STC10010-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10010-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02479-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por el Rinc\u00f3n de Herreros S.A.S. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y la Superintendencia de Industria y Comercio, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdejar sin efectos la sentencia de primera instancia proferida de manera verbal en audiencia, por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el\u2026 18 de enero de\u2026 2022 y la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, D.C., Sala Civil\u2026 de 8 de junio de\u2026 2022\u00bb y, en consecuencia, se ordene a las autoridades accionadas \u00abproferir las correspondientes sentencias denegando todas y cada una de las pretensiones formuladas por los demandantes dentro del expediente de acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor objeto de tutela\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Ligia Rodr\u00edguez Garc\u00eda y Slenddie Joanna Zuluaga Rodr\u00edguez radicaron acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor contra el Rinc\u00f3n de Herreros S.A.S. y Fiduciaria Bogot\u00e1 S.A., en calidad de vocera y administradora del patrimonio aut\u00f3nomo \u201cFideicomiso Terraviva Condominio Natural -FiduBogot\u00e1\u201d, a fin de declarar que las demandadas hab\u00edan incurrido en publicidad e informaci\u00f3n enga\u00f1osa, pidiendo se les ordene a pagar $240.000.000 por el precio entregado, $2.100.000 por da\u00f1o emergente, $100.000.000 por lucro cesante y la multa dispuesta en el numeral 10 del art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011; subsidiariamente, pidieron se ordene la escrituraci\u00f3n y titulaci\u00f3n del inmueble, as\u00ed como, compensar a las demandantes econ\u00f3micamente en los metros cuadrados del \u00e1rea ofrecida y pagada del bien objeto de reclamo que no fueron entregados efectivamente por las demandadas a raz\u00f3n de $3.148.148 el metro cuadrado. <\/p>\n
2.2. El conocimiento del asunto lo adelant\u00f3 la Superintendencia de Industria y Comercio, quien el 18 de enero de 2022 orden\u00f3 a las demandadas proceder a la escrituraci\u00f3n y\/o transferencia del derecho de dominio de la casa n\u00b0 9 con su parqueadero, ubicado en la etapa 1 del proyecto Terraviva de la calle 16 n\u00b0 8-113 de Melgar \u2013 Tolima; asimismo, a la sociedad Rinc\u00f3n de Herreros S.A.S. a pagar por perjuicios a las convocantes la suma de $61.511.111; determinaci\u00f3n confirmada, en sede de alzada, el 8 de junio de 2022 por el Tribunal. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela se duele la quejosa, en s\u00edntesis, de las decisiones referidas a espacio, pues, en su sentir, existi\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria habida cuenta que \u00abse neg\u00f3 el decreto de la prueba de inspecci\u00f3n judicial al inmueble objeto de proceso, seg\u00fan la argumentaci\u00f3n del a quo, porque consideraba que era innecesaria en virtud de otras pruebas que existen en el proceso\u00bb, siendo la otra probanza \u00abun dictamen allegado por la parte demandante en el que se incurri\u00f3 en varios yerros que viciaban de validez la realizaci\u00f3n y presentaci\u00f3n del mismo\u00bb, toda vez que era \u00abun aval\u00fao comercial elaborado sin \u00e9tica alguna, pues como se puede observar recortaron los planos, recortaron fotograf\u00edas, cambiaron textos y definiciones de \u00e1rea que est\u00e1n en el reglamento de propiedad horizontal\u00bb. <\/p>\n
