STC10008-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10008-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02287-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por la Urbanizaci\u00f3n Pueblito Boyacense P.H. contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Duitama. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado 2019-00031-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad promotora, a trav\u00e9s de su representante legal, reclama la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades accionadas en la causa referida. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. La accionante demand\u00f3 a Eduardo Calder\u00f3n Far\u00edas en proceso ejecutivo, con el fin de que se \u00ablibre mandamiento ejecutivo a favor [de la demandante]\u00bb, por las cuotas de administraci\u00f3n adeudadas desde el mes de abril de 2013 hasta junio de 2019, \u00ablas cuales ascienden a la suma de $101.195.440; m\u00e1s los intereses moratorios [\u2026]\u00bb1. <\/p>\n
2.2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Duitama \u2013con auto del 18 de julio de 2019-, decidi\u00f3 \u00ablibrar orden de pago por la v\u00eda ejecutiva de mayor cuant\u00eda a favor de la [demandante] y en contra [del demandado] para que dentro del t\u00e9rmino de 5 d\u00edas pague las [\u2026] cantidades de dinero, derivadas de la obligaci\u00f3n contenida en la certificaci\u00f3n de la administradora de la propiedad horizontal [\u2026]\u00bb2. Al respecto, el extremo pasivo, contest\u00f3 el escrito inicial3 e invoc\u00f3 sendas excepciones de m\u00e9rito4. <\/p>\n
2.3. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el juzgado cuestionado con fallo del 13 de noviembre de 2021, resolvi\u00f3 \u00abrevocar el mandamiento de pago proferido el 18 de julio de 2019, por ausencia de t\u00edtulo ejecutivo\u00bb. Y, declar\u00f3 \u00abpor substracci\u00f3n de materia abstenerse de emitir pronunciamiento alguno sobre las excepciones de m\u00e9rito propuestas por la parte ejecutada\u00bb5. Inconforme con esa resoluci\u00f3n, la actora impetr\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n6, el cual fue concedido en el efecto suspensivo7. <\/p>\n
2.4. Luego de arrimado el asunto ante el fallador colegiado, la sociedad actora solicit\u00f3 que se decretara la perdida autom\u00e1tica de la competencia8. En efecto, el estrado querellado \u2013con auto del 18 de marzo de 2022, estim\u00f3 \u00abno acceder a lo solicitado por el demandante\u00bb y prorrog\u00f3 \u00abla competencia hasta por seis meses m\u00e1s de conformidad con el art. 121 del CGP\u00bb9. Posteriormente, la Sala \u00danica del Tribunal de Santa Rosa de Viterbo \u2013con sentencia del 25 de mayo de 2022-, estim\u00f3 \u00abconfirmar la providencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Duitama el 13 de noviembre de 2020\u00bb10. <\/p>\n
2.5. As\u00ed las cosas, por v\u00eda de tutela, la urbanizaci\u00f3n gestora anota que los jueces de instancia \u00abviolan la garant\u00eda constitucional del debido proceso por error por v\u00eda de hecho, al determinar en esta etapa del proceso, y bajo el amparo de efectuar un estudio oficioso del t\u00edtulo ejecutivo, considerar como necesarios unos requisitos adicionales a la certificaci\u00f3n expedida por el Administrador del Conjunto Pueblito Boyacense, diferentes a los se\u00f1alados en el art\u00edculo 48 de la ley 675 de 2001 como son: la autorizaci\u00f3n del \u00f3rgano competente de la propiedad horizontal para efectuar el cobro de las cuotas de administraci\u00f3n tomando el \u00e1rea real del lote y no el \u00e1rea privada o proyectada. As\u00ed mismo, el \u00f3rgano competente debe haber aprobado la operaci\u00f3n y\/o procedimiento para calcular el valor de la cuota de administraci\u00f3n. Contrariando de esta manera abierta y vulgarmente lo dispuesto en el art\u00edculo 48 de la ley 795 de 2001\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, considera