grafo del art\u00edculo 136 ib\u00eddem, pero que de todas maneras encaja dentro del supuesto de pretermisi\u00f3n integra de la respectiva instancia por cuanto implica el desconocimiento del debido proceso a un interesado cuya comparecencia se obvia a pesar de resultar obligatoria su vinculaci\u00f3n, de ah\u00ed que se le conculca la posibilidad de pronunciarse, solicitar pruebas, intervenir en su recaudo y poder controvertir las allegadas por los restantes participantes en la litis. <\/p>\n
Por esa misma raz\u00f3n, tal omisi\u00f3n deben ser materia de estudio preliminar por el superior al recibir las actuaciones en virtud de la alzada, seg\u00fan dispone el art\u00edculo 325 id, sin que sea posible disponer las medidas de saneamiento a que alude el art\u00edculo 137 id relacionadas con la notificaci\u00f3n a los afectados por indebida representaci\u00f3n de las partes o falencias en el enteramiento del admisorio a los litigantes o terceros intervinientes7, ya que corresponden a irregularidades completamente ajenas a la referida. <\/p>\n
<\/p>\n
Vistas as\u00ed las cosas, en todos los eventos en que el juzgador de segundo grado advierta la \u00abfalta de integraci\u00f3n del contradictorio\u00bb resulta imperioso, tal como se procedi\u00f3 en CSJ SC1182-2016, a anular el prove\u00eddo apelado, para que el inferior tome los correctivos necesarios que garanticen el debido proceso de quien no ha sido vinculado a la litis, cuando debi\u00f3 hacerse desde un comienzo. <\/p>\n
3. Precisamente en el caso bajo estudio se advierte la deficiencia rese\u00f1ada ya que las pretensiones principales est\u00e1n encaminadas a obtener la declaratoria de simulaci\u00f3n absoluta de las escrituras p\u00fablicas 1880 de 4 de mayo de 2017, aclarada por la 2172 de 23 de mayo de 2017 y la 2064 de 17 de mayo de 2017, otorgadas en la Notar\u00eda Quinta de Bucaramanga, por medio de las cuales H\u00e9ctor Plata S\u00e1nchez enajen\u00f3 a Reynaldo Plata S\u00e1nchez el inmueble con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 300-51560, localizado en Bucaramanga, y los derechos de cuota del 50% del predio en la capital del Atl\u00e1ntico con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 040-83647. <\/p>\n
<\/p>\n
A pesar de que la demanda, en lo que respecta a dichos instrumentos, fue dirigida contra Reynaldo Plata S\u00e1nchez, no ocurri\u00f3 lo propio contra los herederos determinados e indeterminados del enajenante H\u00e9ctor Plata S\u00e1nchez, fallecido para la \u00e9poca en que fue incoada8, y que debi\u00f3 hacerse conforme a los lineamientos del art\u00edculo 87 del actual estatuto procesal, ya fuera que se hubiera dado inicio o no al tr\u00e1mite sucesoral. <\/p>\n
<\/p>\n
Y no podr\u00eda decirse que tales intereses estuvieran representados por alguno de los contendientes, ya fuera porque adujeran esa calidad o se les convocara como representantes del patrimonio il\u00edquido, puesto que la acci\u00f3n la promovi\u00f3 Zonia Yaneth Chac\u00f3n Bueno a t\u00edtulo personal y de la misma manera se convoc\u00f3 a quien figuraba como comprador, seg\u00fan se desprende tanto de los poderes como del libelo, falencia que pas\u00f3 inadvertida para el a quo en el examen inicial y sin que hiciera alg\u00fan pronunciamiento tendiente a la integraci\u00f3n del contradictorio en el admisorio o con posterioridad 9. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La situaci\u00f3n esbozada es de una entidad tal que amerita de entrada el uso de la \u00abcasaci\u00f3n de oficio\u00bb al concurrir las exigencias previstas para el efecto puesto que el ad quem pas\u00f3 completamente por alto una omisi\u00f3n del inferior que imped\u00eda desatar ambas instancias, lo que constituye un error ostensible, el cual repercute en una afectaci\u00f3n directa del derecho de orden superior al debido proceso no solo de los intervinientes, sino que se hace extensiva a los dem\u00e1s interesados que debiendo ser vinculados al tr\u00e1mite quedaron excluidos por la ligereza de las autoridades de conocimiento. <\/p>\n
<\/p>\n
Si bien la anterior consideraci\u00f3n dar\u00eda lugar a que se profiera sentencia de remplazo, la misma no es posible por cuanto la irregularidad insubsanable se configura desde la g\u00e9nesis del pleito. Por ende, situada la Corte en la sede del Tribunal, anular\u00e1 la sentencia del a quo y las actuaciones posteriores, a fin de que agote los pasos necesarios para la integraci\u00f3n del contradictorio con los herederos determinados e indeterminados de H\u00e9ctor Plata S\u00e1nchez, conservando validez las pruebas decretadas y practicadas. <\/p>\n
