STC10011-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10011-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-02480-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Odinsa S.A., a trav\u00e9s de apoderado, en contra de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en los expedientes de radicados 2017-00539 y 2022-01079, as\u00ed como a los Juzgados Veintis\u00e9is y Veintisiete Civil del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad gestora procura la salvaguarda de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, presuntamente quebrantada por la autoridad jurisdiccional querellada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El 3 de agosto de 2017, Proyectos & Construcciones San Jos\u00e9 Ltda. demand\u00f3 a Odinsa S.A., proceso que fue admitido el 11 de octubre siguiente. <\/p>\n
2.2. Notificado el extremo convocado el 29 de noviembre de 2017, el 18 de enero ulterior contest\u00f3 la demanda, propuso una excepci\u00f3n previa (\u00abcompromiso o cl\u00e1usula compromisoria\u00bb1) y otras de m\u00e9rito (\u00abausencia de culpa\u00bb, \u00abinviabilidad de desarrollar el macroproyecto\u00bb, y la \u00abgen\u00e9rica\u00bb) y demand\u00f3 en reconvenci\u00f3n2. <\/p>\n
2.3. El 19 de febrero de 2019, el Juzgado cognoscente se declar\u00f3 incompetente para seguir conociendo del diligenciamiento, por haberse superado el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 121 CGP. Esa determinaci\u00f3n fue recurrida por ambas partes y se revoc\u00f3 el 11 de abril ulterior. <\/p>\n
2.5. El 28 de enero del 2020 se program\u00f3 el 8 de marzo siguiente como data para realizar la audiencia referida. Llegada esa fecha, se agotaron las etapas previstas en el art\u00edculo 372 CGP, se decretaron pruebas y se estableci\u00f3 que el 26 y el 27 de mayo se adelantar\u00eda la diligencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento. <\/p>\n
2.6. El 15 de febrero de 2021 se determin\u00f3 que la audiencia prevista en el art\u00edculo 373 del Estatuto Adjetivo se evacuar\u00eda el 27 de abril del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
2.7. Aunque el 27 de abril, el 15 de junio y el 28 de junio se intent\u00f3 dictar el fallo, ello no fue posible, ante lo cual, el 2 de julio ulterior, el apoderado de la interpelada radic\u00f3 petici\u00f3n de declaratoria de p\u00e9rdida de competencia. <\/p>\n
La anterior s\u00faplica, sostiene el mandatario judicial de la accionante, la fundament\u00f3 en que \u00abi) el Juez 26 dilat\u00f3 injustificadamente dictar la sentencia de primera instancia, en tanto cerr\u00f3 la etapa probatoria el 15 de junio de 2021, corri\u00f3 traslado a las partes para alegar de conclusi\u00f3n en esa misma fecha, se rindieron en efecto los alegatos de conclusi\u00f3n (\u2026) y fij\u00f3 fecha para dictar sentencia el 28 de junio de 2021, luego de lo cual, llegada la fecha fijada, sorpresivamente se abstuvo de dictar el fallo (\u2026); (ii) hab\u00eda vencido el plazo dispuesto en el art. 121 del C.G.P., sin que se hubiera proferido fallo; iii) Odinsa expresamente estaba solicitando que se declarara la p\u00e9rdida de competencia; iv) la Corte Constitucional en Sentencia C-443 de 2019 NO fij\u00f3 un t\u00e9rmino perentorio para la solicitud de p\u00e9rdida de competencia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.8. A dicho pedimento accedi\u00f3 el estrado el 21 de octubre de 2021, cuando se declar\u00f3 incompetente y orden\u00f3, seguidamente, la remisi\u00f3n del expediente al funcionario que le siguiera en turno. <\/p>\n
2.9. Estando el expediente en el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, mediante prove\u00eddo de 1 de marzo de 2022, se abstuvo de conocer del asunto y provoc\u00f3 conflicto negativo de competencia ante la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2.10. El 21 de junio de los corrientes, el Colegiado dispuso que el pleito deb\u00eda ser gestionado por el juzgado inicialmente cognoscente y, el 14 de julio siguiente, se desestim\u00f3 una solicitud de adici\u00f3n presentada por la demandada frente al anterior pronunciamiento. <\/p>\n
