STC10022-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC10022-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01252-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 28 de junio de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia en la tutela que Wilson Arley Jaramillo le instaur\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior y al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, ambos del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, libertad, dignidad humana, e igualdad\u00bb, para que, lo deduce la Sala por no decirlo expresamente, se ordenara a la Corporaci\u00f3n querellada dejar sin efectos la providencia de 31 de mayo de 2022. <\/p>\n
Del escrito genitor y la prueba obrante en el dossier, se extrae que el Juzgado Quinto Civil del Circuito Especializado de Medell\u00edn conden\u00f3 al actor a 19 a\u00f1os de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abhomicidio agravado, desplazamiento forzado y concierto para delinquir\u00bb, neg\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n y la prisi\u00f3n domiciliara (9 oct. 2015). <\/p>\n
El Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9 improb\u00f3 la petici\u00f3n de \u00abpermiso administrativo hasta 72 horas\u00bb para salir del establecimiento carcelario sin vigilancia (29 nov. 2021); determinaci\u00f3n que Wilson Arley apel\u00f3 y la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 convalid\u00f3 (31 may. 2022). <\/p>\n
Aleg\u00f3 el convocante que las autoridades judiciales accionadas desconocieron que (i) \u00ab[tiene] el 70% de la pena para obtener [su] permiso 72 horas\u00bb; (ii) \u00abno hubo un debido proceso lo correcto era [que] al negar[le] el permiso (\u2026) fuera enviado al Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado Medell\u00edn Antioquia [que] fue el [que lo] conden\u00f3 (\u2026) pero no fue as\u00ed no s\u00e9 por [qu\u00e9] envi\u00f3 al Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, el debido proceso era enviarlo al Juez [que lo] conden\u00f3 (\u2026)\u00bb; y (iii) \u00ab[no] tuvieron en cuenta [sus] 7 a\u00f1os f\u00edsicos con buena conducta sin un informe, todos estos a\u00f1os con buen comportamiento, de [que] sirve haber[se] portado bien por 7 a\u00f1os, hay jueces carceleros e inhumanos [que] no saben [que] en Colombia no existe la cadena perpetua (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, ya que \u00abluego de explicar los requisitos gen\u00e9ricos del beneficio administrativo solicitado, se detall\u00f3 la potestad del legislador para prohibir beneficios respecto ciertas conductas punibles, en especial el concierto para delinquir agravado por el que fue condenado el accionante, y en ese sentido, para aclararle las dudas al se\u00f1or Jaramillo, se trajeron los fragmentos de los hechos objeto de condena -aceptados por el sentenciado-, para explicar que a la entrada en vigencia de la Ley 1709 de 2014, a\u00fan comet\u00eda el punible que se encuentra excluido del beneficio de salida hasta por 72 horas (\u2026) Por ende, puede asegurarse que la Sala se pronunci\u00f3 sobre la petici\u00f3n del beneficio administrativo, dentro del contexto del debido proceso, siendo expresa, clara, pertinente y suficiente la motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el resguardo, al hallar razonables las resoluciones cuestionadas; adem\u00e1s, aclar\u00f3 que \u00abla autoridad competente para resolver el recurso de apelaci\u00f3n s\u00ed era la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, y no el Juzgado que emiti\u00f3 la sentencia condenatoria, como err\u00f3neamente lo propone el quejoso\u00bb, dado que \u00absi bien el art\u00edculo 478 del citado plexo normativo tambi\u00e9n menciona que las decisiones que adopte el juez de ejecuci\u00f3n de penas son apelables ante el juez que profiri\u00f3 la condena, ha de precisar que dicha eventualidad solo se presenta cuando la decisi\u00f3n recurrida se refiere a mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y la rehabilitaci\u00f3n; pues en lo dem\u00e1s la competencia persiste en los Tribunales Superiores de Distrito Judicial\u00bb. <\/p>\n
