STC10006-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10006-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2022-00183-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Ruth Betty Ortiz Padilla frente al fallo proferido el 21 de junio de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella, en representaci\u00f3n de su hijo menor de edad, contra el Juzgado de Familia de Los Patios, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos esenciales al debido proceso, de los ni\u00f1os, adolescentes y doble instancia, presuntamente vulnerados por el estrado acusado en el juicio reprochado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar \u00abal Juzgado accionado\u2026 se\u00f1ale fecha y hora para llevar a cabo la audiencia en la que, proferir\u00e1 la sentencia respectiva bajo los lineamientos que, la\u2026 Sala disponga, con miras a amparar los derechos constitucionales fundamentales del menor de edad y lo dem\u00e1s que, el Juez Colegiado Constitucional estime\u00bb. <\/p>\n
2. Los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso son los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el juicio ejecutivo por alimentos que la accionante, en nombre de su hijo menor de edad, instaur\u00f3 contra el padre de \u00e9ste, Jorge Arturo Alvarado Bautista, y en el que, el 1\u00ba de febrero de 2021, inicialmente se libr\u00f3 orden de apremio por la suma de $123.975.450,oo (como sumatoria de \u00ablos valores de una deuda reconocida\u2026 en junio de 2016 y las cuotas de alimentos causadas y dejadas de cancelar\u2026 desde enero\u2026 a diciembre de 2017\u00bb), surtidas las etapas de rigor, el 7 de abril de 2022 el Juzgado acusado dict\u00f3 sentencia, en la cual declar\u00f3 \u00abPROBADA PARCIALMENTE la excepci\u00f3n de acreditaci\u00f3n de pago de lo cobrado\u00bb, por lo cual modific\u00f3 el mandamiento de pago, fijando el capital en $33.896.641,16. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela la quejosa adujo que con esa decisi\u00f3n se incurri\u00f3 en defectos f\u00e1ctico y procedimental absoluto. <\/p>\n
Lo primero, porque no se respetaron las reglas del canon 203 del C\u00f3digo General del Proceso para recaudar el interrogatorio de su antagonista y, al momento de sopesar el testimonio de Albarrac\u00edn Parada, quien era empleada del ejecutado, no se tuvo en cuenta dicha relaci\u00f3n de dependencia que restaba alcance a su versi\u00f3n; sumado a que el fallo definitorio del asunto careci\u00f3 de la motivaci\u00f3n suficiente para soportar su parte resolutiva y fue incongruente de cara a lo pedido en la demanda. <\/p>\n
Lo segundo, en esencia, porque en la sentencia se indic\u00f3 que contra la misma no proced\u00edan recursos. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado de Familia de Los Patios indic\u00f3 que \u00ablas decisiones adoptadas se fundan en las pruebas oportunamente allegadas al proceso, sin que con ello se vulnere derechos fundamentales a la accionante\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3, en cuanto a los testimonios, que \u00abhubo coincidencia en sus manifestaciones y, en su oportunidad[,] no fueron tachados por la\u2026 accionante\u00bb; y respecto de \u00abla no existencia de recurso en contra de la sentencia, [que] en el momento de dictar[la]\u2026 ni aun d\u00edas despu\u00e9s, la parte demandante ni demandada presentaron recurso alguno\u00bb. <\/p>\n
2. La Defensora de Familia Adscrita a los Juzgados de Familia del Distrito Judicial de C\u00facuta solicit\u00f3 dar aplicaci\u00f3n \u00abal Art\u00edculo 98 de la Ley 1098\/2006\u00bb y remitir \u00abla Tutela en Referencia a la Comisar\u00eda de Familia del Municipio de Los Patios[,] por raz\u00f3n de Competencia a fin de que dicha autoridad administrativa emita concepto frente a esta Acci\u00f3n Constitucional. Toda vez que [sus] funciones est\u00e1n circunscrita[s] al Municipio de C\u00facuta\u00bb. <\/p>\n
