SC2613-2022 (2022-00773-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
SC2613-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00773-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia paralela, los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Anotado lo anterior, decide la Corte sobre la solicitud de exequatur promovida por Santiago Garc\u00eda de la Hoz, respecto de la sentencia dictada el 4 de abril de 2014, por el Juzgado de Primera Instancia No. 10 de Granada, Espa\u00f1a. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
El demandante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, solicit\u00f3 homologar el fallo que se viene de referenciar, mediante el cual se decret\u00f3 el divorcio del matrimonio que contrajo con Antonia Jerez Medina. <\/p>\n
B. Los hechos <\/p>\n
1. El 13 de agosto de 2007, las partes contrajeron nupcias en la ciudad de Bucaramanga y radicaron su residencia y domicilio permanente en la localidad de Cijuela, Granada, Reino de Espa\u00f1a. <\/p>\n
2. El 5 de mayo de 2010, la pareja suscribi\u00f3 capitulaciones mediante Escritura con n\u00famero de Protocolo 336, ante el Notario del Ilustre Colegio de Notarios de Andaluc\u00eda, Espa\u00f1a. <\/p>\n
3. Durante la uni\u00f3n naci\u00f3 una hija (10 may. 2010), actualmente menor de edad. <\/p>\n
4. El 13 de diciembre de 2014, los c\u00f3nyuges suscribieron, de mutuo acuerdo, el \u00abConvenio regulador de las medidas definitivas de divorcio\u00bb (Folios: 23 a 24 archivo digital: 03. Demanda) y, posteriormente, solicitaron la declaratoria de terminaci\u00f3n del v\u00ednculo marital, pedimento con base en el cual, el 4 de abril de 2014, el Juzgado de Primera Instancia No. 10 de Granada accedi\u00f3 a finiquitar el referido lazo (folios: 20 a 22, idem). <\/p>\n
C. El tr\u00e1mite del exequatur <\/p>\n
1. El 31 de marzo de 2022 se admiti\u00f3 la demanda y se corri\u00f3 el traslado de rigor al Ministerio P\u00fablico (Archivo digital: 04. Auto admisorio). <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
4. El Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Canciller\u00eda se\u00f1al\u00f3 que \u00ab[u]na vez revisado el archivo del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Direcci\u00f3n de Asuntos Jur\u00eddicos Internacionales de este Ministerio, se constat\u00f3 que el \u201cConvenio sobre Ejecuci\u00f3n de Sentencias Civiles entre la Rep\u00fablica de Colombia y el Reino de Espa\u00f1a\u201d, suscrito en Madrid, Reino de Espa\u00f1a, el 30 de mayo de 1908; se encuentra vigente entre los dos Estados. Para el caso de la Rep\u00fablica de Colombia, el Convenio en referencia fue aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa mediante la Ley No. 7 del 13 de agosto de 1908. As\u00ed mismo, el instrumento entr\u00f3 en vigor para ambos Estados el 16 de abril de 1909.\u201d (Archivo digital: 11. Respuesta_Minrelacionesexteriores). <\/p>\n
Adicionalmente, remiti\u00f3 un ejemplar del precitado instrumento internacional (Archivo digital: 12. Anexo_Rta_Minrelacionesexteriores). <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De conformidad con el art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso, en cualquier estado de la actuaci\u00f3n procesal, \u00abel juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial\u00bb, cuando, entre otras causas \u00abno hubiere pruebas por practicar\u00bb. <\/p>\n
