STC10014-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC10014-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00934-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 24 de mayo de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la tutela que Edgar Mauricio, Audrey Cristina, Joan Leonardo, Dianet Valeria Casta\u00f1eda Pi\u00f1eros, Marby Audrey Pi\u00f1eros Lezma y Edgar Casta\u00f1eda Reyes le instauraron a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, a la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas y a la Fiscal\u00eda 56 Delegada ante el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9-Unidad Sat\u00e9lite Justicia y Paz, respecto de los consecutivos 11001 22 52 000 2015 00184 00 y 2220868-10664002. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los actores invocaron el amparo de las prerrogativas al \u00abdebido proceso, al \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, a la \u00abindemnizaci\u00f3n integral\u00bb, al \u00abprincipio de confianza leg\u00edtima\u00bb y a la \u00abexpectativa leg\u00edtima\u00bb, para que los accionados: i) Adelanten sin m\u00e1s dilaci\u00f3n el \u00abproceso en donde [son] v\u00edctimas para tener la posibilidad de constituir[se] como parte civil o iniciar incidente de reparaci\u00f3n integral, comoquiera que desde la ocurrencia de los hechos a la fecha ya han trascurrido m\u00e1s de 19 a\u00f1os, sin que se obtenga la verdad, justicia o reparaci\u00f3n\u00bb y, ii) Dispongan el \u00abpago directo de la indemnizaci\u00f3n [administrativa]\u00bb o les brinden la oportunidad de \u00abrecurrir el acto administrativo\u00bb mediante el cual la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas reconoci\u00f3 a su favor dicha compensaci\u00f3n. <\/p>\n
En sustento adujeron que sufrieron el \u00abflagelo de la extorsi\u00f3n\u00bb por parte del grupo paramilitar denominado \u00abBloque Tolima AUC\u00bb cuando los amenazaron de muerte si no cancelaban una \u00abvacuna\u00bb, intimidaci\u00f3n que estuvo al borde se hacerse realidad en el a\u00f1o 2000, pues ante la falta de pago del estipendio exigido, atentaron contra la vida e integridad del \u00abjefe del hogar\u00bb Edgar Casta\u00f1eda Reyes, ocasion\u00e1ndole heridas \u00aben la cara, cuello, pulmones y otros \u00f3rganos vitales producto de disparos por arma de fuego\u00bb, afortunadamente sobrevivi\u00f3 al ataque. <\/p>\n
Aseguraron que por esos hechos desde el a\u00f1o \u00ab2007\u00bb cursa en el Tribunal acusado causa penal contra Ricaurte Soria Ruiz, empero, en ese escenario se han tardado bastante tiempo para emitir \u00abdecisi\u00f3n condenatoria\u00bb, obstaculizando de esta manera la \u00abposibilidad de iniciar el tr\u00e1mite de reparaci\u00f3n integral para acceder a la verdad, la justicia y reparaci\u00f3n, pese a solicitar el impulso del proceso y verificar su estado\u00bb. <\/p>\n
Aseveraron que entretanto, en Resoluci\u00f3n de 13 de marzo de 2013, la Unidad Administrativa convocada los reconoci\u00f3 \u00fanicamente como \u00abv\u00edctimas de desplazamiento forzado\u00bb en su condici\u00f3n de n\u00facleo familiar de Edgar Casta\u00f1eda Reyes, pero omiti\u00f3 tener en cuenta que tambi\u00e9n fueron afectados con los punibles de \u00abextorsi\u00f3n y tentativa de homicidio\u00bb, pese a ello, despu\u00e9s de \u00ab9 a\u00f1os\u00bb y luego de un sinf\u00edn de peticiones a\u00fan no han obtenido el desembolso de la \u00abindemnizaci\u00f3n administrativa\u00bb a que tienen derecho. <\/p>\n
Tambi\u00e9n refirieron que cumplen a cabalidad todos los presupuestos para ser merecedores de dicho resarcimiento, incluso, en \u00abResoluci\u00f3n No. 04102019-1138000 del 22 de abril de 2021\u00bb se les concedi\u00f3, sin embargo, no fueron notificados de esa determinaci\u00f3n, lo cual les impidi\u00f3 recurrirla para debatir el \u00abm\u00e9todo de priorizaci\u00f3n\u00bb nuevo al que fueron sometidos y para acreditar que uno de sus parientes padece de una \u00abenfermedad hu\u00e9rfana y catastr\u00f3fica\u00bb. <\/p>\n
