STC10030-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC10030-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00402-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 8 de marzo de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela que Celestina Villa Villadiego le instaur\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 y a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, extensiva al Juzgado Octavo Laboral del Circuito de la misma ciudad y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2014-00033. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, en nombre propio, exigi\u00f3 la guarda de los derechos a la \u00abigualdad, vejez y viudez digna, a la no discriminaci\u00f3n, pensi\u00f3n de sobrevivientes, dignidad de la mujer, solidaridad universal, a la subsistencia, m\u00ednimo vital y m\u00f3vil en conexidad con la salud, seguridad social, a la familia, de la madre cabeza de hogar, derechos de la mujer, y debilidad manifiesta\u00bb, para que se ordenara a las Magistraturas querelladas anular las decisiones de 20 de abril de 2017 y 10 de agosto de 2021 y, en consecuencia, \u00ab[dicten] fallo o sentencia ordenando el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobreviviente a la que [tiene] derecho por ley, derivada de la muerte de [su] esposo, de [su] compa\u00f1ero, del padre de [sus] once (11) hijos el se\u00f1or DAVID REYES LI\u00d1AN (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujo que vivi\u00f3 en uni\u00f3n marital de hecho por m\u00e1s de 20 a\u00f1os con David Reyes Li\u00f1\u00e1n, quien labor\u00f3 antes de su fallecimiento (30 en. 1998) en la Cooperativa de Transporte de Arjona Ltda.- Cootransar entre el 1\u00ba de enero de 1984 y 30 de enero de 1998 (con 885 semanas de cotizaci\u00f3n), afiliado a Protecci\u00f3n Pensiones y Cesant\u00edas S.A., entidad que nunca report\u00f3 que su empleador se encontraba en mora en el pago de los aportes pensionales, y tampoco le otorg\u00f3 a ella el beneficio de la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
Sostuvo que el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cartagena, en el juicio ordinaria laboral que promovi\u00f3 en contra de la AFP Protecci\u00f3n S.A. a fin de que \u00abse [le] reconociera y pagara la pensi\u00f3n de sobrevivientes a la que [tiene] derecho por la muerte del se\u00f1or DAVID REYES LI\u00d1AN\u00bb (2014-00033), dict\u00f3 sentencia \u00abbien estudiada, muy justa, legal, progresista, respetando los derechos de la mujer (\u2026) declara que [tiene] derecho al reconocimiento y pago de una pensi\u00f3n de sobreviviente como consecuencia del fallecimiento del afiliado y condenan a su vez a la demandada al FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A, y absuelven al exempleador: COOTRANSAR\u00bb, acogiendo parcialmente el pet\u00edtum (3 dic. 2015). <\/p>\n
Inconformes ambos extremos apelaron esa providencia y el Superior la infirm\u00f3 y, en su lugar, absolvi\u00f3 a la demandada de todas las pretensiones y mantuvo en firme el indulto impartido a Cootransar Ltda; resoluci\u00f3n que acus\u00f3 de \u00abindebida valoraci\u00f3n probatoria\u00bb, pues desatendi\u00f3 \u00ablas pruebas del expediente, especialmente los folios 43 y 44 donde se prueba que se le pidi\u00f3 al Fondo de Pensiones Protecci\u00f3n S.A., que cobrara si hab\u00edan aportes en mora (\u2026) a la Empresa Exempleadora Cooperativa de Transporte de Arjona Ltda.- Cootransar para [que] pagara los aportes que ten\u00eda en mora, dicha empresa, si no los hab\u00eda pagado\u00bb (20 abr. 2017). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que recurri\u00f3 en casaci\u00f3n la \u00faltima determinaci\u00f3n y la Colegiatura confutada no la quebr\u00f3 (SL3655-2021, 10 ag.), en su opini\u00f3n, sin tener \u00aben cuenta para nada el escrito de la Casaci\u00f3n, y no busc\u00f3 la verdad real y no actu\u00f3 en justicia para la garant\u00eda de los derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que como madre de 11 hijos y en estado de viudez se encuentra \u00absin protecci\u00f3n en salud\u00bb y es sujeto de especial protecci\u00f3n en \u00absituaci\u00f3n de pobreza y debilidad manifiesta debido al deterioro de [su] estado de