El anterior precepto es aplicable a los asuntos de exequatur, por lo que, si en el curso de la tramitaci\u00f3n, se encuentra que no existen elementos suasorios pendientes de recaudo, deber\u00e1 proferirse el correspondiente fallo, sin que sea necesario agotar el procedimiento establecido en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 607 ejusdem, que prescribe que \u00abvencido el traslado se decretar\u00e1n las pruebas y se fijar\u00e1 audiencia para practicarlas, o\u00edr los alegatos de las partes y dictar la sentencia\u00bb (subrayado fuera del texto). <\/p>\n
As\u00ed ocurre en el sub examine, donde se configura la causal en comento, de ah\u00ed que sea necesario proferir el presente veredicto anticipado, escrito y por fuera de audiencia. <\/p>\n
Al respecto, en un caso de perfiles semejantes esta Sala indic\u00f3: <\/p>\n
Por supuesto que la esencia del car\u00e1cter anticipado de una resoluci\u00f3n definitiva supone la pretermisi\u00f3n de fases procesales previas que de ordinario deber\u00edan cumplirse; no obstante, dicha situaci\u00f3n est\u00e1 justificada en la realizaci\u00f3n de los principios de celeridad y econom\u00eda que informan el fallo por adelantado en las excepcionales hip\u00f3tesis que el legislador habilita dicha forma de definici\u00f3n de la litis. <\/p>\n
De igual manera, cabe destacar que aunque la esquem\u00e1tica preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configur\u00f3 cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane (CSJ, SC4714-2020, 7 dic., rad. 2017-01493-00, reiterado en CSJ SC940-2022, 21 abr., rad. 2018-03603-00). <\/p>\n
2. Establecido lo anterior, cumple recordar que el exequatur es un instrumento dispuesto para contribuir a la cooperaci\u00f3n bilateral y a la reciprocidad entre Estados, su finalidad radica en asegurar la eficacia, en otros territorios, de las providencias emitidas en determinado pa\u00eds, previo cumplimiento de formalidades legales que, entre otras cosas, impiden contrariar la soberan\u00eda nacional. <\/p>\n
En Colombia, la tarea de verificar dicho acatamiento, as\u00ed como la de autorizar la homologaci\u00f3n de decisiones extranjeras, le ha sido asignada, por virtud de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, a esta Corporaci\u00f3n, la cual, en aras de establecer la reciprocidad diplom\u00e1tica debe constatar que entre nuestra naci\u00f3n y la que profiri\u00f3 el fallo, existan tratados que revistan de valor las providencias emitidas por la jurisdicci\u00f3n patria en ese territorio y, en contraprestaci\u00f3n, aqu\u00ed se les d\u00e9 igual tratamiento a sus decisiones. <\/p>\n
No obstante, ante la ausencia de tales convenios, debe cotejarse la legislaci\u00f3n de ambos pueblos a fin de determinar si consagran disposiciones en el mismo sentido (art. 605 C.G.P.). <\/p>\n
Sobre el particular, la Corporaci\u00f3n tiene decantado que \u00ab(\u2026) debe establecerse si entre los pa\u00edses involucrados existe un acuerdo o convenio sobre la suerte de las determinaciones que emiten sus funcionarios judiciales; en otros t\u00e9rminos, si ha sido regulado de manera directa y expresa por los propios Estados, la validez o no de las sentencias emitidas en uno u otro. En defecto de un tratado sobre el asunto, surge el imperativo de constatar la presencia de un texto legal alusivo al tema. En ese orden, acreditada la reciprocidad diplom\u00e1tica, la legislativa resulta innecesaria\u00bb (CSJ SC20806-2017, 12 dic., rad. 2017-00203-00, reiterada en CSJ SC4253-2019, 8 oct., rad. 2019-01228-00). <\/p>\n
3. El caso que se analiza involucra una decisi\u00f3n judicial pronunciada en Espa\u00f1a, pa\u00eds frente al cual se encontr\u00f3 demostrada la reciprocidad diplom\u00e1tica, circunstancia que, de suyo, implica el reconocimiento de sus efectos en este pa\u00eds, por raz\u00f3n del tratado bilateral celebrado el 30 de mayo de 1908, vigente e incorporado en Colombia mediante la Ley 7\u00aa del mismo a\u00f1o, allegado a este diligenciamiento (Archivo digital: 12. Anexos_Rta_Minrelacionesexteriores). <\/p>\n
