STC10012-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10012-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02492-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Juan Juvenal Barreto Castellar contra la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el asunto constitucional de radicado 2021-00016-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclama la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada en la causa referida. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que impetr\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra la Fiscal\u00eda delegada ante el Tribunal de Sincelejo, por cuanto considera que dicha autoridad incurri\u00f3 en el delito de prevaricato, toda vez que el 24 de noviembre de 2021, decidi\u00f3 archivar investigaci\u00f3n penal en contra de la juez Segunda Administrativa del Circuito de Sincelejo. Por lo tanto, requiri\u00f3 que \u00aben el t\u00e9rmino de 48 horas desarchive la investigaci\u00f3n penal [\u2026] que se segu\u00eda en contra de la Juez Segunda Administrativa del Circuito de Sincelejo [\u2026], por el delito de prevaricato por acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.1. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, la Sala Penal del Tribunal de Sincelejo resolvi\u00f3 \u00abdeclarar improcedente la acci\u00f3n de tutela\u00bb, dado que no se cumpli\u00f3 con los presupuestos de la inmediatez y la subsidiariedad1. Inconforme con el fallo, el gestor present\u00f3 impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. La Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n \u2013con sentencia del 2 de mayo de 2022- decidi\u00f3 \u00abconfirmar el fallo impugnado\u00bb, bajo los mismos argumentos del estrado de primer grado. Asimismo, orden\u00f3 \u00abremitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n [\u2026]\u00bb2. <\/p>\n
2.3. Arrimado el asunto a la Corte Constitucional, fue inscrito bajo el radicado T-8857664, el cual, hasta el momento, no se ha determinado si es objeto de selecci\u00f3n3. <\/p>\n
2.4. As\u00ed las cosas, por v\u00eda de tutela, el convocante anota que la decisi\u00f3n que defini\u00f3 el asunto constitucional \u00abse basa en una apelaci\u00f3n que no tuv[o] la oportunidad de hacer\u00bb. Estima que por ello es \u00abimportante estudiar el caso concreto partiendo de la protecci\u00f3n constitucional brindada inclusive por la [\u2026] corte suprema fallo tutela No. 37677 de fecha 17 de abril de 2012, los cuales fueron desconocidos por la [\u2026] juez del juzgado segundo administrativo de Sincelejo al decretar la caducidad del proceso administrativo con argumentos totalmente errados que van en contra de la decisi\u00f3n constitucional y esa es mi reclamaci\u00f3n y no se pueden los se\u00f1ores magistrados amparar en una apelaci\u00f3n a la cual tampoco tuve oportunidad por la v\u00eda de hecho muy evidente por parte de la se\u00f1ora juez, toda vez que en la tutela ordenaron a la entidad accionada (armada nacional) 72 horas para que emitiera un nuevo acto administrativo motivado que se pudiera demandar y la se\u00f1ora juez no tuvo en cuenta dicha orden, [\u2026] por el contrario, [cont\u00f3] el tiempo de los 4 meses a partir de la notificaci\u00f3n de la tutela desconociendo la acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicita que se revoquen las decisiones proferidas en el asunto constitucional sub judice. En consecuencia, se ordene decretar \u00abla nulidad de todas las actuaciones llevadas a cabo dentro del proceso administrativo No. 2012-00035 del Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo por haber incurrido en v\u00edas de hecho en contra de una decisi\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
Al momento de la aprobaci\u00f3n del presente asunto, no se hab\u00edan recibido contestaciones. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La jurisprudencia ha sostenido reiteradamente la improcedencia para atacar sentencias o actuaciones surtidas en diligencias de tutela. En esa direcci\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n ha aseverado que \u00ab[L]as equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con un nuevo ruego de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto. Para ese aspecto, el ordenamiento jur\u00eddico dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para el efecto\u00bb (CSJ STC 20 de abr. de 2020, Rad. 2020-00852-00). <\/p>\n
De lo anterior, se sigue que no es esta v\u00eda el instrumento id\u00f3neo para corregir las deficiencias que se adviertan en estas actuaciones. Toda vez que, de permitir un nuevo cuestionamiento a trav\u00e9s de una causa de igual naturaleza, aparte de hacer interminable el tr\u00e1mite, se atentar\u00eda contra la certeza que debe acompa\u00f1ar a las decisiones judiciales. <\/p>\n