2.- El Despacho de Garant\u00edas de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que el tr\u00e1mite judicial censurado inici\u00f3 bajo la radicaci\u00f3n n\u00b0 \u00ab2007-82799\u00bb, dentro del cual se surtieron las \u00abaudiencias de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n e imposici\u00f3n de medida de aseguramiento\u00bb los d\u00edas 22 y 23 de enero de 2013, respectivamente. Luego, el dossier se remiti\u00f3 a la Corporaci\u00f3n de conocimiento con el n\u00famero \u00ab2013-000268\u00bb, cambiado posteriormente al n\u00b0 \u00ab2015-00184\u00bb. <\/p>\n
La Magistrada con Funciones de Conocimiento que adelanta el pleito revisado defendi\u00f3 su obrar, toda vez que ese asunto \u00abse encuentra con registro de proyecto de sentencia y est\u00e1 pendiente de agotar (la pr\u00f3xima semana) la correspondiente deliberaci\u00f3n en Sala de Decisi\u00f3n (Acuerdo PCSJA17-10715 del Consejo Superior de la Judicatura)\u00bb. De otra parte, \u00abla v\u00edctima directa y\/o indirectas no se presentaron directamente ni por medio de apoderado al incidente de reparaci\u00f3n integral. En consecuencia, no formularon su pretensi\u00f3n indemnizatoria, ni aportaron las pruebas necesarias para que se procediera al reconocimiento de los perjuicios derivados de los hechos de los cuales resultaron v\u00edctimas. Por consiguiente, en lo que refiere al radicado 201500184 no obran pretensiones indemnizatorias de los actores que se encuentren pendientes por resolver\u00bb; con todo los aqu\u00ed interesados, podr\u00e1n solicitar el desagravio econ\u00f3mico pretendido en un \u00abincidente que se adelante en contra de ex militantes del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), previa acreditaci\u00f3n de su calidad de v\u00edctimas\u00bb, tal y como lo estim\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal en SP1300-2019 de 16 de abril. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda 47 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 refiri\u00f3 que asumi\u00f3 \u00abel conocimiento del proceso especial\u00bb confutado, el cual curs\u00f3 en principio ante la extinta Fiscal\u00eda 56 Delegada ante el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9-Unidad Sat\u00e9lite Justicia y Paz. En esa lid, Ricaurte Soria Ortiz confes\u00f3 haber atentado contra la vida de Edgar Casta\u00f1eda Reyes (8 abr. 2009), raz\u00f3n por la que la Sala de Justicia y Paz con Funci\u00f3n de Garant\u00edas del Tribunal de Bogot\u00e1 le impuso medida de aseguramiento (9 jul. 2009), luego llev\u00f3 a cabo la \u00abaudiencia concentrada de formulaci\u00f3n y aceptaci\u00f3n de cargos\u00bb (3 may. 2017) y realiz\u00f3 la \u00abaudiencia de incidente de reparaci\u00f3n el 8 y 9 de mayo del mismo a\u00f1o, quedando al despacho para proferir sentencia\u00bb. Despu\u00e9s, el 16 de febrero de 2021, la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal de esta capital, decret\u00f3 la nulidad de las diligencias, pero recurrida en apelaci\u00f3n esa decisi\u00f3n por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Ministerio P\u00fablico y el representante de las v\u00edctimas, fue revocada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal (AP5122-2021, 27 oct.), pronunciamiento en el que se orden\u00f3 \u00abproferir la sentencia que en derecho corresponda\u00bb. <\/p>\n
La Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas sostuvo que la conculcaci\u00f3n de los privilegios invocados es inexistente porque: i) En \u00abResoluci\u00f3n No. 04102019-1138000 del 22 de abril de 2021\u00bb resolvi\u00f3 \u00abreconocer el derecho a la medida de indemnizaci\u00f3n administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado\u00bb a favor de los libelistas, determinaci\u00f3n notificada por \u00abaviso desfijado el 21 de junio de 2021\u00bb; ii) En ese \u00abacto administrativo\u00bb tambi\u00e9n se dispuso la aplicaci\u00f3n del M\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n, \u00abdebido a que la accionante no cuenta con un criterio de priorizaci\u00f3n acreditado conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 4 de la Resoluci\u00f3n 1049 de 2019 y art\u00edculo 1\u00b0 de la resoluci\u00f3n 582 de 2021, es decir, con una