2.4. Anot\u00f3 que la Superintendencia realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n probatoria parcializada a favor de las convocantes, pues \u00abno tuvo en cuenta los indicios de la actuaci\u00f3n\u2026 tal como se corrobor\u00f3 en el interrogatorio de parte efectuado a la representante legal de Rinc\u00f3n de Herreros S.A.S., [que] recibieron a conformidad el inmueble encargado, el cual al ser entregado por la constructora y recibido por las demandantes no recibi\u00f3 observaci\u00f3n alguna de sus espacios\u00bb, por lo que, conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica, si una persona considera que no est\u00e1 satisfecho con el bien ofrecido, simplemente no lo recibe de manos de quien lo est\u00e1 entregando, m\u00e1xime cuando, para el caso concreto, pas\u00f3 m\u00e1s de 2 a\u00f1os desde la entrega hasta la formulaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
2.5. Indic\u00f3 que la Superintendencia no decret\u00f3 la declaraci\u00f3n del arquitecto \u00abqui\u00e9n fue la persona que llev\u00f3 a cabo los tr\u00e1mites para la aprobaci\u00f3n del reglamento de propiedad horizontal del condominio con la Oficina de Planeaci\u00f3n del Municipio de Melgar\u2026 con esas declaraci\u00f3n se hubiera demostrado la imposici\u00f3n de la denominaci\u00f3n de las zonas de balcones como zonas comunes de uso exclusivo y de las salas exteriores como zonas abiertas de uso exclusivo, junto con los parqueaderos, por parte del ente municipal, contrario a lo solicitado por la constructora, aduciendo un mayor tiempo en la aprobaci\u00f3n del [Reglamento de Propiedad Horizontal] y aclarando que estas modificaciones se podr\u00e1n presentar con la inclusi\u00f3n de la siguiente etapa\u00bb. <\/p>\n
2.6. Destac\u00f3 que la Superintendencia no era competente para condenar por concepto de indemnizaci\u00f3n de perjuicios, toda vez que la misma recae en cabeza del juez ordinario civil, raz\u00f3n por la que, en su sentir, se incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho por extralimitarse en sus funciones. <\/p>\n
2.7. Asever\u00f3 que el Tribunal fall\u00f3 en menos de 3 meses, llevando a una decisi\u00f3n \u00abparcializada e insuficiente\u00bb, avalando la sentencia del a quo, concretamente en la deficiencia valoraci\u00f3n probatoria, pues, insiste, \u00abel inmueble que se le exhibi\u00f3 por parte de la constructora a las demandantes fue lo que se le entreg\u00f3, es decir, 108 mt2, y se aclar\u00f3 desde el principio del proceso, que las \u00e1reas de terraza, balcones y el parqueadero, por disposici\u00f3n \u00fanica de la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n de Municipio de Melgar, en el que nada tuvo que ver el Rinc\u00f3n de Herreros S.A.S., decidi\u00f3 designar a esos sectores del inmueble como \u00e1rea com\u00fan de uso exclusivo\u2026, [es decir] nadie m\u00e1s puede entrar a los balcones, ni a la terraza\u00bb, por lo que no pod\u00eda declararse que existi\u00f3 una publicidad enga\u00f1osa. <\/p>\n
2.8. Manifest\u00f3 que las decisiones criticadas afectan el erario p\u00fablico desde el punto de vista tributario, pues no s\u00f3lo se circunscribe a la casa objeto de litigio, sino que, en su sentir, se extiende a las 136 unidades residenciales que componen el proyecto inmobiliario, adem\u00e1s, lo procedente es realizar una correcci\u00f3n en el reglamento de propiedad horizontal \u00abpor existir en el, un error de transcripci\u00f3n de \u00e1rea\u00bb. <\/p>\n