4.- El gestor se alz\u00f3 exigiendo la revocatoria del veredicto, al se\u00f1alar que \u00ab(\u2026) As\u00ed me toque llegar a revisi\u00f3n de tutela corte lo voy a hacer porque yo ya tengo el 70% de mi pena para mi permiso administrativo 72 horas Art\u00edculo 147 ley 65\/93 para nadie es un secreto que existen jueces de Penas y Medidas de Seguridad que son carceleros que son inhumanos que no saben que todas las c\u00e1rceles de Colombia est\u00e1n en hacinamiento que los presos se est\u00e1n muriendo en las c\u00e1rceles hay si no valemos nada a los Guerrilleros que mataron gente ni\u00f1os descuartizaron a ellos si les dieron beneficios y los que son millonarios como Carlos Mattos que paseaba por Bogot\u00e1 Matamba que se vol\u00f3 como era tan rico y los pobres tendremos que purgar la condena f\u00edsica sin 1 beneficio no tener en cuenta que no tengo ni 1 informe buena conducta en este permiso 72 horas por especializada y hay otros dos que mataron un menor de edad y la Ley 1098 prohibe beneficios y est\u00e1n saliendo permiso 72 horas (\u2026) son m\u00e1s de 7 a\u00f1os sin salir a la calle quiero salir y volver juicioso al 3 d\u00eda para demostrarle al Juez mi cambio mi arrepentimiento mi resocializaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Atendiendo los puntuales argumentos de la impugnaci\u00f3n, emerge que la sentencia de primer grado debe respaldarse, comoquiera que no confluye v\u00eda de hecho alguna en la actuaci\u00f3n de los despachos confutados, seg\u00fan pasa a verse. <\/p>\n
1.1.- Si bien, la queja se dirige tambi\u00e9n contra el interlocutorio expedido por el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9 (29 nov. 2021), se analizar\u00e1 \u00fanicamente el expedido por el Tribunal Superior de esa urbe (31 may. 2022), toda vez que fue el que resolvi\u00f3 de manera definitiva el asunto controvertido. <\/p>\n
1.2.- Examinado dicho prove\u00eddo se descarta la existencia de un yerro que amerite ser conjurado en esta senda excepcional, en la medida que no luce antojadizo, ni ilegal; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario, en atenci\u00f3n a que valor\u00f3 razonadamente los reproches del impulsor de cara al no otorgamiento del \u00abpermiso administrativo hasta 72 horas\u00bb. <\/p>\n
En efecto, para llegar a dicha conclusi\u00f3n, defini\u00f3, prima facie, su competencia para zanjar el mecanismo vertical y la delimitaci\u00f3n de los \u00abreparos, as\u00ed: <\/p>\n
\u00abEs competente esta Sala de Decisi\u00f3n para resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el auto proferido por el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, por expreso mandato del numeral 6\u00ba del art\u00edculo 34 de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
Lo primero que ha de advertirse es que la recurrente no expone argumentos directos que ataquen las proposiciones sobre las que fundamenta la instancia su decisi\u00f3n, no obstante, teniendo en cuenta que el grado argumentativo que se les exige a los sentenciados en la sustentaci\u00f3n de los recursos, no es el mismo requerido para los profesionales del derecho, as\u00ed mismo, que la recurrente especific\u00f3, o al menos indic\u00f3, las razones de su inconformidad, esta Sala de decisi\u00f3n penal analizar\u00e1 en su integridad la decisi\u00f3n recurrida. <\/p>\n
En esa medida, en atenci\u00f3n a la solicitud del apelante, esta Colegiatura estudiar\u00e1 si es viable la aprobaci\u00f3n del beneficio de salida hasta de 72 horas a favor del se\u00f1or Wilson Arley Jaramillo, quien fuera condenado mediante sentencia del 09 de octubre de 2015 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medell\u00edn, al hall\u00e1rsele responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, y desplazamiento forzado\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, en punto de \u00abla concesi\u00f3n del beneficio administrativo de salida del Complejo Penitenciario hasta por 72 horas\u00bb, tras analizar los art\u00edculos 147 de la Ley 65 de 1993, 29 y 49 de la Ley 504 de 1999 y los pronunciamientos C-392 de 2000, C-708 de 2002 y C-426 de 2008, esgrimi\u00f3: <\/p>\n
\u00abA partir de lo anterior, para la Sala es claro que existe una errada <\/p>\n
interpretaci\u00f3n de la disposici\u00f3n legal en discusi\u00f3n por parte del recurrente, al suponer que el requisito del descuento del 70% d la pena para los condenados por delitos de competencia de los jueces penales especializados perdi\u00f3 vigencia al decretarse acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas, por el contrario, para esta Colegiatura las disposiciones y pronunciamientos transcritos con antelaci\u00f3n muestran inequ\u00edvocamente que tal porcentaje se encuentra en vigor y debe ser acogido y aplicado plenamente por los funcionarios judiciales al momento de proferir sus decisiones puesto que cumple con los requisitos de exequibilidad y aplicabilidad normativa. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, sobre la \u00ablimitaci\u00f3n de concesi\u00f3n del beneficio\u00bb relacionada con disposiciones legislativas especiales, en concreto Ley 1709 de 2014, apostill\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn primer t\u00e9rmino, cabe precisar que, en el ejercicio propio de la libertad de configuraci\u00f3n legislativa radicado en cabeza del constituyente derivado, se quiso sancionar con mayor severidad, cierto tipo de comportamientos que afectan notablemente a la sociedad y se convierten en problemas de orden p\u00fablico. <\/p>\n
Delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra el r\u00e9gimen constituci\u00f3n y legal; la libertad, integridad y formaci\u00f3n sexual, el hurto calificado, entre otros, han sido un flagelo social de alto impacto y por ende nace en cabeza del Estado la necesidad de actuar con mayor rigor, es decir de adoptar una pol\u00edtica criminal que desincentive y erradique este tipo de comportamientos que no solo afectan el orden p\u00fablico nacional, sino que inciden en el exterior\u00bb. <\/p>\n
\u00abEn efecto, como lo ha se\u00f1alado la Corte Constitucional: <\/p>\n
\u201cel legislador goza de un amplio margen de configuraci\u00f3n normativa al momento de dise\u00f1ar el proceso penal, y por ende, de conceder o negar determinados beneficios o subrogados penales. Lo anterior por cuanto no existen criterios objetivos que le permitan al juez constitucional determinar qu\u00e9 comportamiento delictual merece un tratamiento punitivo, o incluso penitenciario, m\u00e1s severo que otro, decisi\u00f3n que, en un Estado Social y Democr\u00e1tico de Derecho, pertenece al legislador quien, atendiendo a consideraciones \u00e9tico pol\u00edticas y de oportunidad, determinar\u00e1 las penas a imponer y la manera de ejecutarlas. En efecto, el legislador puede establecer, merced a un amplio margen de configuraci\u00f3n, sobre cu\u00e1les delitos permite qu\u00e9 tipo de beneficios penales y sobre cu\u00e1les no. Dentro de esos criterios, los m\u00e1s importantes son: (i) el an\u00e1lisis de la gravedad del delito y (ii) la naturaleza propia del dise\u00f1o de las pol\u00edticas criminales, cuyo sentido incluye razones pol\u00edticas de las <\/p>\n
cuales no puede apropiarse el juez constitucional.\u201d <\/p>\n
Bajo ese entendido, el legislador en el art\u00edculo 32 de la Ley 1709 de 2014 introdujo una modificaci\u00f3n al art\u00edculo 68A del C\u00f3digo Penal, al establecer que no habr\u00e1 lugar a ning\u00fan otro beneficio, judicial o administrativo, quienes hayan sido condenados en cualquiera de la siguiente lista de punibles: <\/p>\n
\u201c\u2026delitos dolosos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formaci\u00f3n sexual; estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado; captaci\u00f3n masiva y habitual de dineros; utilizaci\u00f3n indebida de informaci\u00f3n privilegiada; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia intrafamiliar; hurto calificado; extorsi\u00f3n, lesiones personales con deformidad causadas con elemento corrosivo; violaci\u00f3n il\u00edcita de comunicaciones; violaci\u00f3n il\u00edcita de comunicaciones o correspondencia de car\u00e1cter oficial; trata de personas apolog\u00eda al genocidio; lesiones personales por p\u00e9rdida anat\u00f3mica o funcional de un \u00f3rgano o miembro; desplazamiento forzado; tr\u00e1fico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento il\u00edcito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan; receptaci\u00f3n; instigaci\u00f3n a delinquir; empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos; fabricaci\u00f3n, importaci\u00f3n, tr\u00e1fico, posesi\u00f3n o uso de armas qu\u00edmicas, biol\u00f3gicas y nucleares; delitos relacionados con el tr\u00e1fico de estupefacientes y otras infracciones; espionaje; rebeli\u00f3n; y desplazamiento forzado; usurpaci\u00f3n de inmuebles, falsificaci\u00f3n de moneda nacional o extranjera; exportaci\u00f3n o importaci\u00f3n ficticia; evasi\u00f3n fiscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados; ayuda e instigaci\u00f3n al empleo, producci\u00f3n y transferencia de minas antipersonal. \u2013 negrilla y subraya de la Sala. <\/p>\n
Frente a esta prohibici\u00f3n, la Corte Suprema de Justicia ya se ha pronunciado y en sentencia AP 3358 del 17 de junio del 2015, aclar\u00f3: <\/p>\n
