STC10023-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC10023-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00502-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 28 de marzo de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Jos\u00e9 Andrides C\u00f3rdoba Garc\u00eda y Andr\u00e9s An\u00edbal Herrera Bernal le instauraron a la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca, extensiva al Juzgado Primero Penal del Circuito del municipio del mismo nombre y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2009-00008. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los libelistas, a trav\u00e9s de apoderado, rogaron la protecci\u00f3n de los derechos a la \u00abigualdad, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se declarara \u00abla nulidad del auto fechado el d\u00eda tres (3) de marzo del a\u00f1o dos mil veintid\u00f3s (2.022) e inclusive de la sentencia de segunda instancia y dem\u00e1s actuaciones procesales proferidas en [dicha] causa\u00bb y, consecuencialmente, se ordenara a la Colegiatura acusada \u00abproferir una nueva providencia decretando la Extinci\u00f3n de la Acci\u00f3n Penal\u00bb. <\/p>\n
En compendio, adujeron que en la causa penal n\u00b0 2009-00008, la Fiscal\u00eda les imput\u00f3 junto a William Alfonso Reyes Cadena, H\u00e9ctor Jairo Bonilla L\u00f3pez y Juanita Irragori L\u00f3pez, la comisi\u00f3n de los delitos de \u00abcontrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiaci\u00f3n en favor de terceros\u00bb (18 oct. 2011 y 1\u00b0 feb. 2012), se\u00f1alamiento que reiter\u00f3 en audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Arauca (25 sep. 2012), quien dict\u00f3 \u00absentencia condenatoria\u00bb en contra de C\u00f3rdoba Garc\u00eda, Reyes Cadena y Bonilla L\u00f3pez y absolvi\u00f3 a Irragori L\u00f3pez y Herrera Bernal (21 oct. 2020). <\/p>\n
Indicaron que en virtud de la apelaci\u00f3n interpuesta por la defensa y la Fiscal\u00eda, el superior resolvi\u00f3, por un lado, \u00abdeclarar la nulidad parcial\u00bb de la directriz recurrida y, en consecuencia, \u00abDECRETAR la preclusi\u00f3n por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal derivada del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales endilgado a H\u00c9CTOR JAIRO BONILLA L\u00d3PEZ y JUANITA IRRAGORI L\u00d3PEZ\u00bb, y por el otro, \u00abREVOCAR parcialmente\u00bb dicha decisi\u00f3n y, en su lugar, \u00abcondenar a WILLIAM ALFONSO REYES CADENA, JOS\u00c9 ANDRIDES C\u00d3RDOBA GARC\u00cdA y ANDR\u00c9S AN\u00cdBAL HERRERA BERNAL como coautores responsables del delito [atr\u00e1s mencionado]\u00bb (8 oct. 2021), resoluci\u00f3n frente a la cual su abogado interpuso \u00ablos recursos de apelaci\u00f3n especial y extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Arguyeron que tambi\u00e9n promovieron un \u00abincidente de nulidad\u00bb contra ese dictamen con base en la causal del numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 82 del C\u00f3digo Penal, en concordancia con el canon 457 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, rechazado por el Tribunal de Arauca (16 dic. 2021), determinaci\u00f3n que combatieron a trav\u00e9s del \u00abrecurso de apelaci\u00f3n\u00bb, repelido por impertinente (14 en. 2022), denegaci\u00f3n que controvirtieron por medio del \u00abrecurso de reposici\u00f3n y en subsidio queja\u00bb, igualmente desde\u00f1ados (3 mar. 2022). <\/p>\n
