STC10019-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC10019-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22-13-000-2022-00279-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia paralela, los nombres de las partes involucradas en el presente asunto son reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 29 de junio de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en la tutela que Florentina de la Vega le instaur\u00f3 al Juzgado Sexto de Familia de la misma sede, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 13001 31 10 006 2018 00540 00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, obrando en representaci\u00f3n de la ni\u00f1a [A.A.A.], invoc\u00f3 la guarda de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abigualdad\u00bb, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb y a la \u00abtutela jurisdiccional efectiva\u00bb, para que se ordenara \u00ablevantar las medidas cautelares de embargo y restricci\u00f3n de salida del pa\u00eds\u00bb en el expediente de la referencia. <\/p>\n
En sustento adujo que en sentencia de 7 de mayo de 2019 el estrado accionado conden\u00f3 a Antonio de los R\u00edos a cancelar por concepto de alimentos a favor de su hija [A.A.A.], el \u00ab25%\u00bb de los \u00absalarios y dem\u00e1s prestaciones sociales\u00bb percibidos como \u00abtrabajador de la Armada Nacional\u00bb. Asimismo, mantuvo el embargo que reca\u00eda sobre dichos emolumentos con el fin de respaldar el pago efectivo de esa obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Adujo que el 4 de mayo pasado solicit\u00f3 el levantamiento de aquellas medidas, no obstante, el Despacho convocado se abstuvo de ello, porque no hab\u00eda modo de garantizar el cumplimiento de los \u00abalimentos\u00bb por parte del padre (6 may. 2022), decisi\u00f3n que recurri\u00f3 infructuosamente en reposici\u00f3n, pues se mantuvo (27 may.). <\/p>\n
Aleg\u00f3 que volvi\u00f3 a requerir la cancelaci\u00f3n de la cautela, empero, nuevamente fue desestimada la rogativa, esta vez porque el demandado omiti\u00f3 suscribir el pedimento (7 jun.), circunstancia que, en su sentir, conculc\u00f3 los privilegios invocados, habida cuenta que el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 597 del C\u00f3digo General del Proceso no establece requisito adicional para liberar el \u00abembargo\u00bb m\u00e1s que la \u00absolicitud de la parte\u00bb que la implor\u00f3, adem\u00e1s, el progenitor de la infante requiere quitar ese gravamen para ascender de rango militar en la Armada Nacional. <\/p>\n
2.- El Juzgado Sexto de Familia de Cartagena defendi\u00f3 su proceder, en tanto el art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia impone el deber de velar por la satisfacci\u00f3n de la \u00abobligaci\u00f3n alimentaria\u00bb de los \u00abmenores de edad\u00bb, aspecto que no puede quedar al \u00abcapricho de los padres\u00bb, por lo que cualquier modificaci\u00f3n sobre ello \u00abdeber\u00e1 hacerse mediante acuerdo extraprocesal\u00bb, convenio que \u00abbrilla por su ausencia\u00bb en el sub lite. Destac\u00f3 que la \u00faltima de las determinaciones cuestionadas no fue recurrida por la interesada, por manera que su ruego deviene improcedente. <\/p>\n
Antonio de los R\u00edos apoy\u00f3 la s\u00faplica superlativa, ya que las relaciones con Florentina gozan de buena estabilidad, lo cual redunda en beneficio de la menor, por eso es que se intent\u00f3 obtener el \u00ablevantamiento del embargo\u00bb que pesa sobre sus \u00abingresos\u00bb, con el prop\u00f3sito de conseguir una promoci\u00f3n en su carrera militar y as\u00ed mejorar las condiciones de esta. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda 10 Judicial II de Familia afirm\u00f3 que hay lugar a \u00abconceder la protecci\u00f3n\u00bb, ya que \u00abse evidencia di\u00e1fanamente el compromiso del obligado alimentariamente a suministrar la respectiva cuota de sostenimiento para el hijo en com\u00fan por lo que es pertinente aceptar el levantamiento de medidas cautelares dentro del proceso de la referencia\u00bb. <\/p>\n