3. Jorge Arturo Alvarado Bautista defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n de la autoridad judicial acusada y deprec\u00f3 denegar la protecci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 la salvaguarda porque \u00abla decisi\u00f3n\u2026 por medio de la cual se finiquit\u00f3 la instancia, se ciment\u00f3 en las pruebas aportadas y practicadas, que no fueron tachadas, las que, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, fueron apreciadas en conjunto y valoradas \u201cde acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica\u201d… Adem\u00e1s, no puede pretender la accionante, en raz\u00f3n a que la sentencia fue contraria a sus intereses, que por v\u00eda tutela se revivan etapas ya surtidas\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la parte actora sin exponer los motivos de su disenso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, se advierte que la salvaguarda propuesta estaba llamada al fracaso, lo que impone ratificar la decisi\u00f3n de primer grado, por las razones que se pasa a exponer: <\/p>\n
2.1. De un lado, en cuanto a lo planteado frente al interrogatorio de la pasiva, lo cierto es que en el auto de 16 de junio de 2021, mediante el cual se abri\u00f3 a pruebas el proceso, aqu\u00e9l no fue decretado y la parte ejecutante no recurri\u00f3 tal determinaci\u00f3n, aunado a que, en todo caso, revisado el video de la audiencia llevada a cabo el 3 de febrero de 2022, a diferencia de lo aducido por la quejosa, a su apoderado se le permiti\u00f3 interrogar libremente al ejecutado, sin ning\u00fan tipo de interrupci\u00f3n, objeci\u00f3n u obstaculizaci\u00f3n; de otra parte, porque, en la oportunidad debida, el extremo reclamante no tach\u00f3 de falsos los documentos en que se soport\u00f3 el veredicto refutado ni tach\u00f3 de sospecha la testimonial de Albarrac\u00edn Parada, y sumado a la patente improcedencia del recurso de apelaci\u00f3n en los juicios de alimentos como el aqu\u00ed reprochado (numeral 7\u00ba del art\u00edculo 21 del C\u00f3digo General del Proceso), lo cierto es que tampoco objet\u00f3 de ninguna forma la manifestaci\u00f3n efectuada al expedir la parte resolutiva de la sentencia respecto a que contra la misma \u00abno procede recurso alguno\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, en torno a esos puntuales aspectos, muy a pesar de las alegaciones de la accionante, la solicitud de resguardo carece del requisito de procedibilidad de la subsidiariedad, comoquiera que, ciertamente, de cara a los mismos, ninguna manifestaci\u00f3n u objeci\u00f3n plante\u00f3 en las oportunidades debidas ante el juzgador natural. <\/p>\n
Circunstancia que evidencia su descuido en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos ante el fallador ordinario e impide al de tutela interferir el tr\u00e1mite respectivo, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los medios de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que les sean adversas, en tanto el resultado es fruto de su propia incuria. <\/p>\n
En cuanto al particular, la Corte ha sostenido que si la gestora de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en cuanto a los aspectos bajo an\u00e1lisis, la protecci\u00f3n rogada no se abre paso a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, por la evidente e injustificada falta de agotamiento de los medios ordinarios de regular procedencia para controvertir, ante el juez com\u00fan, las actuaciones criticadas en sede de tutela. <\/p>\n
2.2. Por otro lado, la salvaguarda tampoco se abre paso en relaci\u00f3n con las cr\u00edticas formuladas frente a la sentencia en la que el 7 de abril \u00faltimo el estrado acusado declar\u00f3 parcialmente probada \u00abla excepci\u00f3n de acreditaci\u00f3n de pago de lo cobrado\u00bb y, en consecuencia, dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n pero por $33.896.641,16, como sumatoria del \u00absaldo de lo no cancelado hasta diciembre de 2017 y\u2026 los incrementos de alimentos de los a\u00f1os 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 hasta marzo de 2022\u00bb; porque al auscultar tal pronunciamiento, para la Sala no luce arbitrario. <\/p>\n
2.2.1. En efecto, al emitir tal providencia, luego de hacer un recuento de la actuaci\u00f3n surtida, aludir al contenido de cada una de las probanzas recolectadas y se\u00f1alar algunas generalidades en torno al t\u00edtulo ejecutivo, de cara al alcance del referido material suasorio en correlaci\u00f3n con lo demandado y lo excepcionado, expres\u00f3: <\/p>\n
Excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada acreditaci\u00f3n de pago de lo cobrado y\/o no debido. <\/p>\n
El proceso ejecutivo est\u00e1 instituido para la realizaci\u00f3n de las obligaciones que hayan sido celebradas por las partes, esta excepci\u00f3n va dirigida a atacar el cobro del t\u00edtulo por cuanto, se asegura, \u2026se ha cancelado y, por tanto, no existe deuda. <\/p>\n
Observando el escrito de contestaci\u00f3n puede verificarse que el ejecutado, para fundamentar la excepci\u00f3n propuesta, aporta una relaci\u00f3n de 18 consignaciones, realizadas a una cuenta de Bancolombia, de fechas 29 de julio del 2016 hasta el 27 de diciembre del 2016, por valor de $73.666.698; adem\u00e1s\u2026, aporta 6 recibos firmados por la se\u00f1ora Andrea Alvarado, Diego Felipe Senove Saravia, Iv\u00e1n Mel\u00e9ndez, por la suma de $40.000.000\u2026 <\/p>\n
Para verificar lo anterior, procederemos a relacionar las cuotas alimentarias cobradas y los recibos y consignaciones allegados, los cuales, teniendo en cuenta lo establecido en el art\u00edculo 280 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo informado por la demandante en el interrogatorio de parte, en el cual repetidamente manifiesta que no recibi\u00f3 abono de la deuda, que estos pagos [se] deb\u00edan hacer a una cuenta y no en efectivo, cuando dichos pagos se consignaron a la cuenta aportada por la misma demandante en la audiencia celebrada en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el 8 de julio del 2016, y que, efectivamente, no fueron recibidos por ella por encontrarse la cuenta embargada, por el proceso insolvencia iniciado; es decir, el hecho que no los haya retirado no significa que el demandado no los haya efectuado, no los haya consignado; por lo que ha de tenerse en cuenta esta situaci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora bien, en cuanto a los pagos recibidos en efectivo, se puede evidenciar que el demandado, a manera de colaborar con alimentos que adeudaba a sus hijos, a trav\u00e9s de su secretaria realiza los pagos a las personas que [hicieren] de intermediarias entre las partes, aqu\u00ed procesales, por no contar estos con una buena relaci\u00f3n; por lo cual los recibos de caja se tendr\u00e1n como abono a la deuda, ya que los mismos no fueron tachados, solo se dice que existen anotaciones al final, pero los mismos no presentan tachaduras ni enmendaduras. <\/p>\n
Cuando se descorren las excepciones propuestas, el apoderado de la parte demandante se [dedica] a informar que [d]el paz y salvo existente no puede entenderse que efectivamente lo consignado all\u00ed sea verdad probatoria; adem\u00e1s, aporta unos extractos de cuenta de los periodos comprendidos entre el 31 de diciembre del 2016 hasta el 31 de marzo del 2017 y del 1\u00ba de abril del 2017 hasta junio del 2017, fechas en las cuales ya los pagos se realizaban en efectivo; de acuerdo a lo se\u00f1alado por el demandado y su secretaria los pagos se realizaron en dicha cuenta hasta el 27 diciembre del 2016, es claro, no se ver\u00edan reflejados los pagos efectuados por el Se\u00f1or Jorge Arturo. <\/p>\n
En cuanto al pago de la suma de $30.000.000 realizados a la se\u00f1ora de Diana Miley Eugenio, no se tendr\u00e1n en cuenta, toda vez que estos dineros fueron realizados para pago de una deuda del se\u00f1or Jorge Arturo, con su hijo Diego Felipe, y adem\u00e1s, no obra ninguna acreditaci\u00f3n que hayan sido destinados para concepto alimentario. <\/p>\n
Cabe tenerse en cuenta que estos pagos no son por el total de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Con fundamento en ello, de manera categ\u00f3rica, encontr\u00f3 probada dicha excepci\u00f3n porque la liminar orden de apremio se libr\u00f3 por la suma de $123.975.450 pero el ejecutado hab\u00eda realizado abonos a la misma en cuant\u00eda de $113.666.698, de donde su deuda, \u00aba diciembre del 2017\u00bb, tan s\u00f3lo ascend\u00eda a $10.308.781. <\/p>\n
