STC10018-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC10018-2022 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 11 de julio de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en la tutela que Milton de Jes\u00fas Mu\u00f1iz Mosquera le instaur\u00f3 al Juzgado Sexto Civil del Circuito de la misma ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el resguardo n\u00ba 2022-00028. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderada, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas al \u00abdebido proceso, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y estabilidad laboral reforzada\u00bb, que estim\u00f3 transgredidas con la decisi\u00f3n de \u00ababstenerse de continuar el (\u2026) incidente\u00bb iniciado contra la empresa Servicios Temporales \u2013Temporizar- (10 jun. 2022), sin tener en cuenta que, debido a sus patolog\u00edas psiqui\u00e1tricas, \u00abno decidi\u00f3 libremente acabar el contrato por mutuo acuerdo, fue coaccionado por el empleador, su despido fue discriminatorio, pues no ejerci\u00f3 su voluntad absoluta, apenas el empleador le informa v\u00eda correo electr\u00f3nico lo de la radicaci\u00f3n de la petici\u00f3n (\u2026) para reconocimiento de su pensi\u00f3n a Porvenir \u00e9l se asusta, y creyendo que le quitar\u00edan su pensi\u00f3n de invalidez acabada de reconocer, accede a escribir v\u00eda WhatsApp, acepta lo propuesto por el empleador, por lo que no fue una decisi\u00f3n libre, espont\u00e1nea, consentida, y voluntaria (\u2026)\u00bb, ni que aquella omiti\u00f3 pedir autorizaci\u00f3n al \u00abMINISTERIO DEL TRABAJO, para terminar el v\u00ednculo\u00bb dado el \u00abfuero de especial protecci\u00f3n\u00bb que lo cobijaba. <\/p>\n
En consecuencia, requiri\u00f3 que se ordenara: i) Dejar sin efectos el interlocutorio censurado; ii) Declarar ineficaz el acuerdo transaccional que puso fin al contrato de trabajo suscrito con su patrono; iii) Seguir \u00abcon el procedimiento incidental y en su defecto tambi\u00e9n se imponga la multa y la orden de arresto\u00bb previstos en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, al representante legal de su empleadora. <\/p>\n
En sustento, relat\u00f3 que mediante sentencia de 10 de febrero de 2022 la autoridad recriminada concedi\u00f3 el amparo de sus derechos y dispuso el restablecimiento de su empleo como auxiliar de almac\u00e9n, que desempe\u00f1aba para la sociedad Temporizar S.A.S. y del cual fue destituido pese a encontrarse calificado con p\u00e9rdida de capacidad laboral del 57.60 %. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, en observancia de esa directriz, dicha empresa lo reintegr\u00f3 al puesto de trabajo (24 feb.) y le cancel\u00f3 la indemnizaci\u00f3n correspondiente, en cuotas mensuales hasta el 24 de abril de 2022. Agreg\u00f3 que, \u00aben un actuar temerario, de mala fe, coacci\u00f3n, presi\u00f3n y con la intenci\u00f3n de inducir[lo] a error y atemorizar[lo]\u00bb la otrora demandada elev\u00f3, sin su consentimiento, \u00absolicitud de reconocimiento de pensi\u00f3n de invalidez\u00bb a Porvenir S.A., circunstancia que lo llev\u00f3 a aceptar la propuesta de poner fin a la relaci\u00f3n laboral de mutuo acuerdo (27 abr. 2022), por miedo a perder dicha prestaci\u00f3n ya reconocida, aceptando, como complemento a su liquidaci\u00f3n el valor de $5.000.000, con el cual lo \u00abtransaron y manipularon\u00bb aprovechando su condici\u00f3n mental. <\/p>\n
2.- El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena inform\u00f3 que el 20 de mayo del hoga\u00f1o, recibi\u00f3 \u00abun segundo incidente de desacato, al que se le dio su tr\u00e1mite legal\u00bb, para finalmente, emitir la determinaci\u00f3n criticada, que se ciment\u00f3 en el cumplimiento de su decisi\u00f3n inicial, seg\u00fan lo acreditado por la pasiva y su ausencia de competencia para analizar hechos novedosos que desbordan el \u00e1mbito de la ayuda supralegal otorgada. <\/p>\n
El Ministerio P\u00fablico destac\u00f3 la improcedencia del ruego ante la existencia de instrumentos judiciales id\u00f3neos al alcance del gestor. <\/p>\n
Mara Patricia Romero Mora acudi\u00f3 al tr\u00e1mite esgrimiendo su condici\u00f3n de c\u00f3nyuge del actor, para coadyuvar sus s\u00faplicas. <\/p>\n
Servicios Temporales \u2013Temporizar- S.A.S. se opuso a la salvaguarda, tras aseverar que cumpli\u00f3 cabalmente lo impuesto en el veredicto cuyo desacato se denunci\u00f3, al punto que fue el mismo interesado quien, de manera insistente, le requiri\u00f3 un acuerdo para su retiro. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Cartagena desestim\u00f3 la \u00abtutela\u00bb por no hallar trasgresi\u00f3n alguna a las garant\u00edas b\u00e1sicas imploradas, porque \u00abla juzgadora se abstuvo de continuar con el incidente de desacato presentado por el actor, en la medida que la empresa accionada acredit\u00f3 haber dado estricto cumplimiento a todas las \u00f3rdenes dispuestas en el fallo de tutela de 10 de febrero de 2022, lo cual, valga resaltar, fue corroborado por el propio accionante en el libelo introductorio\u00bb., sin que los reproches esbozados contra el convenio de terminaci\u00f3n suscrito por las partes puedan ser materia de debate en la actuaci\u00f3n accesoria controvertida. <\/p>\n