3. La actora cuestiona las determinaciones adoptadas por el Tribunal querellado, habida cuenta que \u00abi) desconoc[i\u00f3] la interpretaci\u00f3n exeg\u00e9tica del C.G.P., adem\u00e1s de excluir lo dispuesto por la Corte Constitucional en Sentencia C-443 de 2019; ii) entremezcl[\u00f3] conceptos distintos, como son la nulidad y la p\u00e9rdida de competencia; iii) hace referencia a la p\u00e9rdida \u2018autom\u00e1tica\u2019 [de competencia], cuando aqu\u00ed ocurri\u00f3 como consecuencia de la solicitud de parte (\u2026); y, iv) incluy[\u00f3] requisitos no dispuestos en el art. 121 del C.G.P. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. Con estribo en lo relatado exige, en concreto, que se deje sin efectos la providencia del 21 de junio de 2022 y, en su lugar, se adjudique la competencia para seguir tramitando el asunto en el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
El Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 afirm\u00f3 que no vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados y que lo cuestionado era el auto emitido por el Tribunal accionado el 21 de junio de 2022, y no lo resuelto por ese Despacho. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la gestora pretende que se deje sin efectos el prove\u00eddo del 21 de junio de 2022, emanado de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, por medio de la cual defini\u00f3 el conflicto negativo de competencia suscitado por el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de la misma ciudad y determin\u00f3 que el que deb\u00eda seguir gestionando el asunto era el estrado inicialmente cognoscente, esto es, el Veintis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2. En efecto, en el auto de 21 de junio pasado, el Colegiado en menci\u00f3n, tras relatar los antecedentes del caso y apoyado en algunos apartados de la sentencia C-443 de 2019, detuvo su atenci\u00f3n en aquello que, en su concepto, constitu\u00eda la ratio legis del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, precisando que el incumplimiento meramente objetivo del plazo para fallar no implicaba \u00aba priori la p\u00e9rdida de la competencia del respectivo funcionario judicial y, por lo tanto, la configuraci\u00f3n de la causal de nulidad de pleno derecho (\u2026)\u00bb, razonamiento del que se vali\u00f3 para dictaminar que le correspond\u00eda al juez \u00abhacer un estudio minucioso\u00bb de todas las actuaciones que se hab\u00edan sucedido en la causa respectiva, ponderando su complejidad, la actividad de las partes, las distintas actuaciones surtidas, entre otros aspectos, en aras de determinar si resultaba viable declarar la p\u00e9rdida de competencia a que alud\u00eda la norma en menci\u00f3n. <\/p>\n
Partiendo de dichas premisas, centr\u00f3 su atenci\u00f3n en las circunstancias especiales acaecidas en el decurso ahora escrutado, tomando en consideraci\u00f3n que la demanda \u00abse propuso el tres de agosto de dos mil diecisiete; el tiempo que tard\u00f3 la integraci\u00f3n del litisconsorcio; la proposici\u00f3n oportuna de la demanda de reconvenci\u00f3n; el lapso que atras\u00f3 el plenario para que se dirimiera sobre la apelaci\u00f3n de la determinaci\u00f3n adoptada el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho; el decreto y pr\u00e1ctica de pruebas; la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos decretada como consecuencia de la pandemia COVID 19 y, adem\u00e1s, el transcurso del tiempo sin que las partes hubieren alegado causal de nulidad alguna\u00bb (se subraya); situaciones que, analizadas en su conjunto, lo motivaron a colegir que no hab\u00eda lugar a que, \u00abbajo el amparo del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, se abr[iera] paso al apartamiento excepcional del conocimiento por el juzgado que tiene asignado el proceso, pretextando la p\u00e9rdida de competencia, pues aquella adem\u00e1s de no operar de manera autom\u00e1tica, en efecto, no se encuentra acreditada\u00bb. <\/p>\n
