STC10024-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC10024-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 25000-22-13-000-2022-00281-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 7 de julio de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en la tutela que Fernando Antonio Romero Prieto instaur\u00f3 en contra de los Juzgados Civil del Circuito y Promiscuo Municipal de Gachet\u00e1, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2012-00115-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, para que: <\/p>\n
(ii).- \u00abSe ordene la restituci\u00f3n del inmueble ubicado en la calle 5 n\u00famero 3-24 oficina 201 del Edificio Pedro A. Beltr\u00e1n Bejarano del municipio de Gacheta Cundinamarca, al suscrito por parte del se\u00f1or CARLOS ALBERTO BELTRAN MART\u00cdNEZ en el t\u00e9rmino de 48 horas\u00bb. <\/p>\n
(iii).- \u00abSe ordene la suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite del proceso de pertenencia 2017-039 por demanda de FERNANDO ANTONIO ROMERO PRIETO CONTRA CARLOS ALBERTO BELTRAN MARTINEZ y herederos determinados e indeterminados\u00bb. <\/p>\n
En compendio afirm\u00f3, que con Carlos Alberto Beltr\u00e1n Mart\u00ednez suscribi\u00f3 \u00abdocumento de arrendamiento\u00bb de la oficina 201 ubicada en la Calle 5 # 3-24 de Gachet\u00e1 Cundinamarca (16 dic. 2000); posteriormente en el a\u00f1o 2008 adquiri\u00f3 el citado inmueble por compraventa, realizando el pago convenido, pero el vendedor se rehus\u00f3 a firmar argumentando la carencia del reglamento de propiedad horizontal y en interrogatorio de 7 de junio de 2009 neg\u00f3 la existencia del negocio pero lo reconoci\u00f3 como poseedor de buena fe. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que Beltr\u00e1n Mart\u00ednez le inici\u00f3 proceso de nulidad de contrato verbal de compraventa (2012-00115) y, en ninguna de las pretensiones requiri\u00f3 que se diera por terminada la obligaci\u00f3n suscrita el 16 de diciembre de 2000. <\/p>\n
Adujo que el Juzgado Promiscuo Municipal de Gachet\u00e1, en la referida lid, declar\u00f3 nulo el contrato y le orden\u00f3 devolver el bien y pagar frutos civiles, y la devoluci\u00f3n de dineros a su favor; decisi\u00f3n que el Juzgado Civil del Circuito de la misma ciudad ratific\u00f3, sin \u00abrealizar un an\u00e1lisis profundo del material probatorio\u00bb. Acus\u00f3 a ambos funcionarios de \u00abincongruencia\u00bb porque sentenciaron \u00abinadecuadamente, en raz\u00f3n a que, a pesar de que \u00fanicamente se solicit\u00f3 la invalidaci\u00f3n de la \u00abcompraventa\u00bb, de oficio finiquitaron el \u00abcontrato de arrendamiento.\u00bb <\/p>\n
Indic\u00f3 que antes de dictar dichos veredictos, pidi\u00f3 la suspensi\u00f3n del litigio con base en el art\u00edculo 161 del C.G.P., negada en ambas instancias. <\/p>\n
Relat\u00f3 que en diligencia de entrega del inmueble advirti\u00f3 que interpuso la demanda de pertenencia n\u00b0 2017-00039, actualmente en curso, pero el iudex le anunci\u00f3 que \u00abno pod\u00eda oponerse porque nunca hab\u00eda suplicado la suspensi\u00f3n del pleito\u00bb, por lo que le iter\u00f3 que, si lo hab\u00eda requerido, sin \u00e9xito. <\/p>\n
Sostuvo que \u00abse ha presentado una actuaci\u00f3n de los jueces Promiscuo Municipal y del Circuito de Gacheta por v\u00edas de hecho al fallar un proceso en t\u00e9rminos distintos a las pretensiones pues el demandante nunca pidi\u00f3 la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento y si bien estoy pidiendo en esta acci\u00f3n de tutela se conserve mi estatus de arrendatario, ser\u00e1 en el proceso de pertenec\u00eda donde probar\u00e9 los actos de se\u00f1or y due\u00f1o del citado inmueble\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que con las providencias adoptadas se le ha causado un perjuicio irremediable, pues son contrarias a la realidad procesal, se encuentra despojado de la posesi\u00f3n que ejerci\u00f3 en forma p\u00fablica, pacifica e ininterrumpida desde al a\u00f1o 2005, afectando las resultas del sumario. <\/p>\n
2.- El Juzgado Promiscuo Municipal de Gachet\u00e1 inform\u00f3 que surti\u00f3 el abreviado 2012-00115 en debida forma hasta llegar a la correspondiente sentencia de 26 de junio de 2019, convalidada por el Civil del Circuito de esa ciudad el 5 de diciembre siguiente, y que, en la actualidad, tramita la pertenencia n\u00b0 2017-00039 que Fernando Antonio Romero Prieto le inco\u00f3 a Carlos Alberto Beltr\u00e1n, en el que se formul\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n, excepciones previas e incidentes de nulidad, y el 6 de mayo pasado se fij\u00f3 el d\u00eda 12 de julio para emitir veredicto anticipado, anunciando que se abstendr\u00e1 de realizarla hasta que se dirima el actual asunto; en consecuencia requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