edad superior a 68 a\u00f1os, enfermedad catastr\u00f3fica o de alto costo o una discapacidad certificada en t\u00e9rminos de la Circular 009 de 2017 expedida por la Superintendencia de Salud, expedido hasta el 30 de junio de 2020; o los requisitos de la Resoluci\u00f3n No. 113 de 2020 del Ministerio de Salud. Por tanto, se le indic\u00f3 que no es posible ingresarla a las solicitudes prioritarias\u00bb; iii) la aplicaci\u00f3n del \u00abM\u00e9todo se realizar\u00e1 el 31 de julio de 2022. Por tanto, por ahora no es procedente emitirle un acto administrativo en donde se indique una fecha cierta de pago, o hacerle entrega de la Carta Cheque hasta que no se realice el M\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n y \u00e9ste salga favorable\u00bb; iv) Se ha \u00abpriorizado el pago de la indemnizaci\u00f3n administrativa\u00bb en beneficio de las \u00abv\u00edctimas inmersas en circunstancias de extrema vulnerabilidad o urgencia manifiesta, en el entendido que, si bien la poblaci\u00f3n v\u00edctima de conflicto armado en su totalidad es vulnerable, existen personas que presenten un grado mayor de vulnerabilidad tales como los adultos mayores, personas con discapacidad o v\u00edctimas con enfermedades gravosas o ruinosas\u00bb; y, v) Actualmente cuenta con \u00abun universo de 2.255.122 v\u00edctimas a quienes se les aplic\u00f3 el M\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n, distribuidas as\u00ed; 303.239 con acto de reconocimiento de la medida de indemnizaci\u00f3n administrativa en el a\u00f1o 2019 (con resultado no favorable en el M\u00e9todo T\u00e9cnico realizado en la vigencia 2020) y 1.951.883 v\u00edctimas quienes al 31 de diciembre de 2020 se les reconoci\u00f3 el derecho y a quienes tambi\u00e9n se les aplic\u00f3 la herramienta t\u00e9cnica\u00bb. <\/p>\n
\u00d3scar L\u00f3pez Orjuela, quien dice actuar como \u00abdefensor p\u00fablico\u00bb de Ricaurte Soria Ortiz abstuvo de manifestarse respecto del \u00abamparo\u00bb porque \u00abPara esos a\u00f1os que nombra el accionante, el suscrito no actuaba como defensor p\u00fablico en las competencias de ley 975 de 2005\u00bb. <\/p>\n
3.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 el ruego, porque: i) La mayor\u00eda de los interesados \u00abno acreditaron haber acudido al proceso para ser reconocidos como v\u00edctimas en el mismo\u00bb, raz\u00f3n por la cual, \u00abno puede afirmarse que frente a ellos exista una afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales por parte de las autoridades judiciales accionadas\u00bb; ii) Con relaci\u00f3n a las prerrogativas de Edgar Casta\u00f1eda Reyes, hall\u00f3 justificada la tardanza del iudex plural reprochado en la definici\u00f3n del \u00abjuicio penal\u00bb seguido en contra de Ricaurte Soria Ortiz, toda vez que \u00abexiste proyecto de decisi\u00f3n registrado, mismo que habr\u00e1 de ser inminentemente sometido a discusi\u00f3n y aprobaci\u00f3n\u00bb; y, iii) No accedi\u00f3 a la cancelaci\u00f3n de la \u00abcompensaci\u00f3n\u00bb requerida, ya que \u00abla asignaci\u00f3n de turnos para la entrega de la indemnizaci\u00f3n se realiza a partir de la aplicaci\u00f3n del M\u00e9todo t\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n fijado en la normativa vigente\u00bb, de ah\u00ed que, \u00abno puede el juez constitucional ordenar el pago de la indemnizaci\u00f3n administrativa con desconocimiento de la asignaci\u00f3n de turnos de entrega realizada por la entidad accionada en aplicaci\u00f3n de los criterios de priorizaci\u00f3n, pues de hacerlo se desconocer\u00eda el derecho a la igualdad de las dem\u00e1s v\u00edctimas y el deber de priorizaci\u00f3n de quienes se encuentren en una mayor condici\u00f3n de vulnerabilidad\u00bb <\/p>\n
4.- Recurrieron los sedicentes y \u00d3scar L\u00f3pez Orjuela. <\/p>\n