Dicho acuerdo prev\u00e9 que \u00ab[l]as sentencias civiles pronunciadas por los Tribunales comunes de una de las Altas Partes Contratantes ser\u00e1n ejecutadas en la otra, siempre que re\u00fanan los requisitos siguientes: Primero. Que sean definitivas y que est\u00e9n ejecutoriadas como en derecho se necesitar\u00eda para ejecutarlas en el pa\u00eds en que se hayan dictado; Segundo. Que no se opongan a las leyes vigentes en el Estado en que se solicite su ejecuci\u00f3n\u00bb (art\u00edculo 1\u00ba). <\/p>\n
Por la misma senda impone la necesidad de aportar \u00abun certificado expedido por el Ministro de Gobierno o de Gracia y Justicia, siendo la firma de \u00e9stos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores, y la de \u00e9ste a su vez por el Agente Diplom\u00e1tico respectivo acreditado en el lugar de la legalizaci\u00f3n\u00bb, esto, con el \u00e1nimo de acreditar la ejecutoria de la decisi\u00f3n judicial (art\u00edculo 2\u00b0). <\/p>\n
4. Visto el presente asunto de cara a los anteriores apartes normativos, se vislumbra acreditado el acatamiento del primero de ellos, vale decir, tambi\u00e9n requerido por nuestro estatuto adjetivo (num. 3\u00ba, art. 606), pues del documento que obra en el folio 41, archivo \u00ab03. Demanda\u00bb del expediente digital, emana con claridad que la decisi\u00f3n judicial sometida a homologaci\u00f3n, se encuentra debidamente ejecutoriada. <\/p>\n
As\u00ed lo hicieron constar la Subdirectora General Adjunta de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional de la Direcci\u00f3n General de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional, Relaciones con las confesiones y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Espa\u00f1a y la letrada de la Administraci\u00f3n de Justicia del Juzgado de Primera Instancia No. 10 de Granada (Folio 25, idem), con las certificaciones que se apostillaron con seguimiento de los requerimientos contenidos en la \u00abConvenci\u00f3n sobre la abolici\u00f3n del requisito de legalizaci\u00f3n para documentos p\u00fablicos extranjeros\u00bb, suscrita en la ciudad de La Haya (Pa\u00edses Bajos) el 5 de octubre de 1961, a la cual Colombia adhiri\u00f3 el 27 de abril de 2000 y la aprob\u00f3 mediante la Ley 455 de 1998 (Folios 31 y 42, idem). <\/p>\n
5. Sin embargo, como es sabido que para la procedencia del exequatur no resulta suficiente con que se haya demostrado la mencionada reciprocidad diplom\u00e1tica y firmeza de la decisi\u00f3n concernida, sino que tambi\u00e9n es forzoso corroborar que aquella no contraviene el ordenamiento colombiano (art. 1\u00ba del Tratado y num. 2, art. 606 citado), ha de procederse a efectuar dicha verificaci\u00f3n. <\/p>\n
Ello, porque seg\u00fan lo ha sostenido esta Corte, aun cuando \u00abno existe inconveniente para un pa\u00eds en aplicar leyes extranjeras que, aunque difieran de sus propias leyes, no chocan con los principios b\u00e1sicos de sus instituciones (\u2026) [si] una ley extranjera o la sentencia que la aplica, se basan en principios no solo diferentes, sino contrarios a las instituciones fundamentales del pa\u00eds en que aquellas pretenden aplicarse, los jueces del Estado pueden, excepcionalmente, negarse a aplicar la ley o el fallo extranjero que se aparta de esa comunidad de principios\u00bb, en tanto, actuar en contrav\u00eda de \u00e9ste o aquella \u00ab(\u2026) implicar\u00eda aceptar la excepci\u00f3n de orden p\u00fablico como \u2018un simple subterfugio para facilitar el triunfo de antojadizos nacionalismos\u2019 que conducir\u00edan al \u2018absurdo de permitir a las personas residentes en Colombia asumir compromisos en el exterior, sabiendo que pueden incumplir impunemente en tanto se pongan al abrigo de las fronteras de su pa\u00eds\u2019\u00bb -se destaca- (CSJ SC 27 jul. 2011, rad. 2007-01956-00, reiterada en CSJ SC4714-2020, 7 dic, rad. 2017-01493). <\/p>\n