que se incurri\u00f3 en defecto procedimental, por cuanto \u00abal tomar la decisi\u00f3n de revocar el mandamiento de pago, sin primero haber advertido a la parte ejecutante los supuestos defectos o formalismo de que adolec\u00eda la certificaci\u00f3n expedida por la representante legal y administradora para ser considerado como t\u00edtulo ejecutivo al momento de presentar la demanda ejecutiva; con el fin de que el Pueblito Boyacense pudiera subsanar las falencias presentadas si ello era as\u00ed, o aportar las pruebas necesarias para corroborar el contenido, validez, exigibilidad y claridad de las obligaciones que se est\u00e1n cobrando; as\u00ed mismo deb\u00eda poner en conocimiento de la parte ejecuta, para que esta tuviera la oportunidad procesal de controvertir o pedir pruebas sobre el mismo aspecto\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicita que se ordene \u00abdeclarar nula la sentencia proferida por el Tribunal [\u2026], al haber perdido competencia para resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia del 13 de noviembre de 2020\u00bb. Asimismo, se deje sin efecto el prove\u00eddo de segundo grado, toda vez que, al determinar el problema jur\u00eddico, resultan \u00abviolatorias de la garant\u00eda constitucional al debido proceso\u00bb, pues se apart\u00f3 del precedente de esa misma sala. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Duitama indic\u00f3 que \u00abel tr\u00e1mite objeto de censura se adelant\u00f3 respetando las garant\u00edas procesales de las partes, dentro de ellas, el derecho de defensa y contradicci\u00f3n, por lo que consider[\u00f3] que las manifestaciones enarboladas por la tutelante pertenecen a su disentimiento personal de interpretaci\u00f3n, en tanto que el criterio jur\u00eddico de [ese] despacho judicial respecto al tema debatido en el proceso ejecutivo de que aqu\u00ed se trata, se encuentra plasmado en la decisi\u00f3n de m\u00e9rito que desat\u00f3 (sentencia)\u00bb 11. <\/p>\n
2. El Tribunal querellado manifest\u00f3 que \u00abal momento de adoptar la decisi\u00f3n de fondo del proceso ejecutivo [de marras] respet\u00f3 y garantiz\u00f3 los derechos fundamentales de las partes e intervinientes en el mismo, en especial el derecho al debido proceso\u00bb12. <\/p>\n
3. Eduardo Calder\u00f3n Far\u00edas solicit\u00f3 que se niegue el amparo, toda vez que \u00ablas accionadas cumplieron los mandatos legales y constitucionales para proferir los respectivos fallos, evitando que se vulneren o pongan en riesgo sus derechos fundamentales\u00bb13. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales de la entidad promotora, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 25 de mayo de 2022, con el cual el juez de segunda instancia resolvi\u00f3 confirmar el fallo de primer grado. Ello pues, estima que la certificaci\u00f3n que aport\u00f3 como t\u00edtulo ejecutivo se encontraba conforme a lo reglado por el art\u00edculo 48 de la Ley 675 de 2001. <\/p>\n
2. Sobre el particular, se observa que la Sala \u00danica del Tribunal de Santa Rosa de Viterbo -con providencia del 25 de mayo de 2022-, expres\u00f3 los motivos por los cuales resolvi\u00f3 confirmar el fallo de primer grado. Para ello, inici\u00f3 por analizar lo relativo a la posibilidad de que el juez de primer grado prescinda del debate probatorio y dicte sentencia anticipada, por lo que advirti\u00f3 que \u00abla falladora de primera instancia, en aplicaci\u00f3n a lo preceptuado en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 278 ib\u00eddem, sugiri\u00f3 a los apoderados de las partes la emisi\u00f3n de una sentencia anticipada en audiencia del 4 de noviembre de 2020, frente a lo cual los mandatarios judiciales tanto de la parte demandante como de la parte demandada manifestaron estar de acuerdo con tal determinaci\u00f3n y adicionalmente hicieron uso de la facultad de presentar los respectivos alegatos de conclusi\u00f3n, circunstancias que demuestran que la determinaci\u00f3n de fondo se profiri\u00f3 en observancia del precepto normativo antes referido\u00bb. <\/p>\n