2.- Recurri\u00f3 la impulsora insistiendo en los argumentos del escrito inaugural, sin efectuar reparos concretos contra la providencia rebatida. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En materia de \u00abincidentes de desacatos\u00bb, la Corte Constitucional en aras de no abrir la puerta a infinitas acciones de la misma naturaleza por similares hechos, ha admitido la procedencia \u00abexcepcional de la tutela\u00bb, sujet\u00e1ndola a una vulneraci\u00f3n clara y ostensible del \u00abderecho al debido proceso\u00bb de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado de \u00e9ste, originada en los llamados defectos \u00absustantivo, org\u00e1nico, procedimental absoluto [y] f\u00e1ctico\u00bb (C.C. Sentencia T-652 de 2010). <\/p>\n
Sobre el particular, en la SU-627 (1\u00ba oct. 2015) fij\u00f3 la postura de aceptar dicho instrumento bajo los siguientes derroteros: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o Tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb (Negrilla fuera de texto) citada en STC5427-2022. <\/p>\n
2.- De los medios de prueba aportados, se evidencia que: <\/p>\n
2.1.- El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena en el \u00abfallo de tutela\u00bb cuyo cumplimiento se pretende (10 feb. 2022), que no fue impugnado, dispuso: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) SEGUNDO: DECLARAR la ineficacia de la terminaci\u00f3n del contrato laboral de MILTON DE JESUS MU\u00d1IZ MOSQUERA frente a SERVICIOS TEMPORALES \u201cTEMMPORIZAR\u201d,, y ORDENAR a SERVICIOS TEMPORALES \u201cTEMMPORIZAR\u201d que, dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas contados a partir del d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n de la sentencia, LE RENUEVE el contrato de obra o labor AL ACCIONANTE, si el as\u00ed lo desea, para que desarrolle un objeto contractual que ofrezca condiciones similares al que ven\u00eda ejecutando, y que est\u00e9 acorde con su actual estado de salud. As\u00ed mismo, le deber\u00e1 cancelar la indemnizaci\u00f3n prevista en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997 equivalente a ciento ochenta d\u00edas (180) d\u00edas de salario, por el hecho de haberlo despedido sin autorizaci\u00f3n del Ministerio de la Protecci\u00f3n Social en armon\u00eda con lo previsto en la normatividad vigente, y las prestaciones, los salarios y los aportes causados y dejados de percibir desde la fecha de terminaci\u00f3n del contrato. <\/p>\n
TERCERO: PREVENIR a SERVICIOS TEMPORALES \u201cTEMMPORIZAR\u201d, para que en lo sucesivo y atendiendo a las consideraciones consignadas en esta providencia, se abstenga de vulnerar los derechos de los trabajadores que se encuentran en estado de debilidad manifiesta en raz\u00f3n de su condici\u00f3n de salud\u00bb. <\/p>\n
2.2.- El 20 de mayo, el querellante formul\u00f3 \u00abincidente de desacato\u00bb, aduciendo que, despu\u00e9s de haberlo reincorporado a su cargo, \u00ab[e]n fecha abril 22 de 2022, en un actuar temerario, de mala fe, y con la intenci\u00f3n de inducir en error y atemorizar, enviaron sin permiso del trabajador un derecho de petici\u00f3n a porvenir para el reconocimiento de la pensi\u00f3n, con ocasi\u00f3n al dictamen de PCL (\u2026) solo para coaccionarlo a renunciar a su contrato laboral, y \u00e9l creyendo que le quitar\u00edan su pensi\u00f3n de invalidez, asustado y atemorizado (\u2026) lo inducen a firmar un contrato de transacci\u00f3n y a renunciar en el mismo contrato de transacci\u00f3n a su v\u00ednculo laboral en fecha 27 de abril de 2022 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.3.- Con sustento en lo anterior, el fallador cuestionado adelant\u00f3 el respectivo tr\u00e1mite, requiriendo al patrono para que rindiera las explicaciones del caso (23 may.), abri\u00f3 el procedimiento incidental (31 may.) de cuya fase probatoria prescindi\u00f3 por estimar suficientes los elementos de cognici\u00f3n allegados en las etapas previas (9 jun.) y lo finiquit\u00f3 con el interlocutorio de fecha 10 de junio de 2022, por medio del cual se abstuvo de continuar con el curso de esa lid, tras establecer que: <\/p>\n