Los primeros expresaron que s\u00ed tienen habilitaci\u00f3n para criticar el \u00abproceso especial\u00bb fustigado, ya que Edgar Casta\u00f1eda Reyes fue reconocido como \u00abv\u00edctima\u00bb junto a su \u00abn\u00facleo familiar\u00bb en esa actuaci\u00f3n, adem\u00e1s, para la \u00e9poca en que las \u00abdiligencias\u00bb comenzaron a surtirse a\u00fan eran menores de edad, por eso acudieron representados por aqu\u00e9l. Ahora bien, \u00aben algunas oportunidades [fueron] citados y despu\u00e9s, nunca m\u00e1s [los] volvieron a citar, comunicar el fallo, o decir que ten\u00eda[n] un t\u00e9rmino para constituir[se] en parte civil o iniciar el incidente de reparaci\u00f3n integral\u00bb. <\/p>\n
El otro apelante adver\u00f3 que el pleito atacado contin\u00faa paralizado desde \u00ab19 de noviembre de 2017 y a la fecha no ha sido posible que emitan la respectiva sentencia condenatoria, con el objeto de que se le defina la situaci\u00f3n jur\u00eddica de manera definitiva tanto a las v\u00edctimas como a los postulados investigados en dicho proceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En resumidas cuentas, los \u00abactores\u00bb se quejan por lo siguiente: i) La demora del Tribunal cuestionado en expedir veredicto en la \u00abcausa penal\u00bb seguida en contra de Ricaurte Soria Ruiz (rad. 2015-00184-00) y, ii) La tardanza de la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas en \u00abdesembolsar\u00bb la \u00abindemnizaci\u00f3n administrativa\u00bb con ocasi\u00f3n del \u00abdesplazamiento forzado\u00bb que padecieron. <\/p>\n
2.- Visto lo anterior, encuentra la Sala que el primer reparo debe prosperar, toda vez que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 viene dilatando sin raz\u00f3n alguna la definici\u00f3n del \u00abtr\u00e1mite especial\u00bb criticado, en detrimento de los atributos esenciales de Edgar Casta\u00f1eda Reyes. <\/p>\n
2.1.- Ha de advertirse que anduvo acertado el a quo constitucional en cuanto a que Edgar Mauricio, Audrey Cristina, Joan Leonardo, Dianet Valeria Casta\u00f1eda Pi\u00f1eros y Marby Audrey Pi\u00f1eros Lezma carecen de legitimaci\u00f3n para arremeter contra el \u00abproceso penal\u00bb mencionado, ya que, conforme a los documentos aportados con el libelo inaugural y las respuestas brindadas por las autoridades convocadas, en ese escenario a\u00fan no han sido reconocidos como \u00abv\u00edctimas\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, contrario a lo ultimado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, esta Sala estima que se trasgredi\u00f3 el privilegio al \u00abdebido proceso\u00bb de Edgar Casta\u00f1eda Reyes, como quiera que existe una dilaci\u00f3n injustificada en la emisi\u00f3n de la sentencia dentro de las diligencias rebatidas. Ello es as\u00ed porque, aun cuando se encuentra \u00abregistro de proyecto de decisi\u00f3n\u00bb desde el mes de diciembre de 2021, ha corrido un tiempo m\u00e1s que suficiente sin que todav\u00eda se defina el asunto o se haya expresado alguna circunstancia objetiva y razonable para excusar la demora. <\/p>\n
Adem\u00e1s, tal y como lo se\u00f1al\u00f3 la Corporaci\u00f3n accionada, desde mayo de 2017 la \u00abactuaci\u00f3n\u00bb ingres\u00f3 para \u00abdictar sentencia\u00bb y tras cinco (5) a\u00f1os continua la incertidumbre acerca de la soluci\u00f3n de la actuaci\u00f3n, tanto as\u00ed que, justamente, la Sala de Casaci\u00f3n Penal en dos (2) ocasiones la inst\u00f3 para que \u00abemitiera decisi\u00f3n de fondo\u00bb; de un lado, en el \u00abfallo de tutela\u00bb STP8618-2020, 13 oct.; y en segundo t\u00e9rmino, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n frente a la nulidad de la \u00abcausa criminal\u00bb decretada por la Colegiatura encartada, en donde dispuso \u00abprofiera sin m\u00e1s dilaciones, la sentencia que en derecho corresponda\u00bb (AP5122-2021, 27 oct.), sin que hasta ahora lo haya hecho. <\/p>\n
2.3.- Cabe recordar que esta Corte en punto a la \u00abmora injustificada\u00bb, ha predicado: <\/p>\n
[l]a protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (STC, 19 sep. 2008, rad. 01138-00, citada en STC2000-2018, STC195-2021 y STC10205-2021). <\/p>\n
2.4.- En esas condiciones, comoquiera que ha trascurrido un lapso importante sin que por alguna raz\u00f3n atendible se haya emitido providencia de fondo en el \u00abasunto\u00bb combatido, ha de concederse la protecci\u00f3n ius fundamental para ordenarle a la autoridad judicial \u00abquerellada\u00bb, proceder de conformidad. <\/p>\n