2.9. Agreg\u00f3 que no se tuvo en cuenta que el reglamento de propiedad horizontal indica que \u00abla zona objeto de litigio por parte de los demandantes, es \u00e1rea abierta de uso exclusivo, no como lo dice el peritaje, que afirma err\u00f3neamente que es de zona com\u00fan de uso exclusivo. Estas son descripciones de \u00e1rea totalmente diferentes ya que la zona com\u00fan de uso exclusivo si es de la copropiedad, en cambio el \u00e1rea abierta de uso exclusivo no, esta \u00faltima hace parte del inmueble\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. La Superintendencia de Industria y Comercio relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; manifest\u00f3 que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria, pues de las probanzas allegadas al plenario se concluy\u00f3 que, las actoras hab\u00edan cancelado la totalidad del predio, empero, no se hab\u00eda cumplido con la transferencia del dominio, adem\u00e1s que, se les ofreci\u00f3 un \u00e1rea de 108 metros cuadrados, sin que all\u00ed se especificara que dicho metraje se compondr\u00eda de zona privada m\u00e1s zonas comunes de uso exclusivo; que la solicitud de amparo no es procedente para revivir etapas procesales. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, los convocados no hab\u00edan efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
En tal providencia, preliminarmente, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026esta Sala se circunscribir\u00e1 a examinar, exclusivamente, los motivos de desacuerdo demarcados por el extremo opugnador, acatando los lineamientos de los c\u00e1nones 320 y 328 del C\u00f3digo General del Proceso, no pudiendo ser abordadas en sede de apelaci\u00f3n las censuras planteadas tard\u00edamente al momento de sustentar la alzada, pese a que, si disent\u00eda de la sentencia de primer orden, le correspond\u00eda precisar sus reparos concretos cuando interpuso el recurso, para integrar la \u201cpretensi\u00f3n impugnativa\u201d, que, seg\u00fan la jurisprudencia, \u201cmarca las fronteras que debe observar el juez del escenario en la segunda instancia, para efectos de su competencia funcional decisoria. <\/p>\n
Seguidamente, de cara al caso concreto, analiz\u00f3 las probanzas allegadas al plenario, as\u00ed como los reparos de la impugnante, consignando que: <\/p>\n
En ese contexto, prontamente se advierte el fracaso de la alzada interpuesta, por cuanto las disertaciones explanadas por el extremo opugnador, en estrictez, no contradicen derechamente la motivaci\u00f3n toral que sirvi\u00f3 de sustento al funcionario de primer grado para adoptar el fallo cuestionado, en el que se fundament\u00f3 la vulneraci\u00f3n de los derechos de las consumidoras convocantes, esencialmente en el verificado suministro de informaci\u00f3n insuficiente y publicidad enga\u00f1osa por parte de la constructora conminada, al ofrecerles a aqu\u00e9llas un inmueble de 108mt2, pero que finalmente fue entregado con una zona privada de 80,32mt2, seg\u00fan las constancias escriturales y registrales correspondientes; segmento conclusivo que evadi\u00f3 combatir rectamente la censora, considerado que, al sustentar su apelaci\u00f3n, guard\u00f3 silencio sobre el espec\u00edfico reproche fundado en que el \u00e1rea entregada fue de 108mt2, pues, en la oportunidad de que trata el art\u00edculo 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020, gen\u00e9ricamente arguy\u00f3 que \u201c(\u2026) lo que se exhibi\u00f3 a las demandantes en la casa modelo, fue lo que se les entreg\u00f3\u201d, y de manera asim\u00e9trica expuso su cardinal porf\u00eda discursiva, manifestando que las actoras recibieron de conformidad la unidad habitacional de marras, con las divisiones de ba\u00f1o, cambio de elementos de cocina y las filtraciones existentes arregladas, sin que efectuaran reclamaciones \u201cen el menor tiempo\u201d; olvidando la recurrente que, a voces de la Corte Suprema de Justicia, \u201c(\u2026) [a]pelar no es ensayar argumentos dis\u00edmiles o marginales que nada tengan que ver con lo decidido en la providencia impugnada, (\u2026). Es hacer expl\u00edcitos los argumentos de disentimiento y de confutaci\u00f3n, denunciando las equivocaciones, porque son \u00e9stos, y no otros, los aspectos que delimitan la competencia y fijan el marco del examen y del pronunciamiento