salud\u00bb, en su criterio, \u00abes injusto, es discriminatorio, es desigual, es regresivo, es un perjuicio grande, que nieguen el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes [porque] no es culpable [su] marido fallecido ni tampoco (\u2026) la viuda Celestina Villa Villadiego, por la negligencia e irresponsabilidad que el exempleador Cootransar no haya pagado los aportes (\u2026) y la culpabilidad del Fondo de Pensiones Porvenir S.A. no haya cobrado, iniciado proceso administrativo ni cobro coactivo proceso ejecutivo, para cobrar los aportes (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Aleg\u00f3 que las Corporaciones criticadas desconocieron el \u00abprecedente jurisprudencial\u00bb en torno a la mora patronal, \u00abporque si hay un certificado laboral del EXEMPLEADOR (\u2026) en el expediente en los folios 60 y 61, que es la respuesta dada por el ex empleador Cootransar, donde manifiesta dicha cooperativa que SI, que el se\u00f1or DAVID REYES LI\u00d1AN (Q.E.P.D.) labor\u00f3 hasta el d\u00eda de su fallecimiento y que todos los aportes a pensi\u00f3n fueron pagados (\u2026)\u00bb; adem\u00e1s, inobservaron \u00ablas pruebas anexadas, especialmen[te] donde no se vincula, al exempleador, y donde el Fondo de Pensiones, no demostr\u00f3 haber cobrado los aportes o cotizaciones en mora, se cometieron errores en todas las instancias, no se practic\u00f3 ningunas (sic) prueba de oficio (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala de Casaci\u00f3n Laboral en Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y resalt\u00f3 que \u00abLa Tutelante lo que pretende es revivir un proceso ya terminado con sentencia ejecutoriada y en firme que hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada y que se adelant\u00f3 con observancia del debido proceso y el derecho de defensa de las partes, adem\u00e1s que la acci\u00f3n de amparo no es el mecanismo adecuado ni una instancia adicional para reexaminar pruebas\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cartagena relat\u00f3 el tr\u00e1mite impartido al decurso combatido. <\/p>\n
La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00eda Protecci\u00f3n S.A. asever\u00f3 que \u00abha actuado conforme a todo procedimiento legal, lo que desvirt\u00faa cualquier posibilidad de violaci\u00f3n a los derechos fundamentales invocados por la tutelante, raz\u00f3n por la cual [consideran] que la presente acci\u00f3n debe ser declarada improcedente\u00bb. <\/p>\n
La Cooperativa Integral de Transportes de Arjona \u201cCootransar\u201d se atuvo a lo que se resuelva en este medio excepcional. <\/p>\n
3.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el ruego tras hallar razonable el prove\u00eddo SL3655-2021, aunado al hecho que \u00abcontrario al querer de la accionante, quien pretende hacer uso de la tutela como una instancia adicional al proceso, al que no puede acudirse cada vez que una decisi\u00f3n no consulte los intereses de las partes ni atienda su singular criterio frente al objeto del debate\u00bb. <\/p>\n
4.- Impugn\u00f3 la precursora, con id\u00e9nticos argumentos a los expuestos en el pliego inaugural, insistiendo en su \u00abcondici\u00f3n de sujeto de especial protecci\u00f3n\u00bb y la presunta discriminaci\u00f3n que como mujer cabeza de hogar de 11 hijos sufri\u00f3 por el da\u00f1o \u00abinmenso\u00bb e \u00abirreparable\u00bb de las autoridades reprochadas. <\/p>\n
Despu\u00e9s de resaltar en qu\u00e9 consisten los principios \u00abde la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb y el \u00abde favorabilidad\u00bb en materia pensional, agreg\u00f3 que \u00abPENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A., NUNCA ha entregado a la demandante la copia de la HISTORIA LABORAL, incluidas TODOS LAS SEMANAS DESDE EL A\u00d1O 1980 HASTA EL A\u00d1O 1998, con sus empleadores, y los ingresos bases de cotizaci\u00f3n, tampoco expidi\u00f3 en forma escrita las explicaciones, claras, concretas, concisas y pertinentes en caso de que no apareciera un mes o periodos de no cancelada la afiliaci\u00f3n, o pago de aportes o cotizaciones tampoco expidi\u00f3 la Copia de la carta con el recibido, firma del extrabajador, donde se le notifico que su empleador estaba en mora en los