3.- En lo concerniente con el segundo reparo, habr\u00e1 de confirmarse el prove\u00eddo impugnado, habida cuenta de que, para obtener el pago de la \u00abindemnizaci\u00f3n administrativa\u00bb, debe surtirse una diligencia previa y necesaria con el fin de establecer el orden de prelaci\u00f3n de acuerdo a las circunstancias de \u00abvulnerabilidad\u00bb de las \u00abv\u00edctimas\u00bb, contemplado en la Resoluci\u00f3n 1049 de 2019. <\/p>\n
En efecto, ese compendio normativo tiene por objeto la adopci\u00f3n de un \u00abprocedimiento para reconocer y otorgar la indemnizaci\u00f3n por v\u00eda administrativa y crear el m\u00e9todo t\u00e9cnico de priorizaci\u00f3n\u00bb (art\u00edculo 1\u00ba). De esta manera, una vez a la persona afectada se le reconoce el derecho a percibir el \u00abresarcimiento\u00bb por su \u00abcondici\u00f3n de v\u00edctima\u00bb del conflicto armado interno, la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas eval\u00faa si acredit\u00f3 \u00abalguna de las situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad\u00bb (art\u00edculo 14, ib\u00eddem) para realizar la \u00abentrega prioritaria\u00bb de ese emolumento mediante el \u00abM\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n\u00bb, esto es un \u00abproceso t\u00e9cnico que determina los criterios y lineamientos que debe adoptar la Subdirecci\u00f3n de Reparaci\u00f3n Individual para determinar la priorizaci\u00f3n anual del desembolso de la indemnizaci\u00f3n administrativa\u00bb (art\u00edculo 16, \u00cddem), con el prop\u00f3sito de \u00abgenerar unas listas ordinales que indicar\u00e1n la priorizaci\u00f3n para el desembolso de la medida de indemnizaci\u00f3n administrativa y se aplicar\u00e1 anualmente para la asignaci\u00f3n de los turnos de pago de manera proporcional a los recursos apropiados en la respectiva vigencia fiscal para tal fin, de conformidad con el Marco de Gasto de Mediano Plazo del Sector\u00bb (art\u00edculo 17, Ib\u00eddem). <\/p>\n
El canon 4\u00ba de dicha normatividad contempla cu\u00e1les son esos eventos de \u00aburgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad\u00bb que se tienen en cuenta para otorgar la prevalencia en la cancelaci\u00f3n de la \u00abcompensaci\u00f3n\u00bb, a saber: <\/p>\n
\u00abA. Edad. Tener una edad igual o superior a los setenta y cuatro (74) a\u00f1os. El presente criterio podr\u00e1 ajustarse gradual y progresivamente por la Unidad para las V\u00edctimas, de acuerdo al avance en el pago de la indemnizaci\u00f3n administrativa a este grupo poblacional. <\/p>\n
B. Enfermedad. Tener enfermedad(es) hu\u00e9rfanas, de tipo ruinoso, catastr\u00f3fico o de alto costo definidas como tales por el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social. <\/p>\n
C. Discapacidad. Tener discapacidad que se certifique bajo los criterios, condiciones e instrumentos pertinentes y conducentes que establezca el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social o la Superintendencia Nacional de Salud.\u00bb (subraya la Corte). <\/p>\n
Esa pauta tambi\u00e9n dispone que \u00abSi con posterioridad a la presentaci\u00f3n de la solicitud de indemnizaci\u00f3n una v\u00edctima advierte que cumple alguna de las situaciones definidas en los literales B y C del presente art\u00edculo, deber\u00e1 informarlo a la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n integral a las V\u00edctimas para ser priorizada en la entrega de la indemnizaci\u00f3n\u00bb (par\u00e1grafo 1\u00ba). (Resalta la Sala). <\/p>\n
Ahora, el \u00abprocedimiento\u00bb para lograr el \u00abreconocimiento y pago\u00bb de la \u00abindemnizaci\u00f3n administrativa\u00bb, no es producto del capricho de la entidad aludida, sino, m\u00e1s bien, responde a la necesidad de las \u00abv\u00edctimas\u00bb en recibir con prontitud una \u00abreparaci\u00f3n integral\u00bb por el da\u00f1o sufrido con ocasi\u00f3n del \u00abconflicto armado\u00bb, es as\u00ed que, el m\u00e9todo t\u00e9cnico, contenido en aquel \u00abacto administrativo\u00bb, es producto de las reglas que la Corte Constitucional estableci\u00f3 en el auto 206 de 2017, expedido por la Sala Especial de Seguimiento de la sentencia T-025 de 2004, decisi\u00f3n en la que consider\u00f3: <\/p>\n