4. El art\u00edculo 68A original sobre \u201cExclusi\u00f3n de beneficios y subrogados\u201d fue introducido por la Ley 1142 de 2007 y su presupuesto exclusivo era la reincidencia, tal y como lo declar\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia C-425 de 2008. Luego, la Ley 1474 de 2011 incluy\u00f3 un criterio restrictor adicional al de la existencia de antecedentes penales: la naturaleza del delito objeto de sanci\u00f3n. De esa manera, una serie de conductas il\u00edcitas especialmente desvaloradas fueron definidas por dicho estatuto como excluidas de sustitutos de la pena de prisi\u00f3n y la misma senda siguieron, ampliando el cat\u00e1logo, las leyes 1453 de 2011 y 1709 de 2014. <\/p>\n
5. Si bien uno de los objetivos de la Ley 1709 de 2014 fue el de que se utilizaran las \u201cpenas intramurales como \u00faltimo recurso\u201d, tal y como lo advirti\u00f3 la entonces Ministra de Justicia y del Derecho en la exposici\u00f3n de motivos ante la C\u00e1mara de Representantes, en virtud de lo cual se propuso y aprob\u00f3 la eliminaci\u00f3n de criterios subjetivos para la concesi\u00f3n de subrogados penales en determinadas circunstancias; ha de recordarse que el segundo inciso del art\u00edculo 68A que excluye esa posibilidad frente a determinados delitos, fue adoptado y desarrollado por estatutos legales que respond\u00edan, por el contrario, a la necesidad de fortalecer, entre otros, los mecanismos judiciales de lucha contra determinadas formas de comportamientos criminales (la corrupci\u00f3n en la Ley 1474 y la delincuencia com\u00fan en la Ley 1453, ambas de 2011)\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, con base en el marco jurisprudencial prenotado, de cara a la prueba recaudada y frente al \u00abpermiso solicitado\u00bb, coligi\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEstablecida la normativa legal y jurisprudencial existente en la aplicaci\u00f3n del caso puesto a consideraci\u00f3n en esta oportunidad, surge n\u00edtido para la Sala las siguientes conclusiones que no permiten conceder el beneficio administrativo postulado: <\/p>\n
Si bien es cierto, analizado el componente f\u00e1ctico materia de condena del se\u00f1or Wilson Arley Jaramillo, el punible relacionado con el desplazamiento forzado, se enfoca en hechos, al parecer perpetrados en el a\u00f1o 2013, es decir, por principio de legalidad no <\/p>\n
tambi\u00e9n lo, que dicha prebenda no sucede del mismo modo respecto el punible de concierto para delinquir agravado. <\/p>\n
En efecto, debe detener la atenci\u00f3n esta Corporaci\u00f3n, para recalcar, que el se\u00f1or Wilson Arley Jaramillo, fue condenado por el punible establecido en el art\u00edculo 340 inciso segundo del C\u00f3digo Penal. Lo anterior, dado que las caracter\u00edsticas del concierto para delinquir ejecutado y aceptado por el se\u00f1or Jaramillo, se perpetr\u00f3 con el fin de cometer delitos de extorsi\u00f3n, desplazamiento forzado, <\/p>\n
homicidios, y tr\u00e1fico de estupefacientes. <\/p>\n
Ahora, independientemente de la efectiva ejecuci\u00f3n de las conductas objeto del concierto se\u00f1aladas en el componente f\u00e1ctico <\/p>\n
materia de condena, aceptado en su integridad por el se\u00f1or Jaramillo, lo cierto es, que el Estado Colombiano, dentro de autonom\u00eda de configuraci\u00f3n legislativa, ha establecido incrementar <\/p>\n
o agrava la sanci\u00f3n penal del concierto para delinquir cuando se ejecuta respecto ciertos pactos criminales, entre ellos, las extorsiones, los desplazamientos forzados y homicidios. <\/p>\n
Y atendiendo que el se\u00f1or Wilson Arley Jaramillo, fue condenado <\/p>\n
como responsable del delito de concierto para delinquir agravado por el inciso segundo del canon 340 del C\u00f3digo Penal, por hechos <\/p>\n
acaecidos desde el a\u00f1o enero de 2012 hasta el a\u00f1o 2015, es ineludible tener en cuenta la norma especial, referida l\u00edneas atr\u00e1s, <\/p>\n
la que lleva a concluir que no es posible la aprobaci\u00f3n de permisos <\/p>\n
administrativos de salida hasta de 72 horas, incluso, pese a que cumpla los requisitos establecidos en el art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993. <\/p>\n
Y es que ha de indicarse que, frente a la concesi\u00f3n de subrogados, <\/p>\n
sustitutos o cualquier otro tipo de beneficio judicial o administrativo, la norma aplicable es la vigente al momento de los hechos, pues en efecto como lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Nacional, nadie podr\u00e1 ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa \u2013principio de legalidad-. <\/p>\n
Y se itera, el concierto para delinquir agravado por el que el se\u00f1or <\/p>\n
Wilson Arley Jaramillo, es declarado penalmente responsable, ocurrieron hasta el a\u00f1o 2015, por tanto, la normativa aplicable -y <\/p>\n