Carlos Alberto Beltr\u00e1n Mart\u00ednez manifest\u00f3 que el accionante busca revivir actuaciones judiciales que ya fueron resueltas por los despachos acusados y que \u00abse vislumbra la mala fe porque en el presente ruego interviene como denunciante, abogado y notario p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Cundinamarca desestim\u00f3 el amparo por no cumplir el presupuesto de la inmediatez, agregando que, \u00abes apenas l\u00f3gico que esa temporalidad tambi\u00e9n cobija a la pretensi\u00f3n subsidiaria que procura porque en esa actuaci\u00f3n se restituya al actor la oficina 201 de la calle 5\u00aa. 3-24 ubicada en el municipio de Gachet\u00e1, en consideraci\u00f3n a que ese asunto fue desatado en esas providencias\u00bb. <\/p>\n
2.- Recurri\u00f3 el impulsor aduciendo que la \u00abacci\u00f3n constitucional\u00bb fue interpuesta en el lapso de seis meses contados desde el fallo del Juzgado Civil del Circuito de Gachet\u00e1, ya que, \u00ab1) El pa\u00eds afront\u00f3 pandemia por covid 19 en el primer semestre del a\u00f1o 2021, 2) Hay que descontar la vacancia judicial del primer a\u00f1o de la sentencia del 2019 y 2020 incluidos semana santa, dominicales, festivos, cesaci\u00f3n del servicio de los diferentes despachos judiciales; 3) Hay que descontar los d\u00edas no laborables en el poder judicial; 4) El servicio de internet en esta poblaci\u00f3n es muy deficiente\u00bb, por lo que, en su opini\u00f3n, sumados estos factores no se supera el semestre para proponer la queja tuitiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Del material suasorio incorporado, muy pronto se anuncia el decaimiento de la salvaguarda y la consecuente ratificaci\u00f3n de lo opugnado, toda vez que se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, la exigencia temporal que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Se hace tal aserci\u00f3n, habida cuenta que entre la fecha de la determinaci\u00f3n que cerr\u00f3 la discusi\u00f3n suscitada en el pleito combatido, expedida por el Juzgado Civil del Circuito de Gacheta (5 dic. 2019) y la radicaci\u00f3n de la demanda superlativa (28 jun. 2022), transcurri\u00f3 un lapso de dos (2) a\u00f1os, seis (6) meses y veinti\u00fan (21) d\u00edas, esto es, se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han estimado como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Colegiatura ha esbozado que: <\/p>\n
\u00ab[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. Se resalta\u00bb (STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC6690-2021). <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo del debate suplicado, porque si el tutelante se demor\u00f3 en ejercer esta v\u00eda supralegal, su descuido, per se, es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible a la dependencia convocada y con repercusi\u00f3n directa en los atributos esenciales invocados como soporte de la ayuda. <\/p>\n
2.- Ahora, si bien en algunos casos se ha superado la ausencia de tal requisito, flexibiliz\u00e1ndolo, ello solo sucede cuando la dilaci\u00f3n en activar este mecanismo est\u00e1 debidamente \u00abjustificada\u00bb. Al respecto en STC3949-2021 se precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, en el sub lite, no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis rese\u00f1adas, puesto que el quejoso no mencion\u00f3 alguna circunstancia v\u00e1lida para conjurar su desidia en acudir oportunamente a esta excepcional v\u00eda. <\/p>\n
Y es que, lo por \u00e9l manifestado en el escrito de impugnaci\u00f3n, relacionado con que interpuso el auxilio \u00abdentro del lapso de seis meses contados desde la sentencia de segunda instancia, en raz\u00f3n a que, \u00ab1) El pa\u00eds afront\u00f3 pandemia por covid 19 en el primer semestre del a\u00f1o 2021; 2) Hay que descontar la vacancia judicial del primer a\u00f1o de la sentencia del 2019 y 2020 incluidos semana santa, dominicales, festivos, cesaci\u00f3n del servicio de los diferentes despachos judiciales; 3) Hay que descontar los d\u00edas no laborables en el poder judicial; 4) El servicio de internet en esta poblaci\u00f3n es muy deficiente\u00bb y que \u00absumados estos factores no se supera el semestre para proponer la queja tutelar\u00bb, no