\u00abA pesar de que el derecho a la reparaci\u00f3n es fundamental, la jurisprudencia precis\u00f3 que esto no quiere decir que pueda considerarse como un derecho absoluto que pueda ser exigido inmediatamente por todas las v\u00edctimas del conflicto armado; no obstante, reiter\u00f3 que las limitaciones presupuestales \u201cnunca podr\u00e1n traducirse en una afectaci\u00f3n excesiva o en una negaci\u00f3n o desnaturalizaci\u00f3n de los derechos de las v\u00edctimas.\u201d La Corte dirimi\u00f3 esta tensi\u00f3n al estudiar la constitucionalidad de los principios de progresividad y sostenibilidad, recogidos en los art\u00edculos 17 y 19 de la Ley 1448 del 2011. Conforme lo estableci\u00f3 la jurisprudencia constitucional, si bien los derechos de las v\u00edctimas se reconocen de manera inmediata, su contenido se ampl\u00eda progresivamente y su cobertura se extiende gradualmente respecto de la totalidad de v\u00edctimas a las que se refiere la ley. Por esta raz\u00f3n, encontr\u00f3 razonable que los programas masivos de reparaci\u00f3n administrativa, caracter\u00edsticos de contextos de violencia generalizada y sistem\u00e1tica, no se encuentren en la capacidad de indemnizar por completo a todas las v\u00edctimas en un mismo momento. En este tipo de situaciones, la Corte encontr\u00f3 que es leg\u00edtimo definir plazos razonables para otorgar la indemnizaci\u00f3n administrativa y acoger, en esa direcci\u00f3n, determinados criterios que permitan priorizar la entrega de las medidas que correspondan. Este planteamiento implica analizar la situaci\u00f3n concreta en que se encuentra cada accionante, para verificar si cumple o no con alguno de los supuestos que permiten darle prelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.1.- En el sub examine, mediante Resoluci\u00f3n No. 04102019-1138000 de 22 de abril de 2021, se \u00abreconoci\u00f3\u00bb a los aqu\u00ed interesados \u00abel derecho a la medida de indemnizaci\u00f3n administrativa por el hecho victimizante de DESPLAZAMIENTO FORZADO\u00bb y se dispuso \u00abAplicar el M\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n, con el fin de determinar el orden de desembolso de la medida de indemnizaci\u00f3n administrativa, de manera proporcional a los recursos apropiados en la respectiva vigencia fiscal\u00bb. <\/p>\n
Para el cumplimiento de lo anterior, conforme la contestaci\u00f3n ofrecida por la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, es indispensable realizar la aplicaci\u00f3n del \u00abM\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n\u00bb en el caso de los gestores, con el fin, se reitera, de establecer el \u00aborden de desembolso\u00bb de la \u00abindemnizaci\u00f3n\u00bb, claro est\u00e1 que para ello la Unidad tiene en cuenta las \u00abvariables demogr\u00e1ficas, de estabilizaci\u00f3n econ\u00f3mica, caracter\u00edsticas del hecho victimizante y avance de la ruta de reparaci\u00f3n\u00bb, previstas en el anexo de la Resoluci\u00f3n 1049 de 2019. <\/p>\n
Por eso es que, la intervenci\u00f3n del juez constitucional para ordenar el \u00abpago inmediato de la indemnizaci\u00f3n administrativa\u00bb no solo podr\u00eda poner en riesgo el derecho a la igualdad de las dem\u00e1s \u00abv\u00edctimas\u00bb que se encuentran en turno de recibir el \u00abresarcimiento econ\u00f3mico\u00bb y frente a las cuales ya se agot\u00f3 el \u00abM\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n\u00bb, sino, adem\u00e1s, estar\u00eda invadiendo competencias que son del resorte exclusivo de la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, a quien se le conf\u00edo la importante labor de evaluar \u00abt\u00e9cnicamente\u00bb la \u00abpriorizaci\u00f3n\u00bb en el desembolso de la \u00abindemnizaci\u00f3n administrativa\u00bb. <\/p>\n