2.1. En relaci\u00f3n con el estudio oficioso del t\u00edtulo ejecutivo, observ\u00f3 que al interior del respectivo juicio, si bien \u00abel art\u00edculo 48 de la Ley 675 de 2001, establece que el t\u00edtulo ejecutivo s\u00f3lo lo constituye el certificado expedido por el administrador, sin ning\u00fan requisito ni procedimiento adicional; certificaci\u00f3n que, en principio, es suficiente para iniciar la ejecuci\u00f3n, tambi\u00e9n lo es que, ello no afecta el derecho de defensa de los deudores para controvertir su validez y el verdadero monto de lo debido, debiendo el juez de la causa estimar la eficacia y veracidad de los documentos allegados al proceso\u00bb. En ese orden, se\u00f1al\u00f3 que el canon referido al no exigir \u00abmayor documentaci\u00f3n para instaurar la respectiva demanda ejecutiva\u00bb, ello obedece como \u00abverdadero prop\u00f3sito de la norma [\u2026] facilitar el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, pues es innecesario en la actualidad aportar copias de escrituras p\u00fablicas, del reglamento de copropiedad, o de las actas de asambleas; pero ello no exime que el t\u00edtulo ejecutivo re\u00fana las exigencias sustanciales establecidas en el art\u00edculo 422 del CGP, esto es, que la obligaci\u00f3n objeto de recaudo sea clara, expresa y exigible; que conste en un documento que provenga del deudor o de su causante y sea plena prueba en su contra\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, de cara a lo expuesto por el recurrente, tocante con que los aludidos requisitos \u00abdel t\u00edtulo ejecutivo solo se deben analizar desde la perspectiva de la se\u00f1alada ley del r\u00e9gimen de propiedad horizontal y, por ende, el juez se encuentra vedado para efectuar ex oficio la revisi\u00f3n del t\u00edtulo ejecutivo\u00bb, el Tribunal precis\u00f3 que \u00abbajo las premisas se\u00f1aladas en la norma procedimental aplicable en este asunto y, acorde a los lineamiento de la H. Corte Suprema de Justicia, el art\u00edculo 430 ib\u00eddem, debe armonizarse con los c\u00e1nones 4\u00b0 11, 42-2\u00b0 y 430 inciso 1\u00b0 ejusdem, tal y como se cit\u00f3 en la decisi\u00f3n de primera instancia, jurisprudencia que ha sido reiterada por el se\u00f1alado \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria tal y como se refleja en la sentencia STC290-2021 [\u2026]\u00bb14. Por tanto, encontr\u00f3 que lo discurrido deriva en razones suficientes que \u00ablegitiman el estudio oficioso efectuado en la decisi\u00f3n objeto de reparo\u00bb. <\/p>\n
2.2. Verificado lo anterior, indic\u00f3 que \u00abresulta procedente verificar los argumentos con los cuales la falladora de primera instancia resolvi\u00f3 revocar el mandamiento de pago, esto los requisitos sustanciales que debe reunir la certificaci\u00f3n expedida por el administrador de una propiedad horizontal\u00bb. Bajo ese contexto, expuso que la demanda se radic\u00f3 \u00abel 27 de septiembre de 2019, se anex\u00f3 como t\u00edtulo ejecutivo un estado de cuenta suscrito por la representante legal de la copropiedad contentivo de las cuotas de administraci\u00f3n ordinarias causadas desde el mes de abril de 2013 y hasta el mes de junio de 2019, m\u00e1s sus respectivos intereses\u00bb. Y, se\u00f1al\u00f3 que posteriormente, \u00abcon la reforma de la demanda radicada el 23 de enero de 2020, se aport\u00f3 la certificaci\u00f3n de estado de cuenta del lote No. 10 Hoster\u00eda, en la cual la administradora manifiesta que expidi\u00f3 el certificado \u201cteniendo en cuenta el \u00e1rea total del lote de terreno de 902.40 m2, as\u00ed como los pagos realizados, en las fechas y montos recibidos\u201d, para lo cual se realiz\u00f3 una tabla contentiva de los valores de la administraci\u00f3n de dicho lote con el \u00e1rea proyectada y el \u00e1rea real, con sustento en que se efectu\u00f3 el c\u00e1lculo tomando como base el \u00e1rea real del lote de terreno, acorde a la decisi\u00f3n tomada por esta Corporaci\u00f3n el 2 de octubre de 2019, en el proceso ejecutivo singular 2013-00088. Adicionalmente, tom\u00f3 en cuenta unos abonos efectuados por el demandado, por lo que modific\u00f3 el estado de cuenta para el recaudo de cuotas causadas desde el mes de abril de 2010 y, hasta el mes de diciembre de 2019\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, y de conformidad con lo anotado, la Sala precis\u00f3 que dicho aspecto es en el que se \u00abverifica la irregularidad que desdibuja no solo la claridad que debe tener el documento que preste merito el ejecutivo, sino tambi\u00e9n la validez y la legitimaci\u00f3n de quien lo expidi\u00f3, toda vez que si bien desde efectuarse el cobro de las expensas comunes seg\u00fan coeficiente que le corresponda al \u00e1rea real de inmueble y que debe ser nuevamente calculado en los t\u00e9rminos dispuestos en el art\u00edculo 25, en concordancia con el art\u00edculo 28 de la Ley 675 de 2001, debido a que la respectivas contribuciones a cargo del propietario del predio deben establecerse en el reglamento de propiedad horizontal \u2013 art. 29 ib\u00eddem, m\u00e1s aun cuando las facultades del administrador de la copropiedad para la expedici\u00f3n del t\u00edtulo ejecutivo se limitan a certificar el valor adeudado de las cuotas de administraci\u00f3n, sin que ello deba confundirse con la potestad de fijar los coeficientes en que deban sufragar gastos los copropietarios\u00bb. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del Tribunal atacado, para esta Corporaci\u00f3n, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable. Ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo y jurisprudencial del tema, adem\u00e1s, de una valoraci\u00f3n razonable de los medios de convicci\u00f3n aportados (documentales). Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. <\/p>\n
En el punto, es necesario destacar que la determinaci\u00f3n cuestionada abord\u00f3 el estudio relativo a la facultad oficiosa del juez de analizar los elementos esenciales el t\u00edtulo objeto de recaudo, luego de proferido el mandamiento de pago. Seguidamente, se analiz\u00f3 el cumplimiento de los requisitos sustanciales que debe reunir la certificaci\u00f3n anexada por la censora a modo de \u00abt\u00edtulo ejecutivo\u00bb \u2013que sea claro, expreso y exigible-. Frente a ello, se encontr\u00f3 que lo expuesto por el a quo result\u00f3 acorde con la normativa procesal vigente, adem\u00e1s, de la Ley 675 de 2001- y la jurisprudencia nacional, por cuanto el documento respectivo no resultaba claro frente a su validez y legitimaci\u00f3n15. <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, en el sub judice, lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la gestora. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad natural del asunto16. <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, en relaci\u00f3n con la perdida de competencia invocada, la Sala advierte que lo estimado por la autoridad judicial al respecto encuentra pleno sustento en la normativa procesal vigente, dado que lo proferido en primera instancia se trat\u00f3 de una sentencia \u2013art\u00edculo 280 ib\u00eddem- y no de un auto, por lo tanto, la Sala enjuiciada se encontraba facultada para prorrogar hasta por seis meses m\u00e1s su competencia para fallar al interior del asunto, como en efecto ocurri\u00f3. En ese orden, lo enrostrado no encuentra soporte frente a las piezas procesales obrantes en el plenario. <\/p>\n