2. Sin embargo, la Sala no desconoce que la Corte Constitucional con sentencia SU-627 de 2015 sostuvo que la guarda procede, excepcionalmente, contra un fallo de la misma naturaleza cuando se configure una de las siguientes causales: <\/p>\n
\u00ab\u2026cuando (i) exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; (iii) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (iv) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (v) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. La acci\u00f3n de tutela solo procede contra fallos de la misma naturaleza, cuando no han sido proferidas por la Corte Constitucional y exista fraude, y contra actuaciones surtidas en el proceso de tutela siempre y cuando no busque el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en la sentencia\u00bb. <\/p>\n
3. Bajo esos lineamientos, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales alegados por el accionante con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite tutelar que culmin\u00f3 con fallo dictado en sede de impugnaci\u00f3n el 2 de mayo de 2022. Ello pues, a su juicio, la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n profiri\u00f3 una decisi\u00f3n sin que se analizaran las circunstancias atinentes a los yerros cometidos por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo. <\/p>\n
4. En primer lugar, y con relaci\u00f3n a los cuestionamientos endilgados frente a la providencia emitida por la hom\u00f3loga Penal en sede de tutela, r\u00e1pidamente la Sala advierte el decaimiento de la mentada censura, en tanto que, como se refiri\u00f3 l\u00edneas atr\u00e1s, no cabe controvertir mediante la actual senda una determinaci\u00f3n emitida en otra acci\u00f3n de an\u00e1logo tenor. En efecto, la jurisprudencia ha se\u00f1alado, en reiteradas oportunidades, que los mecanismos dise\u00f1ados para controlar las providencias dictadas en sede de amparo son la \u00abrevisi\u00f3n\u00bb, e incluso, la formulaci\u00f3n de \u00abinsistencia\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, no se evidencia en el presente caso la configuraci\u00f3n de una de las excepciones a la regla general de improcedencia de la tutela contra tutela, pues el actor no acredit\u00f3 las maniobras dolosas en el tr\u00e1mite y en la elaboraci\u00f3n de la providencia con el fin de generarle un agravio. Ni muchos menos que no tenga a su disposici\u00f3n otro medio eficaz para resolver su situaci\u00f3n. <\/p>\n
5. De igual forma, se destaca que actualmente la decisi\u00f3n dictada en segundo grado fue remitida a la Corte Constitucional para su eventual \u00abrevisi\u00f3n\u00bb, y seg\u00fan lo plasmado en la p\u00e1gina web de esa corporaci\u00f3n, el fallo ya cuenta con registro asignado para que surta el tr\u00e1mite respectivo4. Conforme a ello, eventualmente se analizar\u00e1 si es admitida o no para \u00abrevisi\u00f3n\u00bb. Es decir, el recurrente cuenta con dicho mecanismo para la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas, as\u00ed como tambi\u00e9n, la formulaci\u00f3n de \u00abinsistencia\u00bb5. <\/p>\n
6. Por lo considerado, se declarar\u00e1 improcedente el amparo exigido. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la acci\u00f3n de tutela impetrada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo PDF \u00ab02Prueba_25_7_2022, 9_43_36\u00bb. Anexos del escrito de tutela. <\/p>\n
2\u0002 Archivo PDF \u00ab03Prueba_25_7_2022, 9_45_11\u00bb. Ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/consulta. <\/p>\n
4\u0002 Actuaci\u00f3n radicada en la Secretaria de la Corte Constitucional el 22 de julio de 2022 \u2013 T8857664. Revisi\u00f3n realizada el 29 de julio de 2022 en: https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co. <\/p>\n
5\u0002 A prop\u00f3sito del tema, esta Sala tuvo ocasi\u00f3n de se\u00f1alar en sentencia STC164-2021, que: \u00ab[C]omo la decisi\u00f3n censurada fue emitida por el [tribunal] accionado dentro de la referida acci\u00f3n de tutela, como juez de segunda instancia, […] lo que corresponde [es] perseguir la revisi\u00f3n de la sentencia dictada, siendo que [de no ser] seleccionada para tal efecto, en todo caso, ah\u00ed est[\u00e1] la posibilidad de insistencia que regula el art. 33 del Decreto 2591 de 1991″ [m\u00e1xime] que, conforme as\u00ed est\u00e1 determinado en la citada norma, \u00ab[c]ualquier magistrado de la Corte [Constitucional], o el Defensor del Pueblo\u00bb pueden deprecar la anotada \u00abrevisi\u00f3n\u00bb, posibilidad a la que bien puede recurrir el querellante, as\u00ed como a la mentada \u00abinsistencia\u00bb\u00bb. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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