STC10002-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10002-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-02408-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda del Carmen Ram\u00edrez1 en contra de la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a los intervinientes en el proceso de sucesi\u00f3n con radicado 2015-00061, as\u00ed como al Juzgado Veinticinco de Familia de la misma ciudad. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora procura la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales a la tutela jurisdiccional efectiva, debido proceso e igualdad, presuntamente quebrantadas por la autoridad jurisdiccional querellada. <\/p>\n
2.1. A instancias suyas, desde el a\u00f1o 2015, se tramit\u00f3 un proceso de sucesi\u00f3n intestada en el Juzgado Veinticinco de Familia de Bogot\u00e1, bajo el radicado 2015-000612. <\/p>\n
2.2. Ese decurso \u00abfue suspendido por una petici\u00f3n de prejudicialidad\u00bb, a la cual accedi\u00f3 el despacho cognoscente; con posterioridad, por \u00aberror\u00bb, se declar\u00f3 el \u00abdesistimiento t\u00e1cito\u00bb3, bajo la consideraci\u00f3n de que \u00abel proceso estaba inactivo hac[\u00eda] m\u00e1s de un a\u00f1o, obviando[se] la providencia que suspendi\u00f3 el proceso (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.3. Tiempo despu\u00e9s, su apoderado solicit\u00f3 la ilegalidad del pronunciamiento que finiquit\u00f3 la contienda, \u00abpetici\u00f3n [que] fue resuelta de manera favorable[,] por lo que (\u2026) [se] declar\u00f3 la ilegalidad de dicha providencia y [se] orden[\u00f3] continuar con el proceso\u00bb4. <\/p>\n
2.4. Relata que contra la anterior determinaci\u00f3n fue radicado un \u00abincidente de nulidad\u00bb, que fue desestimado por el estrado cognoscente y \u00ablleg[\u00f3] (\u2026) al Honorable Tribunal Superior de Bogot\u00e1 Sala de Familia, quien [el 1 de junio de 2022] resolvi\u00f3 (\u2026) decretar la nulidad con fundamento en la causal 2 del art\u00edculo 133 del C.G.P., espec\u00edficamente por haberse revivido un proceso legalmente concluido\u00bb. <\/p>\n
3. La censora ataca la determinaci\u00f3n adoptada por la Colegiatura ad quem, en tanto resultaba contraevidente y desacertado concluir que se hab\u00eda \u00abrevivido un proceso legalmente concluido\u00bb, dado que el auto por el cual el \u00f3rgano judicial de primer nivel finaliz\u00f3 la controversia, por \u00abdesistimiento t\u00e1cito\u00bb, era manifiestamente \u00abilegal\u00bb y vulneraba los \u00abderechos fundamentales\u00bb de los intervinientes en la causa criticada, especialmente, los de la menor de edad \u00abHildebranda Moreno Ru\u00edz\u00bb5, ya que se fund\u00f3 en hechos que no correspond\u00edan con la realidad procesal, \u00abpor cuanto se bas\u00f3 en que el proceso estuvo inactivo por m\u00e1s de un a\u00f1o, pasando por alto que el mismo despacho hab\u00eda decretado la suspensi\u00f3n por prejudicialidad, raz\u00f3n por la que la inactividad procesal estaba justificada\u00bb. <\/p>\n
4. Con sustento en lo relatado, pide dejar sin efecto el pronunciamiento de 1 de junio de 2022, proferido por el Tribunal cuestionado y, en su lugar, que se contin\u00fae con el tr\u00e1mite respectivo. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Corporaci\u00f3n acusada remiti\u00f3 copias de lo actuado. <\/p>\n
2. El Juzgado de Familia vinculado se\u00f1al\u00f3 que no hab\u00eda vulnerado derecho alguno de la accionante. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la gestora pretende que se deje sin efecto el prove\u00eddo de 1 de junio de 2022, dictado por el Tribunal acusado, por el cual se revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de 1 de diciembre de 2020, adoptada por el Juzgado Veinticinco de Familia de Bogot\u00e1 y, en su lugar, se declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado en el proceso de sucesi\u00f3n cuestionado a partir del auto de 4 de abril de 2019, que orden\u00f3 la reanudaci\u00f3n del proceso, incluyendo la sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n y dem\u00e1s decisiones consecuenciales. <\/p>\n
2. En lo que interesa para los efectos del amparo, la Colegiatura criticada, tras fijar el marco normativo aplicable al caso y explicar cu\u00e1ndo se estructura la causal de invalidez prevista en el numeral 2 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, con soporte en doctrina y jurisprudencia relacionada, consider\u00f3 que esta se configur\u00f3, porque \u00abel 4 de abril del 2019, al dejar sin valor y efecto alguno el auto que decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso de sucesi\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito el 5 de octubre de 2017 (…) dos a\u00f1os despu\u00e9s, se revivi\u00f3 el proceso que estaba legalmente concluido, incurriendo con ello el a-quo en una v\u00eda de hecho que vulner[\u00f3] la confianza leg\u00edtima que tienen los ciudadanos en la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
