STC10007-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10007-2022 <\/p>\n
1.1.1.Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-01313-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cuatro (04) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
1.2.Decide la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por Leila Esquivel Restrepo frente a la Sala de Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso declarativo de radicado 2019-00339. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demanda la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, confianza leg\u00edtima, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Stefan\u00eda Orteg\u00f3n Mu\u00f1oz promovi\u00f3 demanda declarativa contra Edison Vargas Guzm\u00e1n, Mois\u00e9s Huertas Laiton y Leila Esquivel Restrepo, tr\u00e1mite en el que el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1, con auto de 7 de septiembre de 2021, se\u00f1al\u00f3 fecha para llevar a cabo la audiencia inicial, decret\u00f3 la pr\u00e1ctica de algunas pruebas y neg\u00f3 otras de la parte demandante, al considerar insatisfecha la carga enunciativa dispuesta en el art\u00edculo 212 del C\u00f3digo General del Proceso. Frente a las probanzas peticionadas por la tutelante, indic\u00f3 que, \u00aben prove\u00eddo de 31 de agosto de 2021, se precis\u00f3 que aqu\u00e9lla se notific\u00f3 por aviso y en el t\u00e9rmino legal guard\u00f3 silencio\u00bb, por lo que no accedi\u00f3 a las solicitadas. <\/p>\n
2.2. El 1\u00ba de marzo de 2022, el Juzgado censurado mantuvo la providencia anterior, precisando que \u00abel recurso formulado por la demandada deviene improcedente y extempor\u00e1neo, como quiera que la determinaci\u00f3n seg\u00fan la cual, aqu\u00e9lla guard\u00f3 silencio frente a la demanda se adopt\u00f3 el 31 de agosto de 2020 [\u2026] decisi\u00f3n que se encuentra ejecutoriada ante la ausencia de recursos\u00bb; a su vez, concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto en el \u00abefecto devolutivo\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 29 de marzo del presente a\u00f1o, el Tribunal revoc\u00f3 parcialmente el auto apelado, pero solo en lo que concierne a los testimonios solicitados por la demandante\u00bb, los cuales decret\u00f3 y confirm\u00f3 en lo dem\u00e1s. <\/p>\n
2.4. Al respecto, la promotora censura la decisi\u00f3n del Tribunal, en cuanto, en su criterio: i) no debi\u00f3 revocar el rechazo de los testimonios pedidos por la demandante, pues no se expuso el objeto de la prueba: ii) debi\u00f3 tener por tempestiva la r\u00e9plica de la demanda por ella presentada, para decretar las declaraciones all\u00ed pedidas; y iii) no debi\u00f3 tramitar la alzada de la parte activa, porque no sufrag\u00f3 las \u00abexpensas necesarias para la expedici\u00f3n de las copias -electr\u00f3nicas- para el surtimiento del recurso\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 \u00abDECLARAR SIN VALOR NI EFECTO [\u2026] LAS DECISIONES ADOPTADAS EN EL PROVE\u00cdDO DEL 29 DE MARZO DE 2022\u00bb, \u00abORDENAR [\u2026] REVOCAR Y ACCEDER AL DECRETO DE LAS PRUEBAS SOLICITADAS POR LA SUSCRITA\u00bb, \u00abCONFIRMAR LA DECISION [\u2026] QUE NEG\u00d3 EL DECRETO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL SOLICITADA POR LA DEMANDANTE [\u2026] AS\u00cd COMO EL HABER ACCEDIDO A TRAMITAR EL RECURSO DE APELACI\u00d3N SIN EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIA QUE (\u2026) IMPONE LA LEY CIVIL\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
El Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que lo pretendido por la accionante era \u00abrevivir t\u00e9rminos y actuaciones procesales que fenecieron en silencio, toda vez que [\u2026] la pasiva fue notificada por aviso, sin que mediara contestaci\u00f3n de demanda y\/o excepciones en tiempo. Hechos que datan del a\u00f1o 2020\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, inform\u00f3 que dict\u00f3 auto de obedecimiento a lo resuelto en el prove\u00eddo que revoc\u00f3 parcialmente lo decidido el 7 de septiembre de 2021 y que proceder\u00eda a realizar la audiencia subsiguiente. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si la Corporaci\u00f3n cuestionada vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales alegadas por la promotora, con ocasi\u00f3n del auto proferido el 29 de marzo de 2022, que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n interpuesta contra el prove\u00eddo dictado 7 de septiembre de 2021 por el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1, que rechaz\u00f3 algunas pruebas testimoniales pedidas por la demandante y no decret\u00f3 las solicitadas por la tutelante, \u00abcomo quiera que no contest\u00f3 la demanda\u00bb. <\/p>\n
