SC2765-2022 (2019-03128-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
SC2765-2022 <\/p>\n
(Aprobada en sesi\u00f3n de cuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte resuelve el recurso extraordinario de revisi\u00f3n formulado por Pedro Enrique Velasco Guti\u00e9rrez contra la sentencia proferida el veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso de uni\u00f3n marital de hecho y liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial que promovi\u00f3 en su contra Libia Stella Pinz\u00f3n Ortiz. <\/p>\n
A.ANTECEDENTES <\/p>\n
B.La pretensi\u00f3n <\/p>\n
El impugnante busca que se invalide la providencia cuestionada invocando la causal tercera del art\u00edculo 354 del C\u00f3digo General del Proceso, por cuanto, fue proferida con fundamento en declaraciones falsas de la all\u00ed convocante y de los testigos: Ver\u00f3nica Bermejo Cuentas, Luis Eduardo Pinz\u00f3n Ortiz, Dora Cecilia Gonz\u00e1lez Roncancio, Luz Dary Osorio \u00c1vila, Germ\u00e1n Humberto Herrera Guerrero y Liliana Alexandra Pinz\u00f3n Ortiz. <\/p>\n
C.Los hechos <\/p>\n
\u00b3 <\/p>\n
1. El fallo de primer grado, proferido el nueve de mayo de dos mil diecisiete, dentro del asunto que da lugar al recurso, desestim\u00f3 las excepciones planteadas por la pasiva; declar\u00f3 que entre las partes existi\u00f3 uni\u00f3n marital de hecho a partir del treinta y uno de diciembre de dos mil tres hasta el diecinueve de enero de dos mil quince; predic\u00f3 la existencia de sociedad patrimonial entre ellos, la declar\u00f3 disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n; y, conden\u00f3 en costas al convocado. <\/p>\n
El superior confirm\u00f3 ese pronunciamiento al estimar que, contrario a lo aducido por el apelante, las declaraciones recepcionadas permiten concluir que entre las partes existi\u00f3 el \u00e1nimo de conformar una familia durante el t\u00e9rmino declarado por la juez de primer grado; adem\u00e1s, porque no se configur\u00f3 la prescripci\u00f3n de la sociedad patrimonial invocada (CD audiencia de fallo). <\/p>\n
D.Sustento de la causal de revisi\u00f3n <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el Tribunal apoy\u00f3 sus argumentos en las declaraciones falsas rendidas por los rese\u00f1ados testigos, raz\u00f3n que lo motiv\u00f3 a presentar las denuncias penales por fraude procesal, identificadas con noticias criminales Nos. 110016000050201725625 y 110016000050201725749, asignadas a las Fiscal\u00edas 376 y 116, respectivamente. <\/p>\n
E.El tr\u00e1mite del recurso extraordinario <\/p>\n
1. Subsanada la demanda y remitido el expediente contentivo de las actuaciones surtidas en las instancias, en auto de veintid\u00f3s de julio de dos mil veintiuno se admiti\u00f3 y se dispuso la notificaci\u00f3n y traslado a los intervinientes en el juicio objeto de impugnaci\u00f3n (folio 20, Cuaderno Corte, expediente digital). <\/p>\n
2. Notificada por conducta concluyente la llamada a juicio1 (archivo 29, ib.), se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n, y para el efecto replic\u00f3 que \u00abno existe una sentencia condenatoria por falso testimonio o fraude procesal en contra de los testigos y mi representada, como malintencionadamente lo quiere hacer ver quien recurre en revisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la causal invocada no tuvo lugar, en tanto \u00ablo que se exige es que la sentencia se haya basado en declaraciones de personas que fueron condenadas por falso testimonio en raz\u00f3n de ellas, situaci\u00f3n que en lo absoluto no (sic) se encuentra demostrado en las presentes diligencias\u00bb (archivo 032, ib.). <\/p>\n
3. Una vez descorrido el traslado de la contestaci\u00f3n de la demanda, por parte del gestor, se abri\u00f3 a pruebas el asunto, orden\u00e1ndose oficiar a las Fiscal\u00edas 376, Unidad de Administraci\u00f3n P\u00fablica, Direcci\u00f3n Seccional de Bogot\u00e1 y 116 Unidad de Fe P\u00fablica y Orden Econ\u00f3mico, para que informaran la etapa en que se encontraban las causas Nos. 110016000050201725625 y 110016000050201725749, respectivamente (archivo 040, ib.). <\/p>\n
4. La primera autoridad referida inform\u00f3 que \u00abel proceso penal bajo el radicado 110016000050201725625 se encuentra INACTIVO por orden de archivo emitida el 19\/02\/2021 (\u2026)\u00bb (archivo 005, ib.). <\/p>\n
