STC10013-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
STC10013-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-00581-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 5 de abril de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Mois\u00e9s, Carlos Arturo, Carlos Emilio, Jos\u00e9 Gabriel, Ram\u00f3n, Oscar y Petrona Herrera Cotta; Martha Lucia Herrera de Brieva, Jos\u00e9 Antonio Corpas Herrera, Yohn Jairo Herrera Otero y Shirley Oleanes Herrera le instauraron a la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, a la Fiscal\u00eda 17 Seccional de Cartagena y a la Sociedad de Activos Especiales \u2013 SAE -. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los libelistas, a trav\u00e9s de apoderado, invocaron la protecci\u00f3n de los derechos a la \u00abdefensa, igualdad, contradicci\u00f3n, buena fe, doble instancia procesal, confianza leg\u00edtima en los actos de la administraci\u00f3n\u00bb, para que se ordenara: (i) \u00aba la Fiscal 17 Seccional de Cartagena, (\u2026), imprimirle al recurso de Apelaci\u00f3n interpuesto por el suscrito apoderado de la Parte Civil contra la Resoluci\u00f3n de fecha 11 de noviembre de 2020, por medio de la cual se declar\u00f3 la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, el tr\u00e1mite de Ley respectivo sin m\u00e1s dilataciones injustificadas, para lo cual le solicito al H. Tribunal que se\u00f1ale un t\u00e9rmino prudencial para la definici\u00f3n de este recurso, de manera especial (\u2026) y en consideraci\u00f3n a lo antes expresado (\u2026), imprimirle al incidente procesal de Restablecimiento del Derecho presentado el 1\u00ba de octubre de 2021 por el suscrito apoderado de la parte civil, dentro del proceso penal del radicado 52.629, el tr\u00e1mite de Ley respectivo, por tratarse de una medida constitucional e intemporal\u00bb; (ii) \u00abdejar sin efectos la Resoluci\u00f3n No. 053 del 27 de enero de 2017, (\u2026), y la No. 1017 del 29 de agosto de 2017, que la modifica (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En compendio sostuvieron que ostentan la calidad de poseedores del inmueble denominado \u00abvuelta de culebra\u00bb ubicado en inmediaciones del corregimiento Arroyo de Piedra \u2013 Bol\u00edvar, posesi\u00f3n que han ejercido siempre de manera p\u00fablica, pacifica e ininterrumpida, al inicio, su padre Arturo Herrera Henr\u00edquez (q.e.p.d.) y, al fallecer este, continuaron all\u00ed. <\/p>\n
Afirmaron que en \u00abproceso policivo\u00bb adelantado por el corregidor del municipio Arroyo de Piedra, se pretendi\u00f3 despojarlos de sus tierras; no obstante, en cumplimiento de unas \u00absentencias de tutela\u00bb sus \u00abderechos\u00bb fueron restablecidos, por lo que su presencia en el predio esta \u00abjustificada\u00bb. <\/p>\n
Manifestaron que por el presunto \u00abactuar indebido\u00bb del funcionario que tramit\u00f3 el \u00abproceso policivo\u00bb en el a\u00f1o 2.000, se formul\u00f3 denuncia penal (rad. 52629); inactiva debido al proceder de las autoridades a cargo. <\/p>\n
Se\u00f1alaron que, por lo anterior, la Fiscal\u00eda 17 Seccional de Cartagena, mediante Resoluci\u00f3n del 11 de noviembre de 2020, declar\u00f3 la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n en la causa penal en referencia; sin embargo, pese a que fue recurrida en apelaci\u00f3n, no le dio el tr\u00e1mite correspondiente, como tampoco a la \u00absolicitud de restablecimiento de derechos\u00bb promovida por el interesado. <\/p>\n
Relataron que en la extinci\u00f3n de dominio n\u00b0 2016-00005 incoada en contra de V\u00edctor Daniel Gonz\u00e1lez Reina, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 – Sala de Extinci\u00f3n de Dominio – omiti\u00f3 desatar la alzada propuesta contra el prove\u00eddo del Juzgado de primera instancia, so pretexto de corregir oficiosamente las \u00abactuaciones relacionadas con su participaci\u00f3n en el proceso\u00bb. <\/p>\n