En adici\u00f3n, el ad quem criticado afirm\u00f3 que, \u00aba pesar de haberse superado, desde el punto de vista formal, el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 121 del CGP por no haberse prorrogado la competencia del juez de conocimiento, era de rigor indagar los motivos por los que el fallo no se emiti\u00f3 dentro del referido plazo legal, investigaci\u00f3n que habr\u00eda dejado en claro que en ello tuvo fuerte influencia el decurso de la acci\u00f3n, su respectiva demanda de reconvenci\u00f3n junto con el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n propuesta e incluso las consecuencias generadas por la declaraci\u00f3n de emergencia sanitaria\u00bb, adem\u00e1s que \u00abel proceso inici\u00f3 hace cinco a\u00f1os -aproximadamente-; que los efectos de la nulidad de pleno derecho fueron declarados inexequibles; que nada garantiza[ba] que el juez que [segu\u00eda] en turno cumpl[iera] con el cometido de emitirla en un per\u00edodo menor y que una de las partes solo aleg\u00f3 la p\u00e9rdida de competencia mucho tiempo despu\u00e9s de vencida la anualidad en comento [saneando as\u00ed] con su omisi\u00f3n lo adelantado\u00bb (se subraya), circunstancias que, en su criterio, hac\u00edan que \u00abmenos sentido [tuviera] el decaimiento de la gesti\u00f3n agotada\u00bb. <\/p>\n
3. Revisada la determinaci\u00f3n cuestionada, se evidencia que la Corporaci\u00f3n convocada consider\u00f3, motivadamente, que el Juzgado Veintis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1 no pod\u00eda declararse incompetente para seguir gestionando el proceso, en vista de las contingencias espec\u00edficas y particulares que en \u00e9l se hab\u00edan sucedido, que derivaron en el saneamiento de la nulidad por p\u00e9rdida de competencia, conclusi\u00f3n que, independientemente de que sea o no compartida, no se muestra abiertamente arbitraria o alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones surtidas y de la normatividad que gobierna el asunto. En efecto, la demandada y aqu\u00ed accionante actu\u00f33 luego de que el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 121 del CGP feneci\u00f3, sin proponer la p\u00e9rdida de competencia ni cuestionar los actos procesales emanados del Juzgado con posterioridad. <\/p>\n
3.1. Al respecto, esta Sala, en sentencia SC845-2022, sostuvo: <\/p>\n
\u00ab(…) la extinci\u00f3n del marco temporal para el ejercicio de la funci\u00f3n jurisdiccional no conduce inexorablemente a la p\u00e9rdida de competencia del funcionario cognoscente, ni a la nulidad de los actos proferidos con posterioridad, pues en los casos en que haya saneamiento expreso o t\u00e1cito se quebrantar\u00e1n tales consecuencias, dentro del marco del art\u00edculo 136 del C\u00f3digo General del Proceso (…). Dicho de otra manera, queda fuera de dubitaci\u00f3n que (…) para que se produzcan los efectos invalidantes despu\u00e9s de agotado el tiempo para sentenciar, es indispensable que alguno de los sujetos procesales invoque este hecho antes de que act\u00fae o de que se profiera el veredicto, pues en caso contrario se sanear\u00e1 el vicio y se dar\u00e1 prevalencia al principio de conservaci\u00f3n de los actos procesales. <\/p>\n