3.2.- Tampoco hay una mora injustificada en la cancelaci\u00f3n de la \u00abcompensaci\u00f3n\u00bb a que tienen derecho los actores, si en cuenta se tiene el gran volumen de requerimientos que al respecto han elevado las \u00abv\u00edctimas\u00bb, es as\u00ed que, tal y como lo asegur\u00f3 aquella \u00abUnidad administrativa\u00bb, actualmente atiende \u00abun universo de 2.255.122 v\u00edctimas\u00bb, por ende, resulta atendible la tardanza en la culminaci\u00f3n de ese \u00abprocedimiento\u00bb. <\/p>\n
3.3.- Ahora bien, los quejosos se duelen porque fueron \u00abindebidamente\u00bb enterados de la \u00abResoluci\u00f3n No. 04102019-1138000 del 22 de abril de 2021\u00bb, mediante la cual se \u00abreconoci\u00f3\u00bb a su favor el \u00abpago de la indemnizaci\u00f3n administrativa\u00bb, circunstancia que les impidi\u00f3 recurrirla para alegar que uno de sus parientes padece de una \u00abenfermedad hu\u00e9rfana y catastr\u00f3fica\u00bb y, por ende, conseguir con prontitud el desembolso de dicha \u00abcompensaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, se otea que el \u00abacto administrativo\u00bb fue \u00abnotificado\u00bb por aviso p\u00fablico en la p\u00e1gina electr\u00f3nica de la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, conforme a la regla prevista en el art\u00edculo 69 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), ante el desconocimiento del domicilio y la direcci\u00f3n de residencia de los promotores, de ah\u00ed que, sea inexistente la \u00abvulneraci\u00f3n\u00bb alegada. <\/p>\n
De otra parte, los querellantes a\u00fan tienen la posibilidad de poner en conocimiento de aqu\u00e9l organismo la \u00abenfermedad hu\u00e9rfana\u00bb que, dicen, sufre uno de sus familiares para lograr celeridad en el \u00abpago\u00bb del \u00abdesagravio econ\u00f3mico\u00bb solicitado, en tanto, seg\u00fan lo establece el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 4\u00ba de la Resoluci\u00f3n 1049 de 2019, \u00abSi con posterioridad a la presentaci\u00f3n de la solicitud de indemnizaci\u00f3n una v\u00edctima advierte que cumple alguna de las situaciones definidas en los literales B y C del presente art\u00edculo, deber\u00e1 informarlo a la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n integral a las V\u00edctimas para ser priorizada en la entrega de la indemnizaci\u00f3n\u00bb, por manera que, en este preciso \u00edtem, la petici\u00f3n de resguardo es improcedente. <\/p>\n
4.- Con apoyo en lo discurrido se impone revocar parcialmente del veredicto de primer grado para conceder la salvaguarda al \u00abdebido proceso\u00bb de Edgar Casta\u00f1eda Reyes, para lo cual se ordenar\u00e1 a la Corporaci\u00f3n convocada emita el fallo dentro de la \u00abcausa judicial\u00bb criticada. En lo todo dem\u00e1s se confirmar\u00e1 el \u00abfallo constitucional\u00bb de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, REVOCA PARCIALMENTE la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
En consecuencia se dispone: <\/p>\n
PRIMERO. Conceder a favor de Edgar Casta\u00f1eda Reyes la tutela del derecho fundamental al debido proceso, para lo cual se ordena a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 que en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de quince (15) d\u00edas dicte sentencia de fondo dentro de la causa 11001 22 52 000 2015 00184 00, seguida en contra de Ricaurte Soria Ruiz. <\/p>\n
SEGUNDO. En todo lo dem\u00e1s se confirma la sentencia constitucional de primera instancia. <\/p>\n
TERCERO. Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los implicados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIOS <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC10014-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC10014-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00934-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 24 de mayo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-65916","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65916","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65916"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65916\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65916"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65916"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65916"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}