4.1. Por su parte, la asistente del Fiscal 116 Seccional se\u00f1al\u00f3 que \u00abluego de haber revisado cuidadosamente los sistemas de informaci\u00f3n SPOA de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y Excel del despacho, que ante esta delegada cursa actualmente el caso radicado bajo el CUI N\u00b0 110016000050201725749, el cual tuvo su origen en la denuncia instaurada por PEDRO ENRIQUE VELASCO GUTIERREZ C.C. N\u00b0 79.443.229 en contra de LIBIA STELLA PINZON ORTIZ C.C. N\u00b0 35.329.269, por los presuntos punibles de FRAUDE PROCESAL y FALSO TESTIMONIO, encontr\u00e1ndose actualmente en estado ACTIVO y en etapa de INDAGACION, para el que fue emitida orden a polic\u00eda judicial el d\u00eda de hoy por el termino de ciento veinte (120) d\u00edas, con destino a la investigadora MARIA GABRIELA RUIZ ESCOBAR del C.T.I.\u00bb. <\/p>\n
5. Los precitados informes se pusieron en conocimiento de las partes, quienes guardaron silencio frente a ellos. <\/p>\n
F.CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Preliminarmente conviene precisar que, no obstante, el contenido del inciso s\u00e9ptimo del art\u00edculo 358 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual indica que decretadas las pruebas en el tr\u00e1mite del recurso de revisi\u00f3n \u201cse fijar\u00e1 audiencia para practicarlas, o\u00edr los alegatos de las partes y proferir la sentencia\u201d, en este caso se prescindir\u00e1 de dicha etapa, en tanto, se configura uno de los eventos que habilitan la emisi\u00f3n de sentencia anticipada (n\u00fam. 2\u00ba, art. 278 ib.). <\/p>\n
2. No suscita debate el car\u00e1cter extraordinario del recurso de revisi\u00f3n, pues, a m\u00e1s de proceder \u00fanicamente contra determinadas providencias judiciales -sentencias ejecutoriadas con fuerza de cosa juzgada-, limita las facultades del juzgador a la aplicaci\u00f3n de las causales que taxativamente contempla el nuevo estatuto de procedimiento, sin que, en ning\u00fan caso, le sea dable adentrarse de fondo en el asunto que se revisa. <\/p>\n
As\u00ed lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n desde hace varios a\u00f1os, al se\u00f1alar que \u00ab[no] es posible discutir en dicho recurso los problemas de fondo debatidos en el proceso fuente de la mencionada relaci\u00f3n ni tampoco hay lugar a la fiscalizaci\u00f3n de las razones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas en ese mismo proceso ventiladas, sino que cobran vigencia motivaciones distintas y espec\u00edficas que, constituyendo verdaderas anomal\u00edas, condujeron a un fallo err\u00f3neo o injusto, motivaciones que por lo tanto no fueron controvertidas anteriormente, por lo que valga repetirlo una vez m\u00e1s, la revisi\u00f3n no puede confundirse con una nueva instancia pues supone, seg\u00fan se dej\u00f3 apuntado, el que se lleg\u00f3 a una definitiva situaci\u00f3n de firmeza y ejecutoriedad creadora de la cosa juzgada material que s\u00f3lo puede ser desconocida ante la ocurrencia de una cualquiera de las an\u00f3malas circunstancias que en \u201cnumerus clausus\u201d y por ello con un claro sentido de necesaria taxatividad, indica el Art. 380 reci\u00e9n citado\u00bb (se destac\u00f3) (CSJ SC182-2004, 29 oct., rad. 2001-00030-00, reiterada en CSJ SC 31 oct. 2016, rad. 22014-0112-00; CSJ SC5208-2017, 18 abr., rad. 2013-01881-00; CSJ AC458-2021, 22 feb., rad. 2021-0071-00 y CSJ SC3343-2021, 26 ag., rad. 2017-00515-00). <\/p>\n
De cara a dichas nociones, resulta f\u00e1cil comprender que las causales generadoras de ese medio impugnativo, en especial, las contenidas en los seis primeros numerales de la norma regulatoria -art. 355, C.G.P-, no buscan un remedio frente a las equivocaciones en que hubiere podido incurrir el fallador en su pronunciamiento final, sino que est\u00e1n dirigidas a sanear la injusticia cometida en un veredicto en firme que no pudo ser impedido en su momento. <\/p>\n
Justamente en ese sentido, indic\u00f3 esta Sala que tales eventualidades \u00abbrindan la manera de remediar la injusticia (no la equivocaci\u00f3n) de una sentencia ejecutoriada. Todas ellas tienden a remediar un fallo injusto que la parte perjudicada no pudo evitar. Ninguna de ellas consagra, ni menos a\u00fan tiende a enmendar situaciones graves y perjudiciales que hubieran podido evitarse en el proceso con una gesti\u00f3n oportuna y eficaz de la parte afectada con la sentencia cuya revisi\u00f3n se pretende\u00bb (CSJ SC 19 dic. 2011, rad. 2009-00918-00, reiterada en CSJ SC116-2017, 19 ene. 2017, rad. 2010-00070-00). <\/p>\n