3.- El Tribunal Superior de Cartagena accedi\u00f3 al amparo con base en que la exigencia de suscribir por ambas partes la petici\u00f3n de \u00ablevantamiento de medidas cautelares\u00bb carece de fundamento normativo o jurisprudencial, adem\u00e1s \u00abva en contrav\u00eda de lo establecido en el art\u00edculo 597 del C. G. del P.\u00bb, seg\u00fan el cual esa clase de \u00abpedimentos\u00bb procede \u00absi se pide por quien solicit\u00f3 la medida\u00bb. En todo caso, en la segunda \u00absolicitud\u00bb de la gestora, esta fue clara en indicar que el \u00abpadre de la ni\u00f1a\u00bb respaldar\u00eda sus \u00abalimentos\u00bb mediante \u00abconsignaci\u00f3n voluntaria\u00bb a su cuenta bancaria, afirmaci\u00f3n que se torna \u00absuficiente para que el Despacho accionado accediera a lo pedido sin formular exigencias adicionales, m\u00e1xime si, en la hip\u00f3tesis de que eventualmente se presente un incumplimiento del demandado, ello no significa que el derecho de la menor A.A.A. a recibir alimentos quede desprotegido, pues la accionante contar\u00eda con la posibilidad de promover un proceso ejecutivo de alimentos en el que, desde el principio, el juez podr\u00eda adoptar medidas tendientes a asegurar la satisfacci\u00f3n oportuna de la obligaci\u00f3n alimentaria\u00bb. <\/p>\n
Por consiguiente, dispuso \u00abdejar sin valor y efecto\u00bb el interlocutorio de 7 de junio de 2022 para que el Juez Sexto de Familia de Cartagena \u00abprofiera una nueva providencia en la que disponga el levantamiento de las medidas cautelares solicitado por la actora\u00bb. <\/p>\n
4.- \u00c9ste replic\u00f3 en tanto el pronunciamiento del a quo constitucional, en su sentir, \u00abparte de premisas dudosas\u00bb, ya que \u00ab\u00bfCu\u00e1l ser\u00eda ese presunto t\u00edtulo ejecutivo? la sentencia cuyas medidas unilateralmente pide levantar la parte actora? \u00bfO el presunto compromiso que en sede del mismo proceso NI COADYUVA NI FIRMA EL DEMANDADO?\u00bb. Agreg\u00f3 que \u00abdebi\u00f3 mantenerse la regla de SUBSIDIARIEDAD de la tutela como regla prevalente, ya que NO se est\u00e1 garantizando en debida forma la obligaci\u00f3n alimentaria\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
2.- Con vista en lo anterior, se anuncia la prosperidad del socorro y, por ende, la confirmaci\u00f3n de la sentencia opugnada, en tanto que de la revisi\u00f3n del paginario sometido al escrutinio de esta Corporaci\u00f3n, se observa que, ciertamente, el Juzgado Sexto de Familia de Cartagena inaplic\u00f3 el procedimiento legalmente establecido, lo que conllev\u00f3 a la \u00abv\u00eda de hecho\u00bb pregonada. <\/p>\n
2.1.- En efecto, Florentina de la Vega, en calidad de demandante en el proceso de alimentos reprochado, requiri\u00f3 el \u00ablevantamiento de las medidas cautelares\u00bb decretadas, consistentes en el \u00abembargo\u00bb del salario del all\u00e1 convocado y la restricci\u00f3n de salida del pa\u00eds. <\/p>\n
El Despacho querellado deneg\u00f3 la aspiraci\u00f3n el pasado 5 de mayo, aduciendo que \u00aben el escrito allegado no se especifica de ninguna forma, c\u00f3mo se seguir\u00e1n garantizando y asegurar\u00e1n los alimentos de la menor alimentaria, ni en qu\u00e9 forma ser\u00e1n suministrados, mucho menos en qu\u00e9 cuant\u00eda, aspectos que deben quedar plenamente especificados si se pretende levantar la medida de embargo Decretada en su momento\u00bb. <\/p>\n
Contra esa determinaci\u00f3n la tutelante interpuso recurso de reposici\u00f3n, no obstante, el 27 de los mismos mes y a\u00f1o se mantuvo inc\u00f3lume con argumentos similares. <\/p>\n
Posteriormente, volvi\u00f3 a insistir en aqu\u00e9l \u00abpedimento\u00bb y, de nuevo, el funcionario acusado lo neg\u00f3 (7 jun.), esta vez, porque \u00abla solicitud de levantamiento de medidas cautelares decretadas en el proceso debe ser suscrita por ambas partes, pues solo as\u00ed podr\u00eda brindarse la homologaci\u00f3n respectiva, para que preste m\u00e9rito ejecutivo en caso de incumplimiento, so pena de desatender el inter\u00e9s superior de la menor (Art. 44 Superior y dem\u00e1s normas concordantes del CIA)\u00bb. <\/p>\n
2.2.- Bajo esos derroteros, es evidente que el fallador combatido err\u00f3 al \u00abdesestimar el decaimiento de las cautelas\u00bb decretadas en el pleito n\u00b0 2018 00540 00, en tanto exigi\u00f3 la satisfacci\u00f3n de \u00abrequisitos\u00bb no contemplados en el ordenamiento procesal para ese fin. <\/p>\n