2. Al respecto, en primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues, de interpretarse en ese sentido las reglas que regulan este mecanismo, no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces, de suerte que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable. <\/p>\n
3.1. En dicha providencia, para definir lo relativo a las pruebas pedidas por la tutelante, se refiri\u00f3 a las oportunidades para requerir la pr\u00e1ctica de pruebas y enfatiz\u00f3 que, \u00absi en providencia de 31 de agosto de 2020 la jueza advirti\u00f3 que la se\u00f1ora Esquivel hab\u00eda sido notificada por aviso y que \u2018dentro del t\u00e9rmino concedido\u2026 guard\u00f3 silente conducta\u2019, determinaci\u00f3n contra la cual no se present\u00f3 recurso alguno, luce correcta la decisi\u00f3n de negar los medios probatorios suplicados en un acto procesal de parte de la demandada que no produjo efectos en el proceso\u00bb, por lo que se abstuvo de hacer pronunciamiento respecto de la tempestividad de la contestaci\u00f3n de la demanda alegada por la promotora, dado que dicha decisi\u00f3n hab\u00eda cobrado fuerza ejecutoria y que su competencia se limitaba a lo previsto en el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 328 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
3.2. Por otra parte, en cuanto a la apelaci\u00f3n de la all\u00ed demandante, quien reclamaba por la negativa de unos testimonios, la Corporaci\u00f3n accionada adujo que, si bien el art\u00edculo 212 del C\u00f3digo General del Proceso le impone a las partes el deber de informar el nombre, domicilio y lugar de residencia de las personas que presenten como testigos, \u00abtales requerimientos pueden ser satisfechos por el interesado en la prueba sin apego a expresiones sacramentales, como aqu\u00ed sucedi\u00f3, pues la recurrente no s\u00f3lo mencion\u00f3 los nombres de los testigos [\u2026] sino que precis\u00f3 adem\u00e1s, que dar\u00edan testimonio \u2018sobre los hechos de la demanda\u2019 [\u2026] [por lo que] que constituir\u00eda un exceso formalismo exigirle que, en todo caso, ha debido reproducir los enunciados f\u00e1cticos ya relatados\u00bb. <\/p>\n
En respaldo de lo anterior, expuso que en la decisi\u00f3n tomada por el a quo cit\u00f3 jurisprudencia de esta Sala, en la cual se \u00abrecord\u00f3 que \u2018quien pide no tiene la obligaci\u00f3n de hacer una relaci\u00f3n extensa y dispendiosa de cada uno de los eventos o sucesos que busca acreditar con la declaraci\u00f3n del tercero, pues lo cierto es que la norma no exige que se haga con ese rigorismo exagerado, basta con que el interesado de alguna forma deje ver cu\u00e1les son las circunstancias f\u00e1cticas [que] procura demostrar y que con ello se pueda determinar los requisitos para decretar el medio probatorio, para tener por cumplido el presupuesto\u2019\u00bb 1. <\/p>\n
Igualmente, aludi\u00f3 a otro pronunciamiento de esta Corporaci\u00f3n, en el que, en sentido diferente, se se\u00f1al\u00f3 que \u00ablos argumentos [\u2026] relacionados con que basta se\u00f1alar de manera \u2018sucinta\u2019 el objeto de la prueba requerida, no son de recibo por cuanto [\u2026], se cimentaron en la norma adjetiva anterior a la implementaci\u00f3n de la Ley 1564 de 2012, y al momento de solicitar la pr\u00e1ctica de los aludidos testimonios el demandante solo expres\u00f3 que lo pretendido con los mismos era que se declaren sobre los hechos y pretensiones de la demanda, como de [su] contestaci\u00f3n [\u2026] incumpli\u00e9ndose de esa manera con el requisito de \u2018concreci\u00f3n\u2019 que impone el canon 212 ejusdem, pues [\u2026] su exposici\u00f3n fue gen\u00e9rica e indeterminada\u00bb2. <\/p>\n
Y, sopesando las tesis expuestas, el Tribunal resalt\u00f3 la postura incorporada en la CSJ STC15020-2018, a la cual se acogi\u00f3, argumentando que ambas eran decisiones \u00abadoptadas [\u2026] en sede de tutela, que s\u00f3lo producen efectos interpartes\u00bb y que aquella correspond\u00eda con el criterio que el Tribunal \u00abha venido manejando en m\u00faltiples pronunciamientos [\u2026] como puede advertirse en los autos de 12 de abril y 27 de junio de 2019 (exp. 029 2018 194 01 y 038 2017 262 02), 26 de marzo y 18 de noviembre de 2021 (exp. 002 2020 63 02 y 022 2019 824 01). <\/p>\n