pagos de los aportes a pensi\u00f3n, tampoco expidi\u00f3 la carta con el recibido con la firma por los exempleadores, donde se les comunica que est\u00e1n en mora en los pagos de los aportes a pensi\u00f3n y de la apertura del proceso administrativo y del cobro coactivo, tampoco hicieron la convalidaci\u00f3n, y actualizaci\u00f3n de semanas para pensi\u00f3n desde 1980 hasta enero del a\u00f1o 1998, 17 a\u00f1os 885 semanas\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Advierte la Sala que, si bien la queja se enfila a invalidar las providencias de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena y la Sala de Casaci\u00f3n Laboral (20 abr. 2017 y 10 ag. 2021, respectivamente), expedidas en el proceso n\u00ba 2014-00033, se analizar\u00e1 \u00fanicamente la emitida por la \u00faltima de las Colegiaturas, por ser la que dirimi\u00f3 de manera definitiva el asunto controvertido. <\/p>\n
2.- Circunscrita la Corte a los reproches esgrimidos por la gestora en el \u00abescrito de impugnaci\u00f3n\u00bb, ab initio, se advierte la inviabilidad de la salvaguarda y, por ende, la ratificaci\u00f3n de lo resuelto por el a quo, por las razones que pasan a explicarse. <\/p>\n
2.1.- Se observa que el veredicto de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral (SL3655-2021, 10 ag.) que no cas\u00f3 el de 20 de abril de 2017 del Tribunal Superior de Cartagena, no luce antojadizo, ni ilegal; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario. <\/p>\n
En efecto, para arribar a esa determinaci\u00f3n, comenz\u00f3 analizando \u00ablas pruebas y piezas procesales denunciadas por la recurrente\u00bb, con el fin de verificar si el ad quem se equivoc\u00f3 al no pronunciarse sobre el anhelo tendiente al c\u00e1lculo actuarial, como consecuencia, en lo esencial, de haber apreciado e interpretado equivocadamente las peticiones del escrito de demanda inicial. Sobre ello asever\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En efecto, el Tribunal no solo ten\u00eda plena facultad sino la obligaci\u00f3n de abordar el estudio de los supuestos f\u00e1cticos que respaldan las peticiones incoadas y contenidas en la demanda inaugural, para poder as\u00ed resolver los recursos de apelaci\u00f3n de las partes, en especial el de Protecci\u00f3n S.A. que por haber sido condenada buscaba que se revocara lo decidido por el a quo y se le absolviera de la pensi\u00f3n de sobrevivientes que en primera instancia se otorg\u00f3 a favor de la accionante. <\/p>\n
En ese an\u00e1lisis le correspond\u00eda al sentenciador de alzada encuadrar la situaci\u00f3n pensional de la demandante en la norma que realmente gobernara la pensi\u00f3n implorada, esto es, el art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993, y conforme a ello verificar si en el presente asunto se satisfac\u00edan los requisitos all\u00ed establecidos, en espec\u00edfico, la densidad de semanas, teniendo en cuenta, l\u00f3gicamente, la pretensi\u00f3n relativa al pago del c\u00e1lculo actuarial a cargo de la demandada Cootransar Ltda., pues, se repite, \u00e9sta fue una de las s\u00faplica planteadas en la demanda con que se dio inicio al proceso y, siendo ello as\u00ed, al fallador le ata\u00f1e decidir sobre su procedencia, una vez estableci\u00f3, como se dijo, que no era posible conceder el derecho pensional con fundamento en el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, por no haberse acreditado los aportes requeridos. <\/p>\n
Aparte del grave error cometido por el fallador de segundo grado, la Sala aprovecha la oportunidad para poner de presente que tambi\u00e9n le asiste raz\u00f3n a la censura cuando aduce que el Tribunal se equivoc\u00f3 al haber afirmado que el juez de primera instancia no pod\u00eda enmarcar la situaci\u00f3n pensional en la hip\u00f3tesis del art\u00edculo 6 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, por cuanto esta normativa no fue ni siquiera referida por el Juzgado, pues en virtud del principio de favorabilidad se remiti\u00f3 a la Ley 797 de 2003 y con base en la misma resolvi\u00f3 la controversia. Se recuerda que, conforme se dej\u00f3 rese\u00f1ado en los antecedentes al resumirse lo decidido por la primera instancia, el a quo no defini\u00f3 el derecho de la demandante con la norma inmediatamente anterior a la Ley 100 de 1993, sino que aplic\u00f3 por favorabilidad una disposici\u00f3n posterior a la fecha de fallecimiento del afiliado que ocurri\u00f3 el 30 de enero de 1998, pues concedi\u00f3 la prestaci\u00f3n con el cumplimiento de 50 semanas cotizadas en los tres \u00faltimos a\u00f1os que anteceden al deceso del asegurado en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003. <\/p>\n