De cara a dichas nociones surge que, \u00fanicamente una incompatibilidad grave entre el pronunciamiento jurisdiccional para el que se pide el reconocimiento y los principios fundamentales en que se inspira la normatividad nacional, podr\u00eda dar lugar a que aquel no fuera objeto de homologaci\u00f3n, pues al fallador, como asunto propio de su decisi\u00f3n, tan solo le corresponde cotejar si la aludida determinaci\u00f3n se opone o no a los pilares de las instituciones jur\u00eddicas patrias. <\/p>\n
5.1. En cumplimiento de aquella tarea se corrobora que el procedimiento fue promovido conjuntamente por Santiago Garc\u00eda de la Hoz y Antonia Jerez Medina, quienes anexaron a su solicitud una propuesta de convenio regulador, en virtud del cual se declar\u00f3 el divorcio. <\/p>\n
As\u00ed se advierte del ordinal \u00abPRIMERO\u00bb del ac\u00e1pite de fundamentos de derecho de la sentencia for\u00e1nea, en el cual se consign\u00f3 que \u00ab[l]os c\u00f3nyuges ANTONIA JEREZ MEDINA y SANTIAGO GARC\u00cdA DE LA HOZ contrajeron matrimonio [el] 13 de agosto de 2007; y los mismos, actuando de com\u00fan acuerdo, con fecha 11 de febrero de 2014, formularon ante este Juzgado demanda de divorcio, la cual re\u00fane los requisitos exigidos por el art\u00edculo primero de la Ley 15\/2005 de 8 de julio, se decretar\u00e1 judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebraci\u00f3n, a petici\u00f3n de uno solo de los c\u00f3nyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, transcurridos tres meses desde la celebraci\u00f3n del matrimonio\u00bb. <\/p>\n
Tal consideraci\u00f3n deviene armoniosa con nuestra legislaci\u00f3n, en tanto, se satisfacen los requerimientos que, sobre el particular, contempla la regulaci\u00f3n contenida en el numeral 9\u00ba del art\u00edculo 154 y 1\u00ba del art\u00edculo 165 del C\u00f3digo Civil, toda vez que se disolvi\u00f3 el v\u00ednculo matrimonial por mutuo consentimiento de los c\u00f3nyuges, evento ante el cual, en otras ocasiones esta Corporaci\u00f3n ha otorgado el exequatur de sentencias de divorcio provenientes de Espa\u00f1a (CSJ SC20806-2017, 12 dic., rad. 2017-00203-00; CSJ SC4102-2018, 26 sep., rad. 2017-02993-00; CSJ SC3618-2021, 9 sep., rad. 2017-02990-00; CSJ SC904-2022, 21 abr., rad. 2018-03603-00). <\/p>\n
5.2. Lo mismo ocurre en cuanto toca con la definici\u00f3n del asunto en materia de alimentos, custodia y r\u00e9gimen de visitas de la hija com\u00fan, comoquiera que la determinaci\u00f3n a homologar resulta concordante con lo establecido en las reglas patrias que gobiernan la materia, valga decir, los art\u00edculos 141, 232 y 243 de la Ley 1098 de 2006; 1604, 4115, 253 a 2646 y 2887 del C\u00f3digo Civil, normas cuyo objeto com\u00fan y primordial no es otro distinto a \u00abgarantizar a los ni\u00f1os, a las ni\u00f1as y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensi\u00f3n. Prevalecer\u00e1 el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminaci\u00f3n alguna\u00bb (art. 1\u00ba Ley 1098), el cual obedece a las disposiciones internacionales emitidas sobre el tema a que se hace m\u00e9rito8. <\/p>\n