Sostuvieron que la Sala cuestionada con su actuar incurri\u00f3 en los defectos org\u00e1nico, procedimental, desconocimiento del precedente y violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, porque: i) \u00abInaplic\u00f3, la Norma Superior, art. 29 Inciso 20 y 40\u00bb; ii) \u00abObvi\u00f3, aplicar el art. 82 -4a, 83, 86 del C.P. Ley 599 de 2.000. Mod. Ley 890 de 2.004, art. 6., art. 292 del C.P.P. Ley 906 de 2.004, al no proferirse la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por la causal de prescripci\u00f3n\u00bb; iii) \u00abOmiti\u00f3, el poder oficioso para sanear el proceso, a contrario sensu rechaz\u00f3 la nulidad impetrada\u00bb; iv) \u00abVulner\u00f3, el Principio de la Doble Instancia, al omitir el tr\u00e1mite del Recurso de Apelaci\u00f3n presentado contra el auto que niega la nulidad\u00bb; y v) \u00abProfiri\u00f3 auto (\u2026) negando el Recurso de Reposici\u00f3n en Subsidio el de Queja impetrado contra la providencia que neg\u00f3 el Recurso de Apelaci\u00f3n (\u2026), emitido cuando ya hab\u00eda operado la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por la causal de prescripci\u00f3n\u00bb, todo ello, por inobservar el criterio expuesto en la \u00abSentencia SP7322-2017\u00bb de la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
El municipio de Arauca (v\u00edctima) pidi\u00f3 negar el resguardo, porque en el tr\u00e1mite censurado no se vislumbra \u00abvicio alguno que pudiera conllevar la violaci\u00f3n de derechos y garant\u00edas procesales en perjuicio de los accionantes, como tampoco existe la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal en raz\u00f3n a los delitos acusados\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el amparo, porque \u00abpudo establecer que el proceso penal seguido en adversidad de JOS\u00c9 ANDRIDES C\u00d3RDOBA GARC\u00cdA y ANDR\u00c9S AN\u00cdBAL HERRERA BERNAL, a\u00fan no ha concluido, pues en la actualidad se encuentra en esta Corporaci\u00f3n pendiente de que sea decidido el recurso de casaci\u00f3n propuesto por su defensor\u00bb, el cual \u00abha sido instituido para la defensa de los derechos constitucionales fundamentales\u00bb, por lo que \u00ab[e]s en esa actuaci\u00f3n donde las partes deben presentar las solicitudes encaminadas a remediar cualquier situaci\u00f3n que estimen desconocedora de sus prerrogativas\u00bb; de ah\u00ed que \u00abla intervenci\u00f3n del juez constitucional est\u00e1 vedada\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3, que \u00aben la presente acci\u00f3n, no surgen motivos para determinar que los promotores del resguardo podr\u00edan padecer un perjuicio (\u2026) o sufrir un da\u00f1o irreversible que tenga la virtualidad de comprometer o amenazar de manera concreta, grave y espec\u00edfica sus derechos fundamentales\u00bb, pues \u00abel proceso penal, (\u2026) no puede considerarse por s\u00ed mismo un perjuicio irremediable, menos aun cuando no ha concluido\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, cavil\u00f3 que \u00aben el hipot\u00e9tico de que la sentencia condenatoria cobrara ejecutoria, la parte actora tiene la oportunidad de derruir la intangibilidad de la cosa juzgada, a trav\u00e9s de la v\u00eda de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n, conforme lo previsto en el art\u00edculo 192 -numeral 22- y siguientes de la Ley 906 de 2004\u00bb. <\/p>\n
2.- Objetaron los querellantes con los mismos argumentos de la demanda superlativa, adicionando que \u00abla decisi\u00f3n de primera instancia se profiri\u00f3 posterior al t\u00e9rmino establecido en el art. 86 – 4\u00aa Superior\u00bb, por lo que el a quo sucumbi\u00f3 en \u00abmora procesal\u00bb; que en ella se desatendieron \u00ablas sentencias T-333 de 2.013; T-447 de 2.013; T-144 de 2.016\u00bb; y que \u00abresulta improcedente e inaceptable, la tesis esbozada sobre la ausencia de prueba para demostrar el perjuicio irreparable, porque a toda luz est\u00e1 demostrado que la sentencia de primera y segunda instancia se profirieron, cuando ya hab\u00eda operado la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por la causal de prescripci\u00f3n, al tenor del art. 82- 4, art. 83 y 86 del C.P. Ley 599 del 2000. Mod. Ley 890 del 2004, art. 6\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Teniendo en cuenta el prop\u00f3sito de la impugnaci\u00f3n de Jos\u00e9 Andrides C\u00f3rdoba Garc\u00eda y Andr\u00e9s An\u00edbal Herrera Bernal, de entrada, se advierte la ratificaci\u00f3n del veredicto recriminado, por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