Adicionalmente, refiri\u00f3 que el art\u00edculo 212 del C\u00f3digo General del Proceso \u00abno prev\u00e9 una consecuencia jur\u00eddica sancionatoria si no se satisface plenamente alguna de sus exigencias, por lo que, en principio, no podr\u00eda el juez deducirla\u00bb y en sustento cit\u00f3 decisiones de la propia Sala, conforme a lo cual concluy\u00f3 que \u00ab[N]o se ve, entonces, la raz\u00f3n para rechazar de plano la prueba testimonial so pretexto de que \u2018la petici\u00f3n no cumple con los presupuestos establecidos en el art\u00edculo 212\u2019, porque la recurrente s\u00ed enunci\u00f3 de manera breve lo que se pretende probar con las declaraciones [y revoc\u00f3] parcialmente el auto apelado, pero s\u00f3lo en lo concerniente a los testimonios solicitados por la demandante, los cuales se decretan\u00bb. <\/p>\n
4. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada, independientemente de que la postura sea o no compartida, no resulta abiertamente arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones surtidas, de la omisi\u00f3n en la interposici\u00f3n de recurso contra el auto ejecutoriado del 31 de agosto de 20203 y con soporte en la normatividad que gobierna el asunto y en jurisprudencia relacionada, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no habilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
As\u00ed las cosas y a tono con la actuaci\u00f3n procesal analizada, en el sub judice se observa una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden4. <\/p>\n
5. Por lo dem\u00e1s, frente al reproche de tramitar la apelaci\u00f3n de la demandante, a pesar de que no se pagaran las \u00abexpensas necesarias para la expedici\u00f3n de las copias -electr\u00f3nicas- para el surtimiento del recurso\u00bb, se advierte, de una parte, que el auto que concedi\u00f3 la alzada nada dispuso respecto del pago de esas \u00abcopias\u00bb y, de otra, que contra ese prove\u00eddo ning\u00fan reproche elev\u00f3 la promotora, por lo que el amparo invocado no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, dado que el asunto no fue rebatido en su oportunidad. <\/p>\n
6. Por las razones anotadas, se niega la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, NIEGA el amparo invocado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Salvamento de Voto) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01313-00 <\/p>\n
En mi criterio no es razonable sostener que para la petici\u00f3n y decreto de un testimonio sea suficiente que el solicitante manifieste que ese medio de prueba versar\u00e1 \u00absobre los hechos de la demanda\u00bb. Tampoco resulta admisible predicar que el C\u00f3digo General del Proceso \u00abno prev\u00e9 consecuencia jur\u00eddica sancionatoria si no se satisface plenamente alguna de [las] exigencias\u00bb consagradas en su art\u00edculo 212. Menos, que la interpretaci\u00f3n avalada por la sala mayoritaria en este caso tenga \u00absoporte en la normatividad que gobierna el asunto y con la jurisprudencia\u00bb citada por el Tribunal accionado. <\/p>\n
A decir verdad, uno de los principales prop\u00f3sitos del C\u00f3digo General del Proceso consisti\u00f3 en armonizar las reglas del juicio civil con los preceptos de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de <\/p>\n
1991. Tal cometido apunt\u00f3, en \u00faltimas, a materializar el postulado de tutela judicial efectiva de quienes acuden a la jurisdicci\u00f3n para la definici\u00f3n leg\u00edtima y pac\u00edfica de sus controversias. <\/p>\n
En lo que respecta al r\u00e9gimen probatorio, comporta un importante cambio el que ahora los litigantes deben acudir ante los jueces a constatar los supuestos de hecho que invocan en sus escritos iniciales y no justamente a averiguarlos como ocurr\u00eda en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (Decreto 1400 de 1970), pues no se trata de un proceso averiguatorio sino de uno confirmatorio <\/p>\n
Lo dicho se extrae de la lectura de la normativa actual que, a diferencia de su predecesora, impuso i). el deber a las partes de \u00ab[a]bstenerse de solicitarle al juez la consecuci\u00f3n de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petici\u00f3n hubiere podido conseguir\u00bb (art. 78), ii). la prohibici\u00f3n legal de decretar las documentales de que trata el literal precedente (art. 173), iii). la posibilidad de practicar pruebas de com\u00fan acuerdo, incluso, con antelaci\u00f3n al litigio (art. 190), iv). la responsabilidad de aportar el dictamen pericial que se pretenda hacer valer \u00aben la respectiva oportunidad para pedir pruebas\u00bb (art. 2270), entre otras. <\/p>\n
De lo expuesto es dable colegir que el actual estatuto procesal propende porque sean los justiciables quienes aporten los medios probatorios con los que pretenden soportar sus afirmaciones y solamente soliciten a los jueces la adquisici\u00f3n o pr\u00e1ctica de lo que no les fue posible recopilar. <\/p>\n