de la cuesti\u00f3n debatida (\u2026)\u201d. 2 Criterio jurisprudencial que cobra mayor relevancia en la presente causa, porque, contrario a lo asegurado por la apelante, las impulsoras del debate en sus interrogatorios de parte no aceptaron la morada con una superficie menor a la inicialmente propuesta, sino que fueron enf\u00e1ticas en se\u00f1alar que originalmente les ofrecieron una casa de 108mt2, pero, cuando se public\u00f3 el reglamento de propiedad horizontal, se enteraron de que el metraje no correspond\u00eda a esa extensi\u00f3n, ya que la dimensi\u00f3n certificada por la curadur\u00eda y la oficina de planeaci\u00f3n de Melgar era de 80,32mt2; diferencia no detectada al momento de la entrega material del inmueble, porque, como no son arquitectas ni ingenieras, no llevaron metro para hacer las respectivas mediciones, y confiaron en la palabra de la se\u00f1ora Martha. <\/p>\n
2.1. Tal discordancia impugnativa prosigui\u00f3 en la sustentaci\u00f3n del recurso, al insistirse en que la delegatura \u201cno tuvo en cuenta las inconsistencias de lo manifestado por las demandantes (\u2026) [quienes] en el HECHO CUARTO de su demanda, [sostuvieron] que recibieron a conformidad el inmueble objeto de controversia. Conforme a las reglas de la experiencia y la sana cr\u00edtica, se concluye que, si una persona considera que no est\u00e1 satisfecho con el bien ofrecido, simplemente no lo recibe de manos de quien se lo est\u00e1 entregando.\u201d No obstante, observa el Tribunal que en el aparte factual del libelo genitor citado por la inconforme, realmente las gestoras de estas diligencias expresaron que \u201c[l]os acabados ofrecidos fueron los exhibidos en la casa modelo y en la p\u00e1gina web de la demandada RINC\u00d3N DE HERREROS S.A.S.\u201d, sin que, en ese fragmento demandatario, hicieran alusi\u00f3n al metraje del bien ra\u00edz cuya disparidad soport\u00f3 el medular razonamiento decisorio del fallo de primer orden, que no logra derruirse con el embate cimentado en que las promotoras del juicio \u201cllegaron por su propia voluntad [y] realizaron la observaci\u00f3n de la casa modelo (\u2026). Estuvieron de acuerdo, se celebr\u00f3 la negociaci\u00f3n (\u2026)\u201d, pues esta afirmaci\u00f3n no es de recibo, tanto por su disimilitud argumentativa frente a lo concluido en la sentencia rebatida, como por provenir de la representante legal de la constructora llamada a la actuaci\u00f3n, pues es sabido que \u201ca nadie le es l\u00edcito o aceptable preconstituir unilateralmente la probanza que a s\u00ed mismo le favorece, cuando con aquella pretende demostrar unos hechos de los cuales deriva un derecho o beneficio con perjuicio de la otra parte, pues ello ser\u00eda tanto como admitir que el demandado, \u2018mutatis mutandis\u2019, pudiera esculpir su propia prueba, en franca contrav\u00eda de granados postulados que, de anta\u00f1o, inspiran el derecho procesal\u201d. <\/p>\n
Luego, precis\u00f3 que: <\/p>\n
Puestas de ese modo las cosas, claramente se avista que la aludida constructora, en su condici\u00f3n de impugnante, no cumpli\u00f3 con su carga refutatoria, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 322, numeral 3, inciso 2, del C. G. del P., preceptiva sobre la que jurisprudencialmente se ha adoctrinado que \u201c(\u2026) el recurso de apelaci\u00f3n a fin de proteger los derechos a la segunda instancia, al debido proceso, a la defensa y en general, las garant\u00edas judiciales, demanda una relaci\u00f3n causal y directa entre los motivos de sustentaci\u00f3n, los reparos concretos formulados a la providencia objeto de impugnaci\u00f3n, y la decisi\u00f3n correspondiente (\u2026)\u201d; por lo que, sin duda, era del entero resorte de la aqu\u00ed opositora exteriorizar su disenso directo frente al fallo de primera instancia, sin quedarse en la periferia de la premisa f\u00e1ctica en que se erige dicha providencia, al formular acusaciones tangenciales que no abordan el n\u00facleo decisivo de la sentencia dictada por el juzgador de conocimiento, m\u00e1xime si en el plenario obran, sin haber sido desvirtuadas, las siguientes pruebas que evidencian la diferencia del \u00e1rea ofrecida con la entregada a las aqu\u00ed convocantes: <\/p>\n