sirve para tener \u00abpor superado el presupuesto\u00bb analizado, como quiera que, las dificultades que la pandemia ha generado en el funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia no imped\u00edan que Fernando Antonio Romero Prieto acudiera a este escenario dentro del semestre siguiente a la providencia de 5 de diciembre de 2019, porque como lo ha dicho esta Sala en asuntos semejantes, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) a pesar de que el Consejo Superior de la Judicatura, desde que la coyuntura en comento inici\u00f3 en el pa\u00eds, adopt\u00f3 medidas enfiladas para evitar la concurrencia de personas a las \u00absedes judiciales\u00bb, entre ellas, el cierre de \u00e9stas y la \u00absuspensi\u00f3n\u00bb de las actuaciones en curso (Acuerdo PCSJA20-11517 de 15 de marzo de 2020 y subsiguientes), el tr\u00e1mite de las \u00abacciones de tutela\u00bb no se paraliz\u00f3. Dicha Corporaci\u00f3n dispuso que se rituar\u00edan a trav\u00e9s de medios virtuales, previendo una serie de instrumentos para lograr ese cometido, que, desde ese entonces, han permitido la atenci\u00f3n oportuna de tales asuntos (STC7288-2020, STC3460-2021). <\/p>\n
Adicionalmente, dicho argumento es improcedente y se muestra infundado para excusar su inactividad, porque, tal como ha sostenido esta Sala \u00abla vacancia judicial no tiene incidencia respecto del t\u00e9rmino para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (STC6753-2020, reiterado en STC3114-2022 resaltado fuera de texto), adem\u00e1s de que, los t\u00e9rminos judiciales en meses, se cuentan calendario. <\/p>\n
3.- Tampoco el anhelo del actor, tendiente a que \u00abSe ordene la restituci\u00f3n del inmueble (\u2026)\u00bb puede salir avante, como quiera que esa actuaci\u00f3n fue el producto de un tr\u00e1mite procesal, protegido por la presunci\u00f3n de legalidad, adem\u00e1s de constituir un hecho consumado, del que la Corte Constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 3.4. El fen\u00f3meno de la carencia actual de objeto como causal de improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, seg\u00fan el Decreto Ley 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, se presenta en tres hip\u00f3tesis: (i) cuando existe un hecho superado, (ii) se presenta da\u00f1o consumado o (iii) se est\u00e1 ante una circunstancia sobreviniente (\u2026). <\/p>\n
3.6. En cuanto al segundo evento, esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que se est\u00e1 ante un da\u00f1o consumado cuando existe un perjuicio irreversible, que no puede ser remediado de manera alguna por el juez de tutela (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4.- Finalmente, en lo concerniente con la aspiraci\u00f3n, tendiente a que \u00abse ordene la suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite del proceso de pertenencia 2017-039 por demanda de FERNANDO ANTONIO ROMERO PRIETO CONTRA CARLOS ALBERTO BELTRAN MARTINEZ y herederos determinados e indeterminados\u00bb, lo observado es que, no obra prueba en el plenario que acredite que Romero Prieto antes de acudir a este selecto sendero, haya planteado esa inquietud ante el juzgado que tramita dicho proceso, para que sea \u00e9l quien, en primer lugar, lo solvente. <\/p>\n
Esta Corte ha esbozado en forma reiterada, que <\/p>\n
\u201c(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (STC8897-2017, STC6904-2020, STC7904-2021 entre otras). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como el querellante tiene la posibilidad de exponer ante la autoridad recriminada la inconformidad que trae a este rito excepcional, se torna impr\u00f3spero el estudio de fondo del presente socorro. <\/p>\n
5.- Ergo, se avalar\u00e1 el prove\u00eddo combatido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIOS <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC10024-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC10024-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 25000-22-13-000-2022-00281-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 7 de julio de 2022 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-65926","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65926","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65926"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65926\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65926"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65926"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65926"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}