Puestas las cosas de esa manera, razon\u00f3 que lo que se impon\u00eda era la declaratoria, \u00aba\u00fan de oficio\u00bb, de ese \u00abvicio procesal\u00bb, por tratarse de una \u00abcausal insaneable\u00bb de nulidad, \u00abal tenor de lo previsto en el par\u00e1grafo del art. 135 ibidem\u00bb; y advirti\u00f3, a rengl\u00f3n seguido, que la ineficacia de los actos abarcar\u00eda \u00abtoda la actuaci\u00f3n posterior al hecho generador de la misma\u00bb, incluyendo la \u00absentencia aprobatoria de la partici\u00f3n y las actuaciones posteriores a ella y consecuenciales en este proceso\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, precis\u00f3 que no pod\u00eda pronunciarse acerca de la legalidad de la providencia de 2017, que finiquit\u00f3 el proceso por desistimiento t\u00e1cito, dado que se trataba de una resoluci\u00f3n que se encontraba formalmente ejecutoriada y en firme, raz\u00f3n suficiente para colegir que la causa se encontraba \u00ablegalmente concluida\u00bb y, por dicho motivo, \u00abno pod\u00eda reanudarse el asunto\u00bb. <\/p>\n
3. Revisada la determinaci\u00f3n cuestionada se evidencia que el ad quem atacado, ci\u00f1\u00e9ndose a la preceptiva contenida en el art\u00edculo 133 del estatuto adjetivo y aplic\u00e1ndola a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica puesta en consideraci\u00f3n, estim\u00f3 que, desde el 5 de abril de 2017, cuando se termin\u00f3 la contienda, por desistimiento t\u00e1cito, el proceso se encontraba finalizado con una decisi\u00f3n en firme, que gozaba de fuerza ejecutoria y, por lo mismo, la terminaci\u00f3n hab\u00eda surtido efectos de legalidad y resultaba inviable continuar su tr\u00e1mite, como indebidamente lo hizo el Juzgado de Familia de primer nivel, cuya actuaci\u00f3n, por tanto, estaba viciada de una nulidad insaneable. <\/p>\n
Tal conclusi\u00f3n, independientemente de que sea compartida o no, no se muestra abiertamente arbitraria o alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones surtidas y la normatividad llamada a gobernar el asunto. <\/p>\n
<\/p>\n
En ese sentido, en un caso con alguna similitud, la Sala consider\u00f3 que \u00abla operadora judicial revivi\u00f3 el juicio que se encontraba legalmente fenecido, sin que diera las razones que justificaran tal proceder, porque si bien, hizo uso del aforismo jurisprudencial el cual reza que \u2018los autos ilegales no atan al juez ni a las partes\u2019, desconoci\u00f3 los efectos de la terminaci\u00f3n del proceso, y por consiguiente, atent\u00f3 contra la seguridad jur\u00eddica de las partes\u2026\u00bb, m\u00e1xime que \u00abla teor\u00eda de la ilegalidad de los autos solo aplica cuando el proceso judicial se encuentra en curso, sin que pueda predicarse tal adagio de los asuntos cuyo debate ya se encuentra cerrado\u00bb6, por estar, como lo fue en dicho tr\u00e1mite, en firme el auto que decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
Sin duda, lo evidenciado muestra una disparidad de criterios entre lo considerado por el Colegiado accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de modo que la salvaguarda peticionada no se abre paso, por cuanto el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
<\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC de 28 de marzo de 2012, rad. 00022-01, reiterada recientemente en la STC7607-2021). <\/p>\n
<\/p>\n
A su vez, la Sala ha considerado que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u2019 (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01)\u00bb (cita reiterada en la STC15178-2019, de 7 de noviembre, rad. 2019-00445-01). <\/p>\n
4. Colof\u00f3n de lo razonado, se desestimar\u00e1 el amparo solicitado. <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el auxilio implorado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. Lo anterior, habida cuenta que la aqu\u00ed accionante act\u00faa en el proceso de sucesi\u00f3n cuestionado en nombre de su hija, quien, a la fecha, es menor de edad. <\/p>\n
2\u0002 El causante es Pedro Hern\u00e1n Valbuena. <\/p>\n
3\u0002 Esa determinaci\u00f3n se adopt\u00f3 a trav\u00e9s de providencia de 5 de abril de 2017. <\/p>\n
4\u0002 Ello ocurri\u00f3 el 4 de abril de 2019, cuando el Juzgado Veinticinco de Familia de Bogot\u00e1 declar\u00f3 la ilegalidad del auto de 5 de abril de 2017. <\/p>\n
5\u0002 Seg\u00fan la informaci\u00f3n que reposa en el expediente contentivo de la causa cuestionada, la menor naci\u00f3 el 1 de octubre de 2012. <\/p>\n
6\u0002 STC-9417-2019, radicaci\u00f3n 2019-01654-00, del 17 de julio de 2019. <\/p>\n
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