(…) [Se] tiene por admitido que la \u2018posibilidad de saneamiento, expreso o t\u00e1cito (…), apareja la desaparici\u00f3n del error de actividad, salvo los casos donde no cabe su disponibilidad por primar el inter\u00e9s p\u00fablico, pues si el agraviado no lo alega, se entiende que acepta sus consecuencias nocivas\u2019 (SC, 1\u00b0 mar. 2012, rad. n.\u00b0 2004-00191-01). De manera que, como el art\u00edculo 136 de la nueva codificaci\u00f3n procesal estableci\u00f3 \u00fanicamente como insaneables las \u2018nulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un proceso legalmente concluido o pretermitir \u00edntegramente la respectiva instancia\u2019, qued\u00f3 por fuera de esta categor\u00eda la causada por el vencimiento del plazo m\u00e1ximo para fallar (…). Explicado de otra forma, en tanto el mandato 121 nada dispuso sobre el saneamiento de la p\u00e9rdida de competencia temporal (…) deber\u00e1 acudirse al marco general de las nulidades, compuesto por un listado taxativo de motivos que no la admiten, dentro de los cuales no se encuentra aqu\u00e9lla, siendo aplicable, entonces, el principio general de la convalidaci\u00f3n\u00bb (CSJ SC3377-2021, de 1 de septiembre). <\/p>\n
En ese sentido, ha dicho esta Colegiatura que es inviable la \u00abpetici\u00f3n de \u2018p\u00e9rdida de competencia\u2019 que elev\u00f3 la tutelante, pues, como qued\u00f3 visto, con su silencio convalid\u00f3 la totalidad de actuaciones que adelant\u00f3 el juzgado querellado, toda vez que, se reitera, despu\u00e9s de fenecido el plazo que ten\u00eda el fallador de primera instancia para proferir sentencia, la demandante continu\u00f3 actuando en el juicio sin aducir la ausencia de competencia que ahora esgrime, por v\u00eda constitucional\u00bb (STC10478-2021, de 19 de agosto. Se destaca). <\/p>\n
Igualmente, en asuntos similares se ha se\u00f1alado que el amparo constitucional no es procedente, pues \u00abel Tribunal consider\u00f3 motivadamente que, como durante el discurrir del proceso se realizaron diversas actuaciones de las partes y del Juzgado sin que se alegara en su momento el vicio procesal, la nulidad de p\u00e9rdida de competencia quedaba convalidada y saneada, por lo que el Despacho mantuvo las facultades para conocer del asunto\u00bb (STC9233-2022, de 19 de julio de 2022). <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, lo que se observa es una disparidad de criterios entre lo considerado por la Colegiatura accionada -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de manera que la salvaguarda peticionada no se abre paso, por cuanto el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden4. <\/p>\n
4. Por lo razonado en precedencia, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n constitucional solicitada. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el auxilio implorado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Dicha excepci\u00f3n previa fue resuelta mediante auto de 21 de marzo de 2018, en el cual el juzgado cognoscente la tuvo por probada y declar\u00f3 terminado el proceso; no obstante, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 revoc\u00f3 esa determinaci\u00f3n el 27 de noviembre siguiente, al resolver un recurso de apelaci\u00f3n formulado por la demandante Proyectos & Construcciones San Jos\u00e9 Ltda. <\/p>\n
2\u0002 La demanda de reconvenci\u00f3n fue admitida mediante auto de 19 de junio de 2019, confirmado el 17 de septiembre de 2019, al resolverse un recurso de reposici\u00f3n propuesto por la demandante original, quien, en escrito aparte, se alz\u00f3 frente a la prosperidad de las s\u00faplicas en ella vertidas; oposici\u00f3n a la que luego se refiri\u00f3 la interpelada al descorr\u00e9rsele el traslado de ley. <\/p>\n
3\u0002 Por ej., Odinsa S.A., por conducto de sus apoderados, particip\u00f3 en las audiencias de 16 de diciembre de 2019, 8 de marzo de 2020, 27 de abril, 15 de junio y 28 de junio de 2021. <\/p>\n
4\u0002 Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28 de marzo de 2012, rad. 00022-01, reiterada recientemente en la STC7607-2021). <\/p>\n
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