Arguyeron que \u00abestando el proceso Extintivo del Derecho de Dominio pendiente de que se surta la alzada concedida mediante Auto del 2 de marzo de 2022, contra la sentencia adiada 20 de septiembre de 2021, el pasado jueves 10 de marzo de la presente anualidad, recibimos en el predio \u201cVuelta de Culebra\u201d el Oficio CS 2022-005385 datado marzo de 2022, suscrito por el Dr. JUAN PABLO VALBUENA AMAYA, Gerente Regional Norte de la S.A.E., dirigido a CARLOS MARRUGO, OSCAR FONTALVO, MOISES HERRERA y\/o dem\u00e1s ocupantes de FILOS LAGOS DE ALTAMIRA, oficio mediante el cual se nos solicita la entrega real y material de los bienes inmuebles identificados con matr\u00edculas inmobiliarias No. 060-100108, 060-100109, 060-100110, 060-179657, 060-179658, 060-179659, 060-179656 y 060-179660, al tiempo que se nos notifica las Resoluciones No. 053 del 27 de enero de 2017 y la No. 1017 del 29 de agosto de 2017 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Adveraron que dichas \u00abresoluciones\u00bb trasgreden sus prerrogativas, teniendo en cuenta que habitan all\u00ed personas de \u00abespecial protecci\u00f3n del Estado\u00bb al tratarse de adultos mayores. <\/p>\n
2.- La Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que el expediente n\u00b0 2016-0005 fue devuelto al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Barranquilla. <\/p>\n
Este, por su parte, dijo que emiti\u00f3 veredicto el 20 de septiembre de 2021 (rad. 2016-005), contra el cual se propusieron sendos recursos de apelaci\u00f3n por varios afectados, incluidos los accionantes; por lo que, la \u00abalzada\u00bb fue concedida en auto de 2 de marzo de 2022; empero, fue devuelta la \u00abactuaci\u00f3n requiri\u00e9ndose el infolio digitalizado, estando a la fecha en tr\u00e1mite para su respectivo env\u00edo. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abmuchos de los argumentos se\u00f1alados por los accionantes, se derivan de la manera en que se debieron haber valorado diferentes piezas probatorias que reposan en el expediente, o que se le debi\u00f3 haber otorgado mayor importancia a cierto material probatorio por encima de otro, concluyendo as\u00ed, en que lo deseado por los petentes es convertir la acci\u00f3n de tutela en una nueva instancia que se encuentra entre el Juez de primera y segunda instancia, lo que a todas luces desnaturaliza el principio de subsidiaridad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
La Sociedad de Activos Especiales SAE resalt\u00f3 haber obrado en cumplimiento de un mandato legal, teniendo en cuenta que es una ocupaci\u00f3n irregular sobre un bien que tiene limitaci\u00f3n al \u00abderecho de dominio por encontrarse inmerso dentro de un proceso de extinci\u00f3n de dominio\u00bb, en consecuencia, forma parte del Fondo para la Rehabilitaci\u00f3n, Inversi\u00f3n Social y Lucha contra el Crimen Organizado FRISCO, fondo que administra. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda 17 Seccional de la Unidad de Ley 600 de 2000 de Cartagena explic\u00f3 que el 11 de noviembre de 2020 expidi\u00f3 \u00abresoluci\u00f3n de preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n y declar\u00f3 la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal con base en el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n frente al delito de fraude a resoluci\u00f3n judicial en favor de Luis Carlos L\u00f3pez Posso\u00bb; que neg\u00f3 el \u00abrestablecimiento del derecho\u00bb requerido por Herrera Cotta, decisi\u00f3n notificada a los sujetos procesales por estado, y \u00abconcedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb interpuesto contra la determinaci\u00f3n referenciada; que por medio de misiva de 15 de febrero de 2022 lo remiti\u00f3 a la oficina de asignaciones para el correspondiente reparto de un Fiscal Delegado ante el Tribunal, a quien tambi\u00e9n remiti\u00f3 \u00abla solicitud de restablecimiento del derecho\u00bb, toda vez que hace parte de la providencia recurrida. <\/p>\n
La D\u00e9cima Delgada ante el Tribunal de Cartagena indic\u00f3 que el 22 de febrero recibi\u00f3 por asignaci\u00f3n el radicado 52629, con el objeto de desatar el \u00abrecurso de apelaci\u00f3n\u00bb instaurado contra el prove\u00eddo de 11 de noviembre de 2020 que \u00abdecreto la prescripci\u00f3n penal a favor de Luis Carlos L\u00f3pez Posso\u00bb, el que se encuentra en estudio, teniendo en cuenta que se trata de un \u00abproceso\u00bb voluminoso y complejo; \u00abadem\u00e1s de la carga laboral que actualmente\u00bb tiene. <\/p>\n
