STC10021-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC10021-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 68679-22-14-000-2022-00024-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 12 de julio de 2022 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, en la tutela que Manuel de Jes\u00fas Rivera Grisales le instaur\u00f3 a los Juzgados Primero Promiscuo Municipal y Civil del Circuito de Cimitarra, la Agencia Nacional de Tierras, el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de V\u00e9lez, la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Cimitarra, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Presidencia de la Rep\u00fablica de Colombia y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo censurado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, propiedad privada, abuso de autoridad, fraude procesal, extralimitaci\u00f3n de funciones, omisi\u00f3n a las denuncias, dignidad humana y falta de lealtad procesal\u00bb, para que, <\/p>\n
\u00abi) Se ordene a la Agencia Nacional de Tierras, proceda con la inscripci\u00f3n de la revocatoria del predio El Chanch\u00f3n con resoluci\u00f3n No. 0645 del 15 de octubre de 2010, que revoca la resoluci\u00f3n 0992 del 17 de julio de 2006, calendada el 15 de octubre del a\u00f1o 2010, para que se salvaguarden [sus] derechos patrimoniales y sea su inscripci\u00f3n ante la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de V\u00e9lez al n\u00famero de matr\u00edcula 324-61638 denominado El Chanch\u00f3n, para que este sea revocado y prevalezca su calidad de bald\u00edo como lo que es y que se tiene su adjudicaci\u00f3n en la Agencia Nacional de Tierras desde el a\u00f1o 2016 y a la fecha no se ha tenido respuesta. <\/p>\n
ii) Exhortar a las entidades Fiscal\u00edas, Procuradur\u00eda, Consejos Seccionales de la Judicatura y los dem\u00e1s entes de control e incluso la Presidencia de la Rep\u00fablica para que se ocupe de los actos de corrupci\u00f3n que persiste en el Distrito Judicial de Cimitarra. <\/p>\n
Del confuso escrito incoatorio se extrae que en el a\u00f1o 2006 se adjudic\u00f3 a Eduardo V\u00e1squez Celis un bald\u00edo con dos nombres y dos matr\u00edculas diferentes denominados \u00abLa Esperanza\u00bb y \u00abEl Chanch\u00f3n\u00bb con la misma extensi\u00f3n; que luego, en el 2019, se inici\u00f3 un juicio ejecutivo contra V\u00e1squez Celis ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cimitarra (2012-00053-00), donde se decret\u00f3 el embargo del citado predio. <\/p>\n
Sostuvo el actor que el 15 de octubre de 2010 \u00abpor resoluci\u00f3n N\u00b0 645 fue revocada la resoluci\u00f3n 0992 de 17 de julio de 2006, suprimiendo la adjudicaci\u00f3n del predio El Chanch\u00f3n y quedando s\u00f3lo el nombre de La Esperanza\u00bb, revocatoria que no pudo ser inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos por \u00abexistir la medida cautelar\u00bb, empero \u00abdicha medida si estaba inscrita en el registro de matr\u00edcula inmobiliaria donde ya exist\u00eda la resoluci\u00f3n 00939 de 2006\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, en octubre de 2020, V\u00e1squez Celis formul\u00f3 \u00abnulidad procesal por violaci\u00f3n al debido proceso en el ejecutivo adelantado contra \u00e9l\u00bb, negada con el argumento que \u00abno se solicit\u00f3 a tiempo y no hab\u00eda sido reconocida por el correo del juzgado\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que se rog\u00f3 a la Agencia Nacional de Tierras \u00abla inscripci\u00f3n de la revocatoria del predio El Chanch\u00f3n con resoluci\u00f3n No. 0645 del 15 de octubre de 2010, que revoca la resoluci\u00f3n de 0992 del 17 de julio de 2006\u00bb, sin obtener tramitaci\u00f3n al respecto. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que en el a\u00f1o 2021 se opuso a la diligencia de entrega del bien, por cuanto \u00abEl Chanch\u00f3n no tiene matr\u00edcula inmobiliaria, que sobre el mismo tiene una ocupaci\u00f3n y explotaci\u00f3n de su parte al tener la calidad de bald\u00edo y que las medidas cautelares en el ejecutivo no tienen validez jur\u00eddica porque la matr\u00edcula fue revocada en el a\u00f1o 2010\u00bb, pero fue rechazada de plano, en decisi\u00f3n (29 abr. 2021) ratificada por el superior (28 jul.), para despu\u00e9s disponerse la entrega del inmueble sin que \u00abse resolviera el incidente de nulidad que se radic\u00f3 en octubre de 2020 por V\u00e1squez Celis\u00bb (10 jun. 2022), irregularidad que \u00abafecta el debido proceso al hacerse adjudicaci\u00f3n