Un claro ejemplo de una prueba que no siempre se logra recaudar en la etapa previa o inicial del juicio corresponde a la testimonial, pues a pesar de que el legislador permite su recaudo extrajudicial (arts. 183, 185, 187, 188 y 190 del C\u00f3digo General del Proceso), tambi\u00e9n dicha evidencia puede ser pedida en las oportunidades respectivas y con el lleno de los requisitos correspondientes (arts. 208 al 225 de la citada codificaci\u00f3n). <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de las condiciones que deben cumplirse al momento de peticionarla, el canon 212 del estatuto en comento destac\u00f3 el deber del solicitante consistente en indicar los hechos espec\u00edficos que pretende acreditar con ella. <\/p>\n
En ese contexto, es preciso recordar que el art\u00edculo 219 del anterior C\u00f3digo de Procedimiento Civil -Decreto 1400 de <\/p>\n
1970- exig\u00eda que \u00ab[c]uando se pidan testimonios deber\u00e1 (\u2026) enunciarse sucintamente el objeto de la prueba\u00bb, mientras que el nuevo C\u00f3digo General del Proceso se apart\u00f3 de ese canon al disponer que \u00ab[c]uando se pidan testimonios deber\u00e1 (\u2026) enunciarse concretamente [no abstractamente] los hechos objeto de la prueba\u00bb. <\/p>\n
Se evidencia, entonces, que la nueva legislaci\u00f3n pas\u00f3 de un modelo sucinto, breve y somero a uno de exposici\u00f3n concreta, o en palabras de la Real Academia Espa\u00f1ola, <\/p>\n
\u00ab[p]reciso, determinado, sin vaguedad\u00bb. <\/p>\n
Es que, si se mira con detenimiento el paralelo expuesto, es notorio que la nueva codificaci\u00f3n conserv\u00f3 la expresi\u00f3n \u00abobjeto de la prueba\u00bb y concentr\u00f3 el cambio legislativo a la forma en la que \u00e9l debe ser manifestado. Ciertamente, en el anterior estatuto bastaba con anunciar dicho objeto de manera abstracta o incluso et\u00e9rea para que se abriera paso el decreto de la probanza, mientras que en los tiempos de ahora se deja de lado esa vaguedad nominal para optar por un modelo en el que ese objeto debe ser expresado de modo concreto, al punto que permita detectar la relevancia de la prueba para la litis y preparar su respectiva contradicci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed, en el actual sistema procesal, asiste a las partes y sus apoderados la responsabilidad de indicar de manera espec\u00edfica, al pedir los testimonios, los supuestos que con ellos aspiran a demostrar, so pena de su rechazo conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 213 del estatuto adjetivo, en tanto condiciona el decreto de la prueba al lleno de los requisitos <\/p>\n
consagrados en el art\u00edculo que lo precede, por lo que mal se har\u00eda en desconocer que la consecuencia l\u00f3gica de no satisfacer tales exigencias no es otra distinta al repudio de la probanza. <\/p>\n
Ahora, la imposici\u00f3n de esa carga enunciativa tiene un fundamento constitucional relevante que impide catalogarla como un exceso ritual manifiesto o un capricho legislativo tendiente a exigir formalidades innecesarias, menos a\u00fan, como un obst\u00e1culo a la consecuci\u00f3n de los derechos sustanciales perseguidos por las partes. <\/p>\n
Ciertamente, en materia de tutela contra providencias judiciales se tiene decantado que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto \u00abpuede entenderse, en t\u00e9rminos generales, como el apego estricto a las reglas procesales que obstaculizan la materializaci\u00f3n de los derechos sustanciales, la b\u00fasqueda de la verdad y la adopci\u00f3n de decisiones judiciales justas. En otras palabras, por la ciega obediencia al derecho procesal, el funcionario judicial abandona su rol como garante de la normatividad sustancial, para adoptar decisiones desproporcionadas y manifiestamente incompatibles con el ordenamiento jur\u00eddico\u00bb (SU061-18). <\/p>\n
De lo anterior es dable colegir que exigir el cumplimiento de la carga enunciativa de los hechos objeto de la prueba no puede concebirse como un apego formal que amenace la obtenci\u00f3n de los derechos perseguidos por las partes; todo lo contrario, justamente busca contribuir a que el juez logre constatar la ocurrencia de los hechos que importan al litigio y que fueron invocados por las partes como sustento de sus pretensiones. Lo que en realidad quiere el precepto es evitar el decreto y la pr\u00e1ctica de testimonios que <\/p>\n
lejos de servir a la b\u00fasqueda de la verdad, dilaten en el tiempo la definici\u00f3n de las disputas en desmedro del t\u00e9rmino de duraci\u00f3n razonable del proceso y, por tanto, obstaculicen la satisfacci\u00f3n de la tutela judicial efectiva como derecho supra legal de los extremos del litigio. <\/p>\n