<\/p>\n
Precisamente las repercusiones de la determinaci\u00f3n a tomar justifican que no se aborde el estudio de las censuras propuestas por este medio excepcional, toda vez que el an\u00e1lisis de las mismas conllevar\u00eda a fijar criterios de valoraci\u00f3n probatoria que podr\u00edan llegar a coartar la labor de los juzgadores de primero y segundo grado al entrar a fallar. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Conforme al inciso final del art\u00edculo 349 del C\u00f3digo General del Proceso, no hay lugar a costas en el tr\u00e1mite de la impugnaci\u00f3n extraordinaria porque sali\u00f3 avante, as\u00ed sea de oficio, y tampoco se impondr\u00e1n en segunda instancia por la invalidaci\u00f3n derivada de la anomal\u00eda advertida. <\/p>\n
<\/p>\n
4.-DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA DE OFICIO la sentencia de 22 de septiembre de 2021, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso declarativo de Zonia Yaneth Chac\u00f3n Bueno contra Reynaldo Plata S\u00e1nchez y Ana Mar\u00eda Remolina M\u00e1rquez. Sin costas. <\/p>\n
<\/p>\n
En ejercicio de las atribuciones como juzgador de segunda instancia <\/p>\n
<\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Anular la sentencia de primer grado, proferida el 14 de febrero de 2020, quedando sin efecto las actuaciones posteriores y sin perjuicio de la validez de las pruebas decretadas y practicadas. <\/p>\n
<\/p>\n
SEGUNDO: Ordenar al a quo que proceda a integrar el contradictorio con los herederos determinados e indeterminados de H\u00e9ctor Plata S\u00e1nchez, en los t\u00e9rminos establecidos en los art\u00edculos 61 y 87 del C\u00f3digo General del Proceso. Cumplido lo anterior y garantizado el debido proceso de los nuevos intervinientes, proceder\u00e1 a proferir sentencia. <\/p>\n
<\/p>\n
TERCERO: No hay lugar a condena en costas. <\/p>\n
<\/p>\n
En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
<\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
LU\u00cdS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Fls 63 a 79 cno. 1. <\/p>\n
2\u0002 Fls 87 a 111 cno. 1. <\/p>\n
3\u0002 Fls 184 a 212 cno. 1. <\/p>\n
4\u0002 Audiencia 14 febrero 2020 y f. 418 a 419 cno.1. <\/p>\n
5\u0002 Fls. 420 a 427 cno. 1. <\/p>\n
6\u0002 Audiencia 22 septiembre 2021, registro audiovisual min. 10:47 a 35:13 aprox. \u2013 fs. 49 a 51 cno.7. <\/p>\n
7\u0002 As\u00ed se deduce del tr\u00e1mite legislativo impartido, ya que en el proyecto de ley la redacci\u00f3n originaria del inciso final del art\u00edculo 134 figuraba que \u00ab[l]a nulidad por indebida representaci\u00f3n, notificaci\u00f3n o emplazamiento, s\u00f3lo beneficiar\u00e1 a quien la haya invocado, salvo cuando exista litisconsorcio necesario, caso en el cual se anular\u00e1 la sentencia que se haya dictado y se surtir\u00e1 la actuaci\u00f3n relacionada \u00fanicamente con el litisconsorte afectado\u00bb, pero en el informe de ponencia para primer debate ante el Senado \u00abse cambia la forma en que estaba concebido el inciso final. En la redacci\u00f3n del texto aprobado en segundo debate el inciso regulaba de una misma manera dos circunstancias diferentes. En el texto propuesto, se establece de manera independiente que la nulidad por indebida representaci\u00f3n, notificaci\u00f3n o emplazamiento s\u00f3lo beneficia a quien la invoc\u00f3 y, por la otra, que cuando se expida sentencia sin integrar debidamente el litisconsorcio necesario deber\u00e1 anularse y proceder a la integraci\u00f3n del mismo\u00bb Gaceta 114\/2012 p\u00e1g. 33. <\/p>\n
8\u0002 Tal situaci\u00f3n acaecida el 23 de mayo de 2017, expuesta en los hechos de la demanda y que no fue materia de discusi\u00f3n, est\u00e1 comprobada con el registro civil de defunci\u00f3n obrante en el expediente (fl. 21 cno. 1) <\/p>\n
9\u0002 Basta ver que en el inadmisorio de 6 de septiembre de 2018 nada se expres\u00f3 sobre el particular y en el auto de 18 siguiente de forma escueta se admiti\u00f3 \u00abla demanda verbal declarativa iniciada por Zonia Yaneth Chac\u00f3n a trav\u00e9s de apoderado judicial en contra de Reynaldo Plata S\u00e1nchez y Ana Mar\u00eda Remolina M\u00e1rquez\u00bb, (fls. 62 y 80 cno. 1), luego de lo cual el pleito transcurri\u00f3 sin que se avizorara la ausencia de alg\u00fan vocero de la sucesi\u00f3n del transferente de los actos que se reputaban simulados. <\/p>\n
9 <\/p>\n
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