Ello es as\u00ed porque el art\u00edculo 597 del C\u00f3digo General del Proceso establece que se \u00ablevantar\u00e1n el embargo y secuestro en los siguientes casos: (\u2026) 1. Si se pide por quien solicit\u00f3 la medida, cuando no haya litisconsortes o terceristas; si los hubiere, por aquel y estos, y si se tratare de proceso de sucesi\u00f3n por todos los herederos reconocidos y el c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente\u00bb (resalta la Corte). Como se observa, en el sub judice todo estaba dado para el \u00ablevantamiento\u00bb de las \u00abcautelas\u00bb, ya que, quien formul\u00f3 la respectiva \u00absolicitud\u00bb fue la propia interesada, de ah\u00ed que, no fuera necesario el agotamiento de ning\u00fan otro presupuesto. <\/p>\n
Y aunque por disposici\u00f3n de los art\u00edculos 397 (numeral 4\u00ba) de la nueva ley de enjuiciamiento civil y 129 del C\u00f3digo de la Infancia y de la Adolescencia, en los litigios de alimentos es procedente finiquitar el \u00abembargo\u00bb cuando se \u00abpresta garant\u00eda suficiente del pago\u00bb por ese concepto en los dos a\u00f1os siguientes, esa pauta solamente es aplicable en caso de que el reclamante sea el demandado, no as\u00ed, el gestor del pleito. <\/p>\n
En esas condiciones, no estuvo acertado el Juzgado Sexto de Familia de Cartagena cuando neg\u00f3 la \u00abpetici\u00f3n\u00bb elevada por Florentina de la Vega tendiente a cancelar las medidas precautelativas decretadas en la Litis censurada. <\/p>\n
2.3.- Ahora, las preocupaciones que se tejen alrededor del asunto, invocadas por el iudex confutado, relacionadas con los mecanismos eficaces con los que cuenta la ni\u00f1a alimentista ante el supuesto incumplimiento del obligado, tampoco constituye motivo \u00absuficiente\u00bb para mantener las \u00abcautelas\u00bb, ya que, tal y como lo consider\u00f3 el a quo constitucional, el escenario id\u00f3neo para exigir el \u00abcumplimiento de las cuotas\u00bb que se llegaren a adeudar es el \u00abproceso ejecutivo\u00bb, estadio en el que valido de un t\u00edtulo como lo es la sentencia judicial de 7 de mayo de 2019, podr\u00e1 nuevamente la impulsora demandar el recaudo de lo debido acompa\u00f1ado de la \u00absolicitud de medidas cautelares\u00bb. <\/p>\n
2.4.- De otro lado, la oficina impugnante discute que en el sub lite tampoco se cumple el \u00abrequisito de la subsidiariedad\u00bb, en tanto que la sedicente actu\u00f3 con incuria. <\/p>\n
Empero, esa circunstancia no puede truncar la concesi\u00f3n del socorro, dada la vulneraci\u00f3n al \u00abdebido proceso\u00bb que se evidencia en el tr\u00e1mite del asunto objetado, m\u00e1xime cuando es notoria la magnitud del perjuicio irremediable que esta causar\u00eda al sujeto pasivo de la acci\u00f3n alimentara de mantener unas \u00abmedidas cautelares\u00bb que actualmente carecen de fundamento legal, en tanto, se repite, su \u00ablevantamiento\u00bb es procedente a voces del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 597 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Y, es que, como se ha dicho en situaciones similares donde la trasgresi\u00f3n es incuestionable, el descuido en que pudo incurrir la pretensora \u00abno constituye un obst\u00e1culo infranqueable para que [el amparo] proceda, si se tiene en cuenta que, se itera, la decisi\u00f3n comentada est\u00e1 amparada en un actuar contrario a derecho, lo que hace evidente y grave la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso del accionante, y por ende necesaria la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional para conjurar la afectaci\u00f3n que gener\u00f3 tal proceder\u00bb (CSJ STC2508-2020, Rad. 2019-00305-01, criterio reiterado en STC6795-2022, 2 jun.). <\/p>\n
3.- Con apoyo en lo discurrido se impone la confirmaci\u00f3n del veredicto de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los implicados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIOS <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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