vigente- es la Ley 1709 del 20 de enero de 2014, que modific\u00f3, entre otros, los art\u00edculos 38, 38A, 38B, 63 y 68A del C\u00f3digo Penal. <\/p>\n
Dest\u00e1quese, para evitar cualquier tipo de dudas respecto la aplicaci\u00f3n de la Ley 1709 de 2014, en la resoluci\u00f3n del caso concreto, que del componente f\u00e1ctico materia de condenado del se\u00f1or Wilson Arley Jaramillo, se desprende que, en virtud del concierto para delinquir, el condenado junto con los dem\u00e1s integrantes de la banda criminal, perpetraron: <\/p>\n
El d\u00eda 15 de junio de 2014, la muerte del se\u00f1or William Alejandro <\/p>\n
Colorado Ochoa, fecha en la que se hallaba vigente la prohibici\u00f3n <\/p>\n
de beneficios administrativos mencionada. <\/p>\n
El d\u00eda 1 de abril de 2014, la muerte del se\u00f1or Hern\u00e1n Dar\u00edo Celis <\/p>\n
Zapata, es decir, tambi\u00e9n mientras se encontraba vigente la prohibici\u00f3n de beneficios administrativos mencionada. <\/p>\n
Es decir, que el componente f\u00e1ctico de la sentencia condenatoria <\/p>\n
emitida en contra del se\u00f1or Wilson Arley Jaramillo, advierte de forma clara e inequ\u00edvoca que en efecto el concierto para delinquir agravado, solo se desintegr\u00f3 hasta tanto no se logr\u00f3 la capturada <\/p>\n
de los integrantes de la banda criminal, esto es, en el a\u00f1o 2015, es decir, despu\u00e9s de la entrada en vigencia de la Ley 1709 de 2014, de all\u00ed que se torne adecuado la aplicaci\u00f3n de las prohibiciones sobre la concesi\u00f3n de beneficios administrativos. <\/p>\n
Ello, como quiera que el delito de concierto para delinquir agravado <\/p>\n
se encuentra catalogado como punible de conducta permanente, es decir, que, si durante su ejecuci\u00f3n entra en vigencia una pena m\u00e1s gravosa, ser\u00e1 est\u00e1 la llamada a regir, por lo que el se\u00f1or Jaramillo, cuando la Ley 1709 de 2014 entr\u00f3 a regir, aun ejecutaba el delito referenciado, por ende, debe acarrear con las consecuencias y prohibiciones legales dentro de dichos espacios temporales. <\/p>\n
En tal medida, la expresa prohibici\u00f3n legal para conceder cualquier clase de beneficio administrativo por delitos de concierto para delinquir agravado \u2013entre otros-, dentro de la fecha de la comisi\u00f3n de la conducta del sentenciado Wilson Arley Jaramillo, se encontraba vigente en nuestro ordenamiento jur\u00eddico penal, por tanto, apartarse de dicho criterio no es dable al juez ejecutor\u00bb. <\/p>\n
1.3.- En ese orden, independientemente que esta Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, ya que en el auto fustigado se \u00abdesestimado el permiso\u00bb anhelado por el sedicente y se zanj\u00f3 la alzada interpuesta conforme al arsenal demostrativo, lo que pone en evidencia en el sub judice, que existe una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada (STC835-2022). <\/p>\n
Con todo, y aunque no fue objeto de discusi\u00f3n, precisa la Sala que la Magistratura censurada delimit\u00f3 su competencia a voces del numeral 6\u00ba del art\u00edculo 34 de la Ley 906 de 2004, por lo que, mal har\u00eda el quejoso debatir \u00absu competencia\u00bb sin sustento normativo alguno que lo sustente, m\u00e1xime cuando el a quo constitucional, acertadamente se\u00f1al\u00f3 que \u00abla autoridad competente para resolver el recurso de apelaci\u00f3n s\u00ed era la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, y no el Juzgado que emiti\u00f3 la sentencia condenatoria, como err\u00f3neamente lo propone el quejoso\u00bb con base en el an\u00e1lisis de los c\u00e1nones 34 y 478 del C.P.P. y el promotor en su \u00abescrito de impugnaci\u00f3n\u00bb no rebati\u00f3 dicha argumentaci\u00f3n. <\/p>\n
2.- Como colof\u00f3n, el prove\u00eddo opugnado ser\u00e1 avalado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIOS <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC10022-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC10022-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01252-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 28 de junio de 2022 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-65924","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65924","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65924"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65924\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65924"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65924"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65924"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}