A pesar de la anterior imprecisi\u00f3n de la colegiatura consistente en distorsionar los verdaderos razonamientos y conclusiones en que se soport\u00f3 el a quo, en lo que s\u00ed acert\u00f3 la alzada fue en definir la norma que regula la situaci\u00f3n pensional de la accionante, que no es otra que el art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993, de manera que con fundamento en la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa los requisitos pensionales que se deb\u00edan verificar eran los de la disposici\u00f3n inmediatamente anterior, valga decir, el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual a\u00f1o, los cuales el ad quem no encontr\u00f3 acreditados plenamente y, por tal motivo, resolvi\u00f3 denegar el derecho. <\/p>\n
Sin embargo, descartada por parte de la alzada la aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en el tr\u00e1nsito legislativo entre el Acuerdo 049 de 1990 y la Ley 100 de 1993, por no darse los requisitos fijados por la jurisprudencia para otorgar la pensi\u00f3n de sobrevivientes con lo previsto en la norma anterior, debi\u00f3 el Tribunal adentrase en el estudio de la improcedencia de obtener el derecho debatido con una norma posterior a la muerte del afiliado, esto es, la Ley 797 de 2003 que no tiene efectos retroactivos respecto de una situaci\u00f3n acaecida en vigencia de la citada Ley 100, as\u00ed como en el an\u00e1lisis de las dem\u00e1s circunstancias o presupuestos f\u00e1cticos que soportan las pretensiones de la parte actora contenidas en la demanda inaugural, omisi\u00f3n \u00faltima respecto de la cual es que se le endilga el yerro manifiesto y protuberante al juez de apelaciones. <\/p>\n
Es del caso aclarar que este asunto no se trata de una simple omisi\u00f3n, susceptible de ser corregida a trav\u00e9s del remedio procesal previsto en el art\u00edculo 311 del CPC, hoy 287 del CGP, sino de la transgresi\u00f3n evidente al derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en la medida que el derecho a la prestaci\u00f3n reclamada se analiz\u00f3 fragmentariamente por el Tribunal, esto es, sin tener en cuenta todas las circunstancias que giraban en torno a las s\u00faplicas de la demanda inaugural. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Corte concluye que el fallador de segundo grado incurri\u00f3 en un error grave y trascendente, al haber omitido analizar la pretensi\u00f3n relativa al pago del c\u00e1lculo actuarial una vez decidi\u00f3 que la demandante no ten\u00eda derecho a la prestaci\u00f3n deprecada en aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb. <\/p>\n
Pese a dichas conclusiones y advertir que la acusaci\u00f3n en el recurso extraordinario era fundada, tambi\u00e9n afirm\u00f3 que, ello no conduc\u00eda a casar el fallo de abril 20 de 2017, porque al abordar la discusi\u00f3n en sede de instancia se llegar\u00eda a la misma soluci\u00f3n absolutoria, y en dicho sentido apostill\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn este caso, la norma aplicable corresponde a la Ley 100 de 1993 en su redacci\u00f3n original, toda vez que el afiliado falleci\u00f3 el 30 de enero de 1998. Al tenor de dicha disposici\u00f3n, el se\u00f1or Reyes Li\u00f1\u00e1n no cumpl\u00eda con las 26 semanas cotizadas en el a\u00f1o inmediatamente anterior a su muerte, requisito indispensable cuando la persona no se encontraba afiliada al momento del deceso, que es la situaci\u00f3n que nos ocupa y que tampoco se discute en el sub lite, pues en el Reporte de semanas expedido por el Instituto de Seguros Sociales (f.\u00b0 38 y 39) aparecen cero (0) cotizaciones en dicho interregno, ya que dicho documento refleja que David Reyes Li\u00f1\u00e1n contaba con 159,28 semanas del 12 de noviembre de 1991 al 31 de diciembre de 1994, cuando hubo cambio del sistema de autoliquidaci\u00f3n de aportes, m\u00e1s 104,062 semanas cotizadas en el ISS, entre enero de 1995 y febrero de 1996, a trav\u00e9s del empleador Cootransar Ltda. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, es dable remitirse a los art\u00edculos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, que establecen que la pensi\u00f3n de sobrevivientes se adquiere cuando el causante haya cotizado 150 semanas en los seis a\u00f1os anteriores a la fecha del deceso o 300 en cualquier tiempo. De igual manera, es necesario tener en cuenta la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, que ha explicado que, cuando el fallecimiento ocurre antes del mes de marzo del a\u00f1o 2000, como acontece en el sub examine, el presupuesto de las 150 semanas se debe acreditar, no solo en el periodo aludido de los seis a\u00f1os anteriores al deceso, sino, adem\u00e1s, durante los seis a\u00f1os previos a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, que lo fue el 1 de abril de 1994 (CSJ SL14091-2016). <\/p>\n
Con base en lo expuesto, no hay lugar a declarar como beneficiaria de la pensi\u00f3n de sobrevivientes a la se\u00f1ora Celestina Villa Villadiego bajo el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, como quiera el causante no satisfizo los presupuestos exigidos por el mencionado Acuerdo 049 de 1990, pues en los seis a\u00f1os anteriores al 1 de abril de 1994 no dej\u00f3 cotizadas las 150 semanas requeridas, sino solamente 124,43, seg\u00fan el c\u00e1lculo que efect\u00faa esta corporaci\u00f3n del aludido documento visible a folios 38 y 39; aspecto que, al igual que los anteriores, se encontraban acreditados y no fueron sujetos a controversia en sede casacional. <\/p>\n
Por dem\u00e1s no sobra advertir, que la Ley 797 de 2003 no puede llamarse a operar en este asunto, como quiera que el art\u00edculo 16 del CST prev\u00e9 que las normas del trabajo por ser de orden p\u00fablico son de aplicaci\u00f3n inmediata y no tienen efectos retroactivos, es decir, no afectan situaciones definidas o consumadas conforme a las leyes anteriores, y en el sub litem el derecho se caus\u00f3 en vigor de la Ley 100 de 1993, sin que tenga aplicaci\u00f3n para este evento el principio de favorabilidad\u00bb. <\/p>\n
En su ejercicio hermen\u00e9utico, continu\u00f3 estudiando los medios suasorios aportados al paginario y, respecto al c\u00e1lculo actuarial, coligi\u00f3, <\/p>\n
\u00abAhora bien, en aras de resolver lo atinente al c\u00e1lculo actuarial solicitado a la empleadora accionada hasta la fecha de fallecimiento del afiliado que ocurri\u00f3 el 30 de enero de 1998, la Sala observa que no obra en el expediente prueba alguna de una relaci\u00f3n laboral que conduzca a concluir que la empresa Cootransar Ltda. incumpli\u00f3 con su obligaci\u00f3n de realizar cotizaciones a partir de los a\u00f1os 1980 o 1984 que se aluden en la demanda inaugural hasta 1990, as\u00ed como durante los meses de marzo a diciembre del 1996 y la anualidad de 1997, ciclos todos estos que la censura asevera el causante tambi\u00e9n le prest\u00f3 servicios de conductor a esa cooperativa; y, que al mismo tiempo, Protecci\u00f3n S.A. hubiera omitido el deber de efectuar las respectivas acciones de cobro por esos periodos, como lo sugiere la parte actora. <\/p>\n
En efecto, el citado reporte de semanas expedido por el ISS visible a folios 38 y 39 refleja el ingreso al sistema pensional del se\u00f1or David Reyes Li\u00f1\u00e1n el 12 de noviembre de 1991, a trav\u00e9s del empleador Cootransar Ltda., el cambio en el sistema el 31 de diciembre de 1994 y su retiro del ISS en febrero del a\u00f1o 1996. Es decir, de all\u00ed no se desprende que dicha sociedad lo hubiera afiliado con anterioridad a noviembre de 1991, m\u00e1s espec\u00edficamente desde 1980 o 1984 como lo afirma la accionante, y\/o que existiera alguna novedad de ingreso luego de su retiro en el a\u00f1o 1996, ciclos que eventualmente le permitir\u00edan a la demandante acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes y que por esto existieran periodos en mora que se debieran cobrar. <\/p>\n