1.1.- Los precursores anhelan que se anule todo lo actuado en la causa penal n\u00b0 \u00ab2009-00008\u00bb, particularmente, el fallo dictado el 8 de octubre de 2021 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca, mediante el cual se les declar\u00f3 responsables, en calidad de coautores, del \u00abdelito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales\u00bb, as\u00ed como el prove\u00eddo de 3 de marzo de 2022 de la misma prefectura, a trav\u00e9s del cual se negaron por inconvenientes los remedios horizontal y de queja propuestos frente al auto de 14 de enero anterior, que a su vez repeli\u00f3 el \u00abrecurso de apelaci\u00f3n\u00bb que exteriorizaron contra la determinaci\u00f3n de 16 de diciembre de 2021 de \u00abrechazar\u00bb el \u00abincidente de nulidad\u00bb que propusieron para invalidar el citado pronunciamiento de segunda instancia, para que se decrete la \u00abextinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb sobre ellos. <\/p>\n
No obstante, lo arg\u00fcido por los mismos tutelantes y la informaci\u00f3n que reposa en la encuadernaci\u00f3n (archivo 0011 122853Informe_merged.pdf, Exp. digital remitido), se tiene que ese proceso actualmente est\u00e1 en curso, por estarse surtiendo el recurso extraordinario de casaci\u00f3n y la – impugnaci\u00f3n especial\u00bb que formularon frente a dicha providencia, circunstancia que torna anticipada la salvaguarda, de tal suerte que cualquier declaraci\u00f3n significar\u00eda una injerencia impropia de este instrumento excepcional en los fueros propios del iudex natural. <\/p>\n
Es por eso por lo que esta Corte ha predicado en forma reiterada, que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC13188-2021 y STC5070-2022, entre otras). <\/p>\n
1.2.- Ahora, aunque los quejosos afirman que \u00abest\u00e1 demostrado que la sentencia de primera y segunda instancia se profirieron, cuando ya hab\u00eda operado la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por la causal de prescripci\u00f3n\u00bb, suceso que a su juicio dar\u00eda lugar a la configuraci\u00f3n del \u00abperjuicio irremediable\u00bb echado de menos por el fallador constitucional primario, ello solo es apreciaci\u00f3n subjetiva de los inconformes, cuyo sustento, como se explic\u00f3 en precedencia, solo puede ser estudiado por el \u00f3rgano judicial competente en el escenario dispuesto para ello, el cual ya fue activado por \u00e9stos. <\/p>\n
Por tanto, es di\u00e1fano que no se avizora la eventual estructuraci\u00f3n del menoscabo enunciado en el pliego genitor, circunstancia que torna el resguardo inviable de manera transitoria. <\/p>\n
1.3.- De otro lado, los recurrentes aseveran que en la \u00absentencia de primera instancia\u00bb no se tuvo en cuenta el precedente sentado en \u00ablas sentencias T-333 de 2.013; T-447 de 2.013; T-144 de 2.016\u00bb, que obligaba a analizar de fondo la ayuda tuitiva; pero, al examinarse dichas determinaciones, se observa que ellas refieren al pago de la incapacidad laboral superior a 180 y 540 d\u00edas, as\u00ed como al reintegro laboral del trabajador discapacitado que goce de estabilidad laboral reforzada, hecho que descarta el descuido endilgado a la Colegiatura que conoci\u00f3 el socorro inicialmente. <\/p>\n
1.4.- Para acabar, basta decir, en relaci\u00f3n con la \u00abmora\u00bb atribuida al \u00abjuez de tutela\u00bb de la primera fase, que tal reproche resulta ajeno a los fundamentos de la \u00abprovidencia impugnada\u00bb, los que en esta sede son los que deben ser controvertidos, por lo que la Sala se abstendr\u00e1 de emitir cualquier opini\u00f3n al respecto. <\/p>\n
2.- Como colof\u00f3n, surge irrebatible la convalidaci\u00f3n de la negativa del socorro a\u00f1orado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIOS <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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