STC10005-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10005-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-01038-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Yamile Rangel Calder\u00f3n frente al fallo proferido el 2 de junio de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta y el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, defensa, igualdad, \u00abdebida y eficaz administraci\u00f3n de justicia\u00bb, as\u00ed como de los principios de \u00abbuena fe\u00bb y \u00abconfianza\u00bb, presuntamente vulnerados por las sedes judiciales acusadas al acceder a la solicitud de nulidad formulada por el ente fiscal en la causa recriminada; por lo cual rog\u00f3 disponer la revisi\u00f3n de las decisiones adoptadas en tal sentido. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso: <\/p>\n
2.1. En la causa penal que cursa contra la actora por los delitos de celebraci\u00f3n de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiaci\u00f3n, el 2 de agosto 2021, en desarrollo de la audiencia de juicio oral, la Fiscal\u00eda deprec\u00f3 la nulidad de lo actuado desde la audiencia preparatoria, aduciendo que en esa etapa se omiti\u00f3 efectuar pronunciamiento sobre sus solicitudes probatorias, a lo cual accedi\u00f3 el Juzgado convocado; determinaci\u00f3n que, el pasado 31 de enero, mantuvo el Tribunal convocado. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta y el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esa ciudad limitaron sus intervenciones a rese\u00f1ar las actuaciones all\u00ed surtidas. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el resguardo al encontrar insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad, al considerar, en lo medular, que \u00abel hecho de que el proceso penal que se adelanta contra\u2026 Rangel Calder\u00f3n\u2026 est\u00e9 actualmente en curso, torna improcedente la acci\u00f3n de amparo, pues, ser\u00e1 al interior del proceso, donde, con independencia de la posici\u00f3n asumida frente a la nulidad planteada por la fiscal\u00eda, podr\u00e1 insistir en las inconformidades que hoy reclama\u2026 mediante mecanismo preferente, seg\u00fan las cuales, acceder a la nulidad fue otorgar una nueva posibilidad al ente acusador para subsanar insuficiencias en la etapa de solicitudes probatorias que deb\u00eda entenderse concluida\u00bb. <\/p>\n
Lo dicho, porque en tal juicio \u00abla interesada puede ejercer sus derechos; hasta el punto que, si los resultados no son de su agrado, tienen la oportunidad de discutir el asunto puntualmente, para que sea valorado en la sentencia, en el recurso de apelaci\u00f3n que pueda interponer en caso de una decisi\u00f3n contraria a sus intereses e inc[l]uso, proponerla en el eventual recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la quejosa insistiendo en sus planteamientos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, de entrada, se advierte la confirmaci\u00f3n del fallo del a-quo constitucional, en la medida en que los reproches de la censora se enfilaron a derruir la prosperidad de la solicitud de nulidad que en el juicio recriminado plante\u00f3 el ente fiscal. <\/p>\n
En efecto, la salvaguarda deviene improcedente por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que el proceso penal se halla en curso, ni siquiera se hab\u00eda dictado sentencia de primer grado para cuando fue propuesta esta salvaguarda, la que de resultarle adversa ser\u00eda susceptible de apelaci\u00f3n y, en caso de que eventualmente tampoco comporta la determinaci\u00f3n del ad-quem, podr\u00eda acudir al recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Luego, muy a pesar de sus alegaciones, su reclamo se mostraba presuroso, pues este no es el mecanismo id\u00f3neo para elucidar aspectos como los que aqu\u00ed plante\u00f3, ya que la ley penal ofrece a los sujetos procesales precisas herramientas de defensa judicial para que expongan ante el juez natural sus argumentaciones o inconformidades, sin que las mismas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, de donde configurada est\u00e1 la causal establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, referente a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, en otra oportunidad esta Corte puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la solicitud de amparo demandada no puede triunfar y, por tanto, debe denegarse, toda vez que, como lo asegur\u00f3 la Sala en pasada ocasi\u00f3n [Vid sentencia del 9 de octubre de 2003, exp. 02766.] y lo destac\u00f3 el fallo de primera instancia, los supuestos f\u00e1cticos edificantes de la queja constitucional formulada sit\u00faan el debate en el terreno del motivo de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se llega a la anterior conclusi\u00f3n por cuanto los supuestos yerros en que se habr\u00eda incurrido, si los hubiese, pueden ser corregidos por el Juez Penal del Circuito de conocimiento al momento de proferir la sentencia, y, en caso de finalizar con una eventual condena, el accionante cuenta con los recursos ordinarios y los extraordinarios para que se revise esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
Planteadas as\u00ed las cosas, queda al descubierto la inviabilidad de lo pretendido, \u201cmerced a que de otro modo se estar\u00eda interfiriendo el marco de competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico patrio y, naturalmente, el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que choca con los dictados de la doctrina constitucional\u201d (sentencia del 9 de septiembre de 2005, exp. 01260), en cuanto que esa especial situaci\u00f3n, lo tiene decantado la jurisprudencia, le impide al interesado acudir v\u00e1lidamente a la acci\u00f3n excepcional promovida, toda vez que es asunto que necesariamente debe \u201cdiscutirse en el escenario procesal adecuado a trav\u00e9s de los recursos pertinentes ante los funcionarios acusados\u201d [Cfme. sentencia del 10 de agosto de 2005, exp. 01094] (CSJ STC, 23 jun. 2008, rad. 2008-01155-01; reiterada, entre muchas otras, en STC10591-2016, 3 ag., rad. 2016-01093-01; y STC2674-2020, 12 mar., rad. 2020-00150-01). <\/p>\n
Por ese rumbo, la eventual conculcaci\u00f3n de garant\u00edas esenciales que aqu\u00ed se adujo, muy a pesar de la insistencia de la quejosa, es un asunto que a\u00fan puede plantear en el juicio recriminado y, de llegar a demostrar que le asiste raz\u00f3n, habr\u00e1n de tomarse all\u00ed las medidas adecuadas para renovar la actuaci\u00f3n, por lo que las v\u00edas atr\u00e1s referidas (recursos de apelaci\u00f3n y casaci\u00f3n frente a las eventuales sentencias adversas) s\u00ed se muestran id\u00f3neas y eficaces para su cometido, evidenci\u00e1ndose que actualmente no se presenta ning\u00fan eventual perjuicio irremediable que torne procedente este resguardo como mecanismo transitorio, m\u00e1xime cuando no existe condena en firme alguna en contra de la censora, de donde insatisfechos est\u00e1n los supuestos jurisprudenciales para la viabilidad excepcional de este ruego supralegal. <\/p>\n
3. Lo consignado impone respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados, env\u00edeseles copia de esta providencia y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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