En consecuencia, del citado reporte de semanas del ISS no es posible extraer aportes en mora del empleador Cootransar Ltda., para los a\u00f1os 1980 o 1984 hasta 1990, pues la afiliaci\u00f3n al ISS por primera vez del causante se produjo el 12 de noviembre de 1991, cuando comenzaron a realizarse los aportes a favor del se\u00f1or Reyes Li\u00f1\u00e1n\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, examin\u00f3 el restante arsenal demostrativo, como la respuesta al derecho de petici\u00f3n radicado el 4 de mayo de 2013 (fls 60 y 61), las contestaciones a las solicitudes que orecieron Cootransar Ltda y Protecci\u00f3n S.A. (fls 74 a 85), para derivar de ellas la orfandad \u00abprobatoria\u00bb de la presunta \u00abfalta de afiliaci\u00f3n\u00bb y tampoco de \u00abuna nueva vinculaci\u00f3n al ISS despu\u00e9s de reportado su retiro en el mes de febrero de 1996\u00bb, menos a\u00fan de haberse acreditado por la accionante \u00ablos supuestos de hecho relacionados con la existencia de una relaci\u00f3n laboral continua entre el causante y Cootransar Ltda., desde 1980 o 1984 hasta enero de 1998, conforme lo exige el art\u00edculo 167 del CGP\u00bb, sosteniendo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque es cierto lo dicho por la parte recurrente en casaci\u00f3n, referente a que, aparentemente, Cootransar Ltda. se abstuvo de adjuntar el certificado solicitado del tiempo durante el cual el causante prest\u00f3 servicios a su favor, observa la Sala que en la respuesta al derecho de petici\u00f3n radicado el 4 de mayo de 2013 (f.\u00b0 60 y 61), la empresa manifest\u00f3 que el periodo que proced\u00eda a referir \u00abguarda coherencia con el tiempo que aparece en COLPENSIONES\u00bb, esto es, entre los a\u00f1os 1991 y 1996 cuando prest\u00f3 servicios en uno de los buses afiliados o inscritos a la cooperativa de transporte, siendo el propietario del automotor el encargado de pagar los salarios al se\u00f1or David Reyes Li\u00f1\u00e1n, pues la empresa era quien lo afiliaba a la seguridad social en salud y pensi\u00f3n para los periodos en que laboraba, pues no siempre el conductor estuvo vinculado de manera permanente ya que trabaj\u00f3 \u00aben lapsos de tiempo interrumpido, es decir, no hubo continuidad en el mismo\u00bb. En Dicho documento la parte empleadora demandada expres\u00f3: <\/p>\n
[\u2026] dentro del t\u00e9rmino legal le damos curso a su petici\u00f3n de la referencia para lo cual adjunto certificaci\u00f3n del tiempo laborado por el finado DAVID REYES LI\u00d1\u00c1N, en esta cooperativa y tiempo que guarda coherencia con el tiempo que aparece en COLPENSIONES [\u2026]. <\/p>\n
En cuanto a su tercera petici\u00f3n perm\u00edtame manifestarle que el se\u00f1or DAVID REYES LI\u00d1\u00c1N labor\u00f3 en esta cooperativa en calidad de conductor en lapsos de tiempo interrumpido, es decir, no hubo continuidad en el mismo, y en dicho periodo fueron cancelados toda su Seguridad Social, por tal motivo no le asiste raz\u00f3n de solicitar pago de un c\u00e1lculo actuarial, no es necesario validar ning\u00fan tiempo, porque todo el lapso en el que el extinto labor\u00f3 para buses adscritos a esta cooperativa estuvo afiliado a los Seguros Sociales. <\/p>\n
Su cuarta petici\u00f3n no es procedente toda vez que los conductores de los buses adscritos a COOTRANSAR obtienen su salario del producido diario de dicho veh\u00edculo, esta cooperativa solo vela por los pagos de la Seguridad Social en Salud y Pensi\u00f3n y de las prestaciones sociales, por esta raz\u00f3n no se pueden expedir tales n\u00f3minas, puesto que es el propietario del veh\u00edculo quien cancela al conductor su salario. <\/p>\n
De suerte que, contrario a lo aseverado por la parte demandante, la respuesta del derecho de petici\u00f3n que dio la demandada Cootransar Ltda., no demuestra una relaci\u00f3n laboral que genere la obligaci\u00f3n de cotizar antes del 12 de noviembre de 1991 y menos se deduce que se hubiera certificado un tiempo laborado como conductor de esa empresa entre los a\u00f1os 1980 o 1984 hasta 1990. <\/p>\n