de un bald\u00edo que se encuentra a disposici\u00f3n de la Agencia Nacional de Tierras, raz\u00f3n por la que el juzgado fue denunciado ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y ante el Consejo Seccional de la Judicatura\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cimitarra inform\u00f3 que \u00abdentro del ejecutivo adelantado por Ra\u00fal Alfonso Ru\u00edz Ayala contra Eduardo V\u00e1squez Celis el accionante present\u00f3 oposici\u00f3n a la diligencia de entrega, [quien este \u00faltimo] es el esposo de la hija del demandado, para eludir la obligaci\u00f3n ejecutiva que tiene frente al t\u00edtulo valor suscrito por $43.646.322 (\u2026) oposici\u00f3n que fue rechazada de plano el 29 de abril de 2021 y confirmada por el Juzgado Civil del Circuito de Cimitarra el 28 de julio de ese a\u00f1o\u00bb y \u00abse suspendi\u00f3 la diligencia de entrega ordenada el 10 de junio de 2022\u00bb. <\/p>\n
El Segundo Promiscuo Municipal manifest\u00f3 que \u00abconoci\u00f3 inicialmente el proceso ejecutivo cuestionado, pero por decisi\u00f3n del Consejo Superior de la Judicatura el asunto fue enviado al hom\u00f3logo Primero\u00bb. <\/p>\n
El Civil del Circuito expres\u00f3 que \u00abno conoce de proceso en donde aparezca como demandante o demandado el accionante\u00bb. <\/p>\n
La Agencia Nacional de Tierras refiri\u00f3 que \u00abde la revisi\u00f3n efectuada al sistema de correspondencia de la entidad, se observa que el accionante no ha radicado ning\u00fan tr\u00e1mite relacionado con la revocatoria directa del predio El Chanch\u00f3n\u00bb; no obstante \u00aben garant\u00eda del debido proceso administrativo y de conformidad a lo establecido en el art\u00edculo 31 numeral 20 del Decreto Ley 2363 de 2015, se solicit\u00f3 al grupo de gesti\u00f3n documental de la entidad el pr\u00e9stamo de los expedientes de adjudicaci\u00f3n y revocatoria directa a fin de realizar un diagn\u00f3stico t\u00e9cnico jur\u00eddico de los mismos y determinar las \u00faltimas actuaciones desarrolladas por el Incora o Incoder, y con ello determinar la ruta jur\u00eddica a seguir\u00bb. <\/p>\n
La Inspecci\u00f3n Municipal de Polic\u00eda de Cimitarra adver\u00f3 que \u00abno tiene conocimiento sobre lo afirmado por el actor\u00bb. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de V\u00e9lez, el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y la Presidencia de la Rep\u00fablica de Colombia invocaron su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El Tribunal Superior de San Gil desestim\u00f3 el auxilio, tras concluir que \u00abno se satisface con el presupuesto de la subsidiariedad por cuanto el actor no acredit\u00f3 haber adelantado tr\u00e1mite alguno ante la Agencia Nacional de Tierras tendiente a obtener lo que pretende por v\u00eda de tutela\u00bb y \u00abtampoco se cumple con la inmediatez en raz\u00f3n a que la oposici\u00f3n presentada por el gestor fue resuelta el 29 de abril de 2021 y confirmada el 28 de julio de 2021, decisi\u00f3n de casi un a\u00f1o sin que se expusiera un motivo v\u00e1lido que justifique la tardanza de solicitud de amparo\u00bb. <\/p>\n
Recurri\u00f3 el precursor insistiendo en los planteamientos inaugurales, agregando que \u00abel error del despacho Magistral, se afinca, en decir que se deben agotar todos los recursos y se debe indicar, que se acredit\u00f3 en forma evidente que hizo ver al despacho que no se debe fallar de la forma en que se est\u00e1 haciendo, adem\u00e1s, se ha exigido a los despachos administrativos, a la Agencia Nacional de Tierras, que adelante el tr\u00e1mite y ha sido imposible, prueba de ello, se puede observar las radicaciones y a la fecha no se ha obtenido respuesta para tal fin procesal de inscripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se advierte que el veredicto de primer grado debe ratificarse porque se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n valida, la exigencia temporal que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, en virtud a que una de las inconformidades del tutelante, es con el interlocutorio que \u00abrechaz\u00f3 de plano su solicitud de oposici\u00f3n a la entrega del inmueble denominado el Chanch\u00f3n\u00bb (29 abr. 2021) y el que lo convalid\u00f3 (28 jul.) por cuanto no se tuvo en cuenta que \u00abEl Chanch\u00f3n no tiene matr\u00edcula inmobiliaria; que sobre el mismo tiene una ocupaci\u00f3n y explotaci\u00f3n de su parte al tener la calidad de bald\u00edo y que las medidas cautelares en el ejecutivo no tienen validez jur\u00eddica porque la matr\u00edcula fue revocada en el 2010\u00bb; sin embargo, desde entonces hasta la radicaci\u00f3n de la demanda superlativa (24 jun. 2022), transcurrieron aproximadamente once (11) meses y veintis\u00e9is (26) d\u00edas, contados a partir del \u00faltimo pronunciamiento, es decir, se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer el resguardo. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha predicado que: <\/p>\n