As\u00ed justamente ha procedido esta Corte en casos similares al que aqu\u00ed se examina, en los que la sentencia extranjera, a m\u00e1s de definir lo relativo al divorcio, resuelve lo ata\u00f1edero a las visitas, alimentos y custodia del menor, al considerar que \u00abtales disposiciones se adec\u00faan a las nociones de orden p\u00fablico y armonizan con la orientaci\u00f3n trazada al respecto por las normas positivas del pa\u00eds\u00bb (CSJ SC 29 jul. 2009, rad. 2007-01704-00, citada en CSJ SC 19 dic. 2011, rad. 2011-00892-00; CSJ SC18557-2016, 16 dic., rad. 2014-01928 y CSJ SC1424-2019, 24 abr., rad. 2015-01279-00). <\/p>\n
5.3. Nada hay que reparar en torno a la existencia de bienes de la pareja en Colombia, comoquiera que ese t\u00f3pico fue definido el 5 de mayo de 2010, mediante la escritura con n\u00famero de protocolo 336, suscrita ante el Notario del Ilustre Colegio de Notarios de Andaluc\u00eda, Espa\u00f1a, por cuya virtud los entonces c\u00f3nyuges pactaron capitulaciones matrimoniales. <\/p>\n
5.4. Finalmente, en lo relativo a la segunda exigencia contenida en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 606 del C\u00f3digo General del Proceso, impone destacar que al plenario se alleg\u00f3 copia debidamente legalizada de la determinaci\u00f3n a homologar; igualmente se vislumbran cumplidos los requisitos de apostilla, como lo regla la Convenci\u00f3n sobre la abolici\u00f3n del requisito de legalizaci\u00f3n para documentos p\u00fablicos extranjeros mencionada en l\u00edneas precedentes. <\/p>\n
6. De este modo las cosas, dado que la sentencia cuyos efectos pretende el accionante sean extensivos en Colombia, alcanz\u00f3 ejecutoria de conformidad con la ley de la naci\u00f3n de origen, se present\u00f3 ante la Corte en copia debidamente autenticada y legalizada, no compromete el orden p\u00fablico por no ser contraria a los principios en los que se inspiran las disposiciones legales que disciplinan el instituto jur\u00eddico del divorcio, los alimentos ni la custodia del menor, materias que, como se ha dicho, no son de competencia exclusiva de los jueces colombianos, y no obra prueba de que en el territorio nacional exista proceso en curso, deviene ineludible el reconocimiento de sus efectos jur\u00eddicos. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. CONCEDER el exequatur respecto de la sentencia dictada el 4 de abril de 2014, por el Juzgado de Primera Instancia No. 10 de Granada (Espa\u00f1a), mediante la cual se decret\u00f3 el divorcio del matrimonio que contrajeron Santiago Garc\u00eda de la Hoz y Antonia Jerez Medina, el 13 de agosto de 2007, y se regul\u00f3 lo correspondiente al r\u00e9gimen de visitas, alimentos y custodia de su hija. <\/p>\n
SEGUNDO. Para los efectos previstos en los art\u00edculos 6\u00b0, 10, 11, 22 y 72 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con los art\u00edculos 1\u00b0 y 2\u00b0 del Decreto 2158 de 1970, se ordena la inscripci\u00f3n de esta providencia junto con la sentencia que decret\u00f3 el divorcio, en el folio correspondiente al registro civil de matrimonio celebrado entre las mencionadas personas, y en el de nacimiento de ambos. Por secretar\u00eda l\u00edbrense los oficios a que haya lugar. <\/p>\n
Sin costas en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Responsabilidad parental. <\/p>\n
2\u0002 Custodia y cuidado personal de los ni\u00f1os. <\/p>\n
3\u0002 Derecho a alimentos. <\/p>\n
4\u0002 Efectos del divorcio. <\/p>\n
5\u0002 Alimentos. <\/p>\n
6\u0002 Cuidado de los hijos y visitas. <\/p>\n
7\u0002 Patria potestad. <\/p>\n
8\u0002 Convenci\u00f3n sobre los derechos del ni\u00f1o, art\u00edculo 9\u00ba. <\/p>\n
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