Dicho en otros t\u00e9rminos, esa carga enunciativa no comporta un apego caprichoso a las formas, ni una disposici\u00f3n incompatible con el r\u00e9gimen probatorio de la actual codificaci\u00f3n procesal que -como se dijo- apunt\u00f3 a la constitucionalizaci\u00f3n del proceso; tampoco resulta desproporcionada en relaci\u00f3n con el prop\u00f3sito de garantizar el decreto de las pruebas que en realidad resulten de provecho para la disputa. Se procura, pues, la eficiencia de los procedimientos al servicio de las prerrogativas sustanciales y la protecci\u00f3n de los derechos ius fundamentales de defensa, contradicci\u00f3n y debido proceso que asisten a la contraparte del peticionario de la declaraci\u00f3n, quien no debe verse sorprendido en la pr\u00e1ctica del testimonio con aspectos que no fueron enunciados como objeto de la prueba, al momento de su solicitud. <\/p>\n
Ahora, pudiese ser pensado que la satisfacci\u00f3n de la carga en comento implicar\u00eda una limitaci\u00f3n al derecho a la prueba y la b\u00fasqueda de la verdad; sin embargo, tal postura desconocer\u00eda que en el actual modelo de administraci\u00f3n de justicia compete a las partes la acuciosa labor de acreditar los sucesos en que fundan sus aspiraciones con miramiento de las reglas de cada medio de prueba en particular, sin que ello pueda concebirse como una carga excesiva para los litigantes, pues, como atr\u00e1s se dijo, este es un proceso confirmatorio, no averiguatorio. <\/p>\n
Adicionalmente, no se pierda de vista el deber que, conforme al canon 170 del C\u00f3digo General del Proceso, asiste a la autoridad judicial para decretar las pruebas que considere \u00abnecesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia\u00bb, circunstancia siempre vista al amparo y consecuci\u00f3n de la justicia material. Tampoco es de olvidar que lo predicado no resulta ajeno al tratamiento sobre la particular tem\u00e1tica por algunos modelos de administraci\u00f3n de justica en sistemas del common y civil law. <\/p>\n
Ciertamente, la Ley de Enjuiciamiento Civil espa\u00f1ola en su secci\u00f3n 7\u00aa – \u00abdel interrogatorio de testigos\u00bb – destaca la importancia de que el \u00abcontenido de la prueba\u00bb verse espec\u00edficamente sobre los hechos objeto de la litis; ello se extrae del tenor literal del canon 360 que sobre ello dispuso que \u00ab[l]as partes podr\u00e1n solicitar que declaren como testigos las personas que tengan noticia de hechos controvertidos relativos a lo que sea objeto del juicio\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, algunos pronunciamientos judiciales del <\/p>\n
Tribunal Supremo de ese pa\u00eds han reiterado que: <\/p>\n
(\u2026) los tribunales valorar\u00e1n la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica, tomando en consideraci\u00f3n la raz\u00f3n de ciencia que hubieren dado, las circunstancias que en ellos concurran y, en su caso, las tachas formuladas y los resultados de la prueba que sobre \u00e9stas se hubiere practicado, precepto que ha de ser puesto en relaci\u00f3n con el contenido de los arts.360 y 361 de la L.E.C EDL2000\/77463 ., el primero de los cuales, al explicitar el contenido de esta prueba, apunta que las partes podr\u00e1n solicitar que declaren como testigos las personas que tengan noticia de hechos controvertidos relativos a lo que sea objeto del juicio (\u2026) (Sentencia <\/p>\n
504\/09, Bilbao, Pte. Mar\u00eda Concepci\u00f3n Marco Cacho – Sentencia 519\/10, Valencia, Pte. Olga Casas Herrais. <\/p>\n
– Sentencia 137\/12, Valencia, Pte. Mar\u00eda Pilar <\/p>\n
Eugenia Cerdan). <\/p>\n
Por su parte, la regulaci\u00f3n angloamericana en sus reglas federales de evidencia – Federal Rules of Evidence- en su secci\u00f3n relativa a la prueba testifical -Witnesses- destac\u00f3 la importancia que tiene el \u00abconocimiento personal\u00bb del testigo sobre los hechos que suscitan la controversia y deriv\u00f3 de ello la pauta de exclusi\u00f3n para aquellos que carecen de esa informaci\u00f3n, al respecto dispuso en la regla 602 que: <\/p>\n
\u00abRule 602 \u2013 Need for Personal Knowledge: A witness may testify to a matter only if evidence is introduced sufficient to support a finding that the witness has personal knowledge of the matter. Evidence to prove personal knowledge may consist of the witness\u2019s own testimony. (\u2026)\u00bb (Regla 602 \u2013 Falta De Conocimiento Personal. Un testigo no puede testificar sobre un asunto a menos que se presenten pruebas suficientes para respaldar la conclusi\u00f3n de que el testigo tiene conocimiento personal del asunto. La prueba para probar el conocimiento personal puede consistir en el propio testimonio del testigo). <\/p>\n