i) Comunicaci\u00f3n de Martha Luc\u00eda Cely, representante legal de la sociedad apelante, en la que inform\u00f3 a \u201cPropietarios Rinc\u00f3n de Herreros SAS\u201d, \u201c(\u2026) las caracter\u00edsticas que basadas en el gusto del consumidor del proyecto hacen de TERRAVIVA un proyecto muy atractivo. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Etapa 1 <\/p>\n
CON ACABADOS <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Casa 108 mt2 (\u2026).\u201d (Negrillas fuera de texto). <\/p>\n
ii) Escritura 1849 del 10 de junio de 2019, otorgada en la Notar\u00eda 19 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, con la que se formaliz\u00f3 el Reglamento de Propiedad Horizontal de la \u201cPRIMERA ETAPA Y SEGUNDA ETAPA del Conjunto Residencial TERRAVIVA CONDOMINIO NATURAL -PROPIEDAD HORIZONTAL\u201d: \u201cCASA NUMERO (9) ETAPA UNO 1 consta de dos (2) plantas, cuenta con un \u00e1rea total privada de ochenta punto treinta y dos metros cuadrados (80.32 m2), un \u00e1rea total construida de ochenta y ocho punto cuarenta y seis metros cuadrados (88.46 m2) (\u2026).\u201d (Negrillas propias). <\/p>\n
iii) Folio de Matr\u00edcula Inmobiliaria 366-55924 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Melgar, en el que se consign\u00f3: \u201cDESCRIPCI\u00d3N: CABIDA Y LINDEROS. Contenidos en ESCRITURA Nro 1849 de fecha 10- 06-2019 en NOTAR\u00cdA DIECINUEVE de BOGOT\u00c1 D.C. CASA 9 ETAPA 1 TERRAVIVA CONDOMINIONATURAL P.H con \u00e1rea de 80.32 M2 (ART.11 DEL DECRETO 1711 DE JULIO 6\/1984).\u201d (Resaltado del Tribunal). <\/p>\n
Seguidamente, respecto a la alegaci\u00f3n de la negativa de la prueba testimonial y la inspecci\u00f3n judicial pretendida por la actora, dijo que: <\/p>\n
Por esa misma v\u00eda, no es atendible el embate relativo a la negativa del decreto de la prueba testimonial, experticia e inspecci\u00f3n judicial solicitadas por Rinc\u00f3n de Herreros S.A.S., puesto que, en virtud del principio adjetivo de la preclusi\u00f3n, esa puntual discusi\u00f3n fue zanjada en su oportunidad por el funcionario de primera instancia, con la confirmatoria emitida por esta Corporaci\u00f3n; definici\u00f3n procesal que obstruye reanudar ese particular conflicto en el tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n de la sentencia, puesto que \u201ccuando se agota un estadio procesal no es posible reabrirlo\u201d, ya que si \u201cuna etapa del litigio ha sido superada no es posible volver sobre ella a riesgo de tornar interminable el debate. Por ende, contravenir los imperativos de econom\u00eda procesal, tutela judicial efectiva y duraci\u00f3n razonable de los procesos, as\u00ed como quebrantar el principio de seguridad jur\u00eddica, con respecto a los sujetos que intervienen en la controversia y de las etapas surtidas en el proceso\u201d. Criterio tambi\u00e9n predicable de la cr\u00edtica al dictamen presentado por la parte demandante -apoyado en que no fue sustentado por la persona que no lo elabor\u00f3- dado que la aqu\u00ed recurrente no elev\u00f3, a tiempo, su discrepancia respecto de dicha situaci\u00f3n, una vez interrog\u00f3 a Elvis Fabi\u00e1n Montoya, quien dijo representar a la firma que, vali\u00e9ndose de un perito externo, realiz\u00f3 el trabajo t\u00e9cnico, que fue revalidado por el comit\u00e9 de aval\u00fao de la empresa y que \u00e9l mismo revis\u00f3 dicho peritaje. Y frente a ello, la apelante permaneci\u00f3 silente, incluso al momento de cerrarse la etapa probatoria. <\/p>\n