Lo anterior significa que no existe prueba alguna que d\u00e9 cuenta de una supuesta falta de afiliaci\u00f3n, estando la empleadora Cootransar Ltda. obligada a ello, con anterioridad a 1991, como tampoco una nueva vinculaci\u00f3n al ISS despu\u00e9s de reportado su retiro en el mes de febrero de 1996, ni obra en el plenario otro medio de persuasi\u00f3n que acredite los extremos temporales como conductor aducidos por la promotora del proceso, esto es, entre enero de 1980\/1984 y el 30 de enero de 1998, fecha \u00faltima en la que falleci\u00f3 el afiliado, lo que conlleva que los aportes suplicados no encuentren soporte en una efectiva prestaci\u00f3n del servicio y, por lo mismo, no es posible acceder a las pretensiones de la se\u00f1ora Villa Villadiego en este sentido. <\/p>\n
Finalmente, es menester hacer alusi\u00f3n al hecho tercero de la demanda inicial y su respuesta por parte de Protecci\u00f3n S.A. (f.\u00b0 74 a 85), que rezan: <\/p>\n
El hecho tercero es del siguiente tenor: <\/p>\n
El compa\u00f1ero permanente de la demandante fallecido DAVID REYES LI\u00d1\u00c1N, AL MOMENTO DE SU MUERTE estaba afiliado a pensiones a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANT\u00cdAS PROTECCI\u00d3N S.A. <\/p>\n
Al respecto, la entidad demandada contest\u00f3: <\/p>\n
[\u2026] El se\u00f1or David Reyes Li\u00f1\u00e1n fue afiliado a la administradora de pensiones y cesant\u00edas Protecci\u00f3n S.A. el 1 de febrero de 1995 por la Cooperativa de Transporte de Arjona Ltda. Cootransar, sin embargo, desde la fecha de su afiliaci\u00f3n y hasta su deceso no se produjo el pago de ninguna cotizaci\u00f3n a \u00f3rdenes de esta administradora, desconocemos si durante ese lapso exist\u00eda o existi\u00f3 una relaci\u00f3n laboral entre ellos. Tambi\u00e9n es de destacar que su condici\u00f3n dentro del sistema antes de su deceso era con afiliaci\u00f3n inactiva. <\/p>\n
Para la Sala no se advierte una confesi\u00f3n por parte de la demandada Protecci\u00f3n S.A. al contestar el hecho tercero de la demanda inicial, pues si bien manifest\u00f3 que el causante fue afiliado a dicho fondo el 1 de febrero de 1995 por Cootransar Ltda., lo cierto es que explic\u00f3 que luego no se produjo el pago de cotizaci\u00f3n para que surtiera efectos esa vinculaci\u00f3n al RAIS y que desconoc\u00eda si a partir de all\u00ed existi\u00f3 una relaci\u00f3n laboral entre la empresa demandada y el se\u00f1or Reyes Li\u00f1\u00e1n y, por ende, esta pieza procesal tampoco sirve como soporte de la existencia de un contrato de trabajo con anterioridad al 12 de noviembre de 1991 y con posterioridad a febrero de 1996, que diera a la obligaci\u00f3n de cotizar por parte de la cooperativa de transporte y la de ejercer acciones de cobro por la citada AFP. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, despu\u00e9s de la inscripci\u00f3n al RAIS del causante conforme a la solicitud de vinculaci\u00f3n visible a folio 86 del expediente, permaneciendo igualmente afiliado al ISS en el r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida hasta febrero de 1996, no hay prueba de una relaci\u00f3n laboral desde este \u00faltimo ciclo hasta la data de la muerte del se\u00f1or Reyes Li\u00f1an que, se recuerda, ocurri\u00f3 el 30 de enero de 1998. <\/p>\n
En virtud de lo precedente, la Corte considera que la parte demandante incumpli\u00f3 con la carga de probar los supuestos de hecho relacionados con la existencia de una relaci\u00f3n laboral continua entre el causante y Cootransar Ltda., desde 1980 o 1984 hasta enero de 1998, conforme lo exige el art\u00edculo 167 del CGP, como para que se hubieran podido validar periodos en mora por falta del ejercicio de acciones de cobro por parte del fondo de pensiones demandado y as\u00ed haber eventualmente condenado al reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral ha establecido que los periodos que se encuentren en mora se deben tener en cuenta para efectos pensionales cuando la AFP no efect\u00faa las respectivas acciones de cobro, pero al mismo tiempo, ha dejado sentado que, en trat\u00e1ndose de trabajadores dependientes, las cotizaciones se causan con la efectiva prestaci\u00f3n del servicio (CSJ SL3490 – 2019), lo cual, se itera, no qued\u00f3 demostrado en el sub examine para los periodos objeto de discusi\u00f3n\u00bb (Subrayado fuera del texto). <\/p>\n