V\u00e9ase que en ese modelo para la admisi\u00f3n de la prueba se requiere como m\u00ednimo la manifestaci\u00f3n del propio testigo con el fin de acreditar la importancia de su declaraci\u00f3n en relaci\u00f3n con las circunstancias concretas sobre las cuales gira la controversia, so pena de que no pueda rendir su relato. Y no se confunda esa expresi\u00f3n con el juramento de veracidad que compete a la fase de la pr\u00e1ctica de la prueba y que rinde el deponente una vez ha sido admitido a juicio, evento que se encuentra regulado de manera independiente en la regla de evidencia subsiguiente a la citada. <\/p>\n
Con ese escenario, no puede desconocerse que en el C\u00f3digo General del Proceso las partes deben estar enteradas de lo que van a declarar los testigos con el fin de prepararse para la audiencia y refutar en ella lo que consideren pertinente conforme a sus intereses, de tal manera que, lo contrario, comportar\u00eda una evidente lesi\u00f3n a su derecho de oposici\u00f3n <\/p>\n
Esa regla tambi\u00e9n cumple una labor de importante val\u00eda para la materializaci\u00f3n de los principios de celeridad, econom\u00eda y eficiencia procesal porque permite excluir las evidencias que, de ser decretadas, dilatar\u00edan la disputa sin necesidad y har\u00edan m\u00e1s costoso soportar el juicio para los extremos de la litis, no s\u00f3lo por el tiempo adicional que conllevar\u00eda la respectiva pr\u00e1ctica en desmedro del t\u00e9rmino de duraci\u00f3n razonable del litigio, sino por las expensas que a ese tipo de medios probatorios resultan naturales como bien lo reconoce el art\u00edculo 214 del estatuto procesal al referirse a los \u00abgastos del testigo\u00bb. <\/p>\n
La doctrina autorizada sobre la materia tampoco ha pasado por alto el planteamiento descrito. Michele Taruffo, por ejemplo, identific\u00f3 el \u00abconflicto\u00bb que genera \u00abla necesidad de tener un proceso imparcial, eficiente y preciso\u00bb1. Al respecto, se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
En teor\u00eda, se podr\u00eda usar cualquier medio de prueba en cualquier tipo de proceso y la determinaci\u00f3n de qu\u00e9 medios ser\u00e1n los que apoyen la decisi\u00f3n sobre los hechos en disputa podr\u00eda ser algo que se dejara al juzgador para el momento en que emita su resoluci\u00f3n final. Sin embargo, hay diversas razones en favor de una selecci\u00f3n preliminar de los medios de prueba que pueden presentarse en el curso del proceso. Por ejemplo, las partes no deben sentirse obligadas a presentar cualquier prueba que quieran, ni tampoco se les debe permitir hacerlo, porque esto ocasionar\u00eda demoras y complicaciones en el funcionamiento del <\/p>\n
proceso; (\u2026) no pueden incorporarse pruebas al proceso indefinidamente (\u2026). Otras razones para seleccionar los medios de prueba admisibles se pueden derivar de la <\/p>\n
necesidad de proteger valores generales o intereses espec\u00edficos que merezcan una consideraci\u00f3n especial. Por lo general, corresponde al juez (\u2026) evitar des\u00f3rdenes en el proceso y una indebida p\u00e9rdida de tiempo en el subsecuente curso del mismo. <\/p>\n
En ese mismo sentido, se hace referencia a la regla 403 <\/p>\n
1 Taruffo, La Prueba, 2008, p\u00e1g. 57: <\/p>\n
de las Federal Rules of Evidence citadas en precedencia, seg\u00fan la cual cualquier medio de prueba \u00abrelevante\u00bb puede ser excluido cuando exista el riesgo de demora excesiva o p\u00e9rdida de tiempo, entre otras razones. <\/p>\n
N\u00f3tese entonces c\u00f3mo, en total armon\u00eda con esa filosof\u00eda, el numeral 10\u00b0 del precepto 372 ejusdem autoriza al funcionario judicial en el desarrollo de la audiencia inicial a descartar \u00ablas pruebas relacionadas con los hechos que declar\u00f3 probados\u00bb. Prescindencia que toma como punto de partida, en relaci\u00f3n con la testimonial, aquellas circunstancias espec\u00edficas que desde la fase introductoria fueron anunciadas respecto de cada declarante. Pues, aqu\u00ed no se trata de un ejercicio simplemente num\u00e9rico dado que envuelve un trasfondo mayor a la sola cantidad de testigos por escuchar en la vista de instrucci\u00f3n y juzgamiento, en tanto se ocupa de la calidad y\/o necesidad de la informaci\u00f3n que ellos vendr\u00edan a introducir al debate frente a los hechos que ya quedaron demostrados hasta ese momento. <\/p>\n