3. En cumplimiento de dicha labor, debe establecer la Sala si, en el caso sub examine, tuvo ocurrencia la hip\u00f3tesis consagrada en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 355 antes referido, valga decir, si la sentencia que se quiere revisar se bas\u00f3 \u00aben declaraciones de personas que fueron condenadas por falso testimonio en raz\u00f3n de ellas\u00bb. <\/p>\n
De aquella disposici\u00f3n se desprende que el presupuesto esencial que erige la causal en la que se apoya el promotor de la demanda, es la existencia de una decisi\u00f3n penal en firme que ponga en evidencia la comisi\u00f3n del delito de falso testimonio por las personas que declararon al interior de la causa, en este caso, el juicio de uni\u00f3n marital de hecho y liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial. <\/p>\n
As\u00ed lo confirm\u00f3 esta Sala en sentencia SC5254-2019 cuando resalt\u00f3 que, ante el evento contemplado en la causal 3\u00aa de revisi\u00f3n, es \u00abrequisito necesario y suficiente una condena penal en firme por delitos relacionados de manera directa con lo declarado por dichos testigos en el proceso\u00bb. <\/p>\n
Y es que, aunque el mismo canon que contiene la hip\u00f3tesis invocada, dispone que \u00absi el proceso penal no hubiere terminado se suspender\u00e1 la sentencia de revisi\u00f3n hasta cuando se produzca la ejecutoria del fallo penal y se presente la copia respectiva. Esta suspensi\u00f3n no podr\u00e1 exceder de dos (2) a\u00f1os\u00bb (se destac\u00f3), es decir, habilita al inconforme para que interponga su recurso sin la existencia de una condena penal, ha destacado tambi\u00e9n la Corte que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) ello no significa que sea suficiente la presentaci\u00f3n de una denuncia por falso testimonio para dar v\u00eda libre a los supuestos de esta causal, pues dada la seriedad del fundamento en que \u00e9sta se erige y estando de por medio la fuerza de la cosa juzgada que se pretende socavar a trav\u00e9s de esta senda, existe una carga m\u00ednima que debe asumir el recurrente cuando la alega, concerniente en acreditar que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n ya le formul\u00f3 a quien fungi\u00f3 como testigo una imputaci\u00f3n por el delito de falso testimonio, pues al tenor del art\u00edculo 287 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, \u201cEl fiscal har\u00e1 la imputaci\u00f3n f\u00e1ctica cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia f\u00edsica o de la informaci\u00f3n legalmente obtenida, se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o part\u00edcipe del delito que se investiga (\u2026)\u201d\u00bb, (se destac\u00f3) (CSJ AC626-2019, 27 feb., rad. 2018-03989-00, reiterada en CSJ SC5254-2019, 5, dic., rad. 2014-02738-00). <\/p>\n
4. Bajo ese entendido, se itera, es imprescindible para la configuraci\u00f3n de la causal, la certeza de la existencia de una declaraci\u00f3n judicial en firme proveniente de autoridad penal sobre la falsedad de los testimonios en que se edific\u00f3 la providencia cuya revisi\u00f3n se persigue, lo cual no ocurri\u00f3 en este caso porque, como lo constataron los fiscales a quienes les fue asignada la noticia criminal por el delito cuya acreditaci\u00f3n se requiere en este tr\u00e1mite, el proceso penal nunca existi\u00f3 y, por contera, mucho menos un fallo condenatorio. <\/p>\n
