STC10009-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10009-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02471-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., tres (03) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Cristian Camilo Mart\u00ednez Mar\u00edn, en nombre de la sociedad Termales y Turismo S.A.S., contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 como terceros con inter\u00e9s a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2019-01977. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad jur\u00eddica e igualdad de trato, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada al interior de la referida causa. <\/p>\n
2.1. Ante el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal se adelant\u00f3 el proceso de responsabilidad civil de radicado 2019-01977, promovido por la sociedad Termales y Turismo S.A.S. contra Termatour S.A.1 <\/p>\n
2.2. El estrado judicial -con providencia del 9 de febrero de 2021- neg\u00f3 las pretensiones de la demanda2. Inconforme con lo decidido, la empresa demandante impetr\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, el cual, si bien fue declarado desierto en un primer momento, luego de la orden emitida por esta Corporaci\u00f3n en sentencia STC9904-20213, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira -con auto del 14 de febrero de 2022- confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n de primera instancia4. <\/p>\n
2.3. As\u00ed las cosas, el promotor se duele de que la autoridad confutada no valor\u00f3 en debida forma los medios suasorios arrimados al plenario, espec\u00edficamente, las pruebas testimoniales. De igual forma, se\u00f1al\u00f3 que el fallador no aplic\u00f3 los lineamientos establecidos en la decisi\u00f3n 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones y otras normas supranacionales. Finalmente, enrostr\u00f3 que el ad quem natural no estudi\u00f3 correctamente el escrito de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Inst\u00f3 que se deje sin efectos el prove\u00eddo del 14 de febrero de 2022, el cual resolvi\u00f3 la alzada interpuesta contra el fallo del 9 de febrero de 2021. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado del Circuito de Santa Rosa de Cabal remiti\u00f3 el expediente del proceso radicado No. 2019-01977 sin hacer ninguna manifestaci\u00f3n adicional al respecto. <\/p>\n
2. Sandra Patricia Badillo5 solicit\u00f3 que fuera denegada la salvaguarda, debido a que lo que busca el abogado Mart\u00ednez Mar\u00edn es reabrir el debate probatorio que se surti\u00f3 en la causa, lo cual no es procedente en este escenario constitucional. <\/p>\n
3. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira6 peticion\u00f3 que se niegue el amparo, comoquiera que no se vulner\u00f3 ninguna garant\u00eda fundamental de las partes dentro del proceso natural. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el actor asegura actuar como apoderado de la sociedad Termales y Turismo S.A.S., cuyos derechos estima vulnerados por la autoridad judicial accionada. Esto, comoquiera que, seg\u00fan su parecer, el estrado confutado no valor\u00f3 en debida forma las probanzas arrimadas, no aplic\u00f3 lo reglado por la decisi\u00f3n 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones y otras normas supranacionales, y no estudi\u00f3 correctamente el escrito de apelaci\u00f3n incoado contra el prove\u00eddo del 9 de febrero de 2021. <\/p>\n
2. Al respecto, la Sala advierte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, dado que el promotor no es el titular de los derechos fundamentales cuya vulneraci\u00f3n le atribuye a la colegiatura accionada y no alleg\u00f3 poder especial que lo faculte para impetrar la presente tutela. <\/p>\n
2.1. En cuanto a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que: \u00abPodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
En torno a la \u00ablegitimaci\u00f3n por activa\u00bb de los apoderados, la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(…) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (Se subraya) (STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en STC926-2018, STC4611- 2018, STC1042-2019). <\/p>\n
Asimismo, ha establecido que: <\/p>\n
\u00abla legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto\u2026 \u00abDe este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. \u00abLa falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CSJ STC1042-2019) (Se subraya). <\/p>\n
2.2. En cuanto al poder especial, de conformidad con la postura de la Corte Constitucional, \u00abes entendido, por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n, que todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97). <\/p>\n
As\u00ed, se exige que el poder especial contenga \u00aben forma clara y expresa: (i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto de poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n\u00bb (T-1025\/06)7. <\/p>\n
2.3. Pues bien, en el presente asunto, como se indic\u00f3, el gestor no alleg\u00f3 el poder especial requerido para representar los intereses de quien presuntamente vio vulnerados sus derechos fundamentales y, por lo mismo, resulta inviable estudiar de fondo el ruego impetrado, a lo cual se suma que tampoco aleg\u00f3 ni acredit\u00f3 las condiciones para actuar en calidad de agente oficioso de la supuesta sociedad afectada. <\/p>\n
3. Con base en estas consideraciones, la Sala declarar\u00e1 improcedente el amparo solicitado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, Declara improcedente el amparo reclamado. Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Hecho once de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
2\u0002 Ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Hecho trece de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
4\u0002 Hecho catorce de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
5\u0002Folios 1-3, archivo \u201cDOCUMENTO A LA CORTE SUPREMADE JUSTICIA TERMATOURS\u201d del expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Folios 1-4, archivo \u201cOFICIO. Respuesta. CSJ. 22-2471\u201d del expediente digital. <\/p>\n
7\u0002 Reiterada por esta Sala en STC1284-2022, del 9 de febrero del presente a\u00f1o, expediente 2022-00240 <\/p>\n
<\/p>\n
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