De modo que esta articulaci\u00f3n de deberes de las partes, requisitos de ciertos actos procesales y algunos poderes del juez se fundamentan, entre otras bases, en el principio de tutela jurisdiccional efectiva en la medida que todo confluye en la agilidad de la decisi\u00f3n para emitirla con prontitud y efectividad. <\/p>\n
En ese contexto, la carga de indicar \u00abconcretamente los hechos objeto de la prueba\u00bb proporciona al juez el conocimiento necesario para determinar si el testimonio pedido satisface los requisitos de admisibilidad probatoria consagrados en el art\u00edculo 168 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, si resulta conducente frente a la hip\u00f3tesis <\/p>\n
que se pretende acreditar, pertinente en relaci\u00f3n al thema probandum y \u00fatil para demostrar sucesos que no se encuentren previamente acreditados en el expediente. <\/p>\n
De lo expuesto, es ostensible que, en el modelo actual de administraci\u00f3n de justicia civil, las pruebas deben ser pedidas de manera clara y precisa para que el contradictor pueda preparar su defensa de la forma en que considere m\u00e1s acorde a sus prop\u00f3sitos y sin el riesgo de verse sorprendido por aspectos que no fueron debidamente anunciados por el peticionario de la prueba, todo en garant\u00eda de su derecho constitucional al debido proceso. <\/p>\n
Ahora, dest\u00e1quese que el derecho a no verse sorprendido con evidencias no anunciadas por la contraparte no resulta un evento propio o desarticulado del asunto objeto de reflexi\u00f3n. Baste remitirse a otras disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso que tambi\u00e9n pretenden materializar tal planteamiento. A modo de ejemplo, n\u00f3tese que el canon 221 ejusdem al regular lo relativo a la pr\u00e1ctica del interrogatorio del testigo, faculta a este para \u00abaportar y reconocer documentos\u00bb, pero \u00fanicamente los \u00abrelacionados con su declaraci\u00f3n\u00bb, precepto que resulta de gran val\u00eda para evitar la incorporaci\u00f3n de documentales que nada tengan que ver con el objeto concreto de la prueba anunciado por el peticionario de la testimonial. <\/p>\n
En suma, dado el car\u00e1cter confirmatorio de la actual codificaci\u00f3n procesal, cada una de las partes comparece a la audiencia de pr\u00e1ctica de pruebas con el conocimiento de los hechos espec\u00edficos que ser\u00e1n objeto de prueba y sobre ello circundar\u00e1 su respectiva participaci\u00f3n, so pena de menoscabar las garant\u00edas constitucionales en comento. De <\/p>\n
all\u00ed que la regla que impone enunciar los supuestos sobre los cuales versar\u00e1 la declaraci\u00f3n pedida tenga, adem\u00e1s de un claro fundamento legal -arts. 212 y 213-, un fundamento constitucional. <\/p>\n
Ante este marco, es importante resaltar que la evidencia incorporada al proceso tiene como eje fundamental demostrar o desvirtuar los hechos materia de discusi\u00f3n y que son supuestos de las pretensiones y excepciones, de manera que resulta innegable la conexi\u00f3n entre la prueba testifical con el n\u00facleo f\u00e1ctico sobre el cual se convoca al declarante. Cosa que solamente tiene amparo en el sistema oral y por audiencias bajo la \u00e9gida de que dicho testimonio se contraer\u00e1 a las situaciones que realmente la persona concurre a despejar. <\/p>\n
Esto no es de poca significancia a la luz de las prerrogativas esenciales de los intervinientes, cual ya se indic\u00f3. En especial, porque de cara a las reglas de legalidad y debido proceso del art\u00edculo 29 de la Carta Magna, deviene importante garantizar la posibilidad de que una parte realice su ofrecimiento probatorio en forma libre, como que a la otra se le asegure en id\u00e9ntica medida la alternativa de contradecirlo, todo ello circunscrito al objeto concreto de la prueba. <\/p>\n
Expresado en otras palabras, tan importante es el derecho de aportar o solicitar pruebas, como el de controvertirlas. Ninguno puede tener mayor entidad frente al otro en el contexto dial\u00e9ctico del proceso. Y, por consiguiente, tanto el aportante como su contradictor deben ce\u00f1irse a las reglas definidas por el legislador, entre otras cosas, para evitar restricciones injustificadas en el ejercicio de las <\/p>\n
prerrogativas del otro extremo. <\/p>\n
Ahora, no pasa desapercibido que esta Sala dijo en otra ocasi\u00f3n que \u00abquien pide no tiene la obligaci\u00f3n de hacer una relaci\u00f3n extensa y dispendiosa de cada uno de los eventos o sucesos que busca acreditar con la declaraci\u00f3n del tercero, pues lo cierto es que la norma no exige que se haga con ese rigorismo exagerado, basta con que el interesado de alguna forma deje ver cu\u00e1les son las circunstancias f\u00e1cticas procura demostrar y que con ello se pueda determinar los requisitos para decretar el medio probatorio, para tener por cumplida el presupuesto\u00bb (STC15020-2018). <\/p>\n