Lo antedicho, porque, de un lado, el Fiscal 376 que ten\u00eda a su cargo la denuncia por \u00abFALSO TESTIMONIO\u00bb en contra de Ver\u00f3nica Bermejo Cuentas, Luis Eduardo Pinz\u00f3n Ortiz, Dora Cecilia Gonz\u00e1lez Roncancio, Luz Dary Osorio \u00c1vila, Liliana Alexandra Pinz\u00f3n Ortiz y Germ\u00e1n Humberto Herrera Guerrero, remiti\u00f3 la orden de archivo de aquel tr\u00e1mite, emitida desde el 15 de febrero de 2021, la cual se fund\u00f3 en la falta de evidencia sobre la conducta t\u00edpica supuestamente cometida por los denunciados, pues, seg\u00fan concluy\u00f3, \u00abno es la simple afirmaci\u00f3n de un ciudadano, el criterio o concepto suficiente para poner en movimiento el aparato jurisdiccional del Estado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n penal (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Y de otro, porque como se enunci\u00f3 en el ac\u00e1pite de antecedentes, la asistente del Fiscal 116 puso en conocimiento de la Corte que \u00abla denuncia instaurada por PEDRO ENRIQUE VELASCO GUTIERREZ (\u2026) en contra de LIBIA STELLA PINZ\u00d3N ORTIZ (\u2026) por los presuntos punibles de FRAUDE PROCESAL y FALSO TESTIMONIO, [se encuentra] actualmente en estado ACTIVO y en etapa de INDAGACI\u00d3N\u00bb. <\/p>\n
Sobre este punto, recientemente la Sala record\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) \u201cno existe [proceso] penal por el s\u00f3lo hecho de la presentaci\u00f3n de una denuncia de ese tipo, puesto que para ello se hace necesario que el sujeto imputado haya sido vinculado formalmente a la investigaci\u00f3n mediante la correspondiente \u201cformulaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n\u201d, en los t\u00e9rminos que prev\u00e9 el art\u00edculo 126 de la Ley 906 de 2004, pues entre tanto, \u00fanicamente se puede pregonar la existencia de indagaciones preliminares sin repercusi\u00f3n jur\u00eddica concreta\u201d2. <\/p>\n
(\u2026) En armon\u00eda con el anterior pronunciamiento, la Corte Constitucional se\u00f1al\u00f3 que: \u201cla indagaci\u00f3n es una fase preliminar, anterior al proceso penal propiamente dicho, cuyo objeto consiste en que la Fiscal\u00eda re\u00fana la informaci\u00f3n que se requiere para dar inicio al proceso penal, y defina si el hecho delictivo se cometi\u00f3, c\u00f3mo ocurri\u00f3 y quienes participaron en su realizaci\u00f3n (negrilla fuera de texto)\u201d3 (\u2026) [por lo que] no se puede afirmar que existe proceso penal si no se ha realizado por parte de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n imputaci\u00f3n formal (\u2026)\u00bb, (CSJ SC745-2022, abr. 22, exp. 2019-00375-00). <\/p>\n
5. En ese orden de ideas se tiene que, como en ninguna de las dos acciones iniciadas por el aqu\u00ed actor ante la especialidad que viene de referirse, se alcanz\u00f3 la etapa de imputaci\u00f3n, dado que una fue archivada y la otra, apenas se encuentra en indagaciones, no resultaba procedente la suspensi\u00f3n por dos a\u00f1os a que alude el inciso final del canon 356 del ordenamiento adjetivo, pues su aplicaci\u00f3n est\u00e1 supeditada a la presencia de un proceso penal en curso y, mucho menos, logr\u00f3 configurarse la causal invocada en revisi\u00f3n, toda vez que requiere una condena en firme por falso testimonio o al menos la vinculaci\u00f3n de los encartados a trav\u00e9s de la formulaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n por el ente fiscal, presupuestos que, como se extrae de los anteriores razonamientos, no se cumplen en el asunto. <\/p>\n
6. De lo expuesto deviene l\u00f3gico declarar infundado el recurso de revisi\u00f3n propuesto con la consecuente condena en costas al recurrente, conforme a lo prevenido por el inciso final del art\u00edculo 359 del compendio procesal general. Las agencias en derecho se tasar\u00e1n por la magistrada ponente, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 366 ibidem y las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisi\u00f3n impetrado por Pedro Enrique Velasco Guti\u00e9rrez contra la sentencia descrita en el encabezamiento de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Condenar en costas y perjuicios al recurrente. Liqu\u00eddense mediante incidente los \u00faltimos e incl\u00fayase en la liquidaci\u00f3n de las primeras la suma de $4.000.000 por concepto de agencias en derecho, que fija la magistrada ponente. <\/p>\n
TERCERO: Devolver el expediente al despacho de origen, agregando copia de esta providencia y, en su oportunidad, arch\u00edvese el diligenciamiento contentivo de la actuaci\u00f3n surtida ante esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Auto de 3 de febrero de 2022. <\/p>\n
2\u0002 AC5113 \u2013 2017 reiterado en auto AC5988 \u2013 2021 <\/p>\n
3\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-127\/11. Exequibilidad art\u00edculo 267 de la ley 906 de 2004. <\/p>\n
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