La 26 Especializada en Apoyo de la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio y La Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio reclamaron su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el ruego, comoquiera que \u00aben el presente caso, no se cumple el requisito de la subsidiariedad, debido a que la inconformidad que plantean los actores se presenta en torno a una actuaci\u00f3n que se encuentra en tr\u00e1mite\u00bb. En lo que respecta con \u00ablas resoluciones Nros. 053 y 1017del 27 de enero y 29 de agosto de 2017, que pretenden la entrega material del inmueble, considera la Sala que tal decisi\u00f3n, se sustenta en los deberes que tiene como administradora del FRISCO y las facultades de polic\u00eda administrativa que le han sido reconocidas en la ley 1849 de 2017, que modific\u00f3 el par\u00e1grafo tercero del art\u00edculo 91 de la ley 1708 de 2014, otorgando de forma directa la facultad de polic\u00eda administrativa al administrador del FRISCO, as\u00ed: \u201cEl administrador del Frisco tendr\u00e1 la facultad de polic\u00eda administrativa para la recuperaci\u00f3n f\u00edsica de los bienes que se encuentren bajo su administraci\u00f3n\u201d\u00bb. <\/p>\n
2.- Los actores replicaron iterando los argumentos del escrito genitor, destacando que \u00abel 29 de marzo de 2022 se notifica de la admisi\u00f3n de la tutela a los terceros interesados, y para la fecha el proceso penal del radicado 52.629, por ser \u201cvoluminoso y complejo\u201d se encontraba para estudio, seg\u00fan el informe de tutela rendido por la Fiscal\u00eda 10 Delegada; sin embargo esta misma Fiscal\u00eda ya para el 18 de abril de 2022, en tiempo r\u00e9cor si se tiene en cuenta lo voluminoso y complejo del asunto, profiri\u00f3 sin embargo su decisi\u00f3n en la que resolvi\u00f3 confirmar la decisi\u00f3n apelada, al tiempo que advirti\u00f3 \u201cla decid\u00eda y la inactividad procesal que dio al traste con la investigaci\u00f3n y desemboc\u00f3 en la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, disponiendo por lo tanto la compulsa de copias ante el Consejo de Disciplina Judicial, a fin de que se investigue a los funcionarios que han tenido a su cargo esta investigaci\u00f3n y suministren las explicaciones pertinentes\u201d (negrillas son m\u00edas), pero sin resolver, al igual que la Fiscal\u00eda 17 Seccional de Cartagena, el restablecimiento del derecho sistem\u00e1ticamente solicitado, omitiendo una decisi\u00f3n que era de su resorte y que, por tratarse de una decisi\u00f3n de segunda instancia, no admite ning\u00fan recurso\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n dijeron, que \u00abel 28 de junio, de la presente anualidad, (\u2026), sin identificar plenamente el bien inmueble objeto de la diligencia de Entrega Real y Material de Inmueble y sin importarle para nada que desde antes del 28 de junio de 2022 el poseedor se\u00f1or Ram\u00f3n Herrera Cota se encontraba hospitalizado en la Cl\u00ednica San Jos\u00e9 de Teorices, siendo este motivo m\u00e1s que suficiente para la no realizaci\u00f3n de la diligencia, no continu\u00f3 con la diligencia que hab\u00eda empezado y que qued\u00f3 suspendida el 22 de marzo de 2022, sino que sin identificar previamente los inmuebles a desalojar con indicaci\u00f3n de sus \u00e1reas, linderos y medidas como lo exigen las reglas de protocolo (P-DP2-050), procedi\u00f3 a adelantar una nueva Diligencia de Entrega Real y Material de Inmueble, pero esta vez pretendiendo la entrega real y material no de todos y cada uno de los inmuebles a los que se alude en las Resoluciones No. 053 del 27 de enero y 1017 del 29 de agosto de 2017, de la Presidencia de la SAE S.A.S., y los folios de matr\u00edcula inmobiliaria Nos. 060-100108, 060100109, 060-100110, 060-179656, 060-179657, 060-179658, 060-179659 y 060-179660, sino solamente respecto de los inmuebles de las matriculas inmobiliarias 060-100108 y 060-100109 que se repite, son igualmente falsas, diligencia adelantada antes de que se me notificara por la Sala Penal de Decisi\u00f3n de la CSJ., el contenido de la sentencia impugnada, ya que esta me fue formalmente notificada el 30 de junio, del presente a\u00f1o. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub lite los promotores buscan, entre otras cosas, que se mande \u00aba la Fiscal 17 Seccional de Cartagena, (\u2026), imprimirle al recurso de Apelaci\u00f3n interpuesto por el suscrito apoderado de la Parte Civil contra la Resoluci\u00f3n de fecha 11 de noviembre de 2020, por medio de la cual se declar\u00f3 la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n por prescripci\u00f3n de la Acci\u00f3n Penal, el tr\u00e1mite de Ley respectivo sin m\u00e1s dilataciones injustificadas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Pero, en relaci\u00f3n con ese puntual aspecto, la salvaguarda no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad por sobrevenir la carencia actual de objeto por hecho superado, como quiera que, en el curso de esta senda tuitiva, la Fiscal\u00eda 10 \u2013 Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Cartagena, convalid\u00f3 \u00abla resoluci\u00f3n de preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n de fecha once (11) de noviembre de 2020 (\u2026)\u00bb (18 abr. 2022). <\/p>\n
Lo anterior significa que la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origin\u00f3 la s\u00faplica superlativa se encuentra \u00absuperada\u00bb y, en esa medida, \u00abcarecer\u00eda de objeto\u00bb y raz\u00f3n emitir alguna orden con ese prop\u00f3sito, puesto que el fin que se persigue ya se cristaliz\u00f3. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no hay duda de la estructuraci\u00f3n de la \u00abcarencia actual de objeto por hecho superado\u00bb y, en ese escenario \u00ab(\u2026) ning\u00fan sentido tiene que aqu\u00ed se imparta cualquier tipo de orden en relaci\u00f3n con unas circunstancias que en el pasado hubieran podido configurarse pero que, en este momento procesal, no existen o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas diferentes a las iniciales\u00bb (CSJ STC4943-2019 y STC6409-2021). <\/p>\n
2.- En lo que respecta con el proceso de extinci\u00f3n de dominio, esta Corte advierte que las presuntas irregularidades cometidas por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal de Bogot\u00e1, deben ser debatidas en el litigio que a la fecha est\u00e1 en curso, ya que, como enunci\u00f3 el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Barranquilla, contra el fallo de 20 de septiembre de 2021 (rad. 2016-005), se radicaron \u00absendos recursos de apelaci\u00f3n por varios afectados, incluy\u00e9ndose a los accionantes; por lo que, la alzada fue concedida mediante auto de 2 de marzo de 2022; sin embargo, fue devuelta la actuaci\u00f3n requiri\u00e9ndose el expediente digitalizado, encontr\u00e1ndose a la fecha en tr\u00e1mite para su respectivo env\u00edo\u00bb. <\/p>\n
Entonces, como la \u00abapelaci\u00f3n\u00bb no ha sido solventada (es m\u00e1s, para cuando se present\u00f3 este socorro a\u00fan no se hab\u00eda remitido el cartapacio al ad quem), este se torna presuroso, porque es el juez natural quien debe dirimir la problem\u00e1tica sometida a su escrutinio. <\/p>\n
Esta Corte ha esgrimido que: <\/p>\n
\u00ab(…) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01; STC8897-2017, 21 jun. 2017, rad. 00230-01; STC10432-2017, 19 jul. 2017, rad. 00388-01 y STC1441-2021) \u2013 Subrayado y Negrita Adrede. <\/p>\n
3.- Ahora, el pedimento tendiente a que se dejen \u00absin efectos la Resoluci\u00f3n No. 053 del 27 de enero de 2017, (\u2026), y la No. 1017 del 29 de agosto de 2017, que la modifica (\u2026)\u00bb, debe ser dilucidado por el iudex de lo contencioso administrativo, aserci\u00f3n que se fundamenta en el hecho de no acreditarse por los querellantes la ocurrencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