Sin embargo, lo dicho en esa oportunidad no puede entenderse como un aval a la inobservancia de la carga en comento pues, como all\u00ed mismo se dijo, la exigencia enunciativa \u00abno es una simple formalidad\u00bb dado que se <\/p>\n
\u00abjustifica sustancialmente\u00bb en el cometido de verificaci\u00f3n de los \u00abrequisitos\u00bb de admisibilidad probatoria y en el \u00abejer[cicio] [d]el derecho de contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Esa postura luce incluso arm\u00f3nica con un veredicto m\u00e1s reciente de esta magistratura (STC3786-2021) donde se consider\u00f3 razonable la decisi\u00f3n de denegar testimonios por dejar de lado el requisito de concreci\u00f3n objeto de reflexi\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es conveniente precisar c\u00f3mo la legislaci\u00f3n actual impone la carga de informar de manera concreta, espec\u00edfica y sin ambages los hechos sobre los cuales versar\u00e1 la declaraci\u00f3n pedida, dado que esa regla permite i). garantizar los derechos constitucionales de defensa y contradicci\u00f3n, ii). determinar si la probanza satisface los presupuestos legales de admisibilidad probatoria y, iii). <\/p>\n
contribuir a la materializaci\u00f3n de los postulados de celeridad, plazo razonable, econom\u00eda procesal y, por tanto, tutela judicial efectiva. De modo que no queda duda que su desconocimiento deriva en el rechazo de la prueba, tras la imposibilidad de determinar la eventual relevancia para esclarecer los hechos thema de prueba. <\/p>\n
Con ese panorama, resulta imperativo que me aparte del razonamiento de la Sala mayoritaria, comoquiera que el tribunal debi\u00f3 confirmar la negativa del decreto de la testimonial aludida, en tanto la parte no cumpli\u00f3 con la labor encomendada por la ley al momento de la petici\u00f3n probatoria, dado que \u00fanicamente dijo que los testigos declarar\u00edan \u00absobre los hechos de la demanda\u00bb. Es decir, su enunciaci\u00f3n fue abstracta cuando requer\u00eda ser concreta, lo que le imposibilitaba al juez establecer la pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba, as\u00ed como a su contraparte los aspectos que iban a ser objeto de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo expuesto, deja en evidencia que el Tribunal convocado desconoci\u00f3 la carga enunciativa concreta que impuso el C\u00f3digo General del Proceso al solicitante del testimonio -art. 212- y la consecuencia procesal que se deriva de su desconocimiento -art. 213-. <\/p>\n
En los referidos t\u00e9rminos dej\u00f3 consignada mi discrepancia. <\/p>\n
Fecha, up supra <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
Firmado electr\u00f3nicamente por Magistrado(a)(s): <\/p>\n
Octavio Augusto Tejeiro Duque <\/p>\n
Este documento fue generado con firma electr\u00f3nica y cuenta con plena validez jur\u00eddica, conforme a lo dispuesto en art\u00edculo 103 del C\u00f3digo General del Proceso y el art\u00edculo 7 de la ley 527 de 1999 <\/p>\n
C\u00f3digo de verificaci\u00f3n: EA534B20FE68CE2623EB085BF6465E13650ADEBBAB0730222B9B3FDEF43649B0 <\/p>\n
Documento generado en 2022-08-05 <\/p>\n
1\u0002 STC15020 de 19 de noviembre de 2018. <\/p>\n
2\u0002 STC3786 de 14 de abril de 2021. <\/p>\n
3\u0002 En ese sentido, no puede perderse de vista que la Sala ha considerado que \u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que (\u2026), cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas\u2026\u00bb (ver recientemente en CSJ STC3846-2022). <\/p>\n
4\u0002 Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en STC7607-2021). <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC10007-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC10007-2022 1.1.1.Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-01313-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D. C., cuatro (04) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). 1.2.Decide la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por Leila […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-65909","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65909","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65909"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65909\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65909"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65909"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65909"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}