\u00abla accionada ya dio cumplimiento a la sentencia del 10 de febrero de 2022, cumplimiento que se consum\u00f3 al haber reintegrado a su puesto de trabajo al actor, adem\u00e1s de haberle pagado los salarios dejados de percibir y la indemnizaci\u00f3n se\u00f1alada en el Art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, probado con los dichos del actor quien en su escrito incidentante se\u00f1al\u00f3 el cumplimiento de la misma\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a las dem\u00e1s circunstancias denunciadas por el memorialista, reflexion\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abotra cosa, es lo que se refiere al tema de la transacci\u00f3n suscrita por el actor y la accionada en la que de mutuo acuerdo decidieron terminar el contrato de trabajo, situaci\u00f3n que no es de competencia de esta juzgadora y mucho menos se encuentra en los l\u00edmites de la acci\u00f3n de tutela que ya viene fallada. En virtud de lo anterior, se concluye que los motivos que dieron lugar al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela y su consecuente amparo, difieren ampliamente de las circunstancias que hoy se pretenden ventilar en el presente incidente, esto es porque la terminaci\u00f3n del contrato hoy se\u00f1alada, correspondi\u00f3 a una transacci\u00f3n, es decir un acuerdo entre las partes que en nada puede confundirse con la sentencia de tutela proferida en el 10 de febrero de 2022. <\/p>\n
Igualmente, debe se\u00f1alarse que respecto al hecho de que la empleadora haya agilizado el tr\u00e1mite ante el fondo de pensiones, en nada constituye una situaci\u00f3n que implique un incumplimiento del fallo de tutela, develando as\u00ed hechos o circunstancias ajenas al presente incidente\u00bb. <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, al confrontar el libelo inaugural con el paginario digital, se revela que el objetivo del quejoso es atacar el auto de 10 de junio de 2022 del iudex fustigado, en el \u00abincidente de desacato\u00bb adelantado para obtener la materializaci\u00f3n de la \u00aborden constitucional\u00bb dictada a su favor. <\/p>\n
Siendo as\u00ed, no se observa la ocurrencia de la hip\u00f3tesis prevista en el punto 4.6.3.2. del precedente citado, dado que el inter\u00e9s de Mu\u00f1iz Mosquera, es modificar o cambiar la determinaci\u00f3n de fondo emitida en el escenario natural, sin cuestionar de manera alguna el \u00abtr\u00e1mite\u00bb en s\u00ed mismo del desacato. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abal examinar el tema, en punto a las diligencias que se surten a prop\u00f3sito del incidente que se origina por el supuesto incumplimiento del fallo de tutela, ha considerado improcedente una nueva revisi\u00f3n de la misma naturaleza constitucional, toda vez que, en torno al desacato, s\u00f3lo se previ\u00f3 respecto del auto que lo encuentra procedente y, por tanto, impone o fija sanciones, el grado de consulta, exclusivamente\u00bb (subrayado y negrillas fuera del texto), STC7007-2021. <\/p>\n
\u00abel incidente de desacato, per se, culmina con una decisi\u00f3n judicial, la cual, prima facie, podr\u00eda estimarse que es susceptible de ser enjuiciada mediante otra acci\u00f3n de tutela. Empero, examinado el tema en conjunto, como debe ser, la resoluci\u00f3n judicial en comento no puede apreciarse en forma insular o aislada, sino como parte de una actividad seriada y, por ende, compleja en el entorno constitucional, lo que exige una valoraci\u00f3n panor\u00e1mica, como tal omnicomprensiva de todo el tr\u00e1mite tutelar. De ah\u00ed la \u00edntima relaci\u00f3n existente entre la tutela y su desacato, al punto que el funcionario competente para determinar si hubo o no inejecuci\u00f3n de la orden dada, sea el mismo que conoci\u00f3 del amparo. <\/p>\n
Por consiguiente, superadas esas etapas consustanciales a la acci\u00f3n de tutela, bien porque no se promovieron en tiempo los medios aludidos, ya por cuanto se interpusieron y fueron desatados por los funcionarios competentes, queda definitivamente cerrado el tema en torno a los puntos que all\u00ed comportaron debate (thema decissum), de suerte que no podr\u00edan volver aquellos sobre esa precisa controversia, menos, se itera, otros Jueces a trav\u00e9s de una nueva queja constitucional, puesto que el instrumento empleado se traducir\u00eda en un inconveniente espiral, en clara contrav\u00eda de claros postulados que edifican y salvaguardan la seguridad jur\u00eddica, pot\u00edsimo y acerado principio digno de frontal respeto y acatamiento. Observase que, si hoy es pac\u00edfico que, contra lo sentenciado en tutela, no es dable acci\u00f3n -ex novo- de naturaleza semejante, menos proceder\u00eda esta acci\u00f3n extraordinaria en punto a las providencias que se pronuncien en la etapa derivada del incumplimiento de la parte resolutiva que se denuncie (incidente de desacato)\u00bb. <\/p>\n
4.- Lo anterior impide examinar el fondo del debate instado y, por ende, se refrendar\u00e1 lo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIOS <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC10018-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC10018-2022 (Aprobado en Sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022) Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 11 de julio de 2022 por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-65920","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65920","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65920"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65920\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65920"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65920"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65920"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}