En efecto, si en opini\u00f3n de estos, con las disposiciones referidas, la Sociedad de Activos Especiales \u2013 SAE \u2013 vulner\u00f3 \u00absus derechos\u00bb, es evidente que, previo a acudir a esta v\u00eda, deben agotar el mecanismo ordinario estatuido por el legislador, que para el caso, est\u00e1 consagrado en el art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y que, en suma, brinda la posibilidad de atacar las \u00abresoluciones\u00bb, a trav\u00e9s de la figura de \u00abnulidad y restablecimiento del derecho\u00bb, escenario en el que, si lo estiman pertinente, podr\u00e1n pedir medidas cautelares, conforme lo establece el canon 230 \u00eddem, sin que exista prueba de si los sedicentes hicieron uso de tal instrumento, incumpli\u00e9ndose as\u00ed, con el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
Sobre el particular esta Corporaci\u00f3n ha puntualizado que, <\/p>\n
\u00abSin perjuicio de lo expuesto, ha de se\u00f1alarse que los actos administrativos son pasibles de control judicial ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, bajo las demandas de nulidad simple y de nulidad con restablecimiento de los derechos subjetivos, por tanto, existen v\u00edas o medios de control instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico, los cuales tambi\u00e9n contemplan la adopci\u00f3n de medidas cautelares de suspensi\u00f3n de sus efectos, siendo ese el escenario natural, donde \u201ces posible desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad de que [aquellos] hallan revestidos, siendo el escenario propicio para que el [actor] discuta [los] derechos que reclama\u201d (STC, 25 abr. 2012, rad. 00257-01, reiterado STC10209-2020 y STC11408-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, que: <\/p>\n
[L]as inconformidades contra actos administrativos (\u2026), por regla general, no son susceptibles de debate a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, pues, para ello concierne al afectado acudir a la jurisdicci\u00f3n competente y a trav\u00e9s del procedimiento legalmente establecido para el efecto (\u2026) habida cuenta que la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa es el escenario natural de dicha controversia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
el proceso contencioso administrativo\u00bb s\u00ed es id\u00f3neo y eficaz para hacer frente a ese escrutinio, ya que all\u00ed es viable instar el decreto de las medidas cautelares, entre ellas la \u00absuspensi\u00f3n del acto administrativo\u00bb en cuesti\u00f3n acorde con lo estatuido en el precepto 231 de la Ley 1437 de 2011; ello a fin de neutralizar temporalmente sus efectos y as\u00ed conjurar el \u00abperjuicio irremediable\u00bb que de \u00e9l pudiere derivar\u201d (CSJ STC3327-2019, reiterada el 07 abr. 2021, STC3576-2021). <\/p>\n
4.-Finalmente, frente a las inconformidades de los precursores con la diligencia de entrega de 28 de junio de 2022, aducidas en la impugnaci\u00f3n, se observa, que constituyen nuevas alegaciones de las cuales no tuvieron conocimiento el a quo ni los llamados a este rito, por tanto, no pueden ser analizadas en esta etapa, ya que afectar\u00eda la garant\u00eda de defensa de quienes no tuvieron la oportunidad de controvertir concretamente esos aspectos. <\/p>\n
Esta Sala sobre dicho t\u00f3pico ha esbozado que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [E]s cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026). Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corzo cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa\u2026\u00bb (STC 10 may. 2011, exp. 00416-01, reiterada STC175-2017, 19 en. 2017, rad. 2016-02054-01 y STC8838-2021). <\/p>\n
5.- Por estas razones se avalar\u00e1 el veredicto confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIOS <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC10013-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA STC10013-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-00581-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 5 de abril de 2022 por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-65915","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65915","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65915"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65915\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65915"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65915"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65915"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}