6. Por lo considerado, se negar\u00e1 el amparo exigido. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la acci\u00f3n de tutela impetrada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo PDF \u00abDemanda\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Archivo PDF \u00ab18-07-19 Mandamiento de pago\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Archivo PDF \u00abContestaci\u00f3n Demanda\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 \u00ab(i) Cosas juzgada. (ii) Ausencia de fundamento legal y reglamentario para el cobro que se pretende. (iii) Inexistencia de las obligaciones que se pretenden en ejecuci\u00f3n. (iv) Tacha de falsedad por desconocimiento de documento. (v) Cobro de lo no debido. (vi) Inexistencia de la obligaci\u00f3n. (vii) Inexistencia de la actualizaci\u00f3n o modificaci\u00f3n del reglamento de copropiedad de Pueblito Boyacense. (viii) Temeridad y mala fe. (ix) Abuso del derecho. Enriquecimiento sin justa causa. (x) Prescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Archivo PDF \u00ab13-11-20 Sentencia 2019-00031\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 Archivo PDF \u00abapelaci\u00f3n Pueblito\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 Archivo PDF \u00ab01-12-20 Auto Concede recurso\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 Archivo PDF \u00ab03.1 Tribunal Santa Rosa Pueblito Boyacense\u00bb. <\/p>\n
9\u0002 Archivo PDF \u00ab04.- Auto niega perdida de competencia\u00bb. <\/p>\n
10\u0002 Archivo PDF \u00ab08 Confirma \u2013 Excepciones Ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
11\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 26 de julio de 2022. <\/p>\n
12\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 27 de julio de 2022. <\/p>\n
13\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 27 de julio de 2022. <\/p>\n
14\u0002 \u00ab\u201cEn repetidas ocasiones, esta Corte ha insistido en la pertinencia y necesidad de examinar los t\u00edtulos ejecutivos en los fallos, incluidos los de segundo grado, pues, se memora, los jueces tienen dentro de sus deberes, escrutar los presupuestos de los documentos ejecutivos, \u201cpotestad-deber\u201d que se extrae no s\u00f3lo del antiguo Estatuto Procesal Civil, sino de lo consignado en el actual C\u00f3digo General del Proceso\u201d\u00bb. <\/p>\n
15\u0002 De cara a la conformaci\u00f3n de los t\u00edtulos ejecutivos para materializar el pago, de aquellos casos de que trata el art\u00edculo 48 de la Ley 675 de 2001, la Corte, en un asunto donde el juzgado no declar\u00f3 probadas las defensas, sin embargo, de oficio, invalid\u00f3 el mandato ejecutivo por inexigibilidad de la obligaci\u00f3n reclamada, la conden\u00f3 en perjuicios y costas y dispuso el archivo del expediente, sostuvo que \u00ablas rese\u00f1adas conclusiones no se les puede atribuir defecto alguno, toda vez que, como se dijo, fueron fruto de una interpretaci\u00f3n respetable; labor en la que no es viable interferir, en virtud de la autonom\u00eda propia de los jueces\u00bb. Adem\u00e1s, porque en \u00abla tarea de administrar justicia, la judicatura goza de una discreta y razonable libertad para la ex\u00e9gesis del ordenamiento jur\u00eddico, motivo por el cual la autoridad del resguardo no puede inmiscuirse en sus resoluciones, a no ser que incurran en una desviaci\u00f3n evidente o grosera de la ley\u00bb (CSJ STC13899-2015). <\/p>\n
16\u0002Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021, 12 de marzo de 2021). <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC10008-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC10008-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02287-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por la Urbanizaci\u00f3n Pueblito […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-65910","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65910","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65910"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65910\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65910"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65910"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65910"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}