STC10026-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC10026-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2022-00157-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 7 de julio de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la tutela que Mario Restrepo le instaur\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito y a la Oficina de Reparto de la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial, ambos de esa ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb, para que se ordenara al estrado cuestionado: \u00abi) notificar la acci\u00f3n al accionado e informar a la comunidad a fin de que proceda a citar a pacto de cumplimiento tal como lo manda la Ley 472 de 1998 y, ii) cumplir t\u00e9rminos de tiempo perentorios y aplicar art. 5 de la Ley 472 de 1998\u00bb y \u00aba la Oficina Judicial reparto de Pereira que admita [sus] tutelas por el correo institucional de la Oficina Judicial reparto, por el cual se env\u00edan todos los procesos a reparto y as\u00ed evitar enviar a la H CSJ SCC\u00bb. <\/p>\n
En compendio, se\u00f1al\u00f3 que el juzgado censurado en la acci\u00f3n popular n\u00b0 2022-00076, a la fecha de radicaci\u00f3n de este amparo \u00abno ha informado a la comunidad sobre la existencia de [su] acci\u00f3n ni ha notificado al accionado, desconociendo art. 5 de la Ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, sostuvo que la \u00abOficina Judicial de Pereira\u00bb deber\u00eda \u00abdar tr\u00e1mite a mis acciones constitucionales\u00bb por \u00abel mismo correo electr\u00f3nico institucional donde presenta [sus] acciones populares\u00bb, exigiendo que se realice a trav\u00e9s de una \u00abapp de tutelas\u00bb de la cual no sabe c\u00f3mo funciona. <\/p>\n
2.- El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira manifest\u00f3 que \u00abmiente el accionante y act\u00faa con temeridad y mala fe\u00bb, por cuanto \u00absi se revisan los archivos 5 al 12 de la carpeta correspondiente a la aludida acci\u00f3n popular, se encuentra la constancia de haberse publicado el aviso y haber sido intentada la notificaci\u00f3n del auto admisorio a la accionada, a trav\u00e9s del correo electr\u00f3nico suministrado por el se\u00f1or Restrepo\u00bb. <\/p>\n
La Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de esa urbe indic\u00f3 que el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, mediante Acuerdo CSJRIA20-58 (17 jun. 2020), dispuso unos canales para la presentaci\u00f3n de demandas como \u00abacciones de tutela\u00bb y, conjuntamente expidi\u00f3 el \u00abManual para el ciudadano \u2013 env\u00edo en l\u00ednea de tutelas y habeas corpus\u00bb, dando a conocer de manera detallada los pasos a seguir para la \u00abradicaci\u00f3n\u00bb de las mismas; adem\u00e1s, inform\u00f3 que el gestor no lo realiza por los \u00abcanales\u00bb autorizados, sino que las remite directamente a los correos de los \u00abservidores judiciales de la Oficina Judicial adscrita a la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Pereira\u00bb lo que es inviable. <\/p>\n
La alcald\u00eda de esa localidad dijo que \u00abse atiene a lo probado por el despacho\u00bb. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda rog\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, en tanto no hay \u00abacci\u00f3n\u00bb u omisi\u00f3n que le sea imputable. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El Tribunal Superior de Pereira neg\u00f3 el auxilio al advertir \u00abausencia de vulneraci\u00f3n pues desde antes de la radicaci\u00f3n de esta acci\u00f3n de tutela ya se hab\u00eda realizado la comunicaci\u00f3n a la que alude el actor, lo que muestra evidente el desenfoque de su demanda\u00bb aunado a que \u00abla pretensi\u00f3n del actor relacionada con que se ordene a la Oficina Judicial de Pereira que d\u00e9 tr\u00e1mite a sus tutelas en la misma direcci\u00f3n electr\u00f3nica que reciben acciones para reparto, es improcedente, pues este no ha elevado similar petici\u00f3n ante dicha entidad o por lo menos omiti\u00f3 probar que as\u00ed procedi\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Recurri\u00f3 el precursor insistiendo en los argumentos esbozados en el escrito genitor, agregando que \u00abtambi\u00e9n pidi\u00f3 se fijara fecha de pacto de cumplimiento, pues no puede estar tutelando por cada etapa procesal que deja de realizar el juzgado y ante el cero impulso oficioso de la tutelada, quien no adelanta etapas procesales con cumplimiento perentorio de t\u00e9rminos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se advierte que lo prove\u00eddo en primera instancia debe ratificarse porque ninguno de los reparos del recurrente tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, puesto que el menoscabo revelado, consistente en que a la fecha de formulaci\u00f3n de esta postulaci\u00f3n tuitiva (16 jun. 2022), el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira \u00abno ha informado a la comunidad sobre la existencia de la acci\u00f3n popular ni ha notificado al accionado, ignorando art. 5 ley 472 de 1998\u00bb no ha tenido ocurrencia, en raz\u00f3n a que de la refutaci\u00f3n allegada por el convocado y la prueba aportada al paginario, se percibe que dentro de la \u00abacci\u00f3n popular 2022-00076-00\u00bb se orden\u00f3 y public\u00f3 el aviso a la comunidad contemplado en el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998 (25 mar. 2022). <\/p>\n
De igual modo, se tuvo conocimiento en esta instancia que \u00abno se ha se\u00f1alado fecha para pacto de cumplimiento por cuanto se est\u00e1 tramitando recurso de reposici\u00f3n formulado por la parte accionada el 15 de junio de 2022, del cual se corri\u00f3 traslado a la contraparte\u00bb, por lo que una vez zanjado, se proceder\u00e1 con la siguiente fase procesal. <\/p>\n
En ese orden, conforme lo exterioriz\u00f3 la primera instancia, no se observa \u00abmora o negligencia\u00bb de la autoridad confutada en relaci\u00f3n con la \u00abacci\u00f3n popular\u00bb promovida por el memorialista, evidenci\u00e1ndose por el contrario que \u00abel asunto no se halla paralizado con cero impulsos\u00bb como refiere en su escrito. <\/p>\n
Sobre el tema esta Corte ha predicado que, para la \u00abprosperidad\u00bb del resguardo, \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (STC6835-2019, 30 may. 2019, rad. 00114-01, reiterada en STC7898-2021). <\/p>\n
2.- Ahora, en lo que concierne con la Oficina de Reparto de la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Pereira, lo observado es que, se incumpli\u00f3, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, el requisito de la \u00absubsidiariedad\u00bb que impera en este especial sendero. <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, porque, no obra prueba en el cartapacio que acredite que Mario Restrepo antes de acudir a este selecto mecanismo, haya planteado las inquietudes que aqu\u00ed trae ante dicha dependencia, para que sea ella quien, en primer lugar, determine lo relacionado con \u00abla falta de tr\u00e1mite de las acciones constitucionales enviadas por medios electr\u00f3nicos\u00bb. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha predicado sobre el tema, que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (STC8897-2017, STC6904-2020, STC7904-2021, reiteradas en STC8902-2022). <\/p>\n
De suerte que, como el quejoso tiene la posibilidad de exponer ante el organismo recriminado la inconformidad que trae a esta v\u00eda especial\u00edsima, se torna inviable el estudio de fondo del socorro en ese t\u00f3pico. <\/p>\n
3.- Bajo estos lineamientos, se respaldar\u00e1 el desenlace refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIOS <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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