Seguidamente afirm\u00f3 que no efectuar\u00eda ninguna consideraci\u00f3n respecto a la defensa soportada en la supuesta \u00abtemeridad y mala fe\u00bb de la ejecutante, porque \u00abexiste un proceso penal o investigaci\u00f3n penal en curso, donde [se] resolver\u00e1 de fondo todo lo concerniente sobre el particular\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, \u00aben relaci\u00f3n a los incrementos\u00bb, indic\u00f3 que, desde el 2017, el deudor viene cancelando la misma suma de $2.666.666 por concepto de cuota alimentaria; y que a pesar de observar que \u00ablo del incremento no qued\u00f3 establecido en el acuerdo firmado, se tiene que este pago debe tener un incremento, porque no se va a realizar durante toda la vida del alimentario o hasta que se presente una nueva conciliaci\u00f3n, y aunque el demandado informa que realiza como pago el dinero de la venta de un lote y que \u00e9ste dinero fue dado a todos sus hijos, se puede decir que ello no aplica en el presente caso, pues no hay acreditaci\u00f3n que fuera destinado para cubrir concepto alimentario; raz\u00f3n por la cual se afirma que, en la actualidad y luego de realizar las operaciones aritm\u00e9ticas correspondientes, el demandado debe por incrementos los siguientes valores\u00bb: <\/p>\n
<\/p>\n
De all\u00ed, extrajo que el total de lo debido, a la fecha de emisi\u00f3n de su pronunciamiento, correspond\u00eda a $33.896.641,16 (sumatoria de $10.308.781 -por saldo de deuda a diciembre de 2017- m\u00e1s $23.587.860,16 -por incrementos dejados de cancelar-), por lo que dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n pero por tal monto, junto a los intereses de mora sobre el mismo, desde la fecha de causaci\u00f3n de cada una de las obligaciones, independientemente consideradas. <\/p>\n
2.2.2. Bajo ese contexto, es evidente la improcedencia del amparo, comoquiera que los fundamentos de la decisi\u00f3n censurada no resultan arbitrarios o caprichosos, toda vez que obedecieron a la interpretaci\u00f3n del ordenamiento legal vigente para el caso concreto y, contrario a lo aducido por la reclamante, al juicioso estudio conjunto de todas las pruebas recaudadas, de las cuales se deriv\u00f3 el pago parcial de la obligaci\u00f3n perseguida, teniendo en cuenta para ello no s\u00f3lo la testimonial de Albarrac\u00edn Parada sino tambi\u00e9n los distintos recibos y comprobantes de consignaci\u00f3n que dan cuenta de que la acreedora efectivamente recibi\u00f3 varios abonos, documentos que, se insiste, \u00e9sta no tach\u00f3 de falsos; lo que era suficiente para soportar la prosperidad parcial del medio defensivo y la consecuente modificaci\u00f3n de la orden de apremio, lo que, a pesar de serle desfavorable a la ejecutante, no resulta apto, per se, para el buen suceso de esta acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Corte observa que los razonamientos cuestionados se realizaron en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades propias del Juez ordinario que hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial y que, en consecuencia, inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en las mismas, sustituyendo a aqu\u00e9l como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual; es decir, aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por el juzgador, esa sola disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Frente al particular se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (se destac\u00f3 – CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Las anteriores razones imponen respaldar el fallo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC10006-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC10006-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2022-00183-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Ruth Betty Ortiz Padilla frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-65908","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65908","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65908"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65908\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65908"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65908"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65908"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}