Y, finalmente sobre la supuesta falta de competencia de la Superintendencia para condenar por indemnizaci\u00f3n de perjuicios, consign\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026para desestimar el reparo concerniente a que, en el caso de autos, \u201cla Superintendencia de Industria y Comercio no es competente para condenar por concepto de indemnizaci\u00f3n de perjuicios\u201d, resulta suficiente se\u00f1alar que el a quo, a t\u00edtulo resarcitorio, conden\u00f3 a Rinc\u00f3n de Herreros S.A.S. a pagar a las accionantes el valor del metraje ofrecido del inmueble y no entregado a \u00e9stas, en armon\u00eda con el art\u00edculo 56 de la Ley 1480 de 2011, en cuyo numeral 3 establece, entre otras cosas, que \u201c[l]La acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor [es aquellas] mediante la cual se decidir\u00e1n los asuntos contenciosos (\u2026) encaminados a obtener la reparaci\u00f3n de los da\u00f1os causados (\u2026) por informaci\u00f3n o publicidad enga\u00f1osa (\u2026).\u201d Disposici\u00f3n concordante con el canon 23, ibidem, que prev\u00e9, en su primer inciso, que \u201c[l]os proveedores y productores (\u2026) ser\u00e1n responsables de todo da\u00f1o que sea consecuencia de la inadecuada o insuficiente informaci\u00f3n. (\u2026)\u201d, y con el precepto 30, ejusdem, que, al tenor de su inciso primero, determina que \u201c[e]l anunciante ser\u00e1 responsable de los perjuicios que cause la publicidad enga\u00f1osa. (\u2026)\u201d; previsiones sobre las que este Tribunal indic\u00f3 que, \u201c[u]na vez demostrado en el proceso que el perjuicio que sufri\u00f3 el consumidor se debi\u00f3 a la desinformaci\u00f3n, la informaci\u00f3n incompleta o a la publicidad enga\u00f1osa provocada por el proveedor o anunciante, se impone la declaraci\u00f3n de la consecuencia jur\u00eddica prevista en la proposici\u00f3n normativa, esto es la condena a indemnizar los da\u00f1os causados al consumidor.\u201d <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed planteo la quejosa es una diferencia de criterio acerca de la manera como la Corporaci\u00f3n accionada valor\u00f3 el material probatorio, concluyendo que contrario a lo afirmado por la promotora, la publicidad enga\u00f1osa qued\u00f3 evidenciada, m\u00e1xime cuando los reparos de la convocada se limitaron a indicar que las demandantes recibieron de conformidad el predio, sin que cuestionaran lo relativo al \u00e1rea del predio que fue ofrecida y la que fue entregada, adem\u00e1s, la Superintendencia en aplicaci\u00f3n del numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 56 de la Ley 1480 de 2011, en armon\u00eda con los c\u00e1nones 23 y 30 \u00eddem, consider\u00f3, a t\u00edtulo resarcitorio el valor del metraje ofrecido y no entregado, sumado a que, lo relativo al decret\u00f3 y pr\u00e1ctica de pruebas qued\u00f3 plasmado al interior del juicio. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, al margen que se compartan, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC10010-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC10010-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02479-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por el Rinc\u00f3n de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-65912","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65912","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65912"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65912\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65912"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65912"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65912"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}