\u00ab[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (Se resalta- STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC4535-2020, STC 3457-2021). <\/p>\n
Ahora, si bien esta Corporaci\u00f3n en algunos casos ha superado la ausencia de tal \u00abpresupuesto\u00bb flexibiliz\u00e1ndolo, ello solo acaece cuando la demora en activar este instituto se encuentra debidamente \u00abjustificada\u00bb (STC3949-2021); empero, en el sub lite, no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis previstas en dicho prove\u00eddo, debido a que, m\u00e1s all\u00e1 de estar inconforme con las disposiciones de los juzgados reprochados, el promotor no esboz\u00f3 las razones para disculpar su tardanza en acudir a este especial\u00edsimo sendero. <\/p>\n
2.- De otra parte, la informaci\u00f3n allegada por la Agencia Nacional de Tierras, evidencia que si bien, \u00abel aqu\u00ed tutelante no ha radicado ning\u00fan tr\u00e1mite relacionado con la revocatoria directa del predio El Chanch\u00f3n con Resoluci\u00f3n No. 0645 del 15 de octubre de 2010, que revoca la resoluci\u00f3n # 0992 del 17 de julio de 2006, calendada el 15 de octubre de 2010\u00bb, lo cierto es que en acatamiento al \u00abdebido proceso administrativo\u00bb pidi\u00f3 al \u00abGrupo de Gesti\u00f3n documental de [esa] entidad el pr\u00e9stamo de los expedientes de adjudicaci\u00f3n y revocatoria directa, a fin de realizar un diagn\u00f3stico t\u00e9cnico jur\u00eddico del caso para culminar los referidos procesos conforme a derecho corresponda\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior demuestra que el tema controvertido se encuentra en curso, y que no puede sustraerse la competencia que el ordenamiento otorg\u00f3 a los funcionarios naturales para emitir la \u00abdecisi\u00f3n reclamada\u00bb. <\/p>\n
En torno a la inviabilidad de este especial sendero cuando para obtener lo suplicado a\u00fan se est\u00e1n agotando ante el \u00abcompetente\u00bb los instrumentos comunes legalmente establecidos para tal prop\u00f3sito, la Sala ha esgrimido que: <\/p>\n
(\u2026) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa (negrillas fuera del texto, sentencia de 18 de marzo de 2011, exp. No. 00171-00, reiterada en fallo de 25 de abril de 2012, exp. n\u00b0 1100102030002012-00728-00) STC, 1\u00b0 nov. 2012, rad. 2012-00210-01, reiterada en STC3492-2021 y STC7938-2021. <\/p>\n
3.- Finalmente, en torno a la rogativa encaminada a que \u00abse exhorte a las entidades Fiscal\u00edas, Procuradur\u00eda, Consejos Seccionales de la Judicatura y los dem\u00e1s entes de control e incluso la Presidencia de la Rep\u00fablica para que se ocupe de los actos de corrupci\u00f3n que persiste en el Distrito Judicial de Cimitarra\u00bb, se precisa que es al accionante a quien corresponde noticiarlas directamente a las \u00abautoridades competentes, porque esta v\u00eda no ha sido estatuida con ese objetivo, ya que como en forma reiterada lo ha sostenido esta Sala, \u00abla funci\u00f3n del juez constitucional no es ordenar investigaciones disciplinarias [ni penales], sino proteger derechos de rango superior amenazados y vulnerados por las autoridades, bien por omisi\u00f3n o por acci\u00f3n\u00bb (STC15096-2017, STC1166-2018 y STC3570-2021). <\/p>\n
4.- Corolario de lo expuesto, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIOS <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC10021-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC10021-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 68679-22-14-000-2022-00024-01 (Aprobado en Sala de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 12 de julio de 2022 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-65923","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65923","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65923"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65923\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65923"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65923"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65923"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}