2.2.- Que la querellante disienta de esa \u00abvaloraci\u00f3n\u00bb porque, en su opini\u00f3n, debi\u00f3 darse otra interpretaci\u00f3n al \u00abacervo probatorio\u00bb, no es \u00abargumento\u00bb que abra paso a la injerencia supralegal implorada, ya que como lo ha se\u00f1alado esta Sala: <\/p>\n
\u00ab[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, STC4937-2016, STC6631-2018 y STC10910-2021, entre otras). <\/p>\n
3.- Corolario de lo discurrido, se impone mantener lo refutado, advirtiendo que para esta Sala es procedente el respeto por las \u00abdecisiones judiciales\u00bb, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del socorro, comp\u00e1rtase o no lo solventado por el juez natural (STC13808-2021), lo que en este evento no sucede. <\/p>\n
4.- Ahora bien, en torno a la \u00abcondici\u00f3n de sujeto de especial protecci\u00f3n\u00bb invocada por la querellante, que hizo consistir en una \u00absituaci\u00f3n de pobreza y debilidad manifiesta debido al deterioro de [su] estado de salud\u00bb, no basta con afirmar \u00e9ste \u00faltimo supuesto, sino que se debe comprobar, lo que no acaeci\u00f3 en el sub-lite, en la medida que no obra evidencia en ese sentido; adem\u00e1s, dicha circunstancia, per se, no hace viable el socorro, porque debe estar precedido de la configuraci\u00f3n de un \u00abperjuicio irremediable\u00bb, evento en el cual, es posible para el juez constitucional ponderar la tensi\u00f3n de derechos, a efectos de procurar su \u00abprotecci\u00f3n\u00bb, lo que, se itera, no ocurri\u00f3 en este asunto. <\/p>\n
5.- Finalmente, en punto de lo expresado por Villa Villadiego en el \u00abescrito de impugnaci\u00f3n\u00bb, en torno a que \u00abPENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A., NUNCA ha entregado a la demandante la copia de la HISTORIA LABORAL, incluidas TODOS LAS SEMANAS DESDE EL A\u00d1O 1980 HASTA EL A\u00d1O 1998, con sus empleadores, y los ingresos bases de cotizaci\u00f3n, tampoco expidi\u00f3 en forma escrita las explicaciones, claras, concretas, concisas y pertinentes en caso de que no apareciera un mes o periodos de no cancelada la afiliaci\u00f3n, o pago de aportes o cotizaciones tampoco expidi\u00f3 la Copia de la carta con el recibido, firma del extrabajador, donde se le notifico que su empleador estaba en mora en los pagos de los aportes a pensi\u00f3n, tampoco expidi\u00f3 la carta con el recibido con la firma por los exempleadores, donde se les comunica que est\u00e1n en mora en los pagos de los aportes a pensi\u00f3n y de la apertura del proceso administrativo y del cobro coactivo, tampoco hicieron la convalidaci\u00f3n, y actualizaci\u00f3n de semanas para pensi\u00f3n desde 1980 hasta enero del a\u00f1o 1998, 17 a\u00f1os 885 semanas\u00bb (Resalta la Sala) en el decurso combatido, constituyen alegaciones novedosas no expuestas en el escrito superlativo, por lo que, de ellas no se enter\u00f3 al a quo ni a los llamados a este tr\u00e1mite, raz\u00f3n por la cual no pueden ser analizadas en esta etapa, ya que, afectar\u00eda el \u00abderecho de defensa\u00bb de quienes no pudieron controvertirlas concretamente. <\/p>\n
Sobre ese aspecto, se ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [E]s cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026). Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corzo cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (\u2026)\u00bb (CSJ STC 10 may. 2011, rad. 00416-01, reiterada en STC175-2017, 19 enero, rad. 2016-02054-01 y STC8838-2021, citadas en STC5053-2022). <\/p>\n
6.- Como colof\u00f3n, se avalar\u00e1 el fallo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIOS <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC10030-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC10030-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00402-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 8 de marzo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-65932","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65